CE-SECCION TERCERA-44001-23-31-000-2007-00207-01(61551)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA

LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DE ESTADO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 de Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINITRATIVO – ARTÍCULO 86

DERECHO DE ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REITERACIÓN DE LA

JURISPRUDENCIA / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PLAZO Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bipolar, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna

en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y Sentencia C-574 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2006. exp.6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres y sentencia del 30 de enero de 2013

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

/ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /

PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que,

tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante. (…) En ese sentido, el término de caducidad para ejercer la acción de reparación directa de forma oportuna empezó a correr el (…) día siguiente a la diligencia de secuestro y vencía el (…) Sin embargo, como la demanda se presentó el (…) esto es, dos meses después de haber fenecido el término dispuesto por el legislador, la Sala encuentra que la acción de reparación directa caducó.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

136

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21 de septiembre de 2017, exp. 55999, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2018, exp. 43613, exp.

Carlos Alberto Zambrano Barrera

FUNCIONARIO JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA /

PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / SECUESTRO DE BIEN / SECUESTRO DE BIEN INMUEBLE / PROPIEDAD / PREDIO /

RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA /

PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / INEXISTENCIA

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR

JURISDICCIONAL

[E]s menester poner de presente que el funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y sin alterar los hechos de la demanda, manifestando de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello. En el sub examine la parte demandante alega la existencia de un daño antijurídico, que hace consistir en el secuestro de bienes muebles de su propiedad dentro de un proceso de restitución de inmueble, los cuales no hacían parte del referido proceso ni estaban gravados con medida cautelar. Ahora bien, toda vez que en la presente demanda de reparación directa el reproche de responsabilidad del Estado se estructura bajo el título de imputación de error jurisdiccional, es deber de la Sala advertir que una vez analizados los hechos y fundamentos expuestos en el escrito introductorio, se dará aplicación al principio iura novit curia y se adecuará el caso concreto para examinarlo bajo el régimen de atribución de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues se observa que la circunstancia sobre la cual se pretende edificar la responsabilidad estatal no está contenida en una providencia judicial, sino que se fundamenta en la actuación

irregular del Juzgado Civil Municipal (…) al llevar a cabo el secuestro de bienes muebles de propiedad de la aquí demandante, a pesar de que sobre los mismos no recaía una medida cautelar. Lo anterior, no implica de manera alguna un desbordamiento, alteración o modificación de la causa petendi, ni un curso arbitrario al proceso, pues el daño y las pretensiones a las que se hace referencia en el libelo introductorio se analizarán de conformidad con lo expuesto en aquel. Así las cosas, en adelante, el estudio del presente asunto se realizará bajo la óptica del régimen de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 14 de junio de 2019, exp. 25000-23-26-000-2011-00089-01 (46800), C.P. María Adriana Marín NOTA DE RELATORÍA: Con aclaraciones de voto de Consejero de Estado Guillermo Sánchez Luque 36146-15#1 y 46974-18 #2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 44001-23-31-000-2007-00207-01(61551)

Actor: STELLA HILVA MOLINA DE PALACIO

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Tema: Responsabilidad de Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Secuestro y embargo de bienes muebles equivocados.

Aplicación del principio de iura novit curia. Configuración de la caducidad de la acción. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de febrero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Mediante auto del 2 de agosto de 2005, el Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar ordenó el embargo y secuestro de bienes muebles del establecimiento comercial “Estación de Servicio el Sol”, dentro del proceso de restitución de inmueble promovido por Hernán Daza Cuello contra Amiro José Palacio Molina y Luis Alfonso Pérez Guerra, quienes fueran los propietarios del mencionado negocio. Sin embargo, el 8 de agosto de 2005, cuando se llevó a cabo la diligencia de secuestro, ésta se ejecutó sobre los bienes muebles de un establecimiento de comercio distinto, denominado “E.D.S. El Sol”, de propiedad de Stella Hilva Molina de Palacio, el cual, para ese momento, se encontraba funcionando en el mismo inmueble donde estuvo ubicada la “Estación de Servicio el Sol”.

