CE-SECCION TERCERA-08001-23-33-000-2014-00121-01(55742)-2017

EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD EN AUDIENCIA INICIAL – No probada CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Noción. Definición. Concepto / CADUCIDAD DELA ACCIÓN – Principio de seguridad jurídica [P]ara garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley o, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones.

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA –

Término. Cómputo [S]obre la oportunidad para ejercer el derecho de acción, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el término de dos (2) años establecido como límite para presentar una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa no debe contabilizarse a partir de un mismo momento en todos los casos, pues se deben tener en cuenta las particularidades de cada asunto, en aras de definir la fecha desde la cual debe iniciar la contabilización del término de

caducidad; por ende, en algunos casos este término empezará a correr a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, en otros desde el momento en que el daño se conoció y adquirió notoriedad y, en otros más a partir del momento en que el daño se entienda consolidado , lo anterior, como se expresó, en atención a las circunstancias específicas que tiene cada litigio. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – No operó. Demanda interpuesta dentro del término legal. [E]l daño fue conocido por la actora el 15 de diciembre de 2011; por ende, el término de 2 años que tenía para presentar la demanda (…) transcurrió del 16 de diciembre de 2011 hasta el 16 de diciembre de 2013. Ahora, el 2 de diciembre de 2013 se presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría para asuntos administrativos de Barranquilla; por tanto, a partir de ese día se suspendió el término de caducidad, esto es, restando 15 días para que ocurriera este fenómeno jurídico. Dicho término se reanudó el 1 de marzo de 2014, es decir, el día siguiente a la expedición de la constancia a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001. De esta forma, la interesada tenía, entonces, hasta el 15 de marzo del mismo año para presentar la respectiva demanda, situación que ocurrió el 3 de marzo de 2014, esto es, dentro del término establecido en la ley; en consecuencia, se confirmará el proveído impugnado.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

136.8 / LEY 640 DE 2001 – ARTÍCULO 2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 08001-23-33-000-2014-00121-01(55742)

Actor: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO (ANTES

EMPRESA DE LOTERÍAS Y APUESTAS PERMANENTES DEL ATLÁNTICO EN

LIQUIDACIÓN)

Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQUILLA Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto del 29 de septiembre de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la audiencia inicial prevista por el artículo 180 del C.P.A.C.A., mediante el cual se declaró no probada la excepción de caducidad.

ANTECEDENTES La demanda El 3 de marzo de 2014, la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico en Liquidación –LOTANCO– presentó demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra el distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla, con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad y la condena al pago de los perjuicios que, afirma, le fueron irrogados por la ocupación permanente de dos predios de su propiedad ubicados, el primero de ellos, en la carrera 23 entre calles 53D y 57 de Barranquilla, identificado con folio

de matrícula inmobiliaria 040-478617 y, el segundo, en la calle 53D # 21B-91 de la misma ciudad, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 040-478613. Como fundamento fáctico de la demanda se señaló que la Junta de Beneficencia del Atlántico (entidad que, mediante la escritura pública 3018 del 19 de noviembre de 1997, cambió de nombre a Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico) adquirió la propiedad de un lote ubicado entre las carreras 21B y 24 con calles 53D y 57 de la ciudad de Barranquilla, cuya área era de 60.523,80 m², a través de la escritura pública 7 del 4 de enero de 1957, suscrita en la Notaría Segunda de Barranquilla. Se indicó que la Junta de Beneficencia del Atlántico, mediante escritura pública 2804 del 14 de octubre de 1971, cedió a título gratuito 6.400 m² del terreno aludido al Ministerio de Justicia. Posteriormente, la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico, en la escritura pública 3018 del 19 de noviembre de 1997, donó 5.000 m² del mencionado predio, quedando conformado por un área de 49.123,80 m². Se sostuvo que el distrito de Barranquilla ocupó una franja (11.908 m²) del predio en mención, para el funcionamiento del centro auxiliar de servicios docentes (hoy Colegio Inocencio Chincá), ubicado en la calle 53 # 21B – 91. Dicha área, se

