CE-SECCION TERCERA-50001-23-31-000-2011-00415-01(59470)

ACCIÓN DE REPETICIÓN – Accede ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – Calificación de la conducta del demandado / CULPA GRAVE – Se configura cuando se expide un acto administrativo sin diligencia y cuidado necesario / CULPA GRAVE – La sola sentencia condenatoria no es prueba suficiente de la configuración del dolo o la culpa grave / CARGA DE LA PRUEBA /

VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA

TRASLADADA / ACCIÓN DE REPETICIÓN / INSUBSISTENCIA POR

CALIFICACIÓN INSATISFACTORIA DE SERVICIOS / EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - Cuando ésta conozca de alguna irregularidad en la aplicación de las normas de carrera administrativa, debe informar al jefe del organismo para que ordene de inmediato la suspensión de todo trámite administrativo / CALIFICACIÓN

DEL PERIODO DE PRUEBA DEL EMPLEADO DE CARRERA

ADMINISTRATIVA – Presupuestos / CALIFICACIÓN DEL PERIODO DE

PRUEBA DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA – Incumplimiento del procedimiento para la calificación y evaluación de desempeño laboral / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CULPA GRAVEConfigurada SÍNTESIS DEL CASO: Se dirige la acción en contra del señor […], en razón de la condena impuesta al municipio de Acacías (Meta), a través de la sentencia de segunda instancia de 1º de febrero de 2007 de la Subsección “B” de la Sección

Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 240 de 6 de julio de 1998 y ordenó el pago y reconocimiento, a favor de la señora […], de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir, por un valor de $288’030.937,84, valor que se considera un desmedro al patrimonio público atribuido a la culpa grave del demandado.

PROBLEMA JURÍDICO: Conforme a lo probado en el proceso y al recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si se reúnen los requisitos necesarios para deducir la responsabilidad personal del señor […], por haber obrado con culpa grave o dolo como Alcalde de la entidad demandante y haber causado con su conducta el daño antijurídico por el cual el municipio de Acacías (Meta) fue condenado a indemnizar perjuicios a favor de un tercero.

PRESUPUESTO PROCESAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DE

LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN /

FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETENCIA / FACTOR

FUNCIONAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – Presupuestos El asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, conforme lo previsto por el artículo 7º de la Ley 678 de 2001. Por las mismas reglas dadas en la norma en mención, la Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, por cuanto la demanda de repetición se presentó en primera instancia ante el Tribunal Administrativo del Meta, corporación judicial que tramitó el

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la sentencia que condenó a la entidad accionante al pago de las prestaciones sociales a favor de la señora […], suma por cuyo pago se repite. De igual modo, la acción de repetición es la idónea para estudiar si procede el resarcimiento patrimonial a favor de un ente público, por parte de los funcionarios o exfuncionarios que hayan dado lugar a una condena, por daños provocados por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.

FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 – ARTÍCULO 7

CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición debe presentarse dentro de los dos años, contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Así las cosas, según lo probado en este caso: la sentencia del 1º de febrero de 2007 adquirió ejecutoria del 13 de noviembre de ese mismo año. De este modo, los 18 meses con que contaba la administración para el pago, de conformidad con el artículo 177 del CCA, vencían el 14 de mayo de 2009. No obstante, como el pago se realizó en fecha posterior, el 22 de octubre de 2009 , el conteo de la caducidad, conforme al artículo 11 de la Ley 678 de 2001, se realizará desde el momento en que feneció el plazo máximo para pagar, esto es, desde el 14 de mayo de 2009, por lo que la demanda debía presentarse a más tardar el 14 de mayo de 2011; sin embargo, como la entidad accionante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 11 de

diciembre de 2009, se suspendió el término (fol. 65-66, c. 1) hasta el 5 de marzo de 2010 fecha en la que se realizó y declaró fallida la audiencia, es decir que al plazo se amplió hasta el 9 de agosto de 2011. En consecuencia, como la demanda fue presentada el 20 de junio de 2011 (fol. 71, c. 1) se hizo en tiempo, esto es, antes de que transcurriera el plazo máximo previsto por el legislador para el efecto.

FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 – ARTÍCULO 11 / CÓDIGO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 177

ACCIÓN DE REPETICIÓN – Finalidad / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE DOLO – No aplicable / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE – No aplicable / PRINCIPIO DE LEGALIDAD – Aplicación / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN El artículo 90 Superior previó que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente, cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este. De igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto 01 de 1984 y, en forma más reciente, en la Ley 678 de 2001. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, debe tenerse en cuenta que los hechos se refieren a las actuaciones del demandado en su calidad de ex alcalde del municipio de Acacías (Meta), a raíz de la expedición del Decreto 240 de 6 de julio de 1998, por medio de

la cual se declaró insubsistente el nombramiento de una funcionario que se encontraba en período de prueba, en el marco de un concurso de méritos para acceder al cargo de comisaria de familia del municipio de Acacías, en carrera administrativa, y que a la postre fue anulado. Así las cosas, como para la época de la expedición de ese acto aún no estaba vigente la Ley 678 de 2001, no es posible aplicar las presunciones establecidas en la misma. En consecuencia, conforme al principio de legalidad previsto en el artículo 29 Superior, para efectos sancionatorios, las conductas solo pueden juzgarse conforme a la ley vigente para el momento en que fueron cometidas. Por tanto, se impone el análisis del caso, en lo sustancial, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo. En este orden de ideas, al tenor de lo previsto por los citados artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; b) que el pago se haya realizado; y c) la calificación de la conducta como dolosa o gravemente culposa.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 77 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 78 / LEY 678 DE 2001

PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – Calificación de la conducta del demandado / CULPA GRAVE – Configurada / CULPA GRAVE – Se configura cuando se expide un acto administrativo sin diligencia y cuidado necesario / CULPA GRAVE – La sola sentencia condenatoria no es prueba suficiente de la configuración del dolo o la culpa grave / CARGA DE LA PRUEBA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA La Sala pasa a pronunciarse frente a la conducta del demandado y la posibilidad de calificarla como dolosa o gravemente culposa. Al respecto, se insiste en que, comoquiera que los hechos que dieron lugar a este proceso ocurrieron el 6 de julio de 1998, el régimen jurídico aplicable para determinar la responsabilidad del agente público -y por ende el estudio de si el demandado actuó con culpa grave o doloes el vigente a la fecha en que ellos ocurrieron y por ello no hay lugar a acudir a las presunciones previstas en esta materia por la Ley 678 de 2001. De este modo, la carga del municipio demandante, consiste en acreditar la conducta reprochada a cada uno de ellos en los términos de los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 63 del Código Civil que define qué constituye dolo o culpa grave. Respecto de la responsabilidad del exalcalde la entidad actora señaló que éste en la expedición de los actos que derivaron en la declaratoria de insubsistencia de la señora Josefina Rodríguez Vidal, “actuó sin la

diligencia y cuidado necesarios o sea con culpa grave, lo que le ocasionó un daño patrimonial al ente estatal que debe ser resarcido”, pues, si bien estaba facultado para nombrar, crear, suprimir, fusionar y declarar insubsistente un cargo “cometió grave error (…) al tomar como sustento de la declaratoria de insubsistencia la calificación insatisfactoria, la cual no se ajustó a la realidad procesal y evidencia que los factores calificados no fueron valorados debidamente (…) Más aún cuando los recursos que resolvieron la petición de la actora fueron decisiones ligeras, pues los actos confirmatorios de la calificación no se ajustaron a los principios y objetivos de tal proceso ni a las de la carrera administrativa”. Para la Sala, lo probado en este asunto permite considerar que el demandado obró con culpa grave, por las razones que se exponen a continuación: Para acreditar la conducta que se reprocha al demandado, la accionante aportó copia auténtica del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho que anuló el Decreto 240 de 6 de julio de 1998 […] Ahora, si bien, no podría la Sala, sin desconocer el debido proceso y el derecho de defensa del aquí demandado, fundar su decisión únicamente en las conclusiones del Consejo de Estado frente al acto administrativo anulado, toda vez que la sola sentencia de responsabilidad no es prueba suficiente para estructurar el dolo o la culpa grave, máxime cuando al asunto de la referencia no le son aplicables las presunciones de la Ley 678 de 2001, sí puede analizar cada una de las pruebas, que obran dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la condena a la entidad

actora, ya que dan cuenta de la conducta desplegada por el demandado en cada una de sus actuaciones relacionadas con la calificación de desempeño laboral efectuada a la señora […] que culminaron con la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del cargo de comisaria de familia, con la expedición del Decreto 240 de 6 de julio de 1998, anulado por el juez de la legalidad. Lo anterior, por cuanto, las pruebas en que se basó el juez de la legalidad para declarar la nulidad del acto administrativo demandado y condenar a la entidad accionante fueron aportadas y decretadas oportunamente en el presente asunto, por el a quo, de manera que el aquí demandado tuvo la oportunidad de controvertirlas y de allegar y solicitar aquellas que le sirvieran de fundamento para refutarlas y así enervar las pretensiones formuladas en su contra.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 77 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 78 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 63

ACCIÓN DE REPETICIÓN / INSUBSISTENCIA POR CALIFICACIÓN

INSATISFACTORIA DE SERVICIOS / EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL

EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - Cuando ésta conozca de alguna

irregularidad en la aplicación de las normas de carrera administrativa, debe informar al jefe del organismo para que ordene de inmediato la suspensión de todo trámite administrativo / CALIFICACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA

DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA – Presupuestos /

CALIFICACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA – Incumplimiento del procedimiento para la calificación y evaluación de desempeño laboral / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CULPA GRAVE - Configurada Ahora bien, el Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, determinó que las autoridades que resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos por la señora (...) contra la evaluación de desempeño laboral insatisfactoria, “ni siquiera se tomaron el trabajo de leer en qué aspectos radicaba la inconformidad de la parte interesada y menos de hacer alguna clase de análisis sobre su razonabilidad”, toda vez que, el Secretario de Gobierno “con la simple observación del formulario contentivo de la calificación concluyó que era real y justa”, y el exalcalde demandado al desatar el recurso de apelación no “tuvo en cuenta la impugnación ni sus argumentos, limitándose a confirmar el acto de calificación por no obtener los puntajes establecidos en el formulario”. Por lo que consideró que las decisiones fueron “ligeras y ajenas a la impugnación” a resolver, por cuanto desconocieron el Acuerdo No. 23 de 1997 que establece el procedimiento a seguir y la utilización de los formularios diseñados para la evaluación de desempeño, lo que configuró violación al debido proceso y falta de objetividad en la calificación de servicios efectuada a la funcionaria actora en el proceso de nulidad. De conformidad con el artículo 130 Constitucional, la Comisión Nacional del Servicio Civil es la “responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que

tengan carácter especial”, y como tal ha establecido los procedimientos y parámetros a seguir para la evaluación de desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa y de los nombrados en período de prueba. Por su parte, el artículo 14 de la Ley 27 de 1992 estableció como funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil […] Igualmente, el artículo 25 del Decreto 1222 de 1993 (vigente para la época de los hechos) sobre la competencia de la CNSC estableció que cuando ésta conociera de alguna irregularidad en la aplicación de las normas de carrera administrativa, debía informar al jefe del organismo para que ordenara de inmediato la suspensión de todo trámite administrativo. […] [E]s claro que la Comisión Nacional del Servicio Civil, de acuerdