CE-SECCION TERCERA-25000-23-26-000-2009-00946-01(45462)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Accede parcialmente

DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD SÍNTESIS DEL CASO: El demandante fue capturado por la presunta comisión del delito de extorsión, dentro de la investigación penal iniciada en su contra con base en los señalamientos realizados por otro implicado en ese comportamiento. La Fiscalía General de la Nación, al resolver su situación jurídica, impuso medida de aseguramiento. En la etapa de juicio se dictó sentencia absolutoria a su favor, al no encontrar pruebas que lo comprometieran en los hechos indagados.

ACREDITACIÓN DEL DAÑO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EXTORSIÓN /

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA / SENTENCIA ABSOLUTORIA / AUSENCIA DE PRUEBA INCRIMINATORIA En el expediente está acreditado que, J. M. B. C. estuvo privado de la libertad, desde el 18 de noviembre de 2003, hasta el 18 de abril de 2007, en un centro de reclusión. También está probado que, el 1 de diciembre de 2003, al resolver su situación jurídica, la Unidad de Fiscalía delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado Antiextorsión y Secuestro de Bogotá impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra y que, el 10 de abril de 2007, el Juzgado 2 Penal del Circuito de Facatativá profirió decisión absolutoria en su

favor, la cual fue confirmada el 12 de septiembre de 2007 por el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Penal. (…) La Sala encuentra probado que, J. M. B. C. sufrió un daño derivado de la privación de su libertad en centro carcelario, la cual se prolongó desde el 18 de noviembre de 2003, hasta el 18 de abril de 2007, es decir, por un periodo de 3 años, 5 meses y 1 día. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO AL BUEN NOMBRE / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE La Sala considera que toda privación injusta de la libertad trae consigo una intensa vulneración al derecho al buen nombre de quien la padeció. En efecto, el ejercicio del ius puniendi del Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la población, que lo acata porque presume su corrección. Por tanto, cuando la sociedad tiene conocimiento de la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y razonables indicios de su responsabilidad. Además, entiende que dicha persona no podía defenderse de esos cargos estando en libertad, como quiera que su conducta o posición específica ponía en riesgo el proceso o a la propia comunidad. De manera que, la Sala estima que la reclusión de J. M. B. C. también generó un daño consistente en el menoscabo en su reputación y la afectación de su imagen en su entorno social.

INDICIO / ESTRUCTURA DEL INDICIO / HECHO CONOCIDO / INFERENCIA LÓGICA / HECHO INDICADOR / LÓGICA DEL INDICIO / APRECIACIÓN DEL

INDICIO / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO Esta Sala ha advertido que un indicio requiere para su configuración un hecho conocido a partir del cual, con base en un razonamiento lógico, se infiere un hecho indicado. Así, la capacidad demostrativa del indicio depende del mayor o menor grado de probabilidad que exista entre el hecho indicador y el indicado. Si, de acuerdo con las reglas de la experiencia, de la lógica o de la ciencia, el hecho indicado se explica necesariamente del indicador, su nivel de convicción será significativo, si no es así o se presentan distintas causas que explican el hecho indicador, su valor probatorio no será relevante. REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - No acreditados / DETENCIÓN PREVENTIVA - No se sustentó su necesidad / FALLA EN EL

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Acreditada /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA

LIBERTAD

[D]ado que la fiscalía no contaba con los 2 indicios graves de responsabilidad en contra del entonces sindicado y tampoco sustentó la necesidad de la detención preventiva conforme a las finalidades previstas por la Ley, la Sala concluye que no cumplió con los requisitos exigidos por la normativa procesal penal para su imposición. Por lo tanto, la Sala declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, a título de falla del servicio, por los daños causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de J. M. B. C.

INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / CAUSAL DE

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - No probada En este caso, no se advierte la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la libertad. El demandante, en efecto, no desplegó ninguna actuación de la cual se pueda predicar su incidencia en la causación del daño. Por el contrario, sus intervenciones se orientaron a presentar los argumentos y las respectivas justificaciones tendientes a demostrar su inocencia en el comportamiento investigado. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL - No fue objeto de apelación / EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Al imponer medida de aseguramiento sin el cumplimiento de los requisitos legales / CONDENA POR ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Conforme a la proporción en que participó la Fiscalía General de la Nación en la causación del daño La Sala encuentra que, la parte actora demandó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, sin embargo, el tribunal negó las pretensiones con respecto a esta última entidad y en el recurso de apelación no se presentó ningún cuestionamiento sobre esta determinación, por lo que la Sala se abstendrá de realizar cualquier pronunciamiento sobre el particular. Lo anterior, habida cuenta de que, en los casos de Ley 600 de 2000, cuando la fiscalía o la Rama Judicial no

es condenada en primera instancia, la entidad excluida de responsabilidad no debía ni tenía ningún interés en apelar la decisión, pero la posibilidad de apelar por su inclusión si la tenía la parte actora y la entidad condenada, por eso, al no hacerlo, no es procedente una condena en contra de la que fue absuelta en primera instancia. Ahora bien, la fiscalía impuso la medida de aseguramiento sin el cumplimiento de los requisitos legales, por lo que a ella le es imputable el daño causado a los demandantes. No obstante, dado que la medida de aseguramiento se impuso en la fase de instrucción y se extendió hasta la etapa de juicio, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial incidieron en la causación del daño, sin embargo, esta última entidad, como se indicó anteriormente, no puede ser condenada en esta instancia. Por tanto, en atención a las etapas del proceso penal y de conformidad con el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, la fiscalía deberá responder por el daño ocasionado a los demandantes en la proporción en que participó en su causación, es decir, desde el momento de la captura, hasta la fecha de ejecutoria de la Resolución de acusación, momento a partir del cual adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 400

PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD /

PADECIMIENTOS QUE SUFRE LA PERSONA CON OCASIÓN DEL DAÑO /

RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE

LA LIBERTAD / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / NIVELES

PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO

MORAL / LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL En relación con los perjuicios morales, la privación de la libertad, de acuerdo con las reglas de la experiencia, causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, tanto en la persona que sufre la detención, como en su núcleo familiar y afectivo, por esta razón el perjuicio será reconocido a favor del demandante. La liquidación de los perjuicios se realizará con base en la tabla definida en la Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, que asignó un valor monetario al perjuicio moral sufrido, según el tiempo de la privación de la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Referente al reconocimiento de perjuicios morales por privación injusta de la libertad, consultar sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).

PERJUICIO INMATERIAL / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN

CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / DAÑO AL BUEN

NOMBRE / PRINCIPIO DE RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA /

PROTECCIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL

[L]a Sala observa una afectación del derecho al buen nombre del demandante

principal, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se deriva siempre y necesariamente en un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás, un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad. Este asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. De ahí la gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión del daño al buen nombre de J. M. B.

C. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias de la Corte Constitucional, Exp. C-489 de 2002 y Exp. C-452 de 2016.

MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / DAÑO AL BUEN NOMBRE /

DAÑO AL BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO / MEMORIAL DE

EXCUSAS POR LOS AGRAVIOS COMETIDOS

[S]e ordenará a la Fiscalía General de la Nación que emita un comunicado en el que se disculpe con la víctima por el daño antijurídico causado y reconozca que adelantó una investigación en la que impuso una medida de detención preventiva sin cumplir los requisitos legales. Asimismo, de acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, la entidad deberá concertar con el demandante si el documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, se publicará en las plataformas de

comunicación y difusión de la entidad.

PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / PRESUPUESTOS DEL

LUCRO CESANTE / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

[E]n la Sentencia de unificación de 18 de julio de 2019, estableció como presupuestos para su procedencia: 1) que el perjuicio sea solicitado por la parte interesada y 2) que se pruebe suficientemente que, con ocasión de la detención, la persona privada de la libertad, dejó o perdió la posibilidad de percibir sus ingresos. Adicionalmente, para la liquidación de esta tipología de perjuicio se exigió: 1) que se establezca un periodo indemnizable que, por regla general, es el tiempo de duración de la privación de la libertad y 2) que se pruebe el monto de los ingresos.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de unificación de 18 de julio de 2019, Exp. 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572), C.P. Carlos Alberto

Zambrano Barrera. CONDENA EN COSTAS - No hay lugar a su imposición En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00946-01(45462)

Actor: JOHN MARIO BEDOYA CASTAÑEDA Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

(DECRETO 1 DE 1984) Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Ley 600 de 2000) - Falla en el servicio - Incumplimiento de los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento Síntesis del caso: El demandante fue capturado por la presunta comisión del delito de extorsión, dentro de la investigación penal iniciada en su contra con base en los señalamientos realizados por otro implicado en ese comportamiento. La Fiscalía General de la Nación, al resolver su situación jurídica, impuso medida de aseguramiento. En la etapa de juicio se dictó sentencia absolutoria a su favor, al no encontrar pruebas que lo comprometieran en los hechos indagados Conoce la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la Sentencia proferida el 26 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de

apelación en contra de una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, 3. Decisión

1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5 Trámite relevante en segunda instancia 1.1. Posición de la parte demandante

1. El 18 de noviembre de 2009, John Mario Bedoya Castañeda, con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación de su libertad, “desde el 17 de noviembre de 2003 hasta 18 de abril de 2007”. En el respectivo proceso penal se le imputó la presunta comisión del delito de tentativa de extorsión2.

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe): “Se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, y Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial conjuntamente por los perjuicios materiales y morales causados a los sres. JOHN MARIO BEDOYA CASTAÑEDA, por falla en la

prestación del servicio – privación injusta de la libertad-, LINA MARÍA RAMÍREZ GARCÍA, compañera permanente de la víctima, MIRIAM MARGARITA 1 De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ). 2 Folios 5 al 13 del cuaderno No. 1. CASTAÑEDA CASTAÑEDA, madre de la víctima, y del sr. LUIS FERNANDO BEDOYA CASTAÑEDA, hermano de la víctima”.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Calidad Monto John Mario Bedoya Castañeda Víctima directa 100 SMLMV Perjuicios Lina María Ramírez García Compañera permanente 100 SMLMV morales Miriam Castañeda Castañeda Madre 100 SMLMV Luis Fernando Bedoya Castañeda Hermano 100 SMLMV Perjuicios materiales por John Mario Bedoya Castañeda Víctima directa $ 2.713.400 lucro cesante

4. Adicionalmente, solicitó que, al momento de proferirse la sentencia, se actualizara la condena al valor real del monto y se diera cumplimiento a la providencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en síntesis, los siguientes hechos: 6. 1) El 17 de noviembre de 2003, la fiscalía ordenó la captura de John Bedoya por la presunta comisión del delito de extorsión. 7. 2) El 10 de abril de 2007, el Juzgado 2 Penal del Circuito Judicial de

Facatativá profirió sentencia absolutoria a favor del procesado y, en cumplimiento de esta providencia, el 18 de abril de 2007 se materializó la orden de libertad.

8. De acuerdo con lo afirmado en la demanda, en el proceso penal se presentaron las siguientes actuaciones: 1) el 17 de noviembre de 2003, la fiscalía ordenó la captura de John Bedoya; 2) el 10 de abril de 2007, el juzgado lo absolvió de los cargos imputados y 3) el 18 de abril de 2007, el procesado recuperó su libertad. 1.2. Posición de la parte demandada

9. El 27 de julio de 2010, la Rama Judicial presentó su contestación de la demanda, en la que solicitó el rechazo de las pretensiones allí formuladas3. En su escrito señaló que la detención del demandante fue ordenada por la fiscalía, por lo que esa entidad era la llamada a responder por el daño que eventualmente se hubiere causado, más cuando en la demanda no se le atribuyó ninguna falla a la Rama Judicial. Además, el juez de la causa fue quien dispuso la absolución del demandante por el delito atribuido, al encontrar que las pruebas no eran suficientes para comprometer su responsabilidad en los hechos. En este sentido, la sentencia que finalizó el proceso garantizó cabalmente los derechos del demandante, la cual solo podía proferirse después de agotar todas las fases del proceso, entre ellas, la práctica de las pruebas, para así contar con todos los elementos de juicio que permitieran adoptar una decisión en derecho. Por lo

3 Folios 23 al 28 del cuaderno No. 1. anterior, propuso como excepciones “la falta de legitimidad en la causa por pasiva” y

“la falta en la causa para demandar”.

10. En esa misma fecha, la Fiscalía General de la Nación presentó contestación de la demanda, en la que se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora4. Al respecto, manifestó que la entidad actuó de acuerdo con sus deberes constitucionales y legales. En relación con la medida de aseguramiento de detención, indicó que se impuso con observancia de los requisitos previstos por la Ley y que, además, era de carácter preventivo, por lo que para ese momento procesal no se exigía un nivel de certeza sobre la responsabilidad del implicado.

Por otra parte, adujo que la decisión absolutoria se fundamentó en el principio de in dubio pro reo, más no por la comprobación plena de su inocencia, lo cual, en todo caso, no tornaba ilícita la orden de detención. Por lo anterior, el daño no podía calificarse de antijurídico y los perjuicios derivados de la decisión de la privación de la libertad constituían una carga que el ciudadano estaba llamado a soportar. 1.3. Sentencia de primera instancia

11. El 26 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió Sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda5. El a quo consideró que la Fiscalía General de la Nación era responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes, al haber ordenado la detención de John Bedoya sin cumplir con los requisitos previstos por la Ley 600 de 2000. En efecto, al momento de resolver la situación jurídica del sindicado, no existían pruebas que indicaran que había realizado las llamadas extorsivas al

denunciante, así como tampoco que hubiese participado en los actos de tortura en contra del trabajador secuestrado. La imposición de la medida de aseguramiento se fundamentó en el señalamiento realizado por uno de los procesados en su indagatoria y en el hecho de que residía con otro de los implicados, aspectos que no resultaban suficientes para ordenar su detención. Por lo anterior, el tribunal condenó a la demandada al pago de la indemnización por los perjuicios morales causados a los demandantes y negó el reconocimiento por los perjuicios materiales. 1.4. Recurso de apelación

12. El 29 de junio de 2012, la parte demandante presentó recurso de apelación, en el que solicitó el incremento de la indemnización reconocida en la Sentencia de primera instancia6. Como fundamento de lo anterior, expuso que los perjuicios morales debían ajustarse a la intensidad del daño sufrido por los actores, toda vez que, la privación de la libertad de John Bedoya se extendió por 3 años y 5 meses.

En relación con el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, indicó que 4 Folios 29 al 33 del cuaderno No. 1. 5 Folios 93 al 100 del cuaderno del Consejo de Estado. 6 Folios 103 y 105 del cuaderno del Consejo de Estado. debía liquidarse con base en el salario mínimo legal mensual vigente, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia de esta Corporación, se presume que toda persona en edad productiva devenga, por lo menos, dichos ingresos.

13. El 3 de julio de 2012, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de

apelación, en el que solicitó se revocara la providencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda7. En su escrito insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda sobre la legalidad de sus actuaciones, la falta de antijuridicidad del daño y el deber del demandante de soportar la carga que implicó el desarrollo de la investigación. 1.5. Trámite relevante en segunda instancia

14. El 27 de junio de 2019, el magistrado Ramiro Pazos Guerrero se declaró impedido para conocer del proceso de la referencia8, en consideración a que se encontraba incurso en la causal prevista por el artículo 141, numeral 2, del C.G.P9.

Por tanto, por medio del Auto de 10 de julio de 2019, se aceptó el impedimento y, en consecuencia, se le separó del conocimiento de este asunto10.

2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la detención; 2.4. Análisis del daño especial; 2.5. Entidad a la que se le imputa el daño; 2.6. Liquidación de perjuicios; 2.7. Costas 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

15. La parte demandante considera que los perjuicios morales deben aumentarse, en razón de la intensidad del daño padecido y, además, se debe reconocer la indemnización por lucro cesante, con base en las reglas definidas por esta Corporación. La parte demandada alega que la investigación se adelantó

conforme a la Constitución y la Ley, no se ocasionó un daño antijurídico y el daño eventualmente ocasionado con la investigación era una carga que el afectado estaba llamado a soportar, por lo que solicita se nieguen las pretensiones de la demanda.

16. En el expediente está acreditado que, John Mario Bedoya Castañeda estuvo privado de la libertad, desde el 18 de noviembre de 2003, hasta el 18 de abril de 200711, en un centro de reclusión. También está probado que, el 1 de diciembre de 7 Folios 106 al 111 del cuaderno del Consejo de Estado. 8 Folio 149 del cuaderno del Consejo de Estado. 9 También prevista por articulo 150, numeral 2, del C.P.C. 10 Folios 150 y 151 del cuaderno del Consejo de Estado. 11 Para la acreditación de este periodo, al proceso se aportaron los siguientes elementos de juicio: Informe de

policía en el que consta la captura realizada el 18 de noviembre de 2003. Folios 102 y 103 del cuaderno No. 3; Boleta de encarcelación No. 17 de 19 de noviembre de 2003. Folio 253 del cuaderno No. 2; Resolución de 10 de abril de 2007 que ordenó la libertad. Folio 95 del cuaderno No. 2; Boleta de libertad No. 9 de 17 de abril de 2007. Folio 97 del cuaderno No. 2; Certificado expedido por el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Combita, Boyacá. Folio 72 del cuaderno No. 2. Cabe resaltar que,

en el certificado expedido por el centro penitenciario, consta que el procesado estuvo privado de la libertad, desde el 15 de febrero de 2005, hasta el 18 de abril de 2007, sin embargo, existen pruebas suficientes que 2003, al resolver su situación jurídica, la Unidad de Fiscalía delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado Antiextorsión y Secuestro de Bogotá impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra12 y que, el 10 de abril de 2007, el Juzgado 2 Penal del Circuito de Facatativá profirió decisión absolutoria en su favor13, la cual fue confirmada el 12 de septiembre de 2007 por el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Penal14.

