CE-SECCION TERCERA-13001-23-31-000-2011-00050-01(52092)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO POR NEGACIÓN Y DEMORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO / MEDIOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / MUERTE DEL PACIENTE /

IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

OBLIGACIONES DEL HOSPITAL PÚBLICO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / NECROPSIA MÉDICO LEGAL / DICTAMEN DE MEDICINA LEGAL / MUERTE DE LA PERSONA / ALEGATOS DE LA PARTE

RECURRENTE / OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE

OPORTUNIDAD / FALTA DE PRUEBA / CLASES DE INDEMNIZACIÓN DE

PERJUICIOS / SERVICIO MÉDICO HOSPITALARIO / ENFERMEDAD GRAVE

DEL PACIENTE

[L]as pruebas que reposan en el expediente no permiten acreditar que el daño consistente en el fallecimiento de [la víctima] sea imputable a la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias, dado que no se acreditó que su deceso se hubiere producido con ocasión de la omisión en la prestación del servicio médico hospitalario […]. [S]egún el Informe Técnico de Necropsia suscrito por la médica forense del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se probó que la muerte de la señora […] obedeció a un “un tumor maligno de pulmón en estado avanzado”. [E]s pertinente resaltar que pese a que los demandantes

consideran que el deceso de la [víctima] se produjo con ocasión a la omisión en la prestación del servicio médico, lo cierto es que tampoco es viable acceder a una reparación por pérdida de la oportunidad, pues se evidencia que no existe prueba respecto de la existencia de una expectativa legitima que diera lugar a una indemnización, comoquiera que no se acreditó en el plenario que de habérsele prestado la atención médica a la occisa su vida se hubiere prolongado pues, tal como se acreditó en el plenario, ella padecía una enfermedad terminal.

ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA /

EVIDENCIA PROBATORIA / MUERTE DEL PACIENTE / OMISIÓN EN LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / ALEGATOS DE LA PARTE

RECURRENTE / MUERTE DE LA PERSONA / DAÑO OCASIONADO POR

OMISIÓN / FALLA EN EL SERVICIO HOSPITALARIO / INCUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL /

INFORME TÉCNICO / NECROPSIA MÉDICO LEGAL / PROCEDIMIENTO DEL

DICTAMEN FORENSE / CONCEPTOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL /

CAUSAS DE MUERTE DE LA PERSONA / ENFERMEDAD GRAVE DEL

PACIENTE / TEORÍA DE LA CAUSA ADECUADA / RECUPERACIÓN DEL

PACIENTE

[E]l material probatorio que reposa en el expediente no arroja la convicción o la evidencia suficiente para concluir que la muerte de [la paciente] hubiere acaecido como consecuencia de la omisión en la prestación del servicio médico hospitalario

[…]. [S]i bien el extremo activo afirmó que el deceso de [la víctima] se produjo como consecuencia de la omisión en la atención médica por parte de la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias, lo cierto es que el Informe Técnico de Necropsia suscrito por la médica forense del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que la causa de su muerte obedeció a un “un tumor maligno de pulmón en estado avanzado” y no indicó que la omisión en atender a la paciente fuera la causa adecuada del daño o que de haberse prestado de forma oportuna habría existido la posibilidad de una recuperación de su salud o de prolongar su existencia. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL PÚBLICO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / OMISIÓN DEL DEBER / ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL / APLICACIÓN DE LA LEY 100 DE 1993 / SERVICIO

MÉDICO OBLIGATORIO / OBLIGACIONES DEL MÉDICO / PRUEBA DE

VALORACIÓN MÉDICA / FALLA EN EL SERVICIO HOSPITALARIO / OMISIÓN

EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO HOSPITALARIO / FALLA PROBADA DEL SERVICIO / OBLIGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA

PRUEBA / PRUEBA DEL NEXO CAUSAL EN LA RESPONSABILIDAD MÉDICA

[S]e observa que la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias incumplió con

los deberes y obligaciones contenidos en los artículos 49 de la Constitución Política y, 153, 168 y 194 de la Ley 100 de 1993, toda vez que […] omitió prestar el servicio de atención médico hospitalario a la [paciente]. [L]a entidad demandada desatendió el deber de prestar la atención médica obligatoria a [la fallecida] bajo el argumento de que no había médicos en dicho centro asistencial para su valoración. Tal circunstancia, digna de reproche y carente de justificación alguna, permite colegir que la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias incurrió en una falla del servicio luego de la omisión en la prestación del servicio médico hospitalario […]. Ahora bien, esta Corporación ha señalado de manera reiterada y uniforme que la responsabilidad médica derivada de daños ocasionados como consecuencia de actividades médico-sanitarias debe analizarse en principio bajo el régimen de la falla probada del servicio, lo que impone al demandante la obligación de acreditar probatoriamente el daño, la falla por el acto médico y el nexo causal.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 49 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 153 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 168 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 194

