CE-SECCION TERCERA-50001-23-31-000-2011-00379-01(60615)

ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRELACIÓN DE FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO La Sección Tercera de esta Corporación, en sesión del 5 de mayo de 2005, dispuso que las acciones de repetición tendrían prelación de fallo, razón por la cual esta Subsección se encuentra habilitada para resolver la controversia de manera anticipada.

FUENTE FORMAL: ACUERDO DEL 5 DE MAYO DE 2005 DE LA SALA PLENA

DEL CONSEJO DE ESTADO

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE REPOSICIÓN / COMPETENCIA DEL

CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA

OBJETIVA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante, de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 (…) [T]oda vez que se trata de una norma especial y posterior a las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo y de la Ley 446 de 1998, que fijan reglas sobre competencia por el factor objetivo de la cuantía.(…) De modo que, con independencia de la cuantía, la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer y decidir este proceso en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 678 de 2001, 129 del C.C.A y 13 del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.

FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 – ARTÍCULO 7 / LEY 446 DE 1998 /

CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 129 / ACUERDO 080

DE 2019

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 21 de abril de 2009, exp. 36049, C.P.

Mauricio Fajardo Gómez. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA La norma aplicable de caducidad, para la época en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a este proceso, era el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (…) [E]l término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, plazo que empezaría a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago (…) [E]n el expediente se encuentra probado que el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo (…) mediante sentencia (…) se efectuó el (…) esto es,

antes del vencimiento del plazo de 18 meses referido, razón por lo cual el término de caducidad de dos años empezó a correr desde el (…) hasta el (…) fecha en la cual se presentó la demanda (…) por lo que se concluye que se presentó de manera oportuna.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 9 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

177

NOTA DE RELATORÍA: Atinente al asunto, consultar, Corte Constitucional.

sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil

ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / CULPA GRAVE / FUNCIONARIO

PÚBLICO / EMPLEADO PÚBLICO / DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE

REPETICIÓN / CONCEPTO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / SERVIDOR PÚBLICO / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL

TIEMPO

[L]a acción de repetición fue prevista como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o exfuncionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. (…) Dicha ley [Ley 678 de 2001] definió la

repetición como una acción de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, que a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa den lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.(…) Ahora bien, para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban la acción de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido constante al aplicar la regla general, según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta una acción de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el dolo o la culpa grave del demandado, sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción, se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política). En tanto que, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la acción de repetición acaecieron

con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, como en el caso concreto, la norma sustancial aplicable para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo es el Código Civil.(…) En cuanto al aspecto procesal de la acción de repetición, se deben aplicar los preceptos de la Ley 678 de 2001, inclusive a aquellos procesos que se encontraban en curso para el momento en que entró en vigencia, pues según lo estableció el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso (…) Finalmente, la Sala reitera que como en este caso la conducta por la cual se enjuicia a la parte demandada ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, lo relativo a su valoración se hará con base en las disposiciones del Código Civil atinentes a la culpa grave y al dolo. (…) [R]esulta claro para la Subsección que los hechos que dieron origen al nacimiento de la obligación pecuniaria a cargo de la entidad actora ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001 y, por tanto, esta norma sólo resulta aplicable al presente caso en los aspectos procesales y no en aquellos que ostenten el carácter de sustancial. (…) Así entonces, la conducta endilgada al accionado se debe analizar a la luz de la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la actuación determinante del pago para cuya recuperación se adelanta la acción de repetición, esto es según el artículo 63 del Código Civil, FIUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE

1996 – ARTÍCULO 71 / LEY 678 DE 2001 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 63 / LEY 153 DE 1997 – ARTÍCULO 40 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 121 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 124 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 624 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 63

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de octubre de 2007, exp. 22098, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y sentencia proferida por esta misma Subsección el 12 de octubre de 2017, exp. 42802, C.P. (E) Marta Nubia Velásquez Rico.

ACCIÓN DE REPETICION / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

/ PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN /

REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE

PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / ENTIDAD ESTATAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DOLO La prosperidad de la acción de repetición se encuentra sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo

conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una obligación; b) su pago efectivo; c) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; d) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado y e) si esa conducta fue la causa de la imposición de la obligación económica. Se precisa que en caso de que alguno de los anteriores requisitos no se encuentre satisfecho, resultaría innecesario estudiar los demás.

