CE-SECCION TERCERA-25000-23-26-000-2011-00799-01(50047)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA

SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA

INSTANCA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DEL PROCESO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA Esta Jurisdicción y Corporación son competentes para conocer el asunto sub judice por tratarse de una demanda interpuesta en contra de una entidad pública y en razón de la cuantía, de la que deriva su vocación de doble instancia, en consideración a que lo pretendido con ocasión del daño (…) resulta superior a los 500 salarios mínimos del año 2011 ($267’800.000), cuando fue promovida la demanda, de acuerdo a lo exigido por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 82 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 132

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /

FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ /

PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / MARCO FUNDAMENTAL DE

COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTO

PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /

DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACCIÓN PROCEDENTE

Aunque la procedencia de la acción no fue objeto de apelación, en tanto el a quo la encontró adecuada, esta Subsección la abordará de oficio como una cuestión principal, comoquiera que en el presente asunto se cuestionarían decisiones administrativas. Dado se trata de un presupuesto procesal, de su examen depende que se establezca si la Sala debe o no proveer sobre el fondo del asunto. Así entonces, el problema jurídico del presente asunto radica en determinar si la acción de reparación directa ejercida es la idónea o, si por el contrario, hubo una indebida escogencia de esta. Para tal efecto, la Sala deberá establecer: (i) el origen de las pretensiones invocadas, esto es, si su fuente es o no un acto administrativo; (ii) si se presenta alguna de las hipótesis para la procedencia excepcional de la reparación directa cuando median actos administrativos; y (iii) cuál es la acción procedente e idónea para encausar las pretensiones tal y como fueron formuladas.

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA

GENERADORA DEL DAÑO / DAÑO CAUSADO POR ACTO

ADMINISTRATIVO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / DEMANDA /

PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA

DEMANDA / TRASLADO DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL /

TRASLADO DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES / SOLICITUD DE

RETIRO DEL EJÉRCITO NACIONAL / DEMANDA CONTRA ACTO

ADMINISTRATIVO / RETIRO DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / ACTO DE RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido abundante en el sentido de precisar que en materia de lo contencioso administrativo la fuente del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y esta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional. En la demanda se expuso como hecho dañoso la decisión de la entidad demandada de trasladar al coronel (…) del Comando Superior de Guerra en Bogotá al Comando Específico del Caguán, lo cual habría provocado su solicitud de retiro del servicio de las fuerzas militares. (…) Pues bien, de la lectura de la demanda y de las demás intervenciones efectuadas por la parte demandante, se concluye que el daño alegado no deviene de un hecho o una omisión administrativa, sino de la decisión de traslado de un miembro del Ejército Nacional, la cual se concreta en un acto administrativo.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la escogencia de la acción en lo contencioso administrativo, ver sentencia del 22 de octubre de 2015, Exp. 35351, C.P. Hernán

Andrade Rincón.

ACTO ADMINISTRATIVO / TRASLADO DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO

NACIONAL / TRASLADO DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES /

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE

LA CORTE CONSTITUCIONAL / ESTATUTOS DE LOS MIEMBROS DE LAS

FUERZAS MILITARES / RÉGIMEN DE CARRERA DE LAS FUERZAS

MILITARES / CARRERA ADMINISTRATIVA ESPECIAL / CARRERA EN LAS

FUERZAS MILITARES / CARRERA EN EL EJÉRCITO NACIONAL No hay duda de que los traslados de los miembro del Ejército Nacional se efectúan mediante acto administrativo, pues así lo estableció la ley y así también lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional. En efecto, el Decreto 1793 de 2000, (…) expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares (…). Asimismo, el Decreto 1790 de 2000, (…) modifica el decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares (…). A través del Decreto 1495 de 2002, se reglamentaron algunas disposiciones del decreto nombrado en precedencia y en el artículo 32 se dispuso que los traslados previstos en los literales a) y b) del artículo 82 de ese decreto, “se entenderán surtidos en las fechas indicadas en los actos administrativos correspondientes”. Aunado a ello, mediante Decreto Ley 91 de 2007, por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia de administración de personal.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1793 DE 2000 / DECRETO 1790 DE 2000 /

DECRETO 1495 DE 2002 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1495 DE 2002ARTÍCULO 82 / DECRETO LEY 91 DE 2007

SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / REITERACIÓN DE LA

JURISPRUDENCIA / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL / ACCIÓN DE TUTELA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

DE TUTELA / TRASLADO DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL /

TRASLADO DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES / MIEMBROS DE

LAS FUERZAS MILITARES / FACULTADES DEL JUEZ CONSTITUCIONAL /

COMPETENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL / ESTUDIO DE LEGALIDAD

DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO /

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE FINALIZA

VINCULACIÓN LABORAL / NATURALEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO /

CONDICIONES DEL TRABAJADOR / RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE

TRABAJO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVO / DAÑO CAUSADO POR ACTO

ADMINISTRATIVO

[L]a Corte Constitucional, en sentencia T-060/15 estudió la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que ordenan o niegan traslados de servidores públicos, específicamente del personal de la Fuerza Militar, y concluyó que el juez constitucional puede entrar a estudiar de fondo la legalidad de dichos actos administrativos “siempre y cuando se evidencia que dicho acto haya sido emitido de forma arbitraria, afecte de manera clara, grave y

directa los derechos fundamentales del trabajador y el de su núcleo familiar, o lleve una desmejora de las condiciones del trabajador”. De acuerdo con la anterior normatividad y pronunciamiento de la Corte Constitucional, es claro que los traslados al interior de las fuerzas militares se ordenan mediante acto administrativo, para el caso del demandante, específicamente mediante resolución ministerial, por tanto, a pesar de que en la demanda se afirme que se trata de “un mal manejo de personal” como si fuera un hecho o, incluso, una omisión administrativa y con ello buscar el resarcimiento de los perjuicios a través de la acción de reparación directa, lo cierto es que la falla endilgada a la administración se concretó en un acto administrativo. DECRETO PRESIDENCIAL / DEMANDA CONTRA DECRETO PRESIDENCIAL / LEGALIDAD DE DECRETO PRESIDENCIAL / RETIRO DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / ACTO DE RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS

MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / SOLICITUD DE RETIRO DEL

EJÉRCITO NACIONAL

[S]i en gracia de discusión ese acto no se expidió, pues en el encuadernamiento solamente obra el radiograma a través del cual se comunicó al demandante sobre la decisión de traslado, lo cierto es que el señor (…) podía demandar la legalidad del decreto presidencial No. 2695 del 17 de julio de 2009, a través del cual se lo retiró del servicio, puesto que, aunque se afirmó que no se atacaba su legalidad,

en la demanda se manifiesta que su retiro no fue en realidad voluntario sino que se trató de “una solicitud de retiro obligada por la misma entidad”, pues el traslado no podía cumplirlo por motivos de salud y jerarquía.

DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE

LA DEMANDA / DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSA

EFICIENTE DEL DAÑO / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA

GENERADORA DEL DAÑO / DECRETO PRESIDENCIAL / DEMANDA CONTRA

DECRETO PRESIDENCIAL / LEGALIDAD DE DECRETO PRESIDENCIAL /

TRASLADO DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / TRASLADO DE

MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES / SOLICITUD DE RETIRO DEL EJÉRCITO NACIONAL / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / RETIRO DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / ACTO DE RETIRO

DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA

[T]eniendo en cuenta las afirmaciones plasmadas en la demanda y en las demás intervenciones realizadas por los demandantes, la Sala encuentra que la causa petendi radica en el daño que le produjo haber sido retirado del servicio que prestaba en el Ejército Nacional, a través del decreto presidencial (…), cuya legalidad cuestiona, circunstancia que indica que la fuente del daño que dio lugar

al presente litigio deviene de una decisión que se encuentra contenida en un acto administrativo, expedido por el ente demandado, el cual resultó desfavorable a la parte actora. En todo caso, el retiro legal del servicio no podría ser generador de daños antijurídicos, en tanto estaría el demandante en el deber de soportarlos mientras permanezca incólume la decisión en la que se fundó.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los daños causados por actos administrativos, ver sentencia de 5 de agosto de 2019, Exp. 49040, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /

HECHO DAÑOSO / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / OPERACIÓN

ADMINISTRATIVA / DIFERENCIA ENTRE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Y ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DAÑO

CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL /

ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Si bien la acción de reparación directa opera cuando el daño alegado deviene de un hecho, omisión u operación administrativa, también es cierto que existen casos excepcionales en que dicho medio de control es procedente cuando el daño proviene de actos administrativos -casos en los cuales, por regla general, se

deben ejercer las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso. (…) [C]uando se encuentra que la fuente u origen del daño es un acto administrativo y que la acción ejercida es la de reparación directa, es necesario examinar si el caso se ajusta a alguna de las cuatro excepciones que jurisprudencialmente se han identificado.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ver sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 46806,

C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / DAÑO CAUSADO POR ACTO

ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DEL ACTO

ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO

ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO En el presente asunto se trata de un acto administrativo del cual se controvierte su legalidad, pues los demandantes consideran que la decisión contenida en este fue el resultado de una arbitrariedad cometida por la entidad accionada. Por otra parte, dicho acto, según las pruebas que obran en el expediente, no ha sido anulado ni ha sido objeto de revocatoria directa por la propia administración; tampoco se trata de un acto preparatorio o de trámite. En virtud de ello, contrario a

lo manifestado en los alegatos de conclusión de primera instancia por parte de los demandantes, el presente asunto no está cubierto por ninguna de las excepciones previstas para que opere la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un acto administrativo.

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / HECHO DAÑOSO / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / OPERACIÓN

ADMINISTRATIVA / DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO

ADMINISTRATIVO ILEGAL / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO /

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO /

PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO / DIFERENCIA ENTRE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Y

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., está concebida para demandar la reparación del daño derivado de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos -o por cualquiera otra causa-, siempre que esta última no consista en un acto administrativo, porque cuando este constituye, como en el presente caso, la fuente de un daño, la ley prevé como

acción generalmente pertinente -teniendo en cuenta las excepciones antes aludidasla de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, si el daño tiene origen en un acto administrativo de carácter particular y concreto, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues para obtener el resarcimiento del perjuicio resulta necesario el pronunciamiento acerca de la anulabilidad del acto por violación de los preceptos superiores para efectos de desvirtuar la presunción de legalidad y veracidad que revisten tales actos jurídicos y que hacen obligatorio su cumplimiento y obedecimiento en los términos del artículo 66 del C.C.A.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 86 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 66

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el daño causado por actos administrativos, ver sentencia del 22 de octubre de 2015, Exp. 35351, C.P. Hernán Andrade Rincón.

INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA /

FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / DAÑO CAUSADO POR ACTO

ADMINISTRATIVO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / ESCOGENCIA DE LA

ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL DAÑO /

CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / DECRETO PRESIDENCIAL / DEMANDA

CONTRA DECRETO PRESIDENCIAL / LEGALIDAD DE DECRETO

PRESIDENCIAL / TRASLADO DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL /

TRASLADO DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES / SOLICITUD DE

RETIRO DEL EJÉRCITO NACIONAL / DEMANDA CONTRA ACTO

ADMINISTRATIVO / RETIRO DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / ACTO DE RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACCIÓN DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

[A]unque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, la acción de reparación directa, lo cierto es que del contenido de los hechos, de las pretensiones de la demanda y de la causa petendi de la misma -aspectos más que reafirmados en el recurso de apelaciónla Sala advierte que lo que realmente se pretendió fue la reclamación de perjuicios generados por el retiro del servicio del Ejército Nacional al señor (…) y, por ende, ello implicaba cuestionar la legalidad de un acto administrativo. En consecuencia, desde el punto de vista material, la acción que debió interponerse era la de nulidad y de restablecimiento del derecho. Es pertinente mencionar que, en un caso donde un militar del Ejército Nacional solicitó su retiro de la institución y luego la demandó por vía de reparación directa, esta Subsección consideró que la aludida acción era procedente en ese caso, de

manera excepcional, por cuanto se trataba de acoso laboral, situación que en nada se asemeja al caso bajo estudio.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el retiro de miembros de las fuerzas militares, ver sentencia de 3 de noviembre de 2020, Exp. 44674, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

FALLO INHIBITORIO / SENTENCIA INHIBITORIA / INDEBIDA ESCOGENCIA

DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INDEBIDA

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / INEPTITUD

SUSTANTIVA DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA

ACCIÓN / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO / RETIRO DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / ACTO DE RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE

LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA

[L]a Sala encuentra demostrada la indebida escogencia de la acción, lo cual torna improcedente un pronunciamiento de fondo comoquiera que la adecuada escogencia de la acción constituye presupuesto de la sentencia de mérito, tal como lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado. Por lo expuesto, la Sala revocará el fallo apelado, pues se encuentra probada la excepción propuesta por la entidad demandante, consistente en la indebida escogencia de la acción, lo cual da lugar a proferir fallo inhibitorio, puesto que -se insisteel accionante

fundamentó el origen del daño alegado en la expedición del acto mediante el cual se lo retiró del servicio que prestaba en el Ejército Nacional -decreto presidencial No. 2695 del 17 de julio de 2009-.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la indebida escogencia de la acción en lo contencioso administrativo, ver sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 17811,

C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00799-01(50047)

