CE-SECCION TERCERA-25000-23-31-000-1996-03296-01(16853)-2016

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE

APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE

ESTADO / IMPEDIMENTO DE LOS CONSEJEROS DE ESTADO DE LA

SECCIÓN TERCERA / IMPEDIMENTO POR CONOCIMIENTO PREVIO DEL

PROCESO / IMPEDIMENTO POR HABER CONOCIDO DEL PROCESO EN

INSTANCIA ANTERIOR / ACEPTACIÓN DEL IMPEDIMENTO DE CONSEJERO

DE ESTADO / PROCEDENCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL IMPEDIMENTO /

REQUISITOS DE LA ACEPTACIÓN DEL IMPEDIMENTO / CONFIGURACIÓN

DEL IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO

[L]a señora Magistrada Myriam Guerrero de Escobar manifestó su impedimento para conocer del proceso en segunda instancia, comoquiera que en su condición de Magistrada del Tribunal de primera instancia le correspondió participar en la expedición del fallo impugnado, por tanto se aceptará el impedimento que al respecto ha formulado, con fundamento en lo previsto en el numeral 2 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se deja constancia de que la mencionada Magistrada ha sido apartada del conocimiento del asunto y no participa ni interviene en el estudio y decisión de este fallo.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 150

NUMERAL 2

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE

APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE

ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL RECURSO DE

APELACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE

APELACIÓN / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD ESTATAL / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / IDEMA / NATURALEZA JURÍDICA DEL IDEMA / RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL IDEMA / PERSONERÍA JURÍDICA / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA / PATRIMONIO AUTÓNOMO Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue modificado por artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, teniendo en cuenta que el INSTITUTO PARA EL MERCADEO AGRUPECUARIO -IDEMAera una entidad estatal con personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente y, además, es del conocimiento de esta Corporación por cuanto la Ley 80 de 1993 en su artículo 75 prescribe, expresamente, que la jurisdicción competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 82 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30 / LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75

MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE

SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN /

GENERALIDADES DEL RECURSO DE APELACIÓN / DERECHO DE

IMPUGNACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA /

COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / DECISIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala considera pertinente señalar que en el presente proceso la apelación fue formulada únicamente por la entidad demandada y que la impugnación se encuentra referida al pago del capital indexado conjuntamente con los intereses moratorios, a la justificación de la mora con la situación económico-administrativa del IDEMA y a la aplicación de normas del Código Civil Colombiano, lo cual obliga a concluir que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados, razón por la cual la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno sobre otros aspectos de la litis. (…) [E]l recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra la decisión judicial que contiene una sentencia, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional, que decida sobre los aspectos que se plantean en segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del C. de P. C.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVILARTÍCULO 357

MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA

INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / GENERALIDADES DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / DECISIÓN DEL JUEZ

DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA

SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

[P]ara el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por los recurrentes, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación opera el principio de la congruencia de la sentencia.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de congruencia de la sentencia, ver sentencia de la Corte Constitucional C 583 de 1997.

RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL

PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN

PEJUS / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / APELANTE ÚNICO / DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL Otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem para efectos de proferir el fallo respectivo con el que ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la no reformatio in pejus, por virtud de la cual no es válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único en la sentencia de primera instancia. Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 31

ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS - Límites /

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / APELANTE ÚNICO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL FALLO INHIBITORIO / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA / EXCEPCIÓN DE

APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS EN

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE

NON REFORMATIO IN PEJUS

[L]a no reformatio in pejus -al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutelano tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i).- En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva hubiere sido formulada por un solo interesado, lo cual comprende tanto las hipótesis en las cuales la apelación hubiere sido interpuesta por diversos sujetos procesales que comparten un mismo interés o que integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), como los eventos en los cuales si bien la apelación proviene de diversos sujetos procesales lo cierto es que cada una de tales impugnaciones se refiere a puntos, a decisiones o a intereses diferentes entre sí, totalmente independientes y que, por tanto, no chocan ni se contradicen. ii).- En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “… aun cuando fuere desfavorable al apelante” (artículo 357, inciso final, C. de P. C.).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 357

NOTA DE RELATORÍA: Acerca del alcance de la garantía de la no reformatio in pejus ver sentencia de 10 de agosto de 2000, Exp. 12648, C.P. María Elena

Giraldo Gómez, sentencia C 583 del 13 de noviembre de 1997 y sentencia de 18 de julio de 2002, Exp. 19700.

MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA

INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / GENERALIDADES DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / DECISIÓN DEL JUEZ

DE SEGUNDA INSTANCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON

REFORMATIO IN PEJUS / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON

REFORMATIO IN PEJUS

[S]i la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único -y con ello para el resto de las partes del proceso-, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse

conforme con ellos. De esta manera resulta claro que el límite material que para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera diáfana con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación.

IMPROCEDENCIA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA /

PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE

APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / APELANTE

ÚNICO / ENTIDAD ESTATAL / IDEMA

[E]n el presente caso no hay lugar a tramitar el grado jurisdiccional de consulta toda vez que si bien el proceso es de doble instancia y se condenó a la entidad pública por un valor que excede de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales, la sentencia fue apelada, precisamente, por la entidad pública demandada, en cuyo favor opera esta figura.

PARTES DEL CONTRATO / CONTRATO DE SUMINISTRO / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / IDEMA / NATURALEZA JURÍDICA

DEL IDEMA / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO /

ENTIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL / INTEGRACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL / LIQUIDACIÓN DEL IDEMA / FUNCIONES DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / INTEGRACIÓN

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL /

CONTRATISTA / SOCIEDAD COMERCIAL El Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA fue creado por la Ley 5a de 1944 y reorganizado por los Decretos 1050, 2420 y 3130 de 1968, 2136 de 1992 y la Ley 10 de 1993; de conformidad con el Decreto 1279 de 1994 era una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Agricultura (…); El IDEMA fue suprimido y liquidado, de conformidad con el Decreto 1675 del 27 de junio de 1997, por lo cual sus obligaciones y sus derechos fueron asumidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (…) La sociedad comercial (…), fue constituida mediante escritura pública (…), inscrita en la Cámara de Comercio.

FUENTE FORMAL: LEY 5 DE 1944 / DECRETO 1050 DE 1968 / DECRETO 2420

DE 1968 / DECRETO 3130 DE 1968 / DECRETO 2136 DE 1992 / LEY 10 DE 1993 / DECRETO 1279 DE 1994 / DECRETO 1675 DE 1997

CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMATIVIDAD DE LA CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / RÉGIMEN

CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO

GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA /

CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE

INTEGRACIÓN NORMATIVA

REQUISITOS LEGALES DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO / REQUISITOS

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Al contrato (…) le es aplicable la Ley 80 proferida en el año de 1993, la cual se caracteriza por permitir la integración de normas de Derecho Público y normas de Derecho Privado. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 prescribe que los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere dicho estatuto, ya sea que se encuentren “previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad”, así como los que a título enunciativo allí se establecen, se tendrán como “contratos estatales”.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32

CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMATIVIDAD DE LA CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / RÉGIMEN

CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / APLICACIÓN DEL

CÓDIGO DE COMERCIO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA

VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / FINALIDAD DE LA

CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA

[L]os artículos 13 y 40 de la (…) Ley 80 proferida en el año de 1993 (…)

establecen que los contratos estatales se rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la propia Ley 80 y también que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. (…) Por su parte, el Decreto 679 de 1994, reglamentario de la Ley 80 de 1993, establece en su artículo 8° que en las materias no reguladas por la ley "se aplicará la legislación comercial cuando el contrato tenga el carácter de mercantil de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 22 del Código de Comercio. En caso contrario se aplicará la legislación civil".

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13 / LEY 80 DE 1993ARTÍCULO 40 / DECRETO 679 DE 1994 / CÓDIGO COMERCIO - ARTÍCULO 20 / CÓDIGO COMERCIO - ARTÍCULO 21 / CÓDIGO COMERCIO - ARTÍCULO

22

NOTA DE RELATORÍA: Sobre las normas aplicables a los contratos estatales y el régimen de contratación del Estado, ver sentencia de la Corte Constitucional.

