CE-SECCION TERCERA-25000-23-26-000-2012-00499-01 (48156)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRESUPUESTOS PROCESALES La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término legal previsto en el artículo 136 del C.C.A. La sentencia absolutoria data del 25 de junio de 2010 y la demanda se radicó el 13 de enero de 2012.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

136

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD /

SENTENCIA CONDENATORIA / PROCESO PENAL / EJECUCIÓN DE LA

SENTENCIA / DETENCIÓN PREVENTIVA / FINES DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA El demandante (…) fue detenido en la audiencia de juicio oral en la que se anunció el fallo condenatorio. Al momento de la imputación no se había solicitado la privación de su libertad y la sentencia se profirió luego de transcurridos dos (2) años y siete (7) meses desde la fecha en que según la sentencia condenatoria del 13 de abril de 2010, ocurrieron los hechos (9 de septiembre de 2007). Así las

cosas, era necesario justificar la adopción de la medida, toda vez que la ejecución de la sentencia podía suspenderse mientras se resolviera la apelación formulada contra ella, para no causar un daño antijurídico al demandante. En consecuencia, la privación de la libertad que padeció el demandante (…) fue injustificada, en la medida en que la detención impuesta en la lectura del fallo condenatorio fue una decisión que se dictó mucho después de la ocurrencia de los hechos, sin siquiera exponer si se cumplían los propósitos legales de la detención y si existían razones que justificaran mantenerlo privado de la libertad.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la necesidad de la privación de la libertad, ver Corte Constitucional, sentencia C 342 de 2017. Sobre la metodología para la responsabilidad por privación injusta de la libertad, Ver Consejo de Estado, sentencia del 4 de junio del 2019, Exp 39626, M.P. Alberto Montaña Plata.

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REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RAMA JUDICIAL / JUICIO ORAL / PROCESO PENAL Como la privación de la libertad de (…) fue dispuesta en etapa de juicio oral y, en vigencia de la Ley 906 de 2004, el daño causado es imputable únicamente a la Rama Judicial, debido a que fue el juez penal quien en ese punto realizó el estudio

de la existencia de los presupuestos legales para decretar la medida de manera autónoma e independiente. Como quiera que la materialización del riesgo se escapa del ámbito de competencia de la Fiscalía y pasa al del juez, no se puede imputar dicho daño a la Fiscalía.

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REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DAÑO / CULPA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE LA CULPA DE LA VÍCTIMA / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / CAUSALES

EXCLUYENTES DE RESPONSABLIDAD DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD A la luz del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el estudio de la culpa de la víctima debe versar sobre las conductas realizadas por la persona privada de la libertad vinculada al proceso penal, lo que excluye el estudio de aquellas preprocesales que ya fueron objeto de estudio por parte del juez penal. El hecho de que el sindicado sea <<sospechoso>> de un delito no puede considerarse como constitutivo de culpa de la víctima. Adicionalmente, no se evidenció una culpa procesal por parte de la víctima directa, pues (i) cumplió con los requerimientos judicial y (ii) a lo largo del proceso penal el demandante insistió en su inocencia. - La Sala considera infundada la excepción del hecho de un tercero propuesta por la Rama Judicial, debido a que el juez penal tenía la obligación de valorar

adecuadamente las versiones rendidas por la menor KVUG y su abuela al momento de estudiar la responsabilidad penal del demandante (…) en la sentencia penal. En consecuencia, no se puede considerar que sus declaraciones hayan sido la causa del daño.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 70

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DAÑO / PERJUICIO MORAL / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Si bien en la primera pretensión de la demanda la parte actora hizo alusión al daño a la vida de relación, no especificó el fundamento de este perjuicio. Por el contrario, en las demás pretensiones y en la estimación razonada de la cuantía se incorporó este perjuicio dentro de los perjuicios morales, razón por la cual la Sala únicamente estudiará la reparación solicitada por este último concepto. (…) Para efectos de fijar la indemnización la Sala aplicará los criterios unificados por la Sección Tercera de esta Corporación, en los cuales están establecidos los topes de las indemnizaciones que pueden ser reconocidas por concepto de perjuicios morales en casos de privación de la libertad.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación de los perjuicios morales, ver Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp 36149, C.P. Hernán Andrade

Rincón.