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PROVIDENCIA JUDICIAL /

CONDENA / IMPUTACIÓN SUBJETIVA / CONDENA CONTRA EL ESTADO /

SENTENCIA DE CONDENA

[L]a Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido clara en exponer que las providencias judiciales sólo acreditan, principalmente, su propia existencia, la de una condena y el monto correspondiente por la que fue impuesta, por lo que las consideraciones fácticas y jurídicas plasmadas en ellas no prueban por sí solas la materialización de la imputación subjetiva necesaria para la declaratoria de prosperidad de la pretensión resarcitoria. En relación con lo anterior, es preciso poner de presente la jurisprudencia de esta Subsección acerca del alcance probatorio en los juicios de repetición –en relación con las posibles conductas dolosas o gravemente culposas de los demandadosde las sentencias que condenan al Estado en el curso de un trámite ordinario.

NOTA DE RELATORÍA: Acerca del alcance probatorio en los juicios de repetición sobre las posibles conductas dolosas o gravemente culposas de los demandados

de las sentencias que condenan al Estado en el curso de un trámite ordinario. consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de marzo de 2014, exp. 38455, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 7 de mayo de 2008, exp. 54001-23-31-000-1998-00869-01 (19307), C.P. Enrique Gil Botero y sentencia de 22 de julio de 2009, exp. 27779, C.P. Mauricio Fajardo Gómez ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DOLO / SERVIDOR PÚBLICO / EMPLEADO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / RESPONSABILIDAD

SUBJETIVA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES /

SENTENCIA CONDENATORIA / ACCIÓN DE REPETICIÓN / JUEZ

ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE DAÑOS

CAUSADOS POR AGENTE DEL ESTADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ENTIDAD ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO / SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA En el análisis de los elementos de procedencia de la acción de repetición, esta

Corporación ha señalado que los conceptos de culpa grave y dolo previstos en el Código Civil deben armonizarse con lo establecido en el artículo 6 y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, así como también con la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros postulados constitucionales como el de la buena fe (art. 83), al cual deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. Es clara, entonces, la determinación de que, en materia de responsabilidad subjetiva, el análisis de la conducta del agente juega un papel decisivo. De ahí que, como lo ha dicho esta Sección, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.(…) Así las cosas, en aquellos eventos regidos por la normativa anterior a la Ley 678 de 2001, la determinación de si una conducta es dolosa o gravemente culposa le impone al actor una carga probatoria, de modo que es a este a quien le corresponde demostrar tal circunstancia y solo en ese caso habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial al demandado.(…) [L]a Sala debe precisar que la sentencia condenatoria que da lugar a la demanda de repetición no constituye plena prueba de la conducta gravemente culposa del demandado. Cabe decir que la decisión del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial no ata al juez de la repetición, ya que, como lo ha sostenido esta Sección, en esta sede judicial pueden hacerse valoraciones y

calificaciones distintas, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del Estado o la legalidad de sus actuaciones administrativas, sino sobre la conducta del agente. En otras palabras, dado el carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al ejercicio de la acción de repetición, la condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y totalmente diferente al de la referencia no implica automáticamente la responsabilidad del agente o ex agente estatal que eventualmente hubiere dado lugar a la misma o que hubiere participado en los hechos correspondientes, pues la conducta que se le endilga a este debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el respectivo proceso de repetición. Como ya se dijo, la sentencia por la que se repite, a lo sumo, podría servir de punto de partida para determinar cuál es el hecho o la conducta que se predican constitutivas de dolo o culpa grave. En el caso objeto de estudio, la Sala advierte que, de acuerdo con la pauta jurisprudencial en comento y la sentencia condenatoria (…) contrario a lo alegado por la parte actora, la motivación del fallo que sirve de fundamento para incoar la acción de repetición esto es que se cercenaron los derechos de opción del señor (…) no resulta suficiente para comprometer la responsabilidad del demandado.(…) [en el caso bajo estudio] [T]eniendo en cuenta que la elaboración de un estudio técnico previo al acto de reforma de la planta de personal no era un requisito exigible, para la fecha en que se profirió el acto administrativo de supresión de cargos, y que la sentencia condenatoria que da lugar a la demanda de repetición no constituye

plena prueba de la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado, la Sala advierte que en el presente proceso de repetición no se demostró el obrar culposo del señor (…) y, en ese sentido, se confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: LEY 443 DE 1998 – ARTÍCULO 41 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 91 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 83 / LEY 678 DE 2001

NOTA DE RELATORÍA: Atinente al asunto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de julio de 1997, exp. 9894, M.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 9 de septiembre de 2016, exp. 05001-23-31-0002008-00380-01(49764), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 3 de diciembre de 2007, exp. 41001233100019980000101 (29222), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 33450, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 22 de julio de 2009, exp. 22779, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de junio de 2012, exp. 05001-23-31-000-1997-03489-01(2377-2011), C.P.

Luis Rafael Vergara Quintero; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de

18 de febrero de 2010, exp. 2598-2008, C.P. Gerardo Arenas Monsalve; sentencia de 16 de marzo de 2006, exp. 0282-2005, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado y sentencia de 6 de febrero de 2003, exp. 2733-2002, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 50001-23-31-000-2011-00379-01(60615)

Actor: MUNICIPIO DE ACACIAS, META

Demandado: CARLOS JULIO PLATA BECERRA Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN (APELACIÓN SENTENCIA) Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / Régimen jurídico aplicable –Decreto 01 de 1984 / Una decisión judicial adversa a la entidad pública demandante no se traduce automáticamente en la existencia de dolo en el actuar de un funcionario agente o ex agente del Estado / Elementos de procedibilidad de la acción de repetición.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida el 29 de agosto de 2017, por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2004, el Tribunal Administrativo del Meta declaró nulo el Decreto 006 del 5 de enero de 1998, expedido por el señor

Carlos Julio Plata Becerra, en calidad de alcalde del municipio de Acacias, Meta, por medio del cual suprimió unos cargos de carrera, entre otros, el de “Latonero Pintor” que era ejercido por el señor Juan de Dios Carrillo Noguera, sin comunicarle la opción de ser reincorporado en la entidad o de recibir el pago de la indemnización. Como consecuencia de la nulidad, se ordenó el reintegro y el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el retiro hasta la reincorporación del ciudadano que formuló la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, valor que ascendió a la suma de $101’861.806 y que se pretenden repetir en contra del exalcalde, el señor Carlos Julio Plata Becerra.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda En escrito presentado el 28 de abril de 2008 (fls. 2 a 13, C. 1), el municipio de Acacias, Meta, por conducto de apoderado judicial, formuló demanda de repetición en contra del señor Carlos Julio Plata Becerra, con el fin de que se le condenara a reintegrarle $101’861.806, que la entidad tuvo que pagar en cumplimiento de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Meta, en la sentencia del 13 de diciembre de 2004, dictada en primera instancia en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesto por el señor Juan de Dios Carrillo Noguera en contra de la entidad municipal.

En concreto, la parte demandante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (fl. 3, C. 1): Primera: Que se declare que el señor Carlos Julio Plata Becerra, ex –

alcalde de Acacias, es administrativamente responsable a título de dolo o culpa grave, del detrimento patrimonial causado al Municipio de Acacias con la condena impuesta dentro del proceso N° 50001233100219980096 adelantado por Juan de Dios Carrillo Noguera en contra del ente territorial antes anunciado.

Segunda: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al señor Carlos Julio Plata Becerra pagar a favor del municipio de Acacias, el valor total cancelado al señor Juan de Dios Carrillo Noguera por concepto de la condena antes referida, esto es, la suma de ciento un millones ochocientos sesenta y un mil ochocientos seis pesos

($101.861.806,oo).

Tercera: La suma de que trata el numeral anterior, devengará los respectivos intereses y ajustes, conforme lo dispone los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

Cuarta: Que se profiera condena en costas y agencias en derecho en contra de la parte demandada.

Como fundamentos fácticos de la demanda, en síntesis, se narraron los siguientes: En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Juan de Dios Carrillo Noguera demandó al municipio de Acacias, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 006 del 5 de enero de 1998, proferido por el entonces alcalde municipal Carlos Julio Plata Becerra, acto administrativo por medio del cual se suprimió de la administración municipal, entre otros, el cargo de carrera de latonero pintor, que ejercía el señor Carrillo Noguera desde el 14 de enero de 1994. En providencia del 13 de diciembre de 2004, la Sala de Descongestión del

Tribunal Administrativo del Meta accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: Primero. - Declarase la nulidad del Decreto número 006 del 5 de enero de 1998, proferido por el Alcalde Municipal de Acacias, únicamente en relación con la supresión del cargo del señor Juan de Dios Carrillo Noguera. Segundo.- Como consecuencia a lo anterior y a título de restablecimiento del derecho ordenase al municipio de Acacias, reintegrar a Juan de Dios Carrillo Noguera, identificado con la cédula de ciudadanía número 5576620 de Barbosa, al cargo equivalente o uno de superior categoría, al que venía ocupando al momento de la supresión de su cargo y, por consiguiente, a pagarle al demandante todos sus salarios y prestaciones sociales causadas desde la fecha de la supresión de su cargo hasta el día en que efectivamente sea reintegrado al cargo. Para efectos de lo dispuesto, la dependencia encargada de administrar la carrera administrativa coordinará y ordenará lo pertinente para tal efecto. En el evento en que resulte imposible la reincorporación del citado señor, deberá pagársele por la entidad demandada la indemnización correspondiente. Tercero. - Ordenase al Municipio de Acacias, descontar lo recibido por el señor Juan de Dios Carrillo Noguera, por concepto de valores incompatibles en aplicación del artículo 128 de la Constitución Política los autorizados por aportes a pensión los cuales deberán ser remitidos de inmediato a la respectiva entidad por la demandada, los valores relacionados con las cesantías en lo aplicable. Cuarto. - Ordenase al Municipio de Acacias, ajustar al valor las sumas

insolutas resultantes, conforme a las orientaciones señaladas en. la parte motiva de esta providencia y a pagar los intereses conforme al art 177 del código contencioso administrativo, en el caso que se den los supuestos de hecho previstos en la norma. Quinto. - La declaración de no existir solución de continuidad debe entenderse de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta providencia […]. Por medio de la Resolución 026 del 31 de enero de 2006, la alcaldía municipal de Acacias dio cumplimiento a la decisión judicial y, en consecuencia, ordenó el pago de $101’861.805 a favor del señor Juan de Dios Carrillo Noguera, suma que fue efectivamente pagada el 27 de abril de esa misma anualidad, como se evidencia del comprobante de egreso y la orden de pago suscritas por el contador tesorero de la entidad territorial y el señor Carrillo Noguera (fls 41 y 42, C. 1). A juicio de la entidad demandante, el señor Carlos Julio Plata Becerra, en su calidad de exalcalde del municipio de Acacias, actuó con dolo o culpa grave al proferir el Decreto 006 de 1998 sin realizar un estudio técnico previo para así establecer que la supresión de cargos obedecía a razones de buen servicio, por lo que “cercenó al empleado su legítimo derecho de opción, entre ser indemnizado o ser objeto de tratamiento preferencial a ser reincorporado”1. Expuso que, tal como se estableció en la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, existió falta de planeación por parte del alcalde, al momento de

efectuar la supresión de cargos, lo que, a su vez, denota un descuido injustificable en la conducta del entonces alcalde.

2. Trámite en primera instancia 2.1. En auto del 6 de octubre de 2011 (fls. 146 y 147, C. 1), el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y ordenó su notificación al Ministerio Público y al demandado2, actuaciones que se surtieron el 29 de noviembre de 2011 (fl. 147 vto, C. 1) y el 28 de marzo de 2013 (fl. 190, C. 1), respectivamente. 2.2. El señor Carlos Julio Plata Becerra, por conducto de apoderado judicial (fls. 204 a 211, C. 2), contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En primer lugar, señaló que la demanda carecía de presentación personal por parte de la apoderada del municipio, por lo que se decía considerar que no fue interpuesta en debida forma. De otra parte, expuso que, en el caso concreto, la entidad demandante basaba el elemento subjetivo de la acción de repetición en el hecho de la supuesta falta de planeación al proferirse el Decreto 006 de 1998, requisito que, para la fecha en que fue expedido, era inexistente, por lo que no se configuraron la culpa grave o dolo alegados en la demanda. 1 Folio 8 C. 1. 2 Precisa la Sala que, en un principio, la demanda fue instaurada ante el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio, despacho judicial que admitió la acción el 1° de julio de 2008 (fl. 48,

C. 1), pero en auto del 15 de julio de 2011 (fls. 142 y 143, C. 1) declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia funcional y remitió el asunto al Tribunal Administrativo del Meta.

Finalmente, adujo que la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta no fue aportada en copia auténtica, así como tampoco se aportó la constancia de ejecutoria de esta, por lo que no está acreditado en forma legal la indemnización por el daño al erario. 2.3. Por auto de 31 de octubre de 2013 (fls. 212 a 214, C. 2), se decretaron las pruebas y mediante proveído del 15 de febrero de 2017 (fl. 311, C. 2), se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. En esta oportunidad procesal las partes reiteraron lo expuesto en la demanda y en la contestación (fls. 312 a 317 y 318 a 321, C. 2), mientras que el Ministerio Público guardó silencio.

3. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia proferida el 29 de agosto de 2017 (fls. 322 a 339, C. ppal), el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda.

Precisó que, tal como lo expuso el señor Plata Becerra en la contestación de la demanda, no existía obligación de realizar estudios previos para proceder al proceso de supresión de cargos, por lo que no se demostró la configuración de la culpa grave alegada por la parte actora.

De igual forma, señaló que del acervo probatorio no se demostró la culpa grave en el actuar del señor Carlos Julio Plata Becerra, pues no existía claridad en la forma en que este cercenó los derechos de opción del señor Carrillo, y que, a pesar del propio acto de supresión del cargo, no se puede tildar de negligente su conducta por realizar un proceso de reestructuración de la alcaldía, que la ley le permitía.

4. Recurso de apelación La parte actora presentó recurso de apelación contra la anterior decisión (fls. 340 a 342, C. ppal), para lo cual expresó que, contrario a lo sostenido por el Tribunal a quo, sí se encontraba acreditada la culpa grave del demandado, conforme a la sentencia que originó la actual repetición, pues en la misma se precisó que “al suprimir el cargo tenía el deber legal de comunicarle la opción de ser incorporado en la entidad o de recibir el pago de la indemnización, lo cual no se dio y por tanto, quebrantó el derecho de opción de los funcionarios amparados por el fuero de

carrera administrativa”. De igual forma señaló que en la misma decisión se determinó que la ausencia de estudios técnicos para la supresión de cargos de la entidad reflejaba la falta de planeación del demandado, por lo que, a su juicio, no le corresponde al juez de la acción de repetición volver a estudiar un asunto que ya fue establecido por el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho.

5. Trámite en segunda instancia 5.1. El recurso presentado en los términos expuestos fue concedido mediante proveído del 25 de octubre de 2017 (fl. 344, C. ppal) y admitido por esta

Corporación a través de auto del 22 de marzo de 2018 (fls. 348 y 349, C. ppal). 5.2. En esta oportunidad procesal las partes reiteraron los argumentos expuestos en primera instancia (fls. 353 a 355 y 356 a 357, C. ppal), mientras que el Ministerio Público (358 a 367, C. ppal) al rendir concepto, solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia, al no haberse cumplido con el cuarto elemento requerido para la prosperidad de la acción de repetición, bajo la Ley 678 de 2001, pues no se encontró probada la conducta a título de dolo o culpa grave del ex funcionario.

III. CONSIDERACIONES

1. Prelación de fallo La Sección Tercera de esta Corporación, en sesión del 5 de mayo de 20053, dispuso que las acciones de repetición tendrían prelación de fallo, razón por la cual esta Subsección se encuentra habilitada para resolver la controversia de manera anticipada.

2. Competencia 3 Según Acta 15 de esa misma fecha.

La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante, de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 7° de la Ley 678 de 2001, según el cual “será competente [de la acción de repetición] el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo”. Lo anterior, toda vez que se trata de una norma especial y posterior a las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo y de la Ley 446

de 1998, que fijan reglas sobre competencia por el factor objetivo de la cuantía. En efecto, así lo reconoció la Sala Plena de la Corporación en providencia del 21 de abril de 2009, en la que precisó: De conformidad con lo anterior, aun cuando las normas generales distribuyen la competencia para conocer de las acciones de repetición por el factor subjetivo –cuando se pretende ejercer contra los altos funcionarios del Estado– y por el factor objetivo, en relación con la cuantía del proceso, se debe dar aplicación a la norma posterior y especial contenida en la Ley 678 de 2001, la cual estableció un criterio de conexidad, en virtud del cual y con independencia de la cuantía del proceso, el juez competente para conocer de la acción de repetición será el Juez o Tribunal integrante de la Juris