CE-SECCION TERCERA-11001-33-31-035-2009-00318-01(51187)

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ALCANCE DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CONCEPTO DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / FUNDAMENTO DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NORMA APLICABLE AL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CAUSALES DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PROCEDENCIA DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / REQUISITOS DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / TRÁMITE DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NATURALEZA DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA /

TRÁNSITO A COSA JUZGADA / PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL /

PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / JUSTICIA / TERCERA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CAUSALES DE NULIDAD DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DEL

DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO

PROCESO / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE

REVISIÓN / SENTENCIA EJECUTORIADA / TAXATIVIDAD DE LAS

CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / OBJETO DEL

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / DEFECTO PROCEDIMENTAL /

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada, ya que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre que se configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011-CPACA. De modo que el objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando se advierte esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan romper el principio de la cosa juzgada (…) En tal virtud, este instrumento persigue la infirmación de una providencia ejecutoriada, por contrariar esta los principios de justicia y verdad material. En ese orden, lo que se procura es que se profiera una nueva decisión que tenga en cuenta las circunstancias o supuestos acreditados durante el trámite del recurso extraordinario, siempre que se verifique que estos no pudieron ventilarse oportunamente al interior del proceso primigenio ordinario. El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de 2003 (…) Por su parte, el artículo 252 del CPACA contempla que el recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener: i) la indicación de las partes y sus representantes, ii)

el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento, y iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada. En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una [tercera instancia] en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar. Por tal razón, las pretensiones deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su procedencia. Ahora bien, los vicios o errores en que se debe fundamentar el recurso son eminentemente procedimentales, pues ninguno cuestiona la labor intelectual de juzgamiento. (…) [así mismo] se desprende que uno de los requisitos formales de la demanda [de revisión] consiste en invocar con precisión cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado. (…) En conclusión, las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil o general, que afectan la validez de la decisión emitida por violación de principios procesales o requisitos formales, así las que se originen por violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva, contemplados en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política (…) Y, si bien, el caso concreto decidido por la Sala Plena [en sentencia de unificación del Dr. Yepes] hizo referencia a un caso en que se profirió una decisión inhibitoria de

manera injustificada, lo cierto es que el razonamiento y la parte motiva de la providencia permiten establecer que el propósito y la finalidad de la Sala Plena fue establecer como causales de revisión, además, de las definidas expresamente por el legislador, aquellas que tuvieran relación con la violación al debido proceso, el acceso efectivo a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 230 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 1 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 250 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 252 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 250 NUMERAL 5 /

CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Corte Constitucional. Sentencia T649 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva y sentencia C-739 de 2001, M.P.

Álvaro Tafur Galvis. De igual forma, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia de 5 de marzo de 2019, exp. 2018-00394-00, C.P. Rocío Araújo Oñate; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1 de diciembre de 1997, exp. REV 117. C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, exp. REV 2006-00318, C.P. Jorge Octavio

Ramírez Ramírez; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. REV 1998-00153, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Es importante precisar que la magistrada ponente de esta providencia aclaró el voto frente a la sentencia mencionada, razón por la cual remite, personalmente, a los argumentos expuestos a ese voto explicativo; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de agosto de 2014, exp. 2013-02110, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 2013-00035-00(46453), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 8 de mayo de 2018 Exp. 1998153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro. Cita del original. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1 de diciembre de 1997, exp. REV-080, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 11 de mayo de 1998, exp. REV-093; C.P. Carlos Betancur Jaramillo; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 3 de febrero de 2009, exp. REV-199800170, C.P. Martha Sofía Sanz y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1 de junio de 2005, exp. REV-062

PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN /

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / VIOLACIÓN DEL

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO

PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / AUTO PARA MEJOR PROVEER / PRUEBA DE OFICIO / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / FACULTAD

OFICIOSA DEL JUEZ / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / NULIDAD

DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / OMISIÓN DE TRASLADO DE LA

PRUEBA / DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE / INDEBIDA REPRESENTACIÓN

O FALTA DE NOTIFICACIÓN O EMPLAZAMIENTO / CONCESIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN La Sala declarará fundado el recurso extraordinario de revisión, porque se advierte que el ad quem restringió la posibilidad de las partes de controvertir la experticia decretada mediante el auto de mejor proveer y, por tanto, vulneró el principioderecho al debido proceso de la parte actora, por imposibilidad de ejercer el derecho de contradicción de la prueba. (…) Los recurrentes adujeron, en primer lugar, que el Tribunal erró al haber decretado un nuevo dictamen pericial, con fundamento en el artículo 169 del C.C.A. -modificado por el artículo 32 del Decreto extraordinario 2304 de 1989dado que, en su criterio, esta disposición sólo permitiría proferir autos de mejor proveer en el trámite de la primera instancia (…) Como se advierte, el inciso primero del artículo establecía la competencia del

magistrado ponente para decretar las pruebas de oficio en el trámite de cualquiera de las instancias, siempre que se decretaran y practicaran conjuntamente con las solicitadas por las partes; no obstante, el inciso segundo del precepto estableció una potestad adicional, en cabeza de la respectiva Sala, Sección o Subsección, consistente en la posibilidad de proferir un auto denominado jurisprudencialmente como de mejor proveer. El auto de mejor proveer es la oportunidad que tiene la respectiva Sala para disponer la práctica de pruebas, justo antes de proferir sentencia, con el objetivo de esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que existen dos modalidades de potestades oficiosas probatorias: la primera, las [pruebas de oficio propiamente dichas], que son aquellas que se decretan durante las oportunidades probatorias indicadas por la ley, conjuntamente con las pedidas por las partes y, la segunda, el [auto de mejor proveer], que tiene lugar cuando las etapas probatorias han fenecido y el proceso se encuentra entre la etapa de alegatos de conclusión (que ya hayan sido escuchados o presentados) y antes de dictar sentencia (…) El hecho de que el auto de mejor proveer tenga por objeto aclarar cuestiones que ya existen en el proceso, pero que aparecen oscuras o dudosas, es lo que explica que pueda ejercerse esa facultad cuando ya ha sido superada la etapa para la presentación de alegaciones de conclusión, sin que ello signifique de manera alguna una vulneración de los derechos de las partes en contienda .En ese orden de ideas, por esta razón o motivo, el recurso extraordinario de revisión no tiene

vocación de prosperar. (…) En el asunto objeto de análisis, la experticia del (…) fue legalmente decretada, pues se adoptó de conformidad con el inciso segundo del artículo 169 del C.C.A.; no obstante, la prueba no se sometió a contradicción de las partes, lo que impidió que estas conocieran el contenido de la experticia y, por tanto, pudieran pronunciarse sobre la misma, una vez allegada al proceso. En ese orden de ideas, la mencionada prueba se decretó y practicó de acuerdo con el ordenamiento procesal vigente, pero no se puso a disposición de las partes, de allí que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por un desconocimiento de la garantía de contradicción de la prueba.(…) En el caso concreto se acreditó que el Tribunal restringió y vulneró los derechos al debido proceso y de contradicción de los recurrentes, por cuanto, impidió que pudieran conocer el contenido de la prueba de mejor proveer y, asimismo, controvertir las conclusiones del perito designado.(…) En esa perspectiva, el recurso extraordinario de revisión está llamado a prosperar y, por consiguiente, así habrá de declararse, dado que, se insiste, se generó un vicio en el proceso con la potencialidad de afectar la validez de la decisión de segunda instancia, comoquiera que la prueba de mejor proveer, en la cual se soportaron las conclusiones del Tribunal, no fue conocida por las partes y tampoco se sometió a contradicción. (…) Así las cosas, la Sala declarará la nulidad de la sentencia de segunda instancia. Además, se decretará la nulidad parcial del auto de mejor proveer que dio lugar al recurso extraordinario de revisión, en cuanto no dispuso un traslado de la prueba a las partes. Por

consiguiente, el segmento invalidado de la providencia será el que ordenó regresar el expediente a despacho para fallo, sin que previamente se sometiera la experticia al conocimiento y contradicción de los sujetos procesales. Como consecuencia, se devolverá el expediente al ad quem para que surta y garantice el principio de contradicción de la prueba decretada de oficio y, posteriormente, se dicte sentencia en el caso concreto.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 169 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 255 / LEY 2080 DE 2021 – ARTÍCULO 70 / DECRETO EXTRAORDINARIO 2304 DE 1989 – ARTÍCULO 32

NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, exp. 2016-00080-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 27 de octubre de 2016, exp. 2015-01577-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 21 de septiembre de 2020, exp. 2011-00232-01 y 2011-00186 (acumulados), C.P.

Nicolás Yepes Corrales. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia C-790 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto de la Dra. Marta Nubia Velásquez

Rico

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-33-31-035-2009-00318-01(51187)

Actor: MARÍA LYDA TORRES RAMÍREZ Y OTRO

Demandado: HOSPITAL EL TUNAL E.S.E

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN (APELACIÓN SENTENCIA) Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-las causales de revisión son taxativas y no admiten interpretaciones extensivas / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN-requisitos para su configuración/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-sentencia de unificación jurisprudencial-permite cuestionar violaciones al debido proceso / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-no permitir la contradicción de un dictamen pericial decretado como prueba de mejor proveer constituye una violación al debido proceso.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores María Lyda Torres Ramírez, Hugo Herrera Peñuela, Geovanny Alexander Durán Torres, Kiara Smith Durán Torres y Juan Sebastián Herrera Torres en contra de la sentencia del 10 de mayo de 2013, proferida por la Subsección B, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. SÍNTESIS DEL CASO Los señores María Lyda Torres Ramírez, Hugo Herrera Peñuela, Geovanny Alexander Durán Torres, Kiara Smith Durán Torres y Juan Sebastián Herrera Torres, presentaron acción de reparación directa en contra del Hospital El Tunal

E.S.E. para que se declarara su responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las lesiones psicofísicas causadas al último, al momento de su nacimiento. El 3 de febrero de 2012, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El 10 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, revocó la decisión de primera instancia. Esa Corporación concluyó, luego de decretar una prueba de mejor proveer, que “el hecho de que el hospital hubiera optado por acelerar el parto con aplicación de oxitócica, en lugar de practicar una cesárea, no constituyó una violación a la lex artis”. La parte actora presentó recurso extraordinario de revisión en contra de la providencia de segunda instancia, con fundamento en la causal 5ª de revisión del artículo 250 del CPACA, esto es, por “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. En su criterio, el tribunal de segunda instancia, al haber decretado una prueba de oficio antes del fallo, sin posibilidad de controvertirla, generó la nulidad en la sentencia.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa 1.1. La demanda El 15 de diciembre de 2009, los señores Hugo Herrera Peñuela, Geovanny Alexander Durán Torres y María Lyda Torres Ramírez, en nombre propio y en

representación de sus hijos menores Juan Sebastián Herrera Torres y Kiara Smith Durán Torres (F. 2 a 11 c. 1), por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra del Hospital El Tunal E.S.E., con el fin de que se declarara su responsabilidad por las lesiones psicofísicas sufridas por el niño Juan Sebastián Herrera Torres al momento de su nacimiento, debido a hipoxia perinatal que le produjo un retardo severo del desarrollo. Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, que el día 25 de abril de 2008, la señora María Lyda Torres Ramírez, quien conformaba una pareja biparental con los señores Hugo Herrera Peñuela y Geovanny Alexander Durán Torres, acudió al Hospital El Tunal E.S.E. para someterse a una valoración médica, toda vez que se encontraba en embarazo y había presentado sangrado vaginal. En este centro médico fue valorada y se adelantó el correspondiente trabajo de parto; sin embargo, el neonato fue diagnosticado con hipoxia perinatal. En criterio de la parte actora, la entidad demandada incurrió en una falla del servicio imputable, puesto que no atendió a la madre gestante de forma oportuna y adecuada. 1.2. La contestación de la demanda El Hospital El Tunal E.S.E. se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual propuso como excepciones las de falta de nexo causal y ausencia de imputación. Adujo que el acta del comité científico conformado por la propia institución permitió establecer que el daño no provino de una negligencia o descuido