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REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DAÑO / DAÑO AL BUEN NOMBRE / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / REPARACIÓN INTEGRAL / DISCULPAS PÚBLICAS En el expediente obran pruebas que demuestran que el buen nombre de la víctima directa fue afectado por la privación de su libertad. En consecuencia, se ordenará a la Rama Judicial que emita un comunicado en el que se disculpen con la víctima directa por el perjuicio causado y reconozcan que él no era responsable del delito que se le imputó. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, el demandante le informará a la demandada, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente será entregado en físico a él o si, además, desea que se publique en las plataformas de comunicación y difusión de cada entidad y a ello se procederá una vez así sea comunicado. De no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá que la víctima opta porque las disculpas se expresen de manera privada, por lo que así se cumplirá inmediatamente.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DAÑO / PERJUICIO MATERIAL / HONORARIOS DEL

ABOGADO / NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / AUSENCIA DE PRUEBA La Sala negará la indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente consistentes en los gastos profesionales del abogado que los representó como víctima en el proceso penal, puesto que la parte actora no allegó los documentos exigidos en los artículos 617 y 618 del estatuto tributario para acreditarlos.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la acreditación del daño emergente con ocasión de gastos profesionales, ver Consejo de Estado, sentencia del 18 de julio de 2019,

Exp 44572.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DAÑO / LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE De conformidad con la certificación elaborada por el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, el demandante (…) prestó sus servicios como escolta bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio desde el 16 de octubre de 2001 hasta el 1º de septiembre de 2009 . Sin embargo, con dicho documento no se acreditaron los ingresos que devengaba con ocasión de esa actividad económica y las órdenes de pago por parte del DAS a su favor no permiten establecer un valor fijo de sus ingresos como contraprestación de su actividad profesional. En consecuencia, la Sala aplicará la presunción del salario mínimo legal mensual vigente para liquidar el lucro cesante. Para calcular el ingreso base de liquidación,

no se adicionará el 25% por concepto de prestaciones sociales debido a que el demandante era un escolta contratista del DAS y, en la demanda no se solicitó dicho rubro. (…) La Sala negará la reparación del lucro cesante solicitado por concepto de los ingresos que el demandante (…) dejó de recibir con ocasión de las clases que dictaba en el gimnasio <<Gym Centauros>> porque: (i) con el certificado de Cámara y Comercio se acredita que el establecimiento comercial <<Gym Centauros>> no era de propiedad del demandante (…); (ii) el documento elaborado por el contador (…) donde se alude a los ingresos <<declarados>> por el demandante (…) con ocasión de la explotación de las instalaciones del gimnasio <<Gym Centauros>>, no cuenta con los soportes probatorios que acrediten esa información, como, por ejemplo las declaraciones de renta de la víctima directa y (iii) en todo caso, no se acreditó que esta sociedad dejara de funcionar como consecuencia de la privación de la libertad del demandante.

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REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DAÑO / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

171

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del honorable consejero Fredy Ibarra Martínez y salvamento parcial de voto del honorable

Consejero Alberto Montaña Plata.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00499-01 (48156)

Actor: EDWARD FERNANDO MONTOYA GÓMEZ Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y RAMA JUDICIAL Referencia: Acción de reparación directa Tema: Privación de la libertad. Se revoca la decisión de negar las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se condena a la Rama Judicial porque está acreditada la ilegalidad de la detención ordenada por el juez penal cuando anunció el sentido de fallo condenatorio de primera instancia.

SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B, en la que se declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y se negaron las pretensiones de la demanda. La Sala es competente para dictar esta providencia por tratarse de un recurso de

apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES A.- Posición de la parte demandante 1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 13 de enero de 2012 por Edward Fernando Montoya Gómez (víctima directa de la detención) y su grupo familiar. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para obtener la reparación del daño causado por la privación de la libertad a la que fue sometida la víctima directa entre el 1o de septiembre de 2009 y el 28 de junio de 2010, es decir, por un término de nueve meses y veintiocho días. En el proceso penal se le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. 2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: <<Primera: Declárase a la Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial

(Dirección Administrativa Rama Judicial), administrativamente responsable de todos los daños materiales en la modalidad de lucro cesante, daño emergente consolidado y morales y daño a la vida en relación causados al señor Edward Fernando Montoya Gómez y su núcleo familiar conformado por Luz Angélica Castillo Galvis (esposa) Jeisson Fernando Montoya Castillo (hijo), Óscar Andrés Montoya Castillo (hijo) Luis Fernando Montoya Gómez (padre), Diana Esperanza Montoya Gomes (hermana), Jemenes Xiomara Montoya Gómez (hermana), Luz Yaneth Montoya Gómez (hermana) y

Juliana Montoya Bueno (hermana), por el error judicial y la falla en la prestación del servicio en la administración de Justicia que dio como origen la privación injusta de la libertad ocurrida entre el 1° de septiembre de 2009 y el 28 de junio de 2010, del señor Edward Fernando Montoya Gómez, dentro del proceso No. 110016000055200600978, N.I. 61768. Segunda. Condenar en consecuencia a la Fiscalía General de la NaciónRama Judicial (Dirección Administrativa Rama Judicial), como reparación del daño ocasionado a pagar a los actores los perjuicios de orden material y moral subjetivos y objetivos actuales y futuros los cuales estiman como mínimo la suma de ochocientos setenta y seis millones ciento veinte mil ($876,120,000) pesos, suma que deberán cancelar los entes demandados sin que el señalamiento de dicha cuantía constituya limitación para que sean reconocidos superiores perjuicios de la naturaleza y cuantía que resulten probados dentro del proceso.>> La parte demandante agregó en el acápite de <<cuantía>> lo siguiente: <<1. Por perjuicios materiales: a) Indemnización causada: 1.1.Daño emergente: En la modalidad de daño emergente solicito se reconozca a su favor la suma de diez millones de pesos ($10000.000), correspondiente a los valores que el señor Edward Fernando Montoya Gómez tuvo que pagar por concepto de honorarios profesionales a los abogados que lo representaron. Dicho valor fue cancelado a quienes me representaron dentro del juicio adelantado en mi contra. Primera instancia, valor cancelado la suma de ($5000.000). Segunda instancia, valor

cancelado la suma de ($5000.000). b) El señor Edward Fernando Montoya Gómez (condenado) estaba sosteniendo y velando por la subsistencia de su núcleo familiar obligación que fue truncada por la privación de la libertad, por lo cual, las entidades demandadas deberán resarcir el daño sufrido resultando en consecuencia un interés legítimo que permite calificar el perjuicio como cierto y directo. Subtotal (10000.000) 1.2. Lucro cesante: a) En la modalidad de lucro cesante, solicitó el reconocimiento de 18 salarios mensuales, promediados al valor que venía devengando como escolta del DAS, las sumas de dinero dejadas de percibir por el término que duró su detención, valor que deberá ser indexado al valor actual el cual asciende a la suma de veinte millones cuatroscientos mil ($32.640.000) (sic). b) Lucro cesante: en la modalidad de lucro cesante, solicitó el reconocimiento de 44 mensualidades que venía percibiendo en el gimnasio <<Gym Centauros>> promediada a $6,770,000, que recibía prestando el servicio de actividades físicas. Por concepto de las sumas de dinero dejadas de percibir por el término que duró la investigación y su detención valor que deberá ser indexado al valor actual $297,880,000. Subtotal = $330.530.000