Sentencia C 892 de 22 de agosto de 2001, M.P Rodrigo Escobar Gil. En relación con la aplicación de las reglas de derecho público y derecho privado a los contratos estatales, ver auto de 20 de agosto de 1998, Exp. 14202, C.P. Juan de Dios Montes y sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp. 14579. C.P. Germán

Rodríguez Villamizar.

CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMATIVIDAD DE LA CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONTRATO

ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO

PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO

PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE

CONTRATACIÓN / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / RÉGIMEN

CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA La jurisprudencia de esta Corporación también se pronunció respecto de la importancia de las normas del Derecho Privado en el contrato administrativo, bajo el estatuto contractual contenido en el Decreto-ley 222 de 1983, así como de su carácter subsidiario, teniendo en cuenta que la definición legal del contrato administrativo contenida en el artículo 16 dejaba un amplio margen de aplicación del Derecho Privado a los tipos contractuales. Esta jurisprudencia sigue teniendo plena vigencia.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 16

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación de las normas de derecho privado a la contratación estatal, ver sentencia de 13 de mayo de 1988, Exp. 4303, C.P.

Carlos Betancur Jaramillo.

ETAPA PRECONTRACTUAL / PROCESO DE SELECCIÓN / SELECCIÓN DE

CONTRATISTA / CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMATIVIDAD DE LA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO

GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA /

APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO En la etapa precontractual la aplicación de reglas del Derecho Privado es limitada y la mayoría de su contenido, relacionado con los procesos de selección, se concentra en el Derecho Público, razón por la cual las normas supletivas han de encontrarse en la primera parte del Código Contencioso administrativo, especialmente en lo referente al procedimiento administrativo.

ETAPA CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO /

CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO

DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / NORMATIVIDAD DEL

CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / PRINCIPIO DE

INTEGRACIÓN NORMATIVA

[E]n la etapa de ejecución contractual se aplican con mayor amplitud normas propias del Derecho Privado relacionadas con la teoría general de los contratos y de las obligaciones, en armonía con muchas otras que son propias del Derecho Público como las que regulan requisitos de perfeccionamiento y de ejecución, la ecuación económico-financiera del contrato, las cláusulas excepcionales al derecho común, la tasa de interés supletiva y el silencio administrativo.

CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMATIVIDAD DE LA CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / RÉGIMEN

CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / APLICACIÓN DEL

CÓDIGO DE COMERCIO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN /

ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA / PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA

[T]eniendo en cuenta que no existen en estricto sentido contratos celebrados por la Administración Pública que se rijan totalmente por el Derecho Público, se puede concluir que al contrato (…) le eran aplicables, además de las reglas propias de los contratos celebrados por las entidades estatales, normas de los Códigos Civil y de Comercio, así como disposiciones especiales.

OBLIGACIÓN DINERARIA / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / OBLIGACIÓN DE PAGAR

SUMA DE DINERO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS

/ PERJUICIO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS / PRESUNCIÓN DE DAÑO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PAGO DE

INTERÉS MORATORIO / INTERESES MORATORIOS POR NO PAGO

OPORTUNO / OBLIGACIONES DEL ACREEDOR / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / NEXO CAUSAL / NEXO DE CAUSALIDAD Cuando la obligación incumplida es la de pagar una cantidad líquida de dinero, la ley presume la existencia del daño, sin que surja para el acreedor la necesidad de probarlo, por cuanto el mismo se produce solamente con el transcurso del tiempo desde el momento en el cual el deudor debió satisfacer la acreencia y no lo hizo; por ello, tanto el Código Civil como el Código de Comercio determinan la indemnización de perjuicios procedente, consistente en el pago de intereses de

mora, lo cual no se traduce en la imposibilidad de reconocer a favor del acreedor otros perjuicios que él pudiera sufrir con ocasión del incumplimiento del deudor respecto de la obligación de pagar oportunamente una suma de dinero, pues si bien no se presumen, sí son indemnizables en la medida en que se pruebe dentro del respectivo proceso su existencia y su nexo causal con el incumplimiento. OBLIGACIONES DINERARIAS / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / INTERESES MORATORIOS POR NO PAGO OPORTUNO / INTEGRALIDAD DEL PAGO Para que el pago como modo de extinguir las obligaciones produzca efectos liberatorios debe ser completo, lo cual implica que el deudor debe hacerlo, de conformidad con el artículo 1627 del Código Civil Colombiano, “bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación…” y debe comprender tanto el capital como “los intereses e indemnizaciones que se deban” (inc.2. art. 1649 del C.C.); además, en términos del artículo 1626 del Código Civil: “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, lo cual implica que en las obligaciones de dar, la satisfacción de la deuda sólo se logra con la entrega de la cosa debida (art. 1605 del C.C.).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1627 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 1649 INCISO 2 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1626 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 1605