asevera, no ha sido objeto de venta o donación a favor del distrito de Barranquilla. El 12 de diciembre de 2011, a través de la licencia urbanística de subdivisión contenida en la Resolución 535 de 2011 de la Curaduría Urbana 1 del distrito de Barranquilla, se dividió materialmente el predio de propiedad de la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico –LOTANCO–, quedando fraccionado en dos partes, así: “i.-) El lote de terreno con una cavidad (sic) superficiaria de 11.908 mts2, el cual recibió el número de matrícula 040-478613 producto del folio madre No040-203684, y ii.-) El lote correspondiente a la carrera 23 entre calles 53D y 57, registrado con la matrícula inmobiliaria No.040478617”1. Se afirma que LOTANCO se comunicó con el Colegio Distrital Inocencio Chincá, con el objeto de legalizar el predio de propiedad de aquel, momento en el cual, asevera, se enteró de la existencia de la escritura pública 1230 del 25 de abril de 2007 de la Notaría Primera de Barranquilla, mediante la cual el distrito de Barranquilla legalizó la ocupación del bien inmueble con base en la Ley 137 de 1959, referente a terrenos baldíos. “El Distrito de Barranquilla (sic) al registrar el bien inmueble de conformidad con la escritura No.1230 de 2007, le asignó la matricula (sic) inmobiliaria No. 040-420563, 1 Folio 5 del cuaderno 1.

sin embargo, dicho inmueble se trata del mismo predio que en su momento fue adquirido a través de compraventa por la Junta de Beneficencia del Atlántico (Hoy (sic) Lotanco en Liquidación), el cual se encuentra legalizado y registrado en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Barranquilla bajo el número 040203684”2. El 2 de mayo de 2013, LOTANCO presentó denuncia penal contra el distrito de Barranquilla, ante la Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión del delito de falsedad en documento público. Excepción previa Admitida la demanda3 y notificada en debida forma, fue contestada por el demandado, quien propuso, entre otras, la excepción de caducidad de la acción, aduciendo que el plazo para demandar iba hasta noviembre de 2011, teniendo en cuenta que en noviembre de 2009 se realizó un inventario de todos los bienes de LOTANCO, con ocasión de su liquidación, momento a partir del cual debió conocer si el predio era ocupado por persona ajena. Agregó que no puede la actora demostrar que le era imposible conocer de la ocupación del bien, ya que resulta evidente, al realizar un inventario de predios, advertir si alguno de ellos hace falta o si está siendo ocupado sin autorización alguna. Auto apelado En la continuación de la audiencia inicial4, esto es, el 29 de septiembre de 2015 el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada. Al respecto, manifestó que no comparte, de un lado, que el término de caducidad deba contabilizarse a partir de la suscripción de la escritura pública

1230 del 25 de abril de 2007, ya que no obra prueba que demuestre que la 2 Folio 5 del cuaderno 1. 3 El Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda el 28 de marzo de 2014. 4 El Tribunal suspendió la audiencia inicial llevada a cabo el 9 de octubre de 2014, con el objeto de decidir la solicitud de sucesión procesal elevada por LOTANCO en liquidación a favor de la Gobernación del departamento del Atlántico. Posteriormente, en auto del 5 de noviembre de 2014, el a quo tuvo a la Gobernación del departamento del Atlántico como sucesora procesal de LOTANCO en liquidación. demandante la conoció al momento de su otorgamiento y, de otro, que dicho conteo se inicie desde el 9 de marzo de 2009, cuando se ordenó la liquidación de LOTANCO, o a partir del 11 de diciembre de 2009, fecha en que el agente liquidador de la parte actora recibió el inventario y avalúo de los bienes, pues, “conforme lo relata el demandante y lo acepta la demandada, dentro del referido inventario no fue relacionado el inmueble ubicado en la Calle 53D No. 21B-91, donde funciona el Colegio Distrital Inocencio Chincá. Es decir, no se tenía conocimiento por parte de la demandante de la existencia del mismo, por tanto, no es posible contabilizar el término de la caducidad desde ese momento”5. Por lo anterior, indicó que debe comenzar a contarse el término de caducidad a partir del 12 de diciembre de 2011, fecha en que se expidió la licencia urbanística

de subdivisión, en la modalidad de reloteo, contenida en la Resolución 535 de 2011 de la Curaduría Urbana 1 del distrito de Barranquilla, ya que en ese momento fue cuando el actor tuvo conocimiento del daño alegado, según las pruebas que obran en el expediente. Así las cosas y comoquiera que el 2 de diciembre de 2013 se presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría para asuntos administrativos, restando 10 días para que operara la caducidad del medio de control y que ese término se reanudó el 1 de marzo de 2014, sostuvo el a quo que la demandante tenía hasta el 10 de marzo de 2014 para presentar la demanda, actuación que ocurrió el 3 de marzo de 2014, es decir, dentro de la oportunidad establecida en la ley. Recurso de apelación Inconforme con la decisión anterior, la parte demandada presentó recurso de apelación, en el cual indicó que la actora tenía conocimiento de la ocupación del bien inmueble de su propiedad desde marzo de 2009, ya que para esa fecha, con ocasión de su liquidación, tuvo que hacer un exhaustivo inventario de sus bienes, razón por la cual debía tener claridad sobre la existencia de dicho predio, pues, afirma, su área supera los 6000 m². CONSIDERACIONES Legislación aplicable al presente asunto 5 Folio 261 del cuaderno principal. Se señala que, como la demanda se presentó el 3 de marzo de 2014, a este asunto le resulta aplicable el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011–, en virtud de lo establecido en el