2. Perjuicios morales 2.1. Objetivados a) El señor Edward Fernando Montoya Gómez estaba estudiando en la Universidad cooperativa de Colombia y por un error en la administración de Justicia no puedo proseguir sus estudios, esfumándose así su proyecto de

vida subjetivos 200 SMLV Resumen de perjuicios morales Luz Angélica Castillo Galvis (esposa) cien (100) smlmv $53560.000 Jeisson Fernando Montoya Castillo (hijo) cien (100) smlmv $53560.000 Óscar Andrés Montoya Castillo (hijo) cien (100) smlmv $53560.000 Luis Fernando Montoya Gómez (padre) cien (100) smlmv $53560.000 Diana Esperanza Montoya Gomes (hermana) cien (100) smlmv $53560.000 Jemenes Xiomara Montoya Gómez (hermana) cien (100) smlmv $53 560.000 Luz Yaneth Montoya Gómez (hermana) cien (100) smlmv $53560.000 Juliana Montoya Bueno (hermana) cien (100) smlmv $53560.000 Subtotal= $428.480.000>>. 3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones: 3.1.- El 22 de septiembre de 2007 la señora María del Carmen Gómez Vásquez denunció al demandante Edward Fernando Montoya Gómez por haber tenido relaciones sexuales con la menor KVUG en el gimnasio <<Gym Centauros>>, el cual era administrado por la esposa del procesado. 3.2.- El 27 de mayo de 2008 el Juzgado Catorce Penal de Garantías le imputó al demandante Edward Fernando Montoya Gómez el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. En dicha audiencia no se solicitó medida de aseguramiento en su contra. 3.3.- El 2 de septiembre de 2008 el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito con

función de conocimiento celebró audiencia de acusación y el 5 de noviembre de 2008 realizó la audiencia preparatoria. 3.4.- El 1o de septiembre de 2009, el juez de conocimiento llevó a cabo el juicio oral en el que anunció el sentido del fallo condenatorio y ordenó la detención inmediata del demandante Edward Fernando Montoya Gómez. 3.5.- El 13 de abril de 2010 el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito con función de conocimiento profirió sentencia condenatoria contra el demandante Montoya Gómez. 3.6.- El 25 de junio de 2010 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal revocó la decisión anterior y, en aplicación del principio de in dubio pro reo, absolvió al demandante Montoya Gómez. 4.- De acuerdo con lo afirmado por los demandantes, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el demandante Edward Fernando Montoya Gómez fue capturado el 1o de septiembre de 2009, cuando se anunció el sentido de fallo condenatorio en el juicio oral; (ii) el 13 de abril de 2010 el juez penal de primera instancia dictó sentencia condenatoria y (iii) el 25 de junio de 2010 fue absuelto en segunda instancia. 5.- Los demandantes afirmaron que el demandante Montoya Gómez sufrió un daño antijurídico debido a que fue detenido y luego absuelto porque <<no cometió el delito que se le imputó>>. Adicionalmente, señalaron que existió un error judicial y una falla del servicio derivada del juicio penal que se adelantó, pues no se

observaron las imprecisiones en las versiones rendidas por la menor y su abuela. 6.- En relación con los perjuicios, los demandantes indicaron que: (i) la víctima directa dejó de percibir ingresos de su actividad laboral como escolta del DAS debido a la privación de la libertad; (ii) se vio obligado a incurrir en gastos de defensa judicial; (iii) dejó de percibir utilidades por las clases que se realizaban en el gimnasio, al punto que tuvo que cerrarlo; (iv) tanto la víctima directa como sus familiares sufrieron perjuicios morales con ocasión de la detención de Edward Fernando Montoya Gómez, en tanto que se vio <<truncado su sueño de estudiar y poder mejorar su calidad de vida y la de su núcleo familiar (…) debido a la baja autoestima>>. Adicionalmente, se señaló que la madre de la víctima directa falleció debido a las complicaciones en su salud, producto de la angustia que le generó la decisión condenatoria de su hijo. B.- Posición de las entidades demandadas 7.- La Fiscalía se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda. Como argumentos de defensa propuso las siguientes excepciones: (i) la culpa exclusiva de la víctima, debido a que no se desvirtuó la inocencia del demandante Montoya Gómez, sino que se dio el beneficio de la duda sobre la conducta reprochable que dio origen al proceso penal; (ii) la ausencia del nexo causal entre las actuaciones de la Fiscalía y el daño alegado, porque fue el juez penal quien ordenó la privación de la libertad del demandante Montoya Gómez, cuando emitió el sentido del fallo

