CE-SECCION TERCERA-25000-23-26-000-2011-00546-01(49621)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA

SENTENCIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / SEGUNDA INSTANCIA /

DOBLE INSTANCIA / REGLAS DE COMPETENCIA / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 30 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65, 69 y 73 de la Ley 270 de 1996.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73 / LEY 270 DE 1996ARTÍCULO 69 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL / DAÑO

CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROCEDENCIA DE LA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el

artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de justicia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO

86 FINALIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / MEDIOS DE CONTROL JUDICIAL / DERECHO ADQUIRIDO / INTERÉS GENERAL Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (…) Este fenómeno procesal, de carácter bipolar, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 23 de febrero de

2006; Exp. 6871-05, de la Corte Constitucional, C 394 de 2002 y C 832 de 2001. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE

ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

/ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / OCURRENCIA DEL HECHO DAÑOSO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del

hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. (…) tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO

136

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional C 574 de 1998.

FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / REGÍMENES DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN / TÍTULO

DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALLA DEL

SERVICIO / DAÑO ESPECIAL / RIESGO EXCEPCIONAL / RUPTURA DEL

EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / CONCEPTO DE DAÑO

ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / PRINCIPIO DE IGUALDAD DE

LAS CARGAS PÚBLICAS / PRINCIPIO NEMINEM LAEDERE / PRINCIPIO ALTERUM NON LAEDERE El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia del daño

antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho , que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique , resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida , violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta violatorio del ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 2 de marzo de 2000; Exp. 11945; C.P. María Elena Giraldo Gómez, del 11 de noviembre de 1999; Exp. 11499; C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y del 27 de enero de 2000; Exp.10867; C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y de 18 de mayo de 2017;

Exp. 36386; C.P. Hernán Andrade Rincón.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DAÑO

CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / LEY ESTATUTARIA DE

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

/ ERROR JURISDICCIONAL / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA /

DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / FINES DEL ESTADO / DEBERES DEL ESTADO En desarrollo del (…) artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996 (…) La (…) normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad. (…) El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deriva de una situación anormal de tutela judicial efectiva, producto de que el servicio público de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65 / LEY 270 DE 1996ARTÍCULO 68 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 21 de septiembre de

2017; Exp. 55999; C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS

DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO /

ACTIVIDAD JUDICIAL / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CARGA DE LA PRUEBA / CAUSA EXTRAÑA Este título de atribución de responsabilidad se caracteriza por los siguientes aspectos: (i) se predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o para la ejecución de providencias judiciales ; (ii) proviene de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia; (ii) se presenta un funcionamiento anormal de la administración de justicia, frente a lo que debería considerarse como adecuado; (iii) comprende la mora judicial, esto es, la injustificada falta de decisión judicial en un plazo razonable (…) De igual forma, atendiendo a que el régimen de responsabilidad en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es de carácter subjetivo, la parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, el daño y su cuantificación, así como la imputación fáctica y jurídica para de esa forma poder

obtener una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias. Por su parte, la demandada, para lograr eximir su responsabilidad, deberá demostrar la inexistencia del defecto en el funcionamiento de la administración de justicia, una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los demás elementos que constituyen el juicio de responsabilidad.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 22 de noviembre de 2001; Exp. 13164; C.P. Ricardo Hoyos Duque, del 21 de septiembre de 2017; Exp. 55999; C.P. Ramiro Pazos Guerrero, del 30 de enero de 2011; Exp. 23769, C.P.

Mauricio Fajardo Gómez

CONCEPTO DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO POR PÉRDIDA DE

OPORTUNIDAD / FINALIDAD DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA

DE OPORTUNIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / REQUISITOS

DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

CIVIL EN EL PROCESO PENAL / REPARACIÓN DEL DAÑO

[L]a pérdida de la oportunidad es un daño autónomo con identidad propia, que se configura cuando la posibilidad real y concreta de obtener un beneficio o evitar un detrimento, es frustrada por la actuación de otro sujeto, acontecer o conducta. Atendiendo la anterior definición, la Sección Tercera del Consejo de Estado de

forma reiterada ha sostenido que cuando se demanda el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque se declaró la prescripción de la acción penal, para que el daño obtenga el carácter de cierto, la parte civil debidamente reconocida como tal dentro del proceso penal debe acreditar que, como consecuencia de esa declaratoria, perdió la oportunidad de ser reparada o indemnizada por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la comisión de un delito (…) en los casos donde se alega un daño antijurídico por perdida de la oportunidad por la declaratoria de la prescripción de la acción penal, para que aquel tenga el carácter de cierto, debe estar acreditada entonces (i) la certeza de la oportunidad que se reputa perdida, (ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el detrimento, y (iii) encontrarse en una situación potencialmente apta para la consecución de la indemnización.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 11 de agosto de 2010; Exp. 18593; C.P. Mauricio Fajardo Gómez, del 30 de enero de 2013; Exp. 23769; C.P. Mauricio Fajardo Gómez, del 8 de febrero de 2017; Exp. 41073; C.P.

Hernán Andrade Rincón, del 24 de mayo de 2018; Exp. 44861; del 14 de junio de 2019; Exp. 52941; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, del 25 de julio de 2019; Exp. 46284; C.P. María Adriana Marín, del 13 de agosto de 2008; Exp. 16516; C.P.

Enrique Gil Botero, de 6 de junio de 2012; Exp. 24633; C.P. Hernán Andrade Rincón y de 5 de marzo de 2020; Exp. 50264; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).

REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / REPARACIÓN DEL DAÑO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL / PROCESO

JUDICIAL / TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL /

RESPONSABILIDAD CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO /

RESPONSABILIDAD EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO En cuanto al primer requisito para acreditar el daño, esto es, la certeza de la oportunidad que se reputa perdida, la Sala evidenicia su demostración, pues quedó probado que [los demandantes] actuaron y fueron reconocidos como parte civil dentro del proceso penal seguido en contra del [particular] por el delito de homicidio culposo agravado, en el que la víctima del delito fue el (…) padre de los aquí demandantes. Al efecto, es pertinente resaltar que además de buscar una condena en contra del presunto infractor de la ley penal, también tenían la

expectativa de obtener la indemnización de los perjuicios por el ilícito que se le atestaba al procesado, interés que se malogró por la declaratoria de extinción de la acción penal por prescripción. Por otra parte, frente al segundo de los requisitos, esto es, la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el detrimento, observa la Sala que el mismo no se encuentra acreditado, toda vez que los demandantes contaban con otras vías judiciales para obtener la indemnización pretendida con la demanda de parte civil. (…) la prescripción de la acción civil que se inicia dentro de un proceso penal corre la suerte de la prescripción de la acción punitiva en relación con el penalmente responsable, pues el artículo 98 excluyó otros eventos en los que resulta aplicable la legislación civil.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2358 / CÓDIGO PENALARTÍCULO 98 / CÓDIGO PENAL - ARTÍCULO 99 / LEY 600 DE 2000ARTÍCULO 45

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia; Exp. 30249 de 20 de octubre de 2008, de 19 de enero de 2011; Exp. 35406, M.P. Javier Zapata Ortiz, auto del 19 de enero de 2011; Exp. 35606 y del 31 de enero de 2018; Exp. 50645.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL / PROCESO JUDICIAL / TEORÍA

GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL /

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACCIDENTE DE

TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / REPARACIÓN DEL DAÑO / CADUCIDAD DE LA

ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL

[L]a Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido pacíficamente, al igual que la Sala Penal de esa misma Corporación, que la prescripción de la acción de reparación consagrada en el artículo 2358 del Código Civil, en los casos en los que se demanda la responsabilidad civil extracontractual derivada de los accidentes de tránsito, no es aplicable al propietario del vehículo porque la obligación de responder patrimonialmente de este, tiene fundamento en la teoría de la guarda, de forma que su responsabilidad se considera directa (…) la prescripción de la acción civil ejercida dentro de la acción penal, corre la misma suerte que la prescripción de esta, pero únicamente respecto del procesado o penalmente responsable, distinto a lo que ocurre con los terceros u obligados solidarios a reparar el daño o a quienes sean llamados en garantía, comoquiera que frente a estos pueden ejercerse las acciones consagradas en la legislación civil, toda vez que el interesado en la reparación del daño o indemnización puede acudir a dicha jurisdicción mediante el ejercicio de las acciones ordinarias para solicitar de estos el pago de los perjuicios ocasionados. En ese orden, en lo que respecta a la prescripción de las acciones civiles que buscan la responsabilidad civil extracontractual, promovidas contra terceros o solidariamente responsables,

el artículo 2358 del Código Civil dispone el término de tres años para su ejercicio, norma que, sin embargo, debe ser revisada con cautela en el presente asunto, por cuanto, el propietario del vehículo con el que se causó el accidente de tránsito en donde falleció [la víctima], en criterio de la Corte Suprema de Justicia, no es un tercero, sino un directo responsable de la reparación del daño, por lo que el término de prescripción de tres años no le es aplicable, debiendo aplicarse entonces la prescripción del artículo 2536 del C.C..

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2536 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 2358

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 2 de mayo de 2018; Exp. 41828 y sentencias de la Corte Suprema de Justicia del 19 de diciembre de 2011; Exp. 44001 31 03 001 2001 00050 01, del 8 de abril de 2014; Exp. 1100131-03-026-2009-00743-01, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez, del 18 de noviembre de 2019; Exp. 11001 31 03 017 2011 00298 01; M.P. Luis Alonso Rico Puerta, del 11 de abril de 2012; Exp. 33085, del 9 de mayo de 2012; Exp. 38859 y del 23 de abril de 2008; Exp. 28396.

FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INEXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PROCESO CIVIL /

RESPONSABILIDAD CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO /

RESPONSABILIDAD EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / PRESENTACIÓN DE

LA DEMANDA / INEXISTENCIA DEL DAÑO POR DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR EXISTENCIA

DE OTRA VÍA JUDICIAL

[N]o se ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, puesto que, aún prescrita la acción penal, el extremo activo puede acudir a la jurisdicción ordinaria civil para solicitar, de conformidad con los artículos 2341 y siguientes del Código Civil, la indemnización de perjuicios por parte del propietario del automóvil. En efecto, se observa que (…) quien fuera propietario del vehículo con el cual se causó el siniestro, aún podría responder patrimonialmente por la muerte de [la víctima], atendiendo a la teoría de la guarda compartida desarrollada pacíficamente por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que la posibilidad de acudir ante la jurisdicción ordinaria ni siquiera había prescrito al momento de la presentación de la demanda de reparación directa, razón por la que es fácil concluir que los demandantes no estaban en la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el

detrimento, en el entendido que contaban con una vía judicial adecuada para reclamar la indemnización de perjuicios por la muerte en accidente de tránsito.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2341

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 14 de junio de 2019; Exp. 52941 y de la Corte Suprema de Justicia del 19 de diciembre de 2011,

Proceso No. 4400131030012001-00050-01, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. REGULACIÓN NORMATIVA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE LA TEMERIDAD PROCESAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con aclaración de voto del honorable consejero Guillermo Sánchez Luque cuyo sustento puede consultarse en las providencias Rad. 35796-16#1 y Rad. 36146-15 #1.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00546-01(49621)

Actor: MARTHA INÉS SOSSA NIETO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Extinción de la acción penal por prescripción. Pérdida de oportunidad de la parte civil para obtener la indemnización de perjuicios. No se acreditó un daño antijurídico. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO El 25 de febrero de 2002, la Fiscalía 3ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Girardot inició una investigación penal contra Adalberto Alcides Amaya Navarro por su presunta participación en la muerte de Pedro Nel Sanabria, luego de un accidente de tránsito. El 14 de julio de 2002, la Fiscal 3ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Girardot admitió como parte civil en el proceso penal a Derly Yucely Sanabria Sossa. En el mismo sentido, mediante Resolución del 16 de agosto de 2002, admitió como parte civil en el proceso penal a Jhon

Robinson Sanabria Sossa. Mediante sentencia del 30 de marzo de 2007, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Girardot condenó a Adalberto Alcides Amaya Navarro a 28 meses de prisión y a

pagar a Derly Yucely y Jhon Robinson Sanabria Sossa, la suma de $14.456.800 y $8.674.080, respectivamente. El 22 de abril de 2009, el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó el fallo proferido el 30 de marzo de 2007 por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Girardot. Sin embargo, mediante proveído del 8 de octubre de 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca declaró la extinción de la acción penal por prescripción. Los demandantes consideran que la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que la tardanza en tramitar el proceso penal que se adelantó contra Adalberto Alcides Amaya Navarro ocasionó que Martha Inés Sossa Nieto, Derly Yucely Sanabria Sossa y Jhon Robinson Sanabria Sossa perdieran la oportunidad de acceder a la reparación integral a que tenían derecho como parte civil.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda El 3 de junio de 20111, Martha Inés Sossa Nieto, Derly Yucely Sanabria Sossa y Jhon Robinson Sanabria Sossa, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrieron, puesto que la tardanza en tramitar el proceso penal que se adelantó contra Adalberto Alcides Amaya Navarro ocasionó que perdieran la oportunidad de acceder a la reparación integral a que tenían derecho como parte civil.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV a Martha Inés Sossa Nieto y a Derly Yucely Sanabria Sossa, y 100 SMLMV a Jhon Robinson Sanabria Sossa; y por lucro cesante, la suma de $85.000.000 a Martha Inés Sossa Nieto y a Derly Yucely Sanabria Sossa. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 16 de febrero de 2002, un automóvil particular conducido por Adalberto Alcides Amaya Navarro colisionó con una bicicleta en la que se movilizaba el señor Pedro Nel Sanabria, quien falleció como consecuencia del accidente. Argumenta que el 25 de febrero de 2002, la Fiscalía 3ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Girardot inició una investigación penal contra Adalberto Alcides Amaya Navarro por su presunta participación en la muerte de Pedro Nel Sanabria. 1Fl. 1 a 19, C.1. Aduce que el 29 de abril de 2002, la Fiscal 3ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Girardot impuso medida de aseguramiento contra Adalberto Alcides Amaya Navarro, por ser presunto autor del delito de homicidio culposo agravado. Afirma que mediante proveído del 14 de julio de 2002, la Fiscalía 3ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Girardot admitió como parte civil en el proceso penal a Derly Yucely Sanabria Sossa. Destaca que el 16 de agosto de 2002, la Fiscal 3ª Delegada ante los Jueces