atribuible a la entidad, ya que en todo momento el servicio suministrado fue diligente, cuidadoso y oportuno. 1.3. La sentencia de primera instancia El 3 de febrero de 2012, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia, en la que resolvió: PRIMERO. Declarar administrativamente responsable al Hospital El Tunal III Nivel E.S.E. por las lesiones sufridas por el menor Juan Sebastián Herrera Torres, como consecuencia de la falla en la prestación del servicio gineco obstétrico a su madre María Lyda Torres Ramírez. SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, condenar al Hospital El Tunal III Nivel E.S.E., por concepto de perjuicios morales a favor de los demandantes de la siguiente manera: Hugo Herrera Peñuela (padre) 100 SMLMV María Lyda Torres Ramírez (madre) 100 SMLMV Geovanny Alexander Durán Torres 50 SMLMV Kiara Smith Herrera Torres 50 SMLMV TERCERO. No condenar en costas a la parte demandada, porque no se reúnen los supuestos previstos en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que subrogó el artículo 171 del C.C.A., en concordancia con lo previsto en el numeral 9 del artículo 392 del C. de P.C. (F. 21 c. ppal.). El a quo advirtió varios indicios que, en su criterio, permitían atribuirle el daño a la entidad demandada, entre ellos: la falta de vigilancia en el progreso de los controles prenatales por la inducción farmacológica del trabajo de parto; la

ausencia de un partograma; la no práctica de una cesárea a pesar del diagnóstico de distocia y el empleo de las espátulas de Velasco, que contribuirían a la producción de lesiones de tipo neurológico. 1.4. Sentencia de segunda instancia-objeto del recurso extraordinario de revisión El 3 de octubre de 2012, el ad quem decretó una prueba de oficio, mediante auto de mejor proveer, con fundamento en el artículo 169 del C.C.A. Lo anterior, toda vez que “no fue posible realizar un dictamen de medicina legal, porque la entidad no contaba con especialistas gineco-obstetras”. Por consiguiente, el Tribunal designó a un médico especialista en obstetricia para que rindiera una experticia con fundamento en los documentos e informes que integraban el acervo probatorio (F. 30 y 31 c. ppal.). Mediante sentencia del 10 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B decidió los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la providencia de primera instancia. En la decisión de alzada se resolvió: Primero. Revocar la sentencia de primera instancia. En consecuencia: Segundo. Negar las pretensiones. Tercero. Sin costas. Cuarto. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al juzgado de origen para lo de su competencia. El ad quem concluyó que el hecho de que el hospital hubiera optado por acelerar el parto con aplicación de oxitócica, en lugar de practicar una cesárea, no constituyó una violación a la lex artis. Consideró que no se demostró que el neonato hubiera perdido una oportunidad

de sufrir hipoxia menos severa, así como tampoco que, de haberse realizado la cesárea, el resultado hubiera sido diferente. Finalmente, el Tribunal sostuvo: “la atención médica es una obligación de medios y no de resultado, en consecuencia, de conformidad con lo señalado por el auxiliar de la justicia médico gineco-obstetra, probablemente la hipoxia fue ante parto, es decir, antes de comenzar el trabajo de parto, y no está probado que fue alguno de estos procedimientos los generadores de la hipoxia, ni que al haber realizado cesárea las condiciones hubiesen sido diferentes” (F. 29 c. ppal.).

2. El recurso extraordinario de revisión 2.1. La demanda de revisión extraordinaria El 26 de mayo de 2014, los señores Hugo Herrera Peñuela y María Lyda Torres Ramírez, quienes actúan en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Sebastián Herrera Torres; Geovanny Alexander Durán Torres y Kiara Smith Durán Torres interpusieron recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 10 de mayo de 2013, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (F. 48 a 57 c. ppal.).