artículo 308 del mismo. Competencia El recurso de apelación resulta procedente, comoquiera que fue interpuesto oportunamente y busca controvertir una providencia apelable, en los términos del numeral 6 del artículo 180 del C.P.A.C.A.6 Por otra parte, comoquiera que el auto debatido no es de aquellos que, según el artículo 125 del C.P.A.C.A., deben ser expedidos por la Sala de decisión (el que rechace la demanda, el que ponga fin al proceso, el que apruebe conciliaciones judiciales o extrajudiciales, el que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite), la presente providencia debe proferirse por el magistrado ponente. Caso concreto Esta Corporación ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley o, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional. 6 “ARTÍCULO 180. AUDIENCIA INICIAL. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas: “(…) “6. Decisión de excepciones previas. El Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá

sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. “Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones. “Si alguna de ellas prospera, el Juez o Magistrado Ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. “El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso”. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones. En el presente asunto, las pretensiones de la demanda están encaminadas a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por la ocupación permanente de dos predios de propiedad de la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico en Liquidación –LOTANCO– ubicados, el primero de ellos, en la carrera 23 entre calles 53D y 57 de Barranquilla, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 040-478617 y, el segundo, en la calle 53D # 21B-91 de la misma

ciudad, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 040-478613. Pues bien, conforme a los documentos que hasta este momento obran en el expediente, consta lo siguiente:

1. La Corporación Nacional de Servicios Públicos transfirió al departamento del Atlántico – Junta de Beneficencia, mediante la escritura pública 7 del 4 de enero de 1957, el derecho de dominio que tenía sobre el lote ubicado en las carreras

21B y 24, con calles 53D y 57 en el distrito de Barranquilla, cuya área ascendía a 60.523,80 m² (folios 71 y 72 del cuaderno 1).

2. El distrito de Barranquilla, a través de la escritura pública 1230 del 25 de abril de 2007, declaró que es propietario “del lote de terreno donde funciona la Institución

Educativa INOCENCIO CHINCA, ubicado en la Calle 53D Nº 21B-91, donde funcionó el Centro Auxiliar de Servicio Docente”, en virtud de lo determinado en la Ley 137 de 1959, que establece la presunción según la cual todos los terrenos baldíos que se encuentren en suelo urbano, en los términos de dicha ley, de los municipios y distritos y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales (folios 79 y 80 del cuaderno 1).

3. Mediante la Resolución 101 del 21 de diciembre de 2009, el agente liquidador de la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico aceptó el informe que contiene el inventario y los avalúos de los bienes muebles e

inmuebles de LOTANCO y manifestó, adicionalmente, que dicho informe hace parte de la citada resolución, razón por la cual lo adjuntó a la misma. En el inventario no se incluyeron los inmuebles cuya ocupación se alega en este asunto (folios 82 a 85 del cuaderno 1).

4. El 12 de diciembre de 2011, la Curaduría Urbana 1 de Barranquilla profirió la Resolución 535, mediante la cual se dispuso lo siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Otórguese (sic) Licencia Urbanística de Subdivisión en la modalidad de Reloteo a la EMPRESA DE LOTERIAS Y APUESTAS

PERMANENTES DEL ATLÁNTICO EN LIQUIDACION … para Relotear (sic) el predio ubicado en la Kra.57 Nº 21B – 146, Calle 57 Nº 23 – 70, Calle 53D Nº 21B – 91, Carrera 24 Nº 53D – 35 y Calle 53D Nº 21 -51, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 040-203684 … Para así obtener nuevos predios denominados: “(…) “LOTE 3: con un área de Once mil novecientos ocho metros cuadrados (11,908.00 Mts), donde existe una edificación sin reconocer [en la demanda se alega que este lote fue ocupado por la entidad demandada]. “(…) “LOTE 8: con un área de Dos mil setecientos veintitrés punto ochenta metros cuadrados (2,723.80 Mts). Hoy Carrera 23 entre Calle 53D y Calle 57” [en la demanda se indica que este lote fue ocupado por la parte demandada]

(folios 101 y 102 del cuaderno 1).

5. El 15 de diciembre de 2011, le fue notificado personalmente el anterior acto a la representante legal de la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico, oportunidad en la cual manifestó: “renuncio a los términos de ejecutoria de la presente resolución” (reverso del folio 102 del cuaderno 1).

6. Posteriormente, a través de la escritura pública 2370 del 27 de diciembre de 2011, otorgada en la Notaría Sesenta del Círculo de Bogotá, se protocolizó la división material del bien inmueble de propiedad de la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico (folios 104 a 109 del cuaderno 1).

