CE-SECCION TERCERA-19001-23-31-000-2011-00434-01(53977)

COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCESO DECLARATIVO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE CONFIANZA / PRINCIPIO DE LEALTAD

PROCESAL / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL /

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / POLÍCIA

NACIONAL / MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / TESTIMONIO EN

ENTREVISTA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / AGENTE DE

POLICÍA / MUERTE DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL

[L]os documentos aportados en copia simple a un proceso judicial declarativo son susceptibles de valoración probatoria, siempre que hayan estado a disposición de las partes en contienda y no hubieran sido tachados de falsos u objetados respecto de su validez por alguna de ellas, pues se entiende que quien allega una pieza documental en esa condición está obrando en el marco de la buena fe, la confianza y la lealtad procesal y, por consiguiente, el contenido de las reproducciones fotostáticas de los documentos que se entregan a la judicatura a fin de constituirse como prueba siguen el documento original del cual se extrae, resultando un imperativo judicial el otorgarles el valor probatorio que corresponde, a fin de privilegiar el derecho sustancial sobre el formal y concretar el mandato constitucional de un acceso efectivo a la administración de justicia. En el caso de

la referencia, la parte demandante allegó en copia simple los siguientes documentos: (i) las entrevistas efectuadas por miembros de la Policía Nacional (…) (ii) el informe ejecutivo de investigador de campo (…) y (iii) la Resolución (…) por medio de la cual la Dirección General de la Policía Nacional (…) [modifica una calificación y se asciende en forma póstuma a un Patrullero de la Policía Nacional] (…) Estos documentos fueron aportados con el escrito de la demanda y permanecieron durante el iter procesal sin que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, contra quien se aducen, los tachara de falsos, los controvirtiera u objetara, situación indicativa de la validez de dichas reproducciones fotostáticas que le brindan mérito probatorio y las hace susceptibles de valoración judicial, como puede deducirse de la tesis que en torno a este tema ha definido esta Corporación. Al revisar la decisión de instancia contra la que se alza el grupo demandante, se observa que el a quo advirtió correctamente la premisa jurisprudencial en contexto y, en consecuencia, no restringió el alcance probatorio de los (…) documentos, toda vez que fueron allegados al plenario válidamente y que permanecieron a disposición de las partes durante el mismo, sin que alguna de ellas los hubiera controvertido NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P Enrique Gil Botero.

TESTIMONIO EN ENTREVISTA / POLÍCIA NACIONAL / MIEMBROS DE LA

POLICÍA NACIONAL / AGENTE DE POLICÍA / INVESTIGACIÓN PENAL /

PROCESO PENAL / POLICÍA JUDICIAL / INFORME DE POLICÍA JUDICIAL / VALOR PROBATORIO DEL INFORME DE POLICÍA JUDICIAL / DOCUMENTO / MUERTE DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / REITERACIÓN DE LA

JURISPRUDENCIA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA

[E]videncia la Sala que el Tribunal desestimó la aptitud probatoria de la información que se contenía en las entrevistas y el informe efectuados y rendidos por miembros de la Policía Nacional, ya no por tratarse de reproducciones fotostáticas, sino por la falta de certeza y credibilidad de las declaraciones allí vertidas. (…) En sentir del a quo, las versiones entregadas a los agentes de policía judicial no fueron rendidas bajo la gravedad de juramento, razón por la cual no existe sobre sus deponentes un deber de precisar con fuerza de verdad las circunstancias fácticas de las que dan cuenta y los informes elaborados por estos mismos agentes no pueden ser tenidos en cuenta porque las conclusiones que allí se plasman se fundan en la información recolectada en las entrevistas provenientes de personas sin el apremio de la gravedad de juramento y de sujetos indeterminados presentes en el lugar de los hechos, que son indagados en la fase preliminar de la investigación penal, lo cual le resta certeza y credibilidad sobre la realidad de los hechos. (…) Al respecto, es preciso señalar que las entrevistas efectuadas por agentes de la policía judicial recogen las versiones de personas determinadas que atestiguaron de forma directa o indirecta un hecho sobre el cual se indaga penalmente a fin de obtener información relevante que permita la

reconstrucción de la realidad, adelantar las diligencias y proferir las decisiones judiciales, de conformidad con las normas que se consideren infringidas y constituyen un delito; sin embargo, las exposiciones que las personas rinden ante estos servidores no se realizan bajo la gravedad de juramento, razón por la cual están a merced de eventuales imprecisiones o tergiversaciones, situación que impide al juez reconocerle a este tipo de medios una capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, dichos documentos no pueden tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este, los deponentes de las declaraciones allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo reglado en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, como lo ha considerado la jurisprudencia de esta Corporación. (…) En el caso analizado, confirma la Sala que las circunstancias expuestas en las entrevistas efectuadas por agentes de la policía judicial con ocasión del deceso violento del señor (…) no fueron ratificadas por sus respectivos deponentes ante la judicatura; en consecuencia, no se satisficieron las exigencias del artículo 229 del CPC y, en este sentido, son declaraciones libres del apremio de la gravedad jurada que resultan inapreciables probatoriamente como bien lo señaló el a quo, de modo que ningún reproche le cabe a tal razonamiento y que implique el defecto en la valoración probatoria que aduce el grupo demandante en su escrito de apelación. (…) Ahora, en relación con los informes rendidos por los agentes de la policía judicial en el marco de una investigación penal, tales declaraciones no constituyen aisladamente una prueba con la capacidad de demostrar lo que en ellas se

concluye, en consideración a que están fundadas en las descripciones o exposiciones que terceros determinados o desconocidos han vertido o en las entrevistas (…) cuyos testimonios no están amparados bajo la gravedad de juramento y cuyas declaraciones pueden dar lugar a malinterpretaciones o tergiversaciones de la realidad (…) Por lo tanto, el informe ejecutivo del investigador de campo (…) de la policía judicial no constituye una prueba de las condiciones fácticas acaecidas, pues se funda en apreciaciones de sujetos indeterminados y algunas entrevistas cuyos relatos no fueron ratificados ante la judicatura, motivo que impide valorarlo en este juicio, como acertadamente lo consideró el a quo, situación que no merece ningún reproche pues concreta los lineamientos probatorios que la ley, la jurisprudencia y la sana crítica probatoria señalan respecto de este tipo de documentos.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 229

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad C - 392 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sentencia del 11 de septiembre de 2013, exp.

20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN / AGENTE DEL ESTADO /

PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / TÍTULO DE

IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALLA DEL SERVICIO /

FALLA EN EL SERVICIO / DAÑO ESPECIAL / TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes. Esta premisa constitucional consagra el principio de responsabilidad estatal, sin determinar, especificar y menos aún, privilegiar un título de imputación o forma de atribución del daño, razón por la cual, a la hora de evaluar si el Estado está llamado a resarcir el menoscabo sufrido por cualquier persona, pueda acudirse a cualquiera de los títulos de imputación, esto es, la falla en el servicio, el daño especial o el riesgo excepcional, según sea el caso.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ENTIDAD PÚBLICA / DAÑO ANTIJURÍDICO / FALLA DEL SERVICIO / FALLA EN EL SERVICIO / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN / HECHO DAÑOSO / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / POSICIÓN DE GARANTE / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL En los eventos de responsabilidad del Estado por una supuesta inacción u omisión, esto es, que una entidad pública no actuó con el objeto de impedir la concreción de un daño antijurídico debiendo hacerlo, es preciso efectuar un análisis de imputación en el escenario de la falla del servicio, de manera que se verifique si el menoscabo cierto, personal y directo que se alega se funda en una

relación causal (material y jurídica) con un contenido obligacional a cargo del Estado, teniendo en cuenta que la premisa normativa de la obligación que se reputa omitida puede hallarse tanto en la Constitución Política, la ley o el reglamento, como también puede ser inherente al servicio o la actividad ejecutada por la misma administración. (…) Así, pueden identificarse omisiones en sentido laxo, referidas a la falta de ejecución de los cuidados necesarios para impedir la estructuración de hechos dañosos, que se ubiquen en el marco de lo previsible y lo evitable, cuando se ejerza una actividad, o identificarse omisiones en sentido estricto, comprendidas como la falta de ejecución de una conducta descrita en una norma, es decir, la infracción a un mandato normativo claro y específico que si se hubiera satisfecho habría impedido la ocurrencia del hecho dañoso, como es el caso del incumplimiento del deber de protección que las instituciones deben brindar a las personas por cuya noticia o condición se sabe que se encuentran en inminente peligro. DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / CULPA PROBADA / FALLA DEL SERVICIO / FALLA EN EL SERVICIO / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA DEL DAÑO / POLÍCIA NACIONAL / MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / AGENTE DE POLICÍA / MUERTE DE MIEMBROS DE LA POLICÍA