condenatorio; (iii) la ausencia en el fundamento del título de imputación atribuido a la Fiscalía, toda vez que en la demanda se adujo un error judicial, pero no se indicaron las providencias emitidas por la Fiscalía que contenían el error judicial y (iv) la inexistencia de falla en las actividades propias de la Fiscalía, en cuanto su actuación fue acorde a la Constitución y la ley. 8.- La Rama Judicial también se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda. Como argumentos de defensa, expuso que: (i) no se demostró que la privación de la libertad de la víctima directa fuera injusta, ni que la Rama Judicial hubiera incurrido en error judicial porque se falló teniendo en cuenta la valoración de las pruebas aportadas; (ii) no existió nexo causal entre la actuación de los jueces penales y el daño alegado y (iii) el demandante Montoya Gómez fue absuelto por falta de certeza respecto de su responsabilidad penal; sin embargo, en el proceso penal no se demostró que no hubiera cometido el delito por el cual fue procesado. También propuso como excepción el hecho de un tercero, toda vez que fue la denuncia de la abuela de la menor la que generó la investigación penal contra el demandante Montoya Gómez. C.- Sentencia recurrida 9.- En la sentencia del 25 de abril de 2013 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B adoptó las siguientes decisiones: 9.1.- Negó las excepciones propuestas por la parte demandada, excepto la de la culpa exclusiva de la víctima, porque consideró que fue el actuar de la víctima directa y no la denuncia de abuela de la menor la que originó la investigación

penal. Adicionalmente, señaló que si bien la Fiscalía no era la entidad llamada a responder patrimonialmente por la privación de la libertad del demandante Montoya Gómez, sí le asistía legitimación en la causa por pasiva por haber actuado como parte investigadora en el proceso penal. 9.2.- Negó las pretensiones de la demanda porque declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, en tanto que: (i) <<si el señor Edward Fernando Montoya Gómez se desempeñaba como escolta del representante Wilson Borja y estaba obligado a acompañarle todo el tiempo, no existe justificación alguna para que el demandante evadiera su jornada de trabajo como escolta y asistiera al gimnasio que era administrado por su esposa (…) Es claro que si el señor Edward Fernando Montoya Gómez no hubiera faltado a su jornada de trabajo como escolta y entrado en conversación y amistad con la menor KVUG, esta ni siquiera hubiera conocido su nombre y no hubiera sido posible que la menor manifestara en sus relatos que ella se sentía atraída por él (…)>> y (ii) si bien el demandante Montoya Gómez fue absuelto por duda en relación con las circunstancias de tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, ello, no implicaba que no hubieran ocurrido, pues no se <<demostró que la menor hubiera mentido o fantaseado en su relato, sino que por el contrario, el presunto hecho de que el demandante hubiera cortejado a una menor de 11 años y luego la hubiera convencido de besarlo en la boca y tocarle sus genitales para masturbarlo, es de por si una conducta moralmente reprochable (…) por la cual el demandante se colocó en una

situación de ser investigado>>. D.- Recurso de apelación 10.- La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara integralmente y se concedieran las pretensiones de la demanda, toda vez que: (i) no se demostró que el demandante Montoya Gómez, con sus actuaciones, hubiera provocado su detención; (ii) el tribunal no tuvo en cuenta que el día en que supuestamente ocurrieron los hechos el demandante Montoya Gómez posiblemente se encontraba en su día de descanso y acudió al gimnasio porque es el propietario, sino que asumió que el demandante faltó a su trabajo como escolta para interactuar con la menor; (iii) se probó que la privación de su libertad fue ordenada a pesar de la carencia de material probatorio que debió recolectar la Fiscalía y (iv) debió analizarse el asunto bajo un régimen objetivo de responsabilidad, porque el demandante Montoya Gómez fue absuelto por las dudas que se generaron después de la indebida interpretación que el juez penal de primera instancia realizó de los testimonios de la menor KVUG y su abuela María del Carmen Gómez Vásquez.