7. En la contestación de la demanda, el distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla sostuvo que: “Como consecuencia de la liquidación ordenada, el agente liquidador nombrado, recibió el inventario de bienes y avaluó (sic) de los mismos mediante Resolución 11 (sic) de diciembre de 2009, en la que resulta relevante (sic) no están incluidos los predios o parte del predio del cual hoy reputa la actora han sido usurpados y ocupados ilegalmente por la entidad accionada”7 (las negrillas hacen parte del texto original). 7 Folio 147 del cuaderno 1.

Visto lo anterior, y contrario a lo expuesto por la parte demandada en su recurso de apelación, para el Despacho es claro que la demandante conoció del daño cuya reparación solicita el 15 de diciembre de 2011, pues en esa fecha se le

notificó personalmente la Resolución 535 de 2011, proferida por la Curaduría Urbana 1 de Barranquilla y, por tanto, solo a partir de ese momento pudo examinar el estado de los 10 lotes resultantes de la subdivisión material del predio de su propiedad y percatarse que dos de ellos (el lote 3 y el 8) estaban siendo ocupados, según se afirma en la demanda, de forma irregular. Por lo anterior, no se comparte lo dicho por la entidad demandada en el sentido de que la demandante pudo conocer el daño acá alegado desde el momento en que ésta entró en proceso de liquidación, específicamente a partir de la aprobación del informe de inventarios y avalúos de los bienes por parte del agente liquidador, pues, como se vio y así lo acepta el propio demandado, en dicho inventario no fue incluido el predio cuya subdivisión material se realizó en 2011, razón por la cual se colige que, para esa fecha, no se pudo advertir (ni mucho menos verificar) la verdadera situación en que se encontraban los predios cuya ocupación se alega en el asunto de la referencia. El cómputo del término de caducidad En este punto, se resalta que, sobre la oportunidad para ejercer el derecho de acción, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el término de dos (2) años establecido como límite para presentar una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa no debe contabilizarse a partir de un mismo momento en todos los casos, pues se deben tener en cuenta las particularidades de cada asunto, en aras de definir la fecha desde la cual debe iniciar la contabilización del término de caducidad; por ende, en algunos casos

este término empezará a correr a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, en otros desde el momento en que el daño se conoció y adquirió notoriedad8 y, en otros más a partir del momento en que el daño se entienda consolidado9, lo anterior, como se expresó, en atención a las 8 Estos casos se presentan cuando el daño puede ser detectado por la víctima en una fecha posterior a la de su causación, debido a la ocurrencia de diversas circunstancias que le impidieron conocerlo antes. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 30 de abril de 1997 (expediente 11.350), del 11 de mayo de 2000 (expediente 12.200), del 2 de marzo de 2006 (expediente 15.785) y del 27 de abril de 2011 (expediente 15.518). 9 Este supuesto se refiere a aquellas situaciones en que el daño se prolonga en el tiempo. Sobre el particular, ver la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 18 de octubre de 2007, expediente 2001-00029. circunstancias específicas que tiene cada litigio. En este asunto, como se indicó, el daño fue conocido por la actora el 15 de diciembre de 2011; por ende, el término de 2 años que tenía para presentar la demanda, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.10, transcurrió del 16 de diciembre de 2011 hasta el 16 de diciembre de 2013. Ahora, el 2 de diciembre de 2013 se presentó solicitud de conciliación

extrajudicial ante la Procuraduría para asuntos administrativos de Barranquilla; por tanto, a partir de ese día se suspendió el término de caducidad, esto es, restando 15 días para que ocurriera este fenómeno jurídico. Dicho término se reanudó el 1 de marzo de 2014, es decir, el día siguiente a la expedición de la constancia a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 200111. De esta forma, la interesada tenía, entonces, hasta el 15 de marzo del mismo año para presentar la respectiva demanda, situación que ocurrió el 3 de marzo de 2014, esto es, dentro del término establecido en la ley; en consecuencia, se confirmará el proveído impugnado. En mérito de lo expuesto, se R E S U E L V E: PRIMERO: CONFÍRMASE el auto del 29 de septiembre de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Atlántico en la audiencia inicial prevista por el artículo 180 del C.P.A.C.A.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA 10 Se resalta que si bien a este asunto le resulta aplicable el C.P.A.C.A., toda vez que la demanda se formuló el 3 de marzo de 2014, se aplica el término de caducidad establecido en el C.C.A., ya que éste empezó a correr en vigencia del C.C.A.. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que determina lo siguiente:

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación” (el subrayado no hace parte del texto original). 11 Folio 126 del cuaderno 1. C2/ER