NACIONAL / HECHO DEL TERCERO / DAÑO OCASIONADO POR HECHO DEL

TERCERO / AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL / EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / POSICIÓN DE GARANTE / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES Es preciso recordar que, cuando se imputa un daño al Estado con fundamento en una omisión o inacción por su parte, el interesado se encuentra en el escenario de culpa probada y, en consecuencia, está llamado a aportar o, según el caso, solicitar el recaudo de los medios de convencimiento con los cuales se evidencie el supuesto de hecho que alega estructuró una falla en el servicio, pues de otro modo, al juez no le resta otra posibilidad que negar las pretensiones por la insatisfacción del onus probandi que le asiste al interesado, conforme con las previsiones del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (…) [En el caso concreto] [D]ada la precariedad del material probatorio, no hay un medio de convencimiento que permita establecer que los efectivos policiales, aun siendo auxiliares de policía, hubieran podido prever o advertir la agresión contra la vida del señor (…) ya que no hay una descripción del desenvolvimiento causal que

permita identificar que los agentes hubieran tenido chance de observar previamente una situación amenazante contra el (…) señor o que conocieran con antelación una condición de riesgo que ameritara una reacción preventiva. (…) Por tanto, aun en la hipótesis de que existieran policías profesionales en el lugar donde se hallaban los conscriptos (…) y que existiera una estación o puesto policial en las inmediaciones del lugar de los hechos circunstancias que no se probaron, el resultado no hubiera diferido, pues no hay evidencia de la observación y aprehensión del hecho por parte de quienes se aduce la omisión, lo cual torna el atentado contra la vida del señor (…) en una situación exorbitante a cualquier control de los hechos que pudieran tener las autoridades. (…) Aunado a lo anterior, el informe de novedad evidencia que ocurridos los hechos, los auxiliares de policía que allí se encontraban (…) Lo anterior evidencia un actuar oportuno y diligente por parte de los miembros de la Policía Nacional que tuvieron noticia de los hechos y, por tanto, a su conducta no le cabe ningún reproche, pues desplegaron lo humanamente exigible y lo profesionalmente esperable ante una situación de daño que no era posible de conocer de forma previa y cuya concreción se produjo por el actuar desligado de la ley de un sujeto desconocido distante a la institución que se demanda. (…) En ese orden de ideas, se colige que la muerte del señor (…) fue causada por el despliegue conductual de un tercero, ajeno a la entidad demandada, hipótesis que el grupo demandante nunca cuestionó; con esto también se concluye que ese daño no es imputable material o

jurídicamente a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, ya que no existió de parte de sus agentes un actuar omisivo estructurador de un incumplimiento al deber constitucional y legal de protección de la vida de las personas que pueda catalogarse como una falla en el servicio, elemento esencial de la responsabilidad, por lo que se torna procedente la confirmación de la decisión de instancia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 177

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 19001-23-31-000-2011-00434-01(53977)

Actor: RONALD ANDRÉS ZAMBRANO Y OTRO

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) Asunto: Sentencia Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / omisión al deber de protección y seguridad de las personas / VALIDEZ PROBATORIA DE DOCUMENTOS POLICIALES / capacidad probatoria de las entrevistas efectuadas por policía judicial / capacidad probatoria de los informes ejecutivos de policía judicial.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se pretende la declaratoria de responsabilidad por la muerte de un ciudadano que fue ultimado por un desconocido en las inmediaciones de una estación de policía, sin que los agentes allí presentes intervinieran de forma efectiva a fin de evitar el fatídico desenlace.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 26 de febrero de 2015, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. Dicha sentencia decidió la demanda presentada el 22 agosto de 20111, por

Alfonso Guetio Osnas (padre2), Aleida María Londoño (hermana3), Olga Eucaris (hermana4), José Hernán (hermano5), Rubiela (hermana6), Rolando (hermano7), Clarissa Almendra Londoño (hermana8), Ronald Andrés Zambrano Salas (hijo de crianza9) y Luz Mercedes Salas Martínez (esposa10), esta última en representación de los menores Danny Alfonso Guetio Salas (hijo11) y Jorge Albeiro Garzón Salas (hijo de crianza12), contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con ocasión del homicidio del señor Dany Alfonso Guetio Londoño, cuando se encontraba en las inmediaciones de la estación de policía de Caldono, Cauca. Las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho invocados en la demanda fueron los siguientes: Pretensiones 1 Folio 62 c. 1 y adicionada por el escrito obrante a folios 66 y 67 c. 1.