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad en la prestación del servicio de atención médica, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de junio de 2010, rad. 19101, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA /

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

CAUSACIÓN DEL DAÑO / DAÑO OCASIONADO POR OMISIÓN /

INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE OMISIÓN ADMINISTRATIVA /

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO /

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / REPARACIÓN

DEL DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INCOMPETENCIA DE

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / OBLIGACIONES DEL HOSPITAL PÚBLICO La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a una presunta omisión de la Superintendencia de Salud, el distrito de Cartagena de Indias y la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 86

UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / CLAUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / COMPETENCIA DEL JUEZ / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

EN CONJUNTO / MEDIDA DE REPARACIÓN DEL DAÑO / RESPONSABILIDAD

EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DAÑO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD MÉDICA / FALLA DEL SERVICIO POR RETARDO EN LA PRESTACIÓN /

FALLA PROBADA DEL SERVICIO / GARANTÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES / CUMPLIMIENTO DE LA NORMA / RESPONSABILIDAD DE PARTE DEMANDADA Mediante sentencia de unificación del 19 de abril de 2012, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que el artículo 90 de la Constitución Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad, por lo que es deber del juez encuadrar cuál es aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo que encuentre probado en el proceso. [P]or regla general, el fundamento del deber de reparar aplicable cuando se discute la responsabilidad extracontractual del Estado por daños ocasionados como consecuencia de actividades médico-sanitarias es el de falla del servicio. [E]n los eventos en los que se analiza la responsabilidad del Estado por daños ocasionados en virtud de la atención médica defectuosa, se aplica el régimen de responsabilidad de falla probada, pues esta Corporación ha señalado que es necesario efectuar un análisis entre el contenido obligacional que las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por la autoridad demandada.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la cláusula general de la responsabilidad patrimonial del Estado, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera,

sentencia de unificación jurisprudencial del 19 de abril de 2012, rad. 21515, C. P. Hernán Andrade Rincón.

CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / BIEN JURÍDICO TUTELADO /

AFECTACIÓN A BIEN / AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES / CLASES DE CONDUCTA ANTIJURÍDICA /

VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / CAUSACIÓN DEL DAÑO /

VALORACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL / MEDIDA DE REPARACIÓN

INTEGRAL DEL DAÑO / CONCEPTO DE IMPUTACIÓN / IMPUTACIÓN

FÁCTICA / IMPUTACIÓN JURÍDICA / IMPUTACIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FALLA EN EL SERVICIO /

RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO

EXCEPCIONAL / DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO /

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS CARGAS PÚBLICAS / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. [E]s toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique[…], al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento

jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. [V]erificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere y de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido. INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / AUSENCIA DE PRUEBA DEL DAÑO / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE /

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REGLAS DE LA CARGA DE LA

PRUEBA / INCLUSIÓN DE ASPECTO FÁCTICOS / FUNDAMENTACIÓN DE LA

DEMANDA

[L]a Sala encuentra que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde la relación de causalidad entre el hecho lesivo y la falla del servicio que se alega requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, sin la cual, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su declaración. [L]a carga de la prueba asiste a la parte que alega el hecho lesivo y por ello resulta determinante demostrar […] las circunstancias fácticas sobre los cuales se fundó la demanda.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 – ARTÍCULO 177

PARTE DEMANDANTE / APELANTE ÚNICO / RECURSO DE APELACIÓN

CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIONES DE TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO / LEY PROCESAL CIVIL / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE

APELACIÓN / DESACUERDO DE LA SENTENCIA / ANÁLISIS DE LA

PRUEBA / OBLIGACIONES DEL HOSPITAL PÚBLICO / RESPONSABILIDAD

DEL ESTADO / MUERTE DEL PACIENTE / HECHO PROBADO /

ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL

ESTADO

[C]omoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia […] proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil,

exclusivamente habrá lugar a resolver el asunto sub lite en aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso. Por ello, a continuación, se analizará si la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias es patrimonialmente responsable por la muerte de [la víctima]. Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado se encuentran acreditados.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 – ARTÍCULO 357

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites que impone el principio de non reformatio in pejus y la obligación del juez de segunda instancia de ocuparse solo de los aspectos que fueron objeto de inconformidad en el recurso de apelación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de octubre de 2011,

rad. 18082. C. P. Enrique Gil Botero.

CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / COMISIÓN DEL HECHO / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA / OCUPACIÓN TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / TÉRMINO PROCESAL / MUERTE DEL PACIENTE / REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación

administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble […]. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el 24 de junio de 2010 falleció [la víctima], según [el] registro civil de defunción; ii) que los libelistas presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 14 de julio de 2010, la cual se declaró fallida el 28 octubre de 2010; y iii) que la demanda se presentó el 10 de noviembre de 2010.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 136

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el término de caducidad de la acción de reparación directa, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de marzo de 2018, rad. 42938. C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; y sentencia del 3 de abril de

2020, rad. 45076, C. P. María Adriana Marín.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 13001-23-31-000-2011-00050-01(52092)

Actor: OLIVIA LIÑÁN BARONA Y OTROS

Demandado: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y OTROS Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Tema: Falla del servicio médico asistencial. Muerte de ciudadana con

enfermedad terminal por omisión en la prestación del servicio médico hospitalario. No se acreditó la relación de causalidad entre el daño y la falla del servicio. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO El 24 de junio de 2010, Viviana Carrillo Liñán fue conducida por sus familiares a la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias, luego de requerir atención médica.

No obstante, la ciudadana no pudo ser valorada dado que “el portero sin atender la solicitud, les expresó que no había médico”. Instantes después, la señora Carrillo Liñán falleció en la entrada del referido centro hospitalario. Los demandantes consideran que la Superintendencia de Salud, el distrito de Cartagena de Indias y la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias son patrimonialmente responsables de la muerte de Viviana Carillo Liñán, por la omisión en la prestación del servicio médico hospitalario.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda El 10 de noviembre de 20101, Olivia Liñán Barona; Kelly Johanna, Amanda Patricia y David Eduardo Rivera Carrillo; Martín y Heidys Peñaredonda Carrillo; Luis Daniel, Oscar Luis y Luis Carlos Carrillo Liñán; y Deivis Meza Carrillo, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Superintendencia de Salud, el distrito de

Cartagena de Indias y la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias, para que se les declare patrimonialmente responsables por la muerte de Viviana Carrillo Liñán. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de los demandantes; y, por daño emergente y lucro cesante, la suma que resulte probada en el proceso para cada uno de los accionantes. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 24 de junio de 2010, Viviana Carrillo Liñán fue conducida por sus familiares a la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias luego de requerir atención médica. Señala que la ciudadana no pudo ser valorada dado que “el portero sin atender la solicitud, les expresó que no había médico”. Manifiesta que instantes después, la señora Carrillo Liñán falleció en la entrada del referido centro hospitalario sin recibir la atención médica solicitada. Los demandantes consideran que la Superintendencia de Salud, el distrito de Cartagena de Indias y la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias son patrimonialmente responsables de la muerte de Viviana Carillo Liñán, por la omisión en la prestación del servicio médico hospitalario. En el libelo introductorio textualmente se expone: “[…] es a toda luz evidente, la acreditación del daño en cabeza de la administración quien al momento de la solicitud del servicio de atención en salud le negó el acceso al establecimiento público con la colocación de un candado en la puerta del establecimiento y la no

1 Fl.1 a 9, C.1. disposición de cuerpo médico – hospitalario de la E.S.E. Cartagena de Indias, lo que conllevó al desenlace de causar la muerte a la señora Viviana Carrillo Liñán”.

2. Contestaciones El 31 de marzo de 20112, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Superintendencia de Salud3 se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que dentro de sus competencias y deberes funcionales no estaba la de prestar el servicio médico, razón por la cual no intervino en los hechos objeto de reproche. Por ello, formuló como excepciones las de i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) inexistencia de la obligación; iii) ineptitud de la demanda por falta de señalamientos, hechos, acciones u omisiones; y iv) ausencia de nexo de causalidad. 2.2. El distrito de Cartagena de Indias4 se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que no tuvo injerencia en la producción del daño alegado en la demanda. Por ello, como excepciones, formuló las de i) ineptitud sustantiva de la demanda; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; y iii) inexistencia del nexo causal respecto del distrito. 2.3. La E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias5 se opuso a las pretensiones de la demanda advirtiendo que “[…] ni la E.S.E. Cartagena de Indias ni alguno de sus funcionarios falló en la prestación del servicio, sencillamente porque nunca fue

prestado”. En virtud de lo anterior, formuló como excepciones las de i) ausencia de falla del servicio; ii) falta de relación de causalidad entre la acción y el agente del daño; y iii) “existencia de fuerza mayor o caso fortuito”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia 2 Fl. 64 a 66, C.1. 3 Fl. 75 a 100, C.1. 4 Fl. 146 a 154, C.1. 5 Fl. 106 a 114, C.1.