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de la integralidad del pago, ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 19 de noviembre de 2001, Exp.

6094, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

OBLIGACIONES DINERARIAS / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

DINERARIAS / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / PAGO PARCIAL / VALOR

NOMINAL / UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE / AJUSTE POR INFLACIÓN / PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO / INDEXACIÓN - Directa e indirecta / IPC / CÁLCULO DE LA UVR / TASA DE INTERÉS / TASA DE INTERÉS NOMINAL En el evento de que se presenten obligaciones dinerarias impagadas, si el pago sólo se hiciese por el valor monetario estipulado (valor nominal) sin verificar su poder adquisitivo, se favorecería al deudor y se generaría un detrimento en el patrimonio del acreedor, teniendo en cuenta que, al generarse inflación, el dinero de hoy no es intrínsecamente el mismo de ayer, lo cual implicaría que el deudor estaría entregando una suma menor a la debida y, por ello, sería insuficiente para obligar al acreedor a recibirla y para generar efecto liberatorio de la obligación. (…) En relación con el método a emplear para recuperar la pérdida de poder adquisitivo del dinero, (…) será necesario observar si se trata de uno de aquellos métodos de indexación directos, según los cuales la suma adeudada se somete a un factor de ajuste temporal (IPC, UVR, salario mínimo, gramo oro, entre otros), o

si se trata de un método de indexación indirecta (…). Uno de esos métodos indirectos hace referencia a la tasa de interés que incluye un componente inflacionario la cual “conlleva al reajuste indirecto de la prestación dineraria”, como es el caso del interés legal consagrado en los artículos 883 y 884 del Código de Comercio.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 883 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 884

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 8 de junio de 1999, Exp. 5127, sentencia de 9 de septiembre de 1999, Exp. 5005, sentencia de 28 de junio de 2000, Exp. 5348, sentencia de noviembre 19 de 2001, Exp. 6094, M.P.

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, sentencia de 19 de noviembre de 2001, Exp. 6094, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

OBLIGACIONES DINERARIAS / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA /

INTERÉS LEGAL / INTERÉS COMERCIAL / PAGO DEL INTERÉS

COMERCIAL / IMPROCEDENCIA DE AJUSTE MONETARIO /

IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / LÍMITES DE LA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / INTERÉS BANCARIO CORRIENTE / RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO TOTAL DE LA

OBLIGACIÓN / INTEGRALIDAD DEL PAGO

[C]uando el pago involucra el reconocimiento de intereses legales comerciales, no

pueden los jueces ordenar simultáneamente el ajuste monetario de la suma adeudada, por cuanto, bien sea remuneratorio o moratorio, el interés bancario corriente que les sirve de base para su cuantificación (art. 884 C. de Co.), ya incluye, per se, la mencionada corrección, teniendo en cuenta que se desagrega en varios factores tales como el interés propiamente dicho, una tasa de seguridad que cubre el riesgo asumido por quien otorga el préstamo, gastos de operación, componente inflacionario, entre otros conceptos admitidos por la jurisprudencia y la doctrina, así como por la autoridad encargada de realizar la inspección y vigilancia de las entidades financieras.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 884

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 11 de mayo de 2000, Exp. 5427 y sentencia de 19 de noviembre de 2001, Exp. 6094, M.P. Carlos

Ignacio Jaramillo Jaramillo.