2 Folio 69 c. 1. 3 Folio 14 c. 1. 4 Folio 15 c. 1. 5 Folio 16 c. 1. 6 Folio 17 c. 1. 7 Folio 18 c. 1.

3. Solicitan los demandantes que se declare responsable a la entidad demandada por la muerte del señor Dany Alfonso Guetio Londoño y que, en consecuencia, se le condene a pagar cien (100) SMLMV por perjuicios morales para cada uno y trescientos millones de pesos m/cte. ($300’000.000) a favor de la esposa e hijo del occiso, Luz Mercedes Salas Martínez y Danny Alfonso Guetio Salas, por perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante futuro.

Hechos

4. Se expuso que el 2 de julio de 2009, el señor Dany Alfonso Guetio Londoño13, quien se encontraba disfrutando de sus vacaciones como oficial de la Policía Nacional, se dirigió en compañía de su esposa al corregimiento de Siberia en el municipio de Caldono, Cauca, a fin de organizar una misa en

8 Folio 19 c. 1. 9 Folio 20 c. 1. 10 Folio 10 c. 1. 11 Folio 11 c. 1. 12 Folio 12 c. 1. 13 Conforme con registro de defunción obrante a folio 68 c. 1. conmemoración de su madre fallecida. Cuando el citado señor se hallaba recibiendo una llamada telefónica frente a un establecimiento comercial, ubicado

a cien (100) metros de una estación de policía, un sujeto desconocido y supuestamente integrante de las FARC, se aproximó a él y le propinó cuatro impactos de bala que le cercenaron la vida, situación que concretó las amenazas que el citado señor había recibido y frente a la cual los patrulleros que se hallaban en el puesto policial no intervinieron y se limitaron a observar el desenlace fatídico de los hechos. Fundamentos de derecho

5. El grupo demandante citó como fundamento de derecho el artículo 90

Constitucional, como cláusula fundante de responsabilidad estatal, e hizo consistir la imputación del daño a la entidad demandada con fundamento en el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 2 Superior, relativa al deber de las autoridades de garantizar la vida y seguridad de las personas, en consideración a que los policiales que se hallaban en el puesto de policía aledaño al lugar del deceso del señor Guetio Londoño no desplegaron conducta alguna tendiente a impedir su asesinato o, por lo menos, a aprehender al agresor y presunto integrante de las FARC, falla que se tornó aún más grave, pues los agentes que se hallaban en la estación eran auxiliares sin un mando profesional que los guiara en la actividad policial. La defensa

6. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó que se negaran las pretensiones, con fundamento en los argumentos exceptivos del hecho de un tercero y ausencia de nexo de causalidad, pues, dijo que el daño sufrido por los demandantes, esto es, la muerte del señor Guetio Londoño, fue

desencadenado por el actuar de un sujeto ajeno a la institución, quien accionó un arma de fuego en cuatro oportunidades contra la víctima causando su muerte y, además, ocurrido el insuceso, los efectivos que se hallaban en la estación reaccionaron a fin de capturar al agresor y auxiliar a la víctima, como lo indica el informe policial rendido por el intendente Velasco Acosta.

7. Finalmente arguyó que tampoco podía hablarse de falla en el deber de protección, en consideración a que el señor Guetio Londoño no manifestó en ningún momento la situación particular que lo hiciera merecedor de un esquema de seguridad especial. Adicionalmente, para el momento de los hechos, el citado señor portaba un arma de fuego que accionó en seis ocasiones, lo que devela falta de fundamento en la atribución del daño14.

Alegatos de parte y concepto del Ministerio Público

8. La entidad demandada reiteró los razonamientos expuestos en la contestación de la demanda15.

9. El Ministerio Público coincidió en las apreciaciones de la demandante y, en consecuencia, solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda16.

10. El grupo demandante insistió en la responsabilidad estatal en los mismos términos de la demanda17.

La decisión recurrida

11. Al dictar sentencia el Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:

14 Folios 80 a 86 c. 1. 15 Folios 156 a 161 c. 1. 16 Folios 320 a 328 c. 1.

17 Folios 162 y 163 c. 1.

12. Dijo que, de conformidad con los pocos elementos de prueba recaudados, estaba acreditado que el 2 de julio de 2009 el señor Guetio Londoño falleció cuando se hallaba con su esposa en la vía pública disfrutando de sus vacaciones y recibió cuatro disparos de arma de fuego provenientes de un sujeto que supuestamente integraba las FARC, en un sitio cercano a una estación policial; no obstante, señaló que no era un daño atribuible a la entidad demandada, ya que no se tenía noticia o denuncia previa que permitiera prever la agresión armada contra el citado señor y, además, resultó probado que los efectivos policiales que allí se encontraban reaccionaron e iniciaron una persecución contra el agresor, pese a no lograr su captura.

13. Concluyó que no existió una desatención a la obligación de protección que le asiste al Estado respecto de sus ciudadanos, como tampoco una situación estructuradora de un riesgo superior o excepcional al cual se hubiera sometido al señor Guetio Londoño por su condición policial, razón por la que acogió los razonamientos exceptivos propuestos por la accionada, consistentes en que el daño era atribuible al actuar de un tercero y que no había nexo de causalidad entre aquel y el actuar de la entidad que comprometiera la responsabilidad estatal18.

II. EL RECURSO INTERPUESTO Sustentación del recurso de apelación

14. Los demandantes se alzaron en contra de la decisión de instancia, porque en su sentir el a quo dejó de valorar documentos allegados en copia simple, a

pesar de que la directriz unificada de la jurisprudencia les brinda capacidad probatoria, cuando han sido válidamente integradas al proceso.

15. Dijo que la imputación de responsabilidad que se argüía desde la demanda no estaba relacionada con una falta de protección por amenazas de muerte contra el señor Guetio Londoño, sino por la inacción policial en el momento del insuceso que estuvo acompañada de la falta de disposición de personal idóneo en la estación de policía para la salvaguarda de las personas, pues, en lugar de mantener policías profesionales en ella, se dispusieron únicamente auxiliares conscriptos, cuyas funciones no están relacionadas con el combate armado por su

18 Folios 165 a 175 c. principal. inexperiencia en labores de esa naturaleza y, por ende, son carentes de entrenamiento para evitar resultados como el que cobró la muerte del citado señor, en un lugar que públicamente es conocido por su alta conflictividad armada, circunstancia que es indicativa de una falla en el servicio de seguridad a cargo del Estado.

16. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional reiteró los argumentos relativos al hecho del tercero y los acompañó de lo que denominó culpa exclusiva de la víctima, en consideración a que la muerte del señor Guetio Londoño se produjo por la decisión deliberada de aprovechar sus vacaciones para desplazarse por áreas públicas en una zona en la que operaban grupos ilegales19.

17. El Ministerio Público conceptuó confirmar el fallo de instancia, con fundamento en que no se acreditó el nexo causal que relacionara la muerte del señor Guetio Londoño con una falla del Estado, por omisiones en el deber de

seguridad de las personas20.

III. CONSIDERACIONES

18. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación ya indicado, para lo cual se harán las siguientes consideraciones: El objeto del recurso

19. El fundamento del recurso de apelación se basa en dos cargos: (i) la supuesta ausencia de valoración probatoria de algunos documentos, por razón de su presentación en copia simple y, (ii) la falta de análisis de la falla en el servicio de seguridad a cargo del Estado que se presentó por la ausencia de personal calificado en la estación policial aledaña al lugar de los hechos, lo cual derivó en que los efectivos policiales conscriptos que allí se hallaban no hubieran reaccionado adecuadamente, impidiendo el homicidio del señor Guetio Londoño.

Primer cargo: de la validez probatoria de los documentos allegados en copia simple

19 Folios 210 a 214 c. principal. 20 Folios 221 a 226 c. principal.

20. Esta Corporación ha sido unánime en señalar que los documentos aportados en copia simple a un proceso judicial declarativo son susceptibles de valoración probatoria, siempre que hayan estado a disposición de las partes en contienda y no hubieran sido tachados de falsos u objetados respecto de su validez por alguna de ellas, pues se entiende que quien allega una pieza documental en esa condición está obrando en el marco de la buena fe, la confianza y la lealtad procesal y, por consiguiente, el contenido de las reproducciones fotostáticas de los documentos que se entregan a la judicatura a fin de constituirse como prueba siguen el documento original del cual se extrae,

resultando un imperativo judicial el otorgarles el valor probatorio que corresponde, a fin de privilegiar el derecho sustancial sobre el formal y concretar el mandato constitucional de un acceso efectivo a la administración de justicia21.

21. En el caso de la referencia, la parte demandante allegó en copia simple los siguientes documentos: (i) las entrevistas efectuadas por miembros de la Policía Nacional con el formato FPJ – 14 a los señores Dirlon Sánchez Corpaz22, Luz Mercedes Salas Martínez23, Mario Antonio Zúñiga24; (ii) el informe ejecutivo de investigador de campo – FPJ 11 – del 28 de agosto de 200925 y (iii) la Resolución 659 del 8 de marzo de 2010, por medio de la cual la Dirección General de la Policía Nacional “modifica una calificación y se asciende en forma póstuma a un

Patrullero de la Policía Nacional”26. 21 Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, MP Enrique Gil Botero. 22 Folio 29 c. 2. 23 Folio 26 c. 2. 24 Folio 28 c. 2. 25 Folios 30 y 31 c. 2.

22. Estos documentos fueron aportados con el escrito de la demanda y permanecieron durante el iter procesal sin que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, contra quien se aducen, los tachara de falsos, los controvirtiera u objetara, situación indicativa de la validez de dichas reproducciones fotostáticas que le brindan mérito probatorio y las hace susceptibles de valoración judicial, como puede deducirse de la tesis que en torno a este tema ha definido esta

Corporación.

23. Al revisar la decisión de instancia contra la que se alza el grupo demandante, se observa que el a quo advirtió correctamente la premisa jurisprudencial en contexto y, en consecuencia, no restringió el alcance probatorio de los citados documentos, toda vez que fueron allegados al plenario válidamente y que permanecieron a disposición de las partes durante el mismo, sin que alguna de ellas los hubiera controvertido. Basta acudir al tenor literal del razonamiento del Tribunal para advertir tal circunstancia: “En sentencia de Unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del

H. Consejo de Estado de fecha de 28 de agosto de 2013, se precisó que es viable tener como prueba los documentos aportados por la parte actora en copia simple – salvo contadas excepciones en los que la ley disponga lo contrario –, entendiendo que permaneciendo a lo largo del proceso han sido convalidados por la parte contra quien se aducen, presumiéndose el pleno conocimiento de la referida prueba, a la vez que controvertirla o alegarla a su favor, acudiendo así a la hermenéutica garantista que debe adoptar el juez en procura de dar cabida a los principios de la buena fe y la lealtad procesal.

Del examen del expediente se aprecia que la parte actora allegó con la demanda copias simples i) de las entrevistas e informe realizado por la policía judicial, y ii) de la Resolución 0659 de 8 de marzo de 2010 ‘por la cual se modifica una calificación y se asciende en forma póstuma a un Patrullero de la Policía Nacional’; documentos frente a los que debe

precisarse que, permaneciendo a lo largo del proceso fueron convalidados por la parte contra quien se aducen, presumiéndose el pleno conocimiento de dichas pruebas”27. 26 Folios 37 y 38 c. 2.

24. Pese a lo anterior, evidencia la Sala que el Tribunal desestimó la aptitud probatoria de la información que se contenía en las entrevistas y el informe efectuados y rendidos por miembros de la Policía Nacional, ya no por tratarse de reproducciones fotostáticas, sino por la falta de certeza y credibilidad de las declaraciones allí vertidas.

25. En sentir del a quo, las versiones entregadas a los agentes de policía judicial no fueron rendidas bajo la gravedad de juramento, razón por la cual no existe sobre sus deponentes un deber de precisar con fuerza de verdad las circunstancias fácticas de las que dan cuenta y los informes elaborados por estos mismos agentes no pueden ser tenidos en cuenta porque las conclusiones que allí se plasman se fundan en la información recolectada en las entrevistas provenientes de personas sin el apremio de la gravedad de juramento y de sujetos indeterminados presentes en el lugar de los hechos, que son indagados en la fase preliminar de la investigación penal, lo cual le resta certeza y credibilidad sobre la realidad de los hechos28.

26. Al r