17. La Sala decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la providencia que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el 19 de noviembre de 200715 y la demanda fue presentada el 18 de noviembre de 2009, por lo que la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

18. De acuerdo con lo anterior, en esta providencia, la Sala modificará la Sentencia de primera instancia. Por una parte, declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de John Mario Bedoya Castañeda, toda vez que, impuso una medida de aseguramiento sin cumplir con los requisitos previstos por la norma procesal penal. Por otra parte, aumentará el monto de la indemnización por perjuicios morales reconocidos a los

demandantes, ordenará a la entidad demandada restablecer el buen nombre de la víctima directa y negará los perjuicios materiales solicitados, por no encontrarlos probados en el proceso. En este caso, si bien la Rama Judicial también participó en la causación del daño y fue demandada en el proceso, la Sala no se pronunciará en relación con esta entidad, dado que el tribunal la exoneró de responsabilidad y las partes que apelaron la Sentencia de primera instancia no controvirtieron este aspecto de la decisión.

19. Para la resolución del caso, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará que se acreditó un daño consistente en la afectación del derecho a la libertad y otro consistente en la vulneración del derecho al buen nombre. Luego, expondrá las razones por las que se considera que la medida de aseguramiento fue ilegal y, en ese sentido, la detención del demandante constituyó una falla de la entidad que dirigió la investigación. Posteriormente, dado que en este caso no se evidenció la culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad posible en casos de privación injusta de la libertad, imputará el daño a la Fiscalía General de la Nación, en la proporción que le es atribuible, según las reglas de competencia establecidas en la Ley 600 de 2000. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas. acreditan que antes de la reclusión en dicho centro, el procesado ya se encontraba detenido. En efecto, en el Oficio No. 160 de 17 de febrero de 2005, el INPEC informó a la fiscalía sobre el traslado del interno Jhon Bedoya al

Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Combita -Boyacá- folio 52 del cuaderno No. 4-, y en las constancias de las notificaciones de las distintas providencias dictadas en el proceso penal consta que el procesado fue informado de su contenido en el respectivo establecimiento carcelario. 12 Resolución que resuelve la situación jurídica del investigado. Folios 114 al 124 del cuaderno No.1. 13 Sentencia penal de primera instancia. Folios 11 al 37 del cuaderno No. 2. 14 Folios 38 al 56 del cuaderno No. 2. 15 En constancia secretarial se informó lo siguiente: “Se deja constancia que el proveído proferido el 12 de septiembre de 2007 cobró ejecutoria el 19 de noviembre de 2007”. Folio 58 del cuaderno No.2. 2.2. Identificación del daño a) Daño consistente en la afectación al derecho de libertad

20. La Sala encuentra probado que, John Mario Bedoya Castañeda sufrió un daño derivado de la privación de su libertad en centro carcelario, la cual se prolongó desde el 18 de noviembre de 2003, hasta el 18 de abril de 2007, es decir, por un periodo de 3 años, 5 meses y 1 día. b) Daño consistente en la afectación al derecho al buen nombre

21. La Sala considera que toda privación injusta de la libertad trae consigo una intensa vulneración al derecho al buen nombre de quien la padeció. En efecto, el ejercicio del ius puniendi del Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la población, que lo acata porque presume su corrección. Por tanto, cuando la

sociedad tiene conocimiento de la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y razonables indicios de su responsabilidad. Además, entiende que dicha persona no podía defenderse de esos cargos estando en libertad, como quiera que su conducta o posición específica ponía en riesgo el proceso o a la propia comunidad. De manera que, la Sala estima que la reclusión de John Mario Bedoya Castañeda también generó un daño consistente en el menoscabo en su reputación y la afectación de su imagen en su entorno social. 2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad

22. La Ley 600 de 2000, norma vigente para el momento de los hechos, exige, para la imposición de la medida de aseguramiento, que se trate de un delito que tenga prevista una pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de 4 años, que esté taxativamente contemplado en la norma, o cuando el procesado tenga vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional –artículo 357-. Además, requiere la configuración de, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente allegadas al proceso – artículo 356-, y que la medida sea necesaria, “para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”–artículo 355-.

23. La Sala advierte que, en el Código Penal, el delito de extorsión contemplaba una pena de prisión cuyo mí