II. CONSIDERACIONES E.- Asuntos procesales 11. - La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término legal previsto en el artículo 136 del C.C.A. La sentencia absolutoria data del 25 de junio de 20101 y la demanda se radicó el 13 de enero de 2012.

F.- Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

12.- Con el certificado expedido por el INPEC2, la boleta de libertad3 y la orden de libertad por parte del director del establecimiento carcelario4 está probado que el demandante Edward Fernando Montoya Gómez estuvo privado de la libertad entre el 1o de septiembre de 2009 y el 28 de junio de 2010, esto es, por un periodo nueve meses y veintiocho días. 13.- Está demostrado que mediante sentencia del 25 de junio de 2010 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, absolvió al demandante Edward Fernando Montoya Gómez de la responsabilidad penal por el delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años en aplicación del principio in dubio pro reo, debido a que las pruebas sobre la participación del antes nombrado en los hechos investigados generaban dudas que no permitían condenarlo5. 1 Si bien en el expediente no obra constancia de ejecutoria de la sentencia absolutoria, se consultó el sistema de información de la Rama Judicial y se encontró que la ejecutoria de la sentencia es del 28 de junio de 2010. 2 Fl. 29, c.1. 3 Fl. 31, c.1. 4 Fl. 30, c.1. 5 Fl. 80 – 105, c. 1. 14.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia y condenará a la Rama Judicial porque se probó la ilegalidad de la detención dispuesta en la audiencia de juicio oral en la que se anunció el sentido del fallo condenatorio. En efecto, se dictó orden de captura al sindicado -la cual no había sido dispuesta en el momento

de la imputacióny no se indicaron las razones que generaban la necesidad de imponer tal medida sin esperar a que se profiriera la sentencia de segunda instancia. El artículo 450 de la Ley 906 de 2004 dispone: <<[s]i al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento>>. Sobre el alcance de esta disposición, la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-342 de 2017 lo siguiente: <<(…) La Sala precisa, que la expresión “necesidad” de la privación de la libertad que se disponga con el anuncio del sentido del fallo, contenida en el inciso final del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal demandado, conforme al cual “Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento”, no se refiere a los presupuestos reiterados para privar de la libertad a un ser humano durante la etapa de la investigación previstos en los artículos 308 a 310 del Código de Procedimiento Penal, relacionados con que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, pues para el momento en el que se anuncia el sentido del fallo, las etapas de investigación y juzgamiento ya han terminado; o porque el imputado constituye un peligro para la seguridad de

la sociedad o de la víctima, porque dicha valoración corresponde a la etapa inicial del proceso y no a la condena; o porque resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso, pues el mismo ha llegado a la fase final con el anuncio del sentido del fallo, sino que se refiere a los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, especialmente consignados en los artículos 54 y 63 del Código Penal. Solo así puede entenderse la expresión “necesidad” contenida en el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal.>>. G.- Plan de exposición 15.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad6. En consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la detención impuesta en el juicio oral, cuando se anunció el sentido de fallo condenatorio; (ii) la entidad imputada, (iii) el analisis de la culpa de la víctima y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación. H.- La ilegalidad de la detención impuesta en el juicio oral, cuando se anunció el sentido del fallo condenatorio 16.- El demandante Montoya Gómez fue detenido en la audiencia de juicio oral en la que se anunció el fallo condenatorio. Al momento de la imputación no se había solicitado la privación de su libertad y la sentencia se profirió luego de transcurridos dos (