CE-SECCION TERCERA-25000-23-26-000-2011-00802-01(49570)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA

SENTENCIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / SEGUNDA INSTANCIA /

DOBLE INSTANCIA / REGLAS DE COMPETENCIA / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL / DAÑO

CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROCEDENCIA DE LA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un

daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO

86 FINALIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / MEDIOS DE CONTROL JUDICIAL / DERECHO ADQUIRIDO / INTERÉS GENERAL Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (…) Este fenómeno procesal, de carácter bipolar, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 23 de febrero de 2006; Exp. 6871-05, de la Corte Constitucional, C 394 de 2002 y C 832 de 2001.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE

ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

/ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. (…) tratándose de la declaración de responsabilidad del

Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO

136

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional C 574 de 1998.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ACCIÓN REIVINDICATORIA / PROCESO JUDICIAL / DEBERES DE LAS PARTES EN EL PROCESO / ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE POSEEDOR / POSESIÓN DEL BIEN /

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA /

REIVINDICACIÓN DEL VEHÍCULO / LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN

REIVINDICATORIA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN

REIVINDICATORIA / SUJERO PASIVO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

[E]l demandante acreditó que la tenencia del vehículo la detentaba con ánimo de señor y dueño, pues el automotor fue aprehendido cuando estaba en su poder y, además, se ejerció en su contra una acción reinvindicatoria, la cual no prosperó. Así las cosas, debe recordarse que la acción reivindicatoria o acción de dominio es aquella “que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla” (art. 946 del Código Civil); en otras palabras, sólo puede ser ejercida en contra del poseedor y

prospera frente a quien alega tener un mejor derecho sobre el bien. Esta acción se dirige contra el actual poseedor (art. 952 del Código Civil) y a través de su ejercicio es posible reivindicar las cosas corporales, raíces y hasta los bienes muebles (art. 947 del Código Civil).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 952 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 946 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 947

FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / REGÍMENES DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN / TÍTULO

DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALLA DEL

SERVICIO / DAÑO ESPECIAL / RIESGO EXCEPCIONAL / RUPTURA DEL

EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / CONCEPTO DE DAÑO

ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / PRINCIPIO DE IGUALDAD DE

LAS CARGAS PÚBLICAS / PRINCIPIO NEMINEM LAEDERE / PRINCIPIO ALTERUM NON LAEDERE El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia del daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión

injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho , que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique , resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida , violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta violatorio del ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 2 de marzo de 2000; Exp. 11945; C.P. María Elena Giraldo Gómez, del 11 de noviembre de 1999; Exp. 11499; C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y del 27 de enero de 2000; Exp.10867; C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y de 18 de mayo de 2017;

Exp. 36386; C.P. Hernán Andrade Rincón.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DAÑO

CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / LEY ESTATUTARIA DE

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

/ ERROR JURISDICCIONAL / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA /

DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / FINES DEL ESTADO / DEBERES DEL ESTADO En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996 (…) La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad. (…) El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deriva de una situación anormal de tutela judicial efectiva, producto de que el servicio público de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65 / LEY 270 DE 1996ARTÍCULO 68 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 21 de septiembre de

2017; Exp. 55999; C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS

DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO /

ACTIVIDAD JUDICIAL / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CARGA DE LA PRUEBA / CAUSA EXTRAÑA Este título de atribución de responsabilidad se caracteriza por los siguientes aspectos: (i) se predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o para la ejecución de providencias judiciales ; (ii) proviene de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia; (ii) se presenta un funcionamiento anormal de la administración de justicia, frente a lo que debería considerarse como adecuado; (iii) comprende la mora judicial, esto es, la injustificada falta de decisión judicial en un plazo razonable (…) De igual forma, atendiendo a que el régimen de responsabilidad en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es de carácter subjetivo, la parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, el daño y su cuantificación, así como la imputación fáctica y jurídica para de esa forma poder obtener una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias. Por su parte,

la demandada, para lograr eximir su responsabilidad, deberá demostrar la inexistencia del defecto en el funcionamiento de la administración de justicia, una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los demás elementos que constituyen el juicio de responsabilidad.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 22 de noviembre de 2001; Exp. 13164; C.P. Ricardo Hoyos Duque, del 21 de septiembre de 2017; Exp. 55999; C.P. Ramiro Pazos Guerrero, del 30 de enero de 2011; Exp. 23769, C.P.

Mauricio Fajardo Gómez, del 13 de agosto de 2008; Exp. 16516; C.P. Enrique Gil Botero, de 6 de junio de 2012; Exp. 24633; C.P. Hernán Andrade Rincón y de 5 de marzo de 2020; Exp. 50264; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).

PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DEBERES DEL ESTADO / FINES DEL ESTADO / ALCANCE DEL DEBER DE

PROTECCIÓN DEL ESTADO / DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA / CAUSACIÓN DEL DAÑO / REPARACIÓN DEL DAÑO / PROPIEDAD DEL BIEN / POSESIÓN DEL BIEN / TENENCIA DEL BIEN / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO En efecto, el artículo 2o de la Constitución Política establece que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; de donde la vulneración de tales postulados y los daños que sobre ellos se generen resultan antijurídicos. Además, el artículo 58 de la Carta Política dispone que “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores (...)”. Además, el artículo 762 del Código Civil dispone que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 2 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 762 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 58

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional C 750 de 2015.

RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACREDITACIÓN

DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO /

PROCESO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA / PÉRDIDA DEL BIEN /

REIVINDICACIÓN DEL VEHÍCULO

[E]l daño antijurídico es imputable a la Nación – Rama Judicial, puesto que el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá desconoció lo dispuesto en el artículo 687

del Código de Procedimiento Civil, ya que una vez terminó el proceso reivindicatorio adelantado en contra de [la víctima] no le devolvió el tracto camión (…) debido a que lo extravió. De hecho, en el Informe Secretarial del Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá de 20 de agosto de 2009 se señaló que en la actualidad se desconoce el paradero del automotor y en esas condiciones es difícil saber a quién se ordena realizar la entrega.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL– ARTÍCULO 687

CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / FALTA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER PROBATORIO En la demanda se solicitó condenar a la Nación – Rama Judicial a pagar una indemnización de perjuicios por perjuicios morales. Sin embargo, no es posible reconocer este perjuicio, puesto que no se aportó ninguna prueba para acreditarlo. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga de la prueba, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran

el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el perjuicio moral que se alega por la pérdida de un bien mueble requiere de prueba , cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia del detrimento reclamado.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 13 de mayo de 2004; Exp. AG 2002 00226, del 10 de marzo de 2011; Exp. 20109; C.P. Hernán Andrade Rincón, del 11 de noviembre de 2009; Exp. 17119; C.P. Mauricio Fajardo Gómez, del 9 de julio de 2014; Exp. 44333; C.P. Enrique Gil Botero y del 13 de noviembre

de 2014; Exp. 33727; C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo. CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRUEBA DEL PERJUICIO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS POR

PARTE DEL JUEZ / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL /

APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / DAÑO EMERGENTE / LUCRO CESANTE / FALTA DE LA PRUEBA / INCIDENTE DE

LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS

[E]l dictamen pericial carece de eficacia probatoria, pues no ofrece a la Sala un análisis técnico que permita determinar el valor de los perjuicios ocasionados al demandante por daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro. (…) Sin embargo, como resulta evidente que se ocasionó un daño emergente al libelista porque no se le devolvió el tracto camión que poseía luego de que terminó el proceso reivindicatorio adelantado en su contra, en la parte resolutiva se condenará a la entidad demandada a pagar [al demandante] el valor que se determine mediante incidente que este pagó por la posesión del automotor o aquel que se establezca que tenía el bien al momento en que fue secuestrado por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, el cual no podrá ser mayor al precio que fija la Guía de valores de la Federación de Aseguradores Colombianos – Fasecolda. Las demás pretensiones se negarán porque no se acreditó la causación de ningún otro perjuicio al libelista.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 241

REGULACIÓN NORMATIVA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE LA TEMERIDAD PROCESAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia que se hayan causado, condición exigida en el artículo 392, numeral 8°, del Código de Procedimiento Civil, para que ésta proceda.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 392

NUMERAL 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00802-01(49570)

Actor: EFRAÍN ZAMUDIO RICO

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Demandante no probó ser poseedor del vehículo por el que reclama indemnización de perjuicios. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

I. SÍNTESIS DEL CASO En fecha no determinada en el libelo introductorio, Jairo Antonio Lara y Eva Marcela Zamudio Rico presentaron demanda en contra de Efraín Zamudio Rico, en ejercicio de la acción reivindicatoria, para que les entregara el “tracto camión marca Chevrolet Brigadier… [de] placa SQB182”. El proceso correspondió por reparto al Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, el cual, el 5 de noviembre de 2003 ordenó el secuestro del vehículo como medida cautelar. El 11 de diciembre

de 2003, la Policía Nacional aprehendió el automotor y lo puso a órdenes del Juzgado referido. Mediante sentencia del 28 de octubre de 2008, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo del 6 de marzo de 2007, por medio de la cual el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio de la acción reivindicatoria. En atención a ello, el 19 de junio de 2009, el Juzgado 18 ordenó devolver el vehículo al señor Zamudio Rico. Sin embargo, ello nunca ocurrió porque no se pudo establecer dónde se encontraba el automotor. El demandante considera que el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues no le devolvió el “tracto camión marca Chevrolet Brigadier… [de] placa SQB182” del cual era poseedor cuando se ordenó su secuestro.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda El 2 de agosto de 20111, Efraín Zamudio Rico, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación – Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, puesto que no le devolvió el “tracto camión marca Chevrolet Brigadier… [de] placa SQB182”, el cual poseía cuando ordenó su secuestro.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagarle $650.000.000 “por los perjuicios de orden material y

moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros”. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en fecha no determinada, Jairo Antonio Lara y Eva Marcela Zamudio Rico en ejercicio de la acción reivindicatoria, presentaron demanda contra Efraín Zamudio Rico, para que les entregara el “tracto camión marca Chevrolet Brigadier… [de] placa SQB182”. Señala que el proceso correspondió por reparto al Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, el cual, el 5 de noviembre de 2003, como medida cautelar, ordenó el secuestro del vehículo referido. 1 Fl. 2 a 5, C. 1. Manifiesta que el 11 de diciembre de 2003 la Policía Nacional aprehendió el automotor y lo puso a órdenes del Juzgado. Sostiene que mediante sentencia del 6 de marzo de 2007, el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda presentada por Jairo Antonio Lara y Eva Marcela Zamudio Rico contra Efraín Zamudio Rico, puesto que no probaron ser propietarios del vehículo. Indica que mediante sentencia del 28 de octubre de 2008, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo proferido el 6 de marzo de 2007 por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá. Afirma que mediante proveído de 19 de junio de 2009, el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá ordenó devolver el vehículo a Efraín Zamudio Rico. Señala que el Juzgado nunca devolvió el vehículo porque no pudo ubicar su

paradero. El demandante considera que el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues no le devolvió el “tracto camión marca Chevrolet Brigadier… [de] placa SQB182”, el cual poseía cuando dicho despacho judicial ordenó su secuestro.

2. Contestaciones El 10 de noviembre de 20112, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Rama Judicial guardó silencio. 2 Fl. 11, C. 1.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 2 de julio de 20133 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. El demandante, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 13 de septiembre de 20134, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, al constatar que Efraín Zamudio Rico no probó la calidad de poseedor del vehículo automotor por el que solicitaba indemnización de perjuicios.

Al efecto sostuvo que: “[…] al no hallarse probada la posesión material que el señor Efraín Zamudio Rico detentaba sobre el vehículo automotor tipo tracto camión, marca Chevrolet Brigadier, modelo 1996, color blanco […] placas SQB182, no es posible predicar la legitimación del mismo para reclamar el perjuicio derivado de aquella. […] En ese orden de ideas, deberá la Subsección

declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Efraín Zamudio Rico”.

5. Recurso de apelación El 23 de octubre de 2013, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 19 de noviembre de 20135 y admitido el 20 de enero de 20146. 3 Fl. 35, C. 1. 4 Fl. 177 a 182, C. 2. 5.1. El extremo activo7 solicitó condenar a la Rama Judicial por los perjuicios ocasionados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, afirmando que no le devolvió el “tracto camión marca Chevrolet Brigadier… [de] placa SQB182”, el cual poseía cuando ordenó su secuestro.

Al efecto, afirmó que probó la calidad de poseedor del vehículo, pues: i) éste fue aprehendido cuando se encontraba en su poder, ii) mediante constancia del 11 de marzo de 2011 el Gerente General del Consorcio Industrial Transportador Ltda. certificó que tenía dicha calidad, iii) el dictamen pericial practicado el 31 de marzo de 2013 corroboró esa información y iv) mediante proveído del 19 de junio de 2009, el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá ordenó devolvérselo. Textualmente, indicó: “[…] obra dentro del expediente que el vehículo […] al momento de su aprehensión se encontraba en poder del señor Efraín Zamudio 5 Fl. 52, C. 2. 6 Fl. 56, C. 2. 7 Fl. 43 a 48, C. 2.

Rico […], unido con la afirmación hecha por mi mandante que [lo estaba] poseyendo para sí, cuya presunción no fue desvirtuada en el proceso […] [Además de ello, también se probó la posesión con el] original de la constancia del 11 de marzo de 2011 expedida por el Gerente General del Consorcio Industrial Transportador Ltda., en la que indicó que ‘el señor Efraín Zamudio Rico… en su calidad de poseedor actual del vehículo tipo tracto camión de placas SQB182’ y [con el] dictamen pericial […] en el cual se estableció como valor del automotor la suma de $140.000.000.oo y un total de perjuicios de $944.750.000.oo. Por lo tanto vemos que el demandante sí tenía la posesión material del rodante y por ende sí está legitimado en la causa para demandar […] Igualmente téngase en cuenta [que] como consecuencia del fallo del Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá […] ordenó la entrega del mencionado vehículo a quien se le encontró al momento de la captura, señor Efraín Zamudio Rico […] y no ordenó la entrega a otra persona porque reconoce la posesión a mi mandante”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 10 de marzo de 20148 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. El demandante9, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 6.2. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio. 8 Fl. 58, C. 2. 9 Fl. 59 a 62, C. 2.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8610 del Código Contencioso Administrativo. 10 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

protección del interés general11, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia 11 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de