Posteriormente, del 30 de septiembre de 2005, el Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar ordenó al secuestre entregar los bienes muebles que habían sido secuestrados a su propietaria Stella Hilva Molina de Palacio. La demandante considera que el Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar incurrió en un

error jurisdiccional, toda vez que secuestró bienes de su propiedad dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado, los cuales no hacían parte mismo ni estaban gravados con medida cautelar.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda El 10 de octubre de 20071, Stella Hilva Molina de Palacio, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en 1 Fl. 1 a 8, C.1. contra de la Nación – Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional en que incurrió el Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar, al haber secuestrado bienes muebles de un establecimiento de comercio de su propiedad, dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado, los cuales no hacían parte de dicho proceso ni estaban gravados con medida cautelar.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, “lo que se pruebe en el presente proceso”, por daño emergente, la suma de $184.973.100; y por lucro cesante, la suma de $198.250.000. En apoyo de las pretensiones, la actora afirma que Hernán Daza Cuello presentó demanda de restitución de inmueble arrendado -sin fecha de radicacióncontra Amiro José Palacio Molina y Luis Alfonso Pérez Guerra, quienes fueran los propietarios del establecimiento comercial “Estación de Servicio el Sol”; entre otros motivos, por el incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento. Manifiesta que este proceso le correspondió por reparto al Juzgado Civil Municipal

de San Juan del Cesar. Señala que mediante auto del 2 de agosto de 2005, el Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar ordenó el embargo y secuestro de los bienes muebles del establecimiento de comercio “Estación de Servicio el Sol”. Indica que el 8 de agosto de 2005, cuando se llevó a cabo la diligencia de secuestro, ésta se ejecutó sobre los bienes muebles de un establecimiento distinto, denominado “E.D.S. El Sol”, de propiedad de Stella Hilva Molina de Palacio, el cual, para ese momento, se encontraba funcionando en la misma dirección donde estaba ubicada la “Estación de Servicio el Sol”. Aduce que mediante auto del 30 de septiembre de 2005, el Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar ordenó al secuestre entregar los bienes muebles que habían sido secuestrados a Stella Hilva Molina de Palacio, al advertir que la medida cautelar recaía sobre bienes pertenecientes a un establecimiento de comercio distinto a aquel del cual ella era propietaria. La demandante considera que el Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar incurrió en un error jurisdiccional, toda vez que secuestró bienes de su propiedad dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado, los cuales no hacían parte del mismo ni estaban gravados con medida cautelar.

2. Contestación El 26 de mayo de 20142 el Tribunal Administrativo de La Guajira admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación – Rama Judicial3 indicó que no se ocasionó un daño antijurídico a

la demandante, porque si bien se efectuó el secuestro sobre bienes muebles equivocados, esto es, los pertenecientes al establecimiento de comercio “E.D.S. El Sol”, una vez advertida la irregularidad el Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar se procedió a entregarlos a su propietaria. Adicionalmente, señaló: […] no se puede haber causado un perjuicio de tan grandes proporciones e irremediable como lo quiere hacer ver el actor para obtener indemnización de perjuicios pecuniaria a cargo de mi representada, teniendo en cuenta que el actuar del juzgador fue de buena fe sin intención de inferir un daño, tan es así que enmienda su error a la mayor brevedad posible”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 11 de noviembre de 20144 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1 La demandante5 reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio. 3.2. La Nación – Rama Judicial guardó silencio. 3.2. El Ministerio Público6 estimó que el auto objeto de reproche no había cobrado firmeza, razón por la cual no era procedente estudiar un eventual error jurisdiccional. 2 Fl. 129, C.1. 3 Fl. 245 a 252, C.2. 4 Fl. 145 y 146, C.1. 5 Fl. 147 y 148, C.1. 6 Fl. 151 a 158, C.1.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 15 de febrero de 20187, el Tribunal Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño

antijurídico no era imputable a la entidad demandada, puesto que la providencia objeto de reproche había estado ajustada a derecho y no contenía una actuación dolosa o culposa del Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar. Al efecto, sostuvo que: “En el proceso se encuentra demostrado el daño sufrido por la accionante, esto es, secuestro de los productos derivados del petróleo y equipos del establecimiento comercial “EDS EL SOL” de su propiedad, con las providencias fechadas 2 de agosto y 30 de septiembre de 2005 respectivamente, las cuales da constancia por una parte, de la medida cautelar asumida por el Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar, La Guajira; y por otro lado, la orden al secuestre para que se entregara a la actora los bienes secuestrados […] Como se expuso con anterioridad, según la parte demandante el daño se produjo inicialmente porque el juez civil omitió oficiar a la Cámara de Comercio la orden de embargo a los bienes de propiedad del señor Amiro José de Palacio Molina; por lo que al ejecutarse el secuestro sin sujeción a lo dispuesto en la ley ordinaria que regula este tipo de procesos, se dio lugar a la causación de los perjuicios materiales cuya indemnización se reclaman […] Ahora bien de las pruebas arrimadas al paginario, anteriormente valoradas a la luz de los principios de la sana crítica, para la Sala no resulta posible deducir responsabilidad de la entidad demandada ya que estudiadas las providencias emanadas del Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar, La Guajira, que fueron aportadas con la demanda, se advierte que estas no son

contrarias a la ley por las siguientes razones: en cuanto al primer requisito [que la providencia debe ser proferida por una autoridad investida de facultad jurisdiccional] se probó que tanto el auto de fecha 2 de agosto y 30 de septiembre de 2005, fueron proferidos por el Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar, dentro del proceso adelantado contra el señor Amiro José Palacio Molina. En cuanto al segundo presupuesto [que no se ajuste a la realidad procesal o a la ley] según las pruebas, el Juzgado Civil al decretar la medida cautelar mediante proveído del 2 de agosto de 2005, omitió además oficiar a la Cámara de Comercio para que se le registrara la medida de embargo de los bienes del demandado Amiro José Palacios Molina, en este sentido, advierte la Sala que si bien la autoridad judicial pretermitió dicha actuación, la misma no constituye una actuación intencionalmente dolosa o culposa 7 Fl. 164 a 171, C.1. por parte del juez civil que conoció del proceso […] Para la Sala es claro que el pretender señalar la omisión del juzgado como intencional o caprichosa, no es coherente con la realidad procesal y probatoria ante la que se encontraba el juez al momento de su conocimiento del proceso civil, puesto que según las piezas probatorias allegadas al paginario, una vez dictada la medida cautelar -2 de agosto de 2005-, quien aparecía como propietario del establecimiento de comercio era el señor Palacio Molina, no obstante, por razones que se desconocen probatoriamente, cuatro días antes que se realizara la diligencia de secuestro -8 de agosto de 2005-,

en el local comercial funcionaba el establecimiento de comercio de propiedad de Molina de Palacio […] el aparente daño antijurídico alegado, consistente en el secuestro de los bienes de la accionante, una vez fue advertido por el juzgado civil, se subsanó con la orden al secuestre de la entrega de estos como protección a sus derechos, por lo cual, no se configura el error judicial que demanda la actora”.

5. Recurso de apelación El 28 de febrero de 20188 la demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 5 de abril de 20189 y admitido el 6 de julio de 201810. 5.1. La apelante11 indicó que el daño antijurídico era imputable a la entidad demandada, puesto había sido quien ordenó el secuestró de los bienes muebles del establecimiento de comercio “E.D.S. El Sol”.

Adicionalmente, alegó que: “Resulta válido destacar que el error judicial se cometió al hacer recaer la medida previa sobre [bienes muebles] de un establecimiento de comercio que resultó no ser de propiedad de la parte ejecutada [Amiro José Palacio Molina y Luis Alfonso Pérez Guerra] sino de mi mandante. Al consumarse la medida se causan perjuicios de la tercera persona ajena al proceso. De allí que, se hizo necesaria la intervención de la tercera en el proceso para procurar el levantamiento de la cautela. Ante la solicitud de mi mandante, el juez civil reorientó su posición y corrigió el rumbo del proceso, con lo cual abandonó su error. Lo cual no significa que no se haya cometido un error, ni que

no se hayan causado perjuicios”. 8 Fl. 173 a 176, C.1. 9 Fl. 178, C.1. 10 Fl. 184, C.1. 11 Fl. 126 a 130, C. 2.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 6 de septiembre de 201812 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante, la Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 15 de febrero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8613 de Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción 12 Fl. 186, C.1. 13 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la

reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general14, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción15, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y

garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también 14 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”. 15 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la

promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”. como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure16 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia17, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo

tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante18. 16 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 17 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

18 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 55999. En este sentido, es menester poner de presente que el funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y sin alterar los hechos de la demanda, manifestando de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello19. En el sub examine la parte demandante alega la existencia de un daño antijurídico, que hace consistir en el secuestro de bienes muebles de su propiedad dentro de un proceso de restitución de inmueble, los cuales no hacían parte del referido proceso ni estaban gravados con medida cautelar. Ahora bien, toda vez que en la presente demanda de reparación directa el reproche de responsabilidad del Estado se estructura bajo el título de imputación de error jurisdiccional, es deber de la Sala advertir que una vez analizados los hechos y fundamentos expuestos en el escrito introductorio, se dará aplicación al principio iura novit curia y se adecuará el caso concreto para examinarlo bajo el régimen de atribución de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues se observa que la circunstancia sobre la cual se pretende edificar la responsabilidad estatal no está contenida en una providencia judicial, sino que se fundamenta en la actuación irregular del Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar, al llevar a cabo el secuestro de bienes muebles de propiedad de la aquí

demandante, a pesar de que sobre los mismos no recaía una medida cautelar. Lo anterior, no implica de manera alguna un desbordamiento, alteración o modificación de la causa petendi, ni un curso arbitrario al proceso, pues el daño y las pretensiones a las que se hace referencia en el libelo introductorio se analizarán de conformidad con lo expuesto en aquel. Así las cosas, en adelante, el estudio del presente asunto se realizará bajo la óptica del régimen de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de conformidad co