El 22 de marzo de 20136 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. Los demandantes7, el distrito de Cartagena de Indias8 y la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias9 reiteraron los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la contestación de este, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público10 rindió concepto en el que sostuvo que debían desestimarse las pretensiones de la demanda, toda vez que el extremo activo no acreditó que la falta de atención médica hubiera sido la causa determinante de la muerte de Viviana Carrillo Liñán. En este sentido, estimó que la parte actora no probó la relación causal entre la falla del servicio y el daño antijurídico alegado en el escrito de la demanda. 3.3. La Superintendencia de Salud guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 29 de mayo de 201411, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el extremo activo no acreditó el vínculo causal entre el daño alegado y la falla del servicio endilgada

a las entidades demandas. 6 Fl. 256, C.1. 7 Fl. 257 a 265, C.1. 8 Fl. 267 a 270, C.1. 9 Fl. 271 a 273, C.1. 10 Fl 275 a 281, C.1. – Concepto rendido por la Procuradora 130 Judicial II ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, doctora Denisse del Carmen Moreno Sierra. 11 Fl. 308 a 317, C.2. Al efecto, en la sentencia expuso lo siguiente: “[…] la falta de atención no fue causa determinante en la causación del daño, teniendo en cuenta que la causa de la muerte de la señora se debe a un tumor maligno de pulmón en estado avanzado […] la Sala sin mayores ambages llega a la conclusión que no está probado el nexo causal entre el daño y la falla del servicio, por consiguiente, no es posible edificar responsabilidad del Estado por falla asistencial, de tal manera que se negarán las pretensiones de la demanda”.

5. Recurso de apelación El 2 de julio de 201412, los demandantes interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido el 31 de julio de 201413 y admitido el 7 de octubre de 201414. 5.1. La parte demandante15 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

Además, señaló que existían pruebas que daban cuenta del daño causado y de la falla del servicio médico en que habrían incurrido las entidades demandantes. Finalmente, subrayó que el motivo de la muerte de Viviana Carrillo Liñán fue la negligencia de la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias al no prestar el

servicio médico que ésta le había solicitado.

Al efecto sostuvo: “[…] merece especial detenimiento el yerro cometido por el a quo, quien exonera de responsabilidad a las entidades demandas, pese a advertir la presencia de dos de los elementos de la responsabilidad (el daño y la falla del 12 Fl. 325, C.2. 13 Fl. 326, C.2. 14 Fl. 331, C.2. 15 Fl. 486 a 498, C.2. servicio) porque supuestamente echa de menos la prueba de que la falta de atención fuere la causa determinante de la muerte. Tal entendimiento no puede ser plausible en la medida en que, cohonesta la conducta negligente de las entidades demandas en tanto, envía el equivoco mensaje a las autoridades públicas de que la inobservancia en el acatamiento de sus funciones y competencia no es sancionatoria (sic) por el ordenamiento con la imposición de la obligación resarcitoria (lo que, de suyo, desconoce el papel corrector del juez contencioso y la responsabilidad como institución jurídica). Torna nugatoria la exigibilidad del derecho a la salud en la medida en que en adelante aquel que requiera atención médica y respecto de quien resulta legitimo el derecho a esperar que los actores del sistema adopten como patrón de conducta la prestación oportuna del servicio (esto es, que les sea brindado tratamiento y/o procedimiento), no podrán contar con la garantía de que los daños acaecidos ante la violación de la lex artis deben resarcirse puesto que no basta la acreditación del daño y la imputación (falla).”

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 18 de noviembre de 201416 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La Superintendencia de Salud17 y el distrito de Cartagena de Indias18 reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 6.2. Los demandantes, La E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias y el Ministerio Público guardaron silencio19. 16 Fl. 333, C.2.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 29 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación20, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.

2. Acción procedente 17 Fl. 334 a 344, C.2. 18 Fl. 345 a 347, C.2. 19 Fl. 368, C.2. 20 La pretensión mayor de la demanda se estima en 1000 SMLMV.

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8621 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a una presunta omisión de la Superintendencia de Salud, el distrito de Cartagena de Indias y la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general22, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden 21 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener

pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción23, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y

mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure24 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia25, cuya consecuencia, por 23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la