En la demanda se invocó como causal de revisión extraordinaria la contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011-CPACA, esto es, por existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso alguno. Como fundamentos de revisión, los recurrentes adujeron que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una prueba de oficio que ya se había

practicado en primera instancia. Indicaron, además, que la segunda experticia no se puso a consideración de las partes para que se pudieran pronunciar sobre su validez. Manifestaron que el artículo 169 del C.C.A. sólo habilitaba a decretar pruebas de oficio en el curso de la primera instancia, simultáneamente con las pedidas por las partes o al finalizar el término de fijación en lista. Además, en su criterio, no existió fundamento en la sentencia de segunda instancia para desestimar el dictamen rendido por la Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología y, por el contrario, darle prevalencia al del perito designado en el auto de mejor proveer. Por último, afirmaron que “el Tribunal interpretó erróneamente el segundo dictamen pericial, razón por la cual se revocó la sentencia de primer grado”. 2.2. Trámite del recurso extraordinario Mediante proveído de 7 de mayo de 2015, se admitió el recurso extraordinario de revisión (F. 84 a 91 c. ppal.), el cual se notificó en debida forma (F. 97 y 98 c. ppal.). Es preciso aclarar que el régimen normativo aplicable a la controversia es el contenido en la Ley 1437 de 2011-CPACA, puesto que el recurso extraordinario de revisión se presentó el 26 de mayo de 2014. El Hospital El Tunal E.S.E. y el Ministerio Público guardaron silencio (F. 100 c. ppal.).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia y régimen jurídico aplicable La Sala es competente para resolver, con prelación1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia de 10 de mayo de 2013, proferida

por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior, en atención a la competencia que le asigna el inciso segundo del 2492 del CPACA, de conformidad con la distribución de negocios al interior del Consejo de Estado dispuesta en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20193. 1 Mediante Acta 40 del 9 de diciembre de 2004, la Sección Tercera determinó que tendrían prelación de fallo: los que surtieran el grado jurisdiccional de consulta; los recursos extraordinarios de revisión y aquellos relacionados con masacres. 2 Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos”. 3 “Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de Es importante precisar que la Sala no se referirá a las modificaciones procesales introducidas con la Ley 2080 de 2021 al recurso extraordinario de revisión, toda vez que el asunto se tramitó e ingresó para fallo con anterioridad a la promulgación de esa normativa, de allí que resulta aplicable la norma de transición contenida en el artículo 86 ibídem4.

2. Oportunidad del recurso extraordinario La sentencia que se revisa se profirió el 10 de mayo de 2013 y quedó ejecutoriada el 29 del mismo mes y año (F. 30 c. ppal.).

En ese orden de ideas, tal y como se concluyó en el auto admisorio de 7 de mayo de 2015, el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto de manera oportuna.

3. Recurso extraordinario de revisión–marco normativo y jurisprudencial El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada, ya que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre que se configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011-CPACA.

De modo que el objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando se advierte esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a volumen de trabajo, así: (…) Sección Tercera. // (…) 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección”. 4 “La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. // Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. // De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. // En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”. juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan romper el principio de la cosa juzgada: (...) la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior”5. En tal virtud, este instrumento persigue la infirmación de una providencia

ejecutoriada, por contrariar esta los principios de justicia y verdad material. En ese orden, lo que se procura es que se profiera una nueva decisión que tenga en cuenta las circunstancias o supuestos acreditados durante el trámite del recurso extraordinario, siempre que se verifique que estos no pudieron ventilarse oportunamente al interior del proceso primigenio ordinario. El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de 20036. Una de las causales de revisión extraordinaria es la establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, consistente en: “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…) // 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. Por su parte, el artículo 252 del CPACA contempla que el recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener: i) la indicación de las partes y sus representantes, ii) el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento, y iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada. En atención a su carácter extraordinario, este recurso no