Penales del Circuito de Girardot también admitió como parte civil en el proceso penal a Jhon Robinson Sanabria Sossa. Advierte que el 20 de mayo de 2004, la Fiscalía 3ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Girardot acusó al procesado por el delito de homicidio culposo agravado. Señala que mediante sentencia del 30 de marzo de 2007, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Girardot condenó a Adalberto Alcides Amaya Navarro a 28 meses de prisión y a pagar a Derly Yucely y Jhon Robinson Sanabria Sossa, la suma de $14.456.800 y $8.674.080, respectivamente. Indica que mediante providencia del 22 de abril de 2009, el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó el fallo proferido el 30 de marzo de 2007 por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Girardot. Concluye que mediante proveído del 8 de octubre de 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca declaró la extinción de la acción penal por prescripción. Los demandantes consideran que la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que la tardanza en tramitar el proceso penal que se adelantó contra Adalberto Alcides Amaya Navarro ocasionó que Martha Inés Sossa Nieto, Derly Yucely Sanabria Sossa y Jhon Robinson Sanabria Sossa perdieran la oportunidad de acceder a la reparación integral a que tenían derecho como parte civil. En la demanda textualmente se expone: “[…] la responsabilidad del daño

ocasionado a mis representantes por el hecho de no haber podido alcanzar las expectativas que tenían para que se hiciera justicia frente al responsable del hecho criminal, constituye una doble afectación la cual recae única y exclusivamente en los entes judiciales que conocieron del asunto, toda vez que, por su falta de diligencia, vulneraron los derechos que a ellos les asistían”.

2. Contestaciones El 7 de junio de 20112, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que sus actuaciones se ajustaron a las prerrogativas que constitucional y legalmente le habían sido conferidas, de conformidad con los artículos 250 de la Carta Política y 114 de la Ley 600 de 2000. A su turno, formuló las excepciones de: i) hecho exclusivo y determinante de un tercero, ii) falta de legitimación en la causa por pasiva y ii) ausencia del nexo causal entre su actuación y el daño antijurídico. 2.2. La Rama Judicial4 se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que sus actuaciones estuvieron soportadas en las normas sustanciales y procesales que rigen el procedimiento penal.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 10 de septiembre de 20135 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. Los demandantes6, la Nación - Fiscalía General de la Nación7 y la Rama Judicial8 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación

de esta, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público guardó9 silencio.

4. Sentencia de primera instancia

2Fl. 22 a 23, C.1. 3 Fl. 27 a 34, C.1. 4 Fl. 39 a 48, C.1. 5 Fl. 97, C.1. 6 Fl. 98 a 105, C.1. 7 Fl. 108 a 113, C.1. 8 Fl. 106 a 107, C.1. 9 Fl. 114, C.1. Mediante sentencia del 30 de septiembre de 201310, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las actuaciones y decisiones surtidas por las entidades estatales en el proceso penal adelantado contra Adalberto Alcides Amaya Navarro fueron adoptadas de conformidad con las normas que rigen dicho procedimiento. A su turno, estimó que la parte actora no cumplió con la carga probatoria exigida para acreditar la configuración de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Al efecto sostuvo que: “[…] las decisiones y las actuaciones adelantadas por las entidades estatales fueron adoptadas en acatamiento de las normas legales que regían el desarrollo de las causas penales, lo que de suyo no puede calificarse de injusta, arbitraria o ilegal, pues no o