Actor: RAFAEL ARTURO PLAZAS VEGA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Sin que se advierta causal de nulidad que invalide la actuación, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección TerceraSubsección C de Descongestión el 30 de julio de 2013, por medio de la se denegaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO El señor Rafael Arturo Plazas Vega se retiró de manera voluntaria del Ejército Nacional; sin embargo, la solicitud de retiro no se habría hecho de manera voluntaria, sino como consecuencia de la orden de traslado a una sede en donde

sus condiciones de salud no le permitían estar y por cuestiones de jerarquía militar. Por tanto, él y su familia demandaron al Ejército Nacional para obtener la reparación de los perjuicios sufridos al tenerse que retirar de la institución, debido a un supuesto mal manejo del personal.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda 1.1. Pretensiones Mediante escrito presentado el 1° de agosto de 2011 (fl. 52, c. 1), los señores Rafael Arturo Plazas Vega y Maritza Rodríguez Torres, quienes actúan en nombre propio y en el de sus hijos menores de edad Juan Rafael y Oscar Javier Plazas Rodríguez promovieron demanda de reparación directa en contra de la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: PRIMERA. Que se declare que el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, es patrimonial y administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados al señor RAFAEL ARTURO PLAZAS VEGA, a la señora MARITZA RODRIGUEZ TORRES, sus menores hijos JUAN RAFAEL PLAZAS RODRIGUEZ y OSCAR JAVIER PLAZAS RODRIGUEZ, por la falla de la administración que condujo a la solicitud de retiro del servicio activo del Ejército Nacional del entonces coronel RAFAEL ARTURO PLAZAS VEGA.

SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad se condene a la Nación colombiana - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, como reparación del daño ocasionado, a pagar a los actores, o a quien

represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/TE COLOMBIANA $1.188.187.048 (por perjuicios materiales: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS; por perjuicios inmateriales: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESSOS; y por daño a la vida de relación: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS), o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto, en forma genérica. La discriminación de las anteriores partidas se hace en el acápite correspondiente. TERCERA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo. CUARTA. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A. Los intereses moratorios sobre las cantidades que resulten a favor de los citados, desde la fecha en que deba hacerse el pago hasta aquella en que efectivamente se realice (sentencia C-188/99 de la Honorable

Corte Constitucional). QUINTA. En caso que dentro del proceso no quedare establecido el valor de los perjuicios, se ordenará el trámite incidental autorizado en los artículos: 172 modificado por el art. 56 de la Ley 446/98; y 178 del C.C.A. respectivamente, y 137 del C.P.C. SEXTA. Que la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, deben dar cumplimiento a la sentencia que se dicte a instancias de esta demanda, dentro del término señalado en el art. 176 del C.C.A. 1.2 Sustento fáctico Como fundamentos de hecho de la demanda narraron los que la Sala sintetiza así: El coronel Rafael Arturo Plazas Vega del Ejército Nacional, se desempeñaba como oficial de planta de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá. El 20 de mayo de 2009, la Dirección de Personal del Comando del Ejército le comunicó su traslado al Comando Específico del Caguán, ubicado en San Vicente del Caguán. Frente a esa noticia, el señor Rafael Arturo Plazas Vega se comunicó telefónicamente con el Subdirector de Personal del Ejército, a quien le informó que, con ese traslado, quedaría subordinado a un oficial de menor antigüedad, “aspecto inaceptable en la jerarquía militar por principio de subordinación, dignidad, disciplina y honor militar” y, además, “por razones de salud y por prescripción médica no puede permanecer bajo temperaturas extremas”. Según la demanda, el Subdirector de Personal del Ejército le contestó que “seguramente ha habido un error y procederán a corregirlo”.

Como dicho “error” no fue corregido, el señor Rafael Arturo Plazas Vega “por dignidad y por honor militar” presentó solicitud de retiro del servicio activo de la institución, el 21 de mayo de 2009, sustentado en los anteriores motivos. Ante a ello, el Subdirector de la Escuela Superior de Guerra le pidió, personalmente, que modificara la sustentación de retiro, toda vez que de esa manera no le podía dar el correspondiente traslado. El 26 de mayo de 2009, radicó la solicitud por segunda vez, pero el Subdirector de la Escuela Superior de Guerra le pidió nuevamente que “la modifique en el sentido en que no debe aparecer que pide el retiro por motivos de salud y otros”. Por tanto, optó por cambiar la motivación y la presentó, por tercera vez, el 28 de mayo de 2009, con la cual se surtió el trámite del conducto regular de retiro. Se afirmó que, entre la radicación de la solicitud de retiro y la expedición del decreto presidencial que lo concede, se enteró de “comentarios deshonrrosos” que se estaban haciendo en su contra, por lo que decidió informar al comandante del Ejército Nacional, los motivos reales que lo llevaron a presentar su solicitud de retiro, mediante escrito radicado el 13 de julio de 2009, pero el comandante guardó silencio. Su retiro se oficializó a través de Decreto 2695 del 17 de julio de 2009, notificado el día 23 siguiente. En la demanda se alega que el daño consisitió en el retiro del servicio activo, el cual fue “producto de un mal manejo de personal por parte del

Ejército Nacional, que hizo que el señor coronel Rafael Arturo Plazas Vega no tuviera ninguna otra opción distinta a la de pedir su retiro de la institución, siendo una solicitud de retiro obligada por la misma entidad”. Se agregó lo siguiente: Considero pertinente aclarar que con la presente acción no se persigue atacar la legalidad del Decreto por el cual es retirado del servicio activo mi representado, sino la existencia de un daño antijurídico originado por la omisión y la falta de diligencia de quienes realizaron la destinación del laureado oficial a una unidad sin tener en cuenta el principio de la jerarquía en el mando, el escalafón de oficiales, la antigüedad en el grado -pilar del orden y la disciplina castrensecomo tampoco la dignidad, el honor militar y la integridad física del demandante, como se expuso en el acápite de hechos. Dicha omisión y falta de diligencia que deriva en falta o falla del servicio, se extiende a quienes teniendo conocimiento de la anomalía y conscientes de las implicaciones que este tenía en la cadena de mando, el espíritu de cuerpo, la disciplina y la moral de las tropas; adoptaron una actitud omisiva e inactividad total que causó un daño antijurídico al uniformado que no tenía el deber de soportar colocándolo en el terreno de la indignidad y el deshonor obligándole a salir con deshonra de la institución en una aparente solicitud voluntaria de retiro del servicio activo.

2. Posición de la demandada La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional (f. 74, c. 1) aseguró que “el

yerro cometido y su no supuesta corrección”, “no da el alcance necesario para que se hubiera solicitado el retiro de las filas”. Además, manifestó que “la anomalía presentada en cuanto al traslado del señor Coronel Plazas Vega Rafael Arturo fue corregida al día siguiente”, pues el 9 de julio de 2009 se determinó que continuaría en la Escuela Superior de Guerra. Destacó que la solicitud de retiro presentada supuestamente el 21 de mayo de 2009 no tiene fecha de recibido y tampoco hay prueba de que el Subdirector de la Escuela Superior de Guerra le hubiera pedido que la modificara ni que hubo ningún tipo de injerencia suya en la decisión del señor Rafael Arturo Plazas Vega. Dijo que en la primera solicitud de retiro se expusieron motivos de salud y, en la segunda, motivos de voluntad propia, pero en ninguna se expuso lo que ahora se manifiesta en la demanda.

Propuso las excepciones de: i) inepta demanda, por cuanto para la tasación de los perjuicios solicitados como indemnización del daño padecido, se tuvo en cuenta que el coronel iba a ser enviado como agregado militar, pero sin determinar el período comprendido, “siendo esto una mera expectativa”; ii) carencia de competencia funcional para conocer del asunto en estudio, toda vez que para determinar la cuantía de litigio no se tenían que sumar las pretensiones y además se tenía que determinar razonadamente, lo cual, a su juicio, no ocurrió en este caso; iii) falta de congruencia entre lo solicitado en vía prejudicial y lo demandado, comoquiera que en la primera se solicitó lo dejado de percibir como agregado

militar, mientras que en la segunda no se solicitó nada relacionado con ello; iv) indebida calificación de la acción, por cuanto considera que se debió interpone la acción de nulidad y restablecimeinto del derecho, pues aunque en la demanda se aseguró que no se atacaba la legalidad del acto, en el fondo sí lo hizo, pues se señaló que “la solicitud de retiro emerge del supuesto error cometido por la administración, al ordenar su traslado y quedar bajo el mando de un señor coronel menos antiguo que él”, lo que vislumbra “una posible falsa motivación en el acto admisnitrativo que lo retira del servicio”. Además, sostuvo que hay inexistencia del hecho que da origen al daño, comoquiera que la orden de traslado nunca se cumplió y, además, el accionante pudo haberse opuesto a ella por el conducto regular, pero nunca lo hizo. Por último, consideró que existía “carencia de material probatorio que endilge la responsabilidad invocada”, puesto que, en la demanda se afirmó que al coronel Rafael Arturo Plazas Vega se lo privó de la posibilidad de ser enviado como agregado militar a un país extranjero, sin haber demostrado que cumplía con el requisito de Diplomado en Estado Mayor ni señalado al lugar al que habría sido enviado. Concluyó que su retiro del Ejército Nacional “se dio por solicitud propia, sin que mediara acto alguno que viciera su declaración de voluntad”, por lo que solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia 3.1. La parte demandante (f. 262, c. 1) aseguró en esta oportunidad que, con la

co