OBLIGACIONES DINERARIAS / TASA DE INTERÉS / TASA BANCARIA

CORRIENTE / UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE / AJUSTE POR

INFLACIÓN / PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO /

INDEXACIÓN / RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO

TOTAL DE LA OBLIGACIÓN / INTEGRALIDAD DEL PAGO

[R]especto de esta clase de tasas, específicamente de la bancaria corriente (art. 884 C. de Co.), se puede afirmar que su función no se reduce a determinar el

costo por el uso del dinero, sino que también tiene como propósito, indirecto, compensar al acreedor por la pérdida de poder adquisitivo del dinero.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 884

OBLIGACIONES DINERARIAS / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / OBLIGACIONES CIVILES / INTERÉS PURO / TASA DE INTERÉS / PAGO DE

INTERESES / CORRECCIÓN MONETARIA / TASA DE INTERÉS / TASA

BANCARIA CORRIENTE / UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE /

AJUSTE POR INFLACIÓN / PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO

[R]especto de las obligaciones de carácter civil, específicamente, en aquellas situaciones en las cuales sólo se reconoce el interés puro, tal como ocurre con el interés legal civil (inciso 2 numeral 1 del artículo 1617 e inciso 2 del artículo 2232 del Código Civil), nada impide que el pago se efectúe, incluyendo, además de la tasa de interés, la corrección monetaria, porque en tal caso la respectiva tasa sólo refleja el costo adeudado por el uso del dinero, sin tener en cuenta el poder adquisitivo del mismo, por cuanto la metodología a la cual se hizo alusión, indexación indirecta a través de los intereses bancarios corrientes, sólo se aplica en los casos de responsabilidad contractual de origen mercantil.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1617 NUMERAL 1 INCISO 2 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2232 INCISO 2

CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMATIVIDAD DE LA CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA /

ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE

CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / INDEMNIZACIÓN AL

CONTRATISTA / REPARACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS / DERECHOS

DEL CONTRATISTA / ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD

PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / INGRESOS DEL CONTRATISTA /

OBTENCIÓN DE UTILIDAD PARA EL CONTRATISTA / PAGO AL

CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL

CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL /

CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIÓN

FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCESO DE SELECCIÓN /

SELECCIÓN DEL CONTRATSTA / LICITACIÓN PÚBLICA / CONCURSO DE MÉRITOS El ordenamiento jurídico colombiano, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 80 proferida en el año de 1993 -comoquiera que con antelación a dicho momento nada se había previsto de forma expresa en el Estatuto Contractual de la / Administración Públicatras superar la tesis de la improcedibilidad del reconocimiento de intereses moratorios en este tipo de relaciones negociales, previó diversas disposiciones con la finalidad de asegurar la reparación integral del daño antijurídico o perjuicio causado por la Administración Pública. Pues bien, los artículos 4.8 y 5.1 de la citada Ley 80 consagraron el derecho, para el contratista, consistente en que la Administración le mantenga el valor intrínseco de la remuneración pactada, al tiempo que establecieron el correlativo deber, a cargo de

la Administración, consistente en adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones económicas y financieras que se tuvieron en cuenta al momento de la contratación o de la licitación o concurso, según fuere el caso.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 INCISO 8 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 INCISO 1

CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS

MORATORIO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / INTERÉS

LEGAL / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS LEGAL / CÁLCULO DEL INTERÉS

MORATORIO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / COBRO DEL INTERÉS

MORATORIO / EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO / VALOR

HISTÓRICO ACTUALIZADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA /

PAGO DE INTERÉS MORATORIO / CONTRATACIÓN ESTATAL /

NORMATIVIDAD DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN DE

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ESTATUTO GENERAL DE

CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

[L]a ley previó la posibilidad de que las partes incluyesen, dentro de las estipulaciones contractuales, el correspondiente pacto de intereses moratorios, no obstante lo cual, a falta de determinación convencional en relación con los mismos dispuso que éstos serían equivalentes “[a]l doble del interés legal civil” calculado “sobre el valor histórico actualizado”, esto es, el 12% anual -teniendo en cuenta

que el interés civil moratorio ha sido previsto por el artículo 1617 del C.C., en el 6% anualsobre el referido valor histórico actualizado. Por su parte, el Decreto Reglamentario No. 679 de 1994, en su artículo 1, señaló la forma mediante la cual debe determinarse el valor histórico actualizado al cual hace alusión