CE-SECCION TERCERA-25000-23-26-000-2011-01000-01(46560)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Niega

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Posibilidad de obtener pago de un crédito en proceso ejecutivo por levantamiento de medida de embargo / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Presupuestos / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / CARGA PROBATORIA - La parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, el daño y su cuantificación, así como la imputación fáctica y jurídica / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – No probado / DAÑO ANTIJURÍDICO – No probado SÍNTESIS DEL CASO: El 28 de julio de 2008, […] presentaron demanda ejecutiva contra […], pretendiendo el pago de $600.000.000. El proceso correspondió por reparto al Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá y se tramitó con el número de radicado 2008-00405. Mediante auto del 28 de septiembre de 2010, el Juzgado referido ordenó el embargo y secuestro de los dineros que la Gobernación de Boyacá habría de pagar al señor […] por ser parte del Consorcio Anillo Vial 17, con quien suscribiría un contrato de obra pública por suma equivalente a $4.631.897.934. El 1° de febrero de 2011, la Secretaría del Juzgado 11 Civil del

Circuito de Bogotá, comunicó a la Gobernación de Boyacá el levantamiento de la medida de embargo. Mediante Resolución 000593 del 7 de febrero de 2011, el Secretario de Hacienda de la Gobernación de Boyacá autorizó la cesión del porcentaje de participación de […] a […] en el Consorcio Anillo Vial 17. El 18 de marzo de 2011, el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá confirmó el proveído del 28 de septiembre de 2010. Los demandantes consideran que la Secretaria del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que, sin que mediara orden judicial, comunicó el levantamiento de la medida de embargo sobre los dineros que la Gobernación de Boyacá habría de pagar al señor […] por ser parte del Consorcio Anillo Vial 17, lo cual les hizo perder la oportunidad de obtener el pago del crédito que éste les debía.

PROBLEMA JURÍDICO: Corresponde a la Sala determinar si el levantamiento de una medida de embargo dentro de un proceso ejecutivo, sin mediar orden judicial, puede ocasionar un daño antijurídico imputable al Estado, por la pérdida de la oportunidad de obtener el pago del crédito.

PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETENCIA / FACTOR FUNCIONAL / COMPETENCIA – Por la naturaleza

del proceso / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA / FACTOR OBJETIVO

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 28 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 del Código Contencioso Administrativo y 73 de la Ley 270 de 1996.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 129 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 73

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

86 PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CADUCIDAD – Finalidad / CADUCIDAD – Presupuestos / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Presupuestos / DERECHO DE ACCIÓN – Límites Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una

sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, antes de que transcurrieran los dos (2) años que otorga la ley procesal para ejercer el derecho de accionar de forma oportuna, pues i) el acaecimiento del hecho por el cual se alega el daño ocurrió el 1° de febrero de 2011, cuando la

Secretaría del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá comunicó a la Gobernación de Boyacá el levantamiento de la medida de embargo en el proceso ejecutivo identificado con el número de radicado 2008-00405, ii) los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 8 de junio de 2011, la cual se declaró fallida el 2 de agosto siguiente ; y iii) la demanda se presentó el 20 de septiembre de 2011.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

136

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

ACREDITACIÓN DEL DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO – Definición / IMPUTACIÓN DEL DAÑO El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho , que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique , resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida , violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del

resultado y no de la acción que lo causa. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere y de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Presupuestos /

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / CARGA PROBATORIA - La parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, el daño y su cuantificación, así como la imputación fáctica y jurídica En desarrollo del mencionado artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento del aparato judicial mediante la Ley 270 de 1996, […] La citada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad.

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue regulado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 […] De acuerdo a lo anterior, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deriva de una situación anormal de tutela judicial efectiva, producto de que el servicio público de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía. Este título de atribución de responsabilidad tiene las características siguientes: (i) se predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o para la ejecución de providencias judiciales ; (ii) proviene de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia; (ii) se presenta un funcionamiento anormal de la administración de justicia, frente a lo que debería considerarse como adecuado; (iii) comprende la mora judicial, esto es, la injustificada falta de decisión judicial en un plazo razonable , cuando “no existen factores que ameriten sobrepasar los términos fijados en la ley, dentro de los cuales se pueden encontrar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora;” (iv) es de carácter residual, puesto que únicamente se configura cuando los hechos no se

enmarquen en los títulos de error jurisdiccional o privación injusta de la libertad. De igual forma, atendiendo a que el régimen de responsabilidad en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es de carácter subjetivo, la parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, el daño y su cuantificación, así como la imputación fáctica y jurídica para de esa forma poder obtener una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias. Por su parte, la demandada, para lograr eximir su responsabilidad, deberá demostrar la inexistencia del defecto en el funcionamiento de la administración de justicia, una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los demás elementos que constituyen el juicio de responsabilidad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 65 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 69

DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Requisitos / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Carga probatoria En el caso sub examine se tiene que el daño alegado es la pérdida de oportunidad de obtener el pago de las deudas que […] tenía con los demandantes dentro del proceso ejecutivo con radicación 2008-0405, frente a lo cual se endilga un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia de la Secretaria del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, la cual, sin que mediara orden judicial, comunicó el levantamiento de la medida de embargo sobre los dineros que la Gobernación de Boyacá habría de pagarle al deudor por ser parte del Consorcio

Anillo Vial 17. […] Ahora bien, debe recordarse que para que la pérdida de la oportunidad tenga el carácter de un daño cierto debe acreditarse: i) la certeza de la oportunidad que se reputa perdida, ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el detrimento, y iii) encontrarse en una situación potencialmente apta para la consecución de la indemnización. En el caso objeto de estudio, están demostrados el primer y el segundo requisito para acreditar el daño, esto es, la certeza de la oportunidad que se reputa perdida y la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, pues quedó probado que luego de que la Secretaría del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá comunicó el levantamiento de la medida de embargo sobre los dineros que la Gobernación de Boyacá habría de pagarle a […] por ser parte del Consorcio Anillo Vial 17, éste cedió su participación a […]. (hechos probados 6.3.1.6. y 6.3.1.7.), lo cual hizo que dejara de existir esa garantía de pago de forma definitiva. Sin embargo, se evidencia que no está demostrado el tercer requisito para acreditar el daño, que consiste en encontrarse en una situación potencialmente apta para conseguir la indemnización, ya que no se logró establecer que con la medida de embargo se hubiera logrado garantizar el pago del crédito de […], puesto que para obtener ese dinero debía haberse legalizado el contrato de obra pública 001916 de 2010, transcurridos 20 días desde su firma, y según el oficio 0567 del 9 de febrero de

2011, suscrito por el Jefe del Grupo de Contratación de la Gobernación de Boyacá, ello no ocurrió porque el contratista no aportó todos los documentos exigidos por la Dirección de Contratación de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Boyacá (hecho probado 6.3.1.8.). EJECUCIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – Requisitos para la ejecución del contrato estatal / EJECUCIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - Para la ejecución del contrato estatal se requiere de la aprobación de la garantía y de la existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – No probado / DAÑO ANTIJURÍDICO – No probado En este sentido, debe recordarse que el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispone que para la ejecución del contrato estatal se requiere “de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes”. Dicho de otro modo, solo puede darse inicio a la ejecución del contrato cuando se encuentran reunidos los anteriores requisitos, indispensables para su legalización y ejecución. Y como no hay constancia de que el contrato de obra pública 001916 de 2010 se hubiere legalizado, tampoco puede afirmarse que [el demandante] pudo haber recibido un dinero de la Gobernación de Boyacá en contraprestación por la ejecución de las prestaciones contraídas en virtud de su celebración. Por el contrario, obra en el proceso el oficio 0567 del 9 de febrero de 2011 que da cuenta que el contrato de obra pública No. 001916 de 2010 no se había legalizado, puesto que el contratista no había aportado todos los

documentos requeridos para dicho efecto y que por tal motivo la Dirección de Contratación de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Boyacá había notificado de dicha situación a la aseguradora para los fines pertinentes (hecho probado 6.3.1.8.). De hecho, en ese documento se señaló que: “…una vez suscrito el contrato estatal, el contratista dispone de 20 días calendario a fin de allegar la documentación correspondiente para legalizar el contrato, comoquiera que el contratista no aportó los documentos pertinentes, esta Dirección Nacional procedió a realizar comunicación a la aseguradora para los fines pertinentes”. En suma, se evidencia que el daño, entendido como la pérdida de oportunidad de obtener el pago del crédito que […] tenía con los demandantes dentro del proceso ejecutivo con radicación 2008-0405 no está acreditado, pues no hay certeza de si se encontraban en una situación potencialmente apta para conseguir la indemnización ya que, como se explicó, no se logró probar que el deudor habría podido recibir el dinero objeto de la medida cautelar porque no hay certeza de que el contrato de obra pública se legalizó. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el sub examine no se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad, puesto que ante la ausencia del tercer requisito de la pérdida de oportunidad, es forzoso concluir que el daño era incierto y que el solo levantamiento de la medida de embargo sobre los dineros que la Gobernación de Boyacá habría de pagarle (…) por ser parte del Consorcio Anillo Vial 17, no genera per se la responsabilidad patrimonial del

Estado, pues en estos casos se requiere que el sujeto que alega un daño antijurídico por la pérdida de la oportunidad acredite que estaba en una situación potencialmente apta para obtener un provecho o evitar un detrimento, esto es, que contaba con una expectativa legítima susceptible de ser indemnizada, situación que en el caso de autos no aconteció.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 41

CONDENA EN COSTAS – Improcedencia No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del magistrado

Guillermo Sánchez Luque.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01000-01(46560)

Actor: VICENTE ALEJANDRO PELÁEZ REYES Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Tema: Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Pérdida de oportunidad de obtener el pago de un crédito en proceso ejecutivo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 28 de julio de 2008, Vicente Alejandro Peláez Reyes, Esther Uribe de Peláez, Olga Patricia Peláez Uribe y Tomas Cipriano Molina Ramos presentaron demanda ejecutiva contra Eisenhower Zamora González, pretendiendo el pago de $600.000.000. El proceso correspondió por reparto al Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá y se tramitó con el número de radicado 2008-00405. Mediante auto del 28 de septiembre de 2010, el Juzgado referido ordenó el embargo y secuestro de los dineros que la Gobernación de Boyacá habría de pagar al señor Zamora González por ser parte del Consorcio Anillo Vial 17, con quien suscribiría un contrato de obra pública por suma equivalente a $4.631.897.934.

El 1° de febrero de 2011, la Secretaría del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, comunicó a la Gobernación de Boyacá el levantamiento de la medida de embargo. Mediante Resolución 000593 del 7 de febrero de 2011, el Secretario de Hacienda de la Gobernación de Boyacá autorizó la cesión del porcentaje de participación de Eisenhower Zamora González a Rómulo Tobo Uscátegui en el Consorcio Anillo Vial 17. El 18 de marzo de 2011, el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá confirmó el

proveído del 28 de septiembre de 2010. Los demandantes consideran que la Secretaria del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que, sin que mediara orden judicial, comunicó el levantamiento de la medida de embargo sobre los dineros que la Gobernación de Boyacá habría de pagar al señor Zamora González por ser parte del Consorcio Anillo Vial 17, lo cual les hizo perder la oportunidad de obtener el pago del crédito que éste les debía.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda El 20 de septiembre de 20111, Vicente Alejandro Peláez Reyes, Esther Uribe de Peláez, Olga Patricia Peláez Uribe y Tomas Cipriano Molina Ramos, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió la Secretaria del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, puesto que, sin que mediara orden judicial, comunicó el levantamiento de la medida de embargo sobre los dineros que la Gobernación de Boyacá habría de pagar al señor Zamora González por ser parte del Consorcio Anillo Vial 17, lo cual les hizo perder la oportunidad de obtener el pago del crédito que éste les debía.

Como pretensiones de la demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar el saldo insoluto que resulte de la liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo con el número de radicado 2008-0405.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 28 de julio de 2008, Vicente Alejandro Peláez Reyes, Esther Uribe de Peláez, Olga Patricia Peláez Uribe y Tomas Cipriano Molina Ramos presentaron demanda ejecutiva contra Eisenhower Zamora González, pretendiendo el pago de $600.000.000. Manifiesta que el proceso correspondió por reparto al Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá y se tramitó con el número de radicado 2008-00405. Señala que mediante auto del 28 de septiembre de 2010, el Juzgado referido ordenó el embargo y secuestro de los dineros que la Gobernación de Boyacá habría de pagar al señor Zamora González por ser parte del Consorcio Anillo Vial 17, con quien suscribiría un contrato de obra pública por suma equivalente a $4.631.897.934. Indica que el 1° de octubre de 2010, la Gobernación de Boyacá suscribió el contrato de obra pública No. 001916 con el Consorcio Anillo Vial 17, conformado 1 Fl. 2 a 13, C. 1. por Eisenhower Zamora González, Construcciones AR & S Ltda. y Juan Carlos Rojas. Sostiene que el 1° de febrero de 2011, la Secretaria del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, comunicó a la Gobernación de Boyacá el levantamiento de la medida de embargo. Manifiesta que mediante Resolución 000593 del 7 de febrero de 2011, el Secretario de Hacienda de la Gobernación de Boyacá autorizó la cesión del

porcentaje de participación en el Consorcio Anillo Vial 17, de Eisenhower Zamora González a Rómulo Tobo Uscátegui. Aduce que el 18 de marzo de 2011, el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá confirmó el auto del 28 de septiembre de 2010. Los demandantes consideran que la Secretara del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que, sin que mediara orden judicial, comunicó el levantamiento de la medida de embargo sobre los dineros que la Gobernación de Boyacá habría de pagar al señor Zamora González por ser parte del Consorcio Anillo Vial 17, lo cual les hizo perder la oportunidad de obtener el pago del crédito que éste les debía. Textualmente, se expone en la demanda “mis procurados vieron así menguada la posibilidad de recuperar los dineros prestados al señor Eisenhower Zamora González, soportado un daño antijurídico ocasionado por los agentes judiciales del Estado. El contrato de obra pública No. 001916 de 2010, que por su cuantía y por el porcentaje de participación del señor… era una posibilidad real para lograr la retención de los mil millones ordenados por el juzgado de conocimiento y con eso obtener el pago del crédito, resultado fallido por la actuación de hecho de la Secretaria del Juzgado 11 Civil…”.

2. Contestaciones El 7 de diciembre de 20112 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2 Fl. 20 y 21, C. 1. 2.1. La Nación – Rama Judicial3 se opuso a las pretensiones de la demanda

manifestando que no existía un daño antijurídico, puesto que el proceso ejecutivo no había culminado.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 1° de agosto de 20124 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante5 y la Nación – Rama Judicial6 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público7 sostuvo que no se acreditó el daño, porque no se probó que Eisenhower Zamora González pudo haber recibido el dinero del contrato de obra pública No. 001916 de 2010.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 28 de noviembre de 20128 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al constatar que el daño alegado no era cierto, puesto que Eisenhower Zamora González podía pagar la deuda a los demandantes, ya que la obligación de crédito subsistía.

Textualmente el a quo indicó lo siguiente: “En aras de establecer la acreditación del hecho dañoso… debe aducir la Sala que en el proceso de la referencia el mismo no se satisface a cabalidad, pues no reúne los elementos esenciales del daño para que pueda ser indemnizado… En el presente caso… el cumplimiento de la obligación es susceptible de acreditarse positivamente por otros mecanismos que otorga la ley, bajo ese supuesto inalterable que la exigencia del pago se encuentra incólume, dada la sentencia ejecutiva que ordenó seguir adelante la ejecución, y no solamente con la

retención de los dineros solicitada mediante la medida cautelar… En la presente controversia, la parte actora presupone la existencia del daño a la presunta imposibilidad de pago de la obligación contraída por el ejecutado, sin advertir que el 3 Fl. 25 a 30, C. 1. 4 Fl. 44, C. 1. 5 Fl. 51 a 60, C. 1 6 Fl. 48 a 50, C. 1. 7 Fl. 61 a 67, C. 1. 8 Fl. 70 a 80, C. 2. proceso ejecutivo en las condiciones actuales culminará únicamente con el pago del crédito, por lo cual, subsistiendo dicha obligación (pago de la deuda más intereses), lo cierto es que el daño que alega el actor en esta instancia reviste un carácter de eventual, que no puede ser objeto de indemnización por la jurisdicción contencioso administrativa…”.

5. Recurso de apelación El 30 de enero de 20139 la parte demandante interpuso recurso de apelación10, el cual fue concedido el 20 de febrero de 201311 y admitido el 15 de abril de 201312. 5.1. Los demandantes indicaron que la Secretaría del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que, sin que mediara orden judicial, comunicó el levantamiento de la medida de embargo sobre los dineros que la Gobernación de Boyacá habría de pagar al señor Zamora González por ser parte del Consorcio Anillo Vial 17, lo cual les hizo perder la oportunidad de obtener el pago del crédito que éste les

debía. Textualmente señalaron que “el embargo del derecho de crédito pactado a favor del demandante por el contrato suscrito con la Gobernación de Boyacá, se convirtió en la última posibilidad que los… demandantes tenían para la recuperación de su dinero…”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 14 de mayo de 201313 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. Las partes14 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda, en el recurso de apelación y en la contestación, respectivamente. 6.2. El Ministerio Público guardó silencio. 9 Fl. 82, C. 2. 10 Fl. 82 a 85, C. 2. 11 Fl. 87, C. 2. 12 Fl. 91, C. 2. 13 Fl. 93, C. 2. 14 Fl. 94 a 103 y 104 y 105, C. 2.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 28 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 del Código Contencioso Administrativo y 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación dir