CE-SECCION TERCERA-13001-23-31-000-2001-00513-01(50581)A-2016

DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO / CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / NECESIDAD DE LA PRUEBA DE OFICIO / NORMATIVIDAD DE LA PRUEBA DE OFICIO / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA De conformidad con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, el decreto oficioso de pruebas procede en el curso de cualquiera de las instancias del proceso, siendo una facultad discrecional del juzgador cuya finalidad consiste en “el esclarecimiento de la verdad” y “esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda”, así como en hacer eficaz el derecho de acceso a la administración de justicia (o tutela judicial efectiva) de un extremo de la litis, y el derecho de defensa, por el otro. No se trata de un ejercicio del poder oficioso por parte del juez administrativo que exceda la discrecionalidad con la que cuenta, sino que atiende a los límites normativos, por ejemplo el consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho

de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”; y al necesario razonamiento y ponderación que debe operar cuando de la práctica oficiosa o no de una prueba se pueda producir la tensión entre los derechos al acceso a la administración de justicia y al de defensa de cada una de las partes en el proceso. A lo que cabe agregar que, cuando se trata del ejercicio de la facultad discrecional del juzgador, es claro el deber de fundamentar razonablemente el motivo por el cual se considera necesario el decreto de una prueba de oficio, máxime si se tiene en cuenta la eventual afectación, en las resultas del proceso, de los intereses de las partes y/o los intervinientes en el mismo. Finalmente, en el raciocinio que debe hacer el Juez al momento de analizar la procedencia de este tipo de solicitudes probatorias, no puede olvidar el rol funcional que se le impone a nivel convencional , constitucional y legal de estar comprometido con la búsqueda de una decisión judicial que se ajuste al criterio de acceso material a la administración de justicia, implicando ello el necesario compromiso con la consecución, en la medida de sus competencias, de la verdad respecto de los hechos que han sido puestos en consideración por las partes del litigio ante esta jurisdicción (…).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 169 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 167

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites a la facultad oficiosa del juez, consultar providencias de 10 de mayo de 2001, Exp. 13347, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 12 de agosto de 2010, Exp. 11001-03-15-000-2010-00647-00(AC), C.P. Víctor

Hernando Alvarado Ardila. Acerca de la función directiva del proceso por parte de los jueces y la prevalencia del derecho sustancial, consultar sentencia de la Corte Constitucional, de 3 de abril de 2009, Exp. T-264, M.P. Luis Ernesto Vergara Silva; de 16 de octubre de 2014, Exp. SU-768, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO / AUTO QUE

DECRETA PRÁCTICA DE PRUEBA / PRUEBA DOCUMENTAL / DOCUMENTO /

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / PARTE DEMANDANTE / DEMANDANTE /

PROCESO PENAL / EXPEDIENTE DE PENAL / PROCEDENCIA DE LA

PRUEBA DOCUMENTAL / AUTO QUE DECRETA PRUEBAS DE OFICIO / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO En el presente caso, la Sala encuentra procedente el decreto, como prueba oficio, de los registros civiles de nacimiento (…) demandantes (…). Y de las menores de edad, a la fecha de presentación de la demanda (…). De igual forma, se solicitará el proceso penal con número de radicado 2779, por los hechos sucedidos en el municipio del Carmen de Bolívar el día 17 de agosto donde resultaron victimas los demandantes, en cual fue remitido a la Coordinación Especializada de Fiscalías del Carmen de Bolívar (…).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 13001-23-31-000-2001-00513-01(50581)A

Actor: MANUEL VICENTE OCHOA ARAGÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (AUTO) ASUNTO: DECRETO OFICIOSO DE PRUEBAS – naturaleza y procedencia.

Procede la Sala a decretar una prueba de oficio, conforme a lo facultado por el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo. ANTECEDENTES 1.- En escrito de demanda presentado el 30 de marzo de 20011, el señor Manuel Vicente Ochoa Aragón y otros, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron la declaratoria de responsabilidad administrativa de la Nación – 1 Fs 29 a 62, C1. Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional y Policía por los perjuicios materiales y morales causados a razón de la muerte de Ingrid Johana Ochoa Velásquez como motivo de un ataque terrorista ocurrido el día 17 de agosto de 2000 en el Municipio del Carmen de Bolívar. 2.- En sentencia fechada 22 de noviembre de 2013, proferida el Tribunal Administrativo de Bolívar se denegaron las pretensiones de la demanda2, decisión que se notificó mediante edicto que permaneció fijado desde el 22 al 24 de enero de 20143.

3.-Estando dentro del término legal, la parte demandante se alzó en escrito de apelación el día 31 de enero de 20144 , el cual fue admitido por esta Corporación en auto datado 5 de mayo de 20145. Seguidamente, en auto de 1 de julio de 20146 se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Publico. CONSIDERACIONES 1.- Comportamiento del Juez Administrativo frente al material probatorio. De conformidad con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, el decreto oficioso de pruebas procede en el curso de cualquiera de las instancias del proceso, siendo una facultad discrecional del juzgador cuya finalidad consiste en “el esclarecimiento de la verdad” y “esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda”, así como en hacer eficaz el derecho de acceso a la administración de justicia (o tutela judicial efectiva) de un extremo de la litis, y el derecho de defensa, por el otro. No se trata de un ejercicio del poder oficioso por parte del juez administrativo que exceda la discrecionalidad con la que cuenta, sino que atiende a los límites normativos, por ejemplo el consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 2 Fs 378 a 388, CPpal. 3 Fl 389, CPpal. 4 Fs 390 a 396, CPpal. 5 Fl 403, CPpal. 6 Fl 405, CPpal. consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”7; y al necesario razonamiento y ponderación que debe operar cuando de la práctica oficiosa o no de una prueba

se pueda producir la tensión entre los derechos al acceso a la administración de justicia y al de defensa de cada una de las partes en el proceso. A lo que cabe agregar que, cuando se trata del ejercicio de la facultad discrecional del juzgador, es claro el deber de fundamentar razonablemente el motivo por el cual se considera necesario el decreto de una prueba de oficio, máxime si se tiene en cuenta la eventual afectación, en las resultas del proceso, de los intereses de las partes y/o los intervinientes en el mismo. Finalmente, en el raciocinio que debe hacer el Juez al momento de analizar la procedencia de este tipo de solicitudes probatorias, no puede olvidar el rol funcional que se le impone a nivel convencional , constitucional y legal de estar comprometido con la búsqueda de una decisión judicial que se ajuste al criterio de acceso material a la administración de justicia, implicando ello el necesario compromiso con la consecución, en la medida de sus competencias, de la verdad respecto de los hechos que han sido puestos en consideración por las partes del litigio ante esta jurisdicción; tal como ha sido refrendado recientemente por la Corte Constitucional, que al respecto ha señalado: “El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley”8, convirtiéndose en el funcionario –sin vendasque se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas

imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de 7 En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de esta Corporación en diversas oportunidades al decir que “no obstante los amplios poderes de investigación que posee el juez, entre ellos el de decretar pruebas de oficio, no pueden los demandantes so pretexto de los vacíos probatorios que perciben en el transcurso del proceso y que pudieron prever al momento de preparar las demandas, esperar a que el juzgador utilice esos poderes y llene esos vacíos y menos en esta instancia.” Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, C.P.: Ricardo Hoyos Duque, Radicado 13347. Igualmente se ha dicho que “cuando se trate de la prueba de asuntos que comporten el eje central del litigio, que desde luego incumbe a las partes probar y sobre los cuales podría considerarse que la intervención oficiosa de la judicatura generaría un desequilibrio que vulneraría el principio fundamental de la imparcialidad judicial, tal intervención no puede considerarse obligatoria.” Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 12 de agosto de 2010, C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Radicado 11001-03-15-000-201000647-00 (AC) 8 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009. la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia material. (…) Así las cosas, el marco filosófico de la Constitución Política de 1991 convoca y empodera a los jueces de la República como los primeros

llamados a ejercer una función directiva del proceso, tendiente a materializar un orden justo que se soporte en decisiones que consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho sustancial, y con ello la realización de la justicia material”9 . 2.- Caso Concreto. En el presente caso, la Sala encuentra procedente el decreto, como prueba oficio, de los registros civiles de nacimiento de los siguientes demandantes: - Manuel Vicente Ochoa Aragón, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.114.287 El Carmen de Bolívar. - Rosalba Isabel Velásquez Alvis, identificado con cédula de ciudadanía No. 33.284.151 El Carmen de Bolívar. - Manuel Vicente Ochoa Velásquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.859.616 El Carmen de Bolívar. - Tilsa María Aragón de Ochoa, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.904.572 El Carmen de Bolívar. - Felix Enrique Velásquez Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.857.548 El Carmen de Bolívar. - Elionora Alvis Suarez, identificado con cédula de ciudadanía No. 33.280.081 El Carmen de Bolívar. Y de las menores de edad, a la fecha de presentación de la demanda, correspondiente a los nombres de Ingrid Johanna Ochoa Velasquez y de Iris María Ochoa Velasquez. 9 En este sentido se pronunció la Corte Constitucional, al indicar nuevamente y recientemente que prevalece el derecho sustancial y así una real justicia material, donde a el juez se le atribuye un poder en torno al proceso, sobre las decisiones que ha de tomar al respecto de un caso como tal,

en el cual se establezca la prevalencia y la garantía de los derechos de los asociados y las partes. Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014. De igual forma, se solicitará el proceso penal con número de radicado 2779, por los hechos sucedidos en el municipio del Carmen de Bolívar el día 17 de agosto donde resultaron victimas los demandantes, en cual fue remitido a la Coordinación Especializada de Fiscalías del Carmen de Bolívar mediante oficio No. 1093 del 18 de agosto de 200010. En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE PRIMERO: OFICIAR A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA QUE SE SIRVA APORTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, O EN SU DEFECTO, INDIQUE LA ENTIDAD A LA CUAL SE PUEDE REQUERIR A FIN DE

OBTENER LA MENCIONADA PRUEBA.

SEGUNDO: OFICIESE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,

COORDINACIÓN ESPECIALIZADA DE FISCALÍAS DEL CARMEN DE BOLÍVAR PARA REMITA A ESTA CORPORACIÓN EL PROCESO PENAL DE RADICADO NO. 2779, POR LOS HECHOS SUCEDIDOS EN EL CARMEN DE BOLÍVAR EL

DÍA 17 DE AGOSTO DE 2000.

TERCERO: CONCEDER A LAS ENTIDADES MENCIONADAS EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DE

ESTA PROVIDENCIA, PARA QUE ALLEGUEN LO SOLICITADO.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Aclaro Voto CFR.Rad.98965/16 10 Fl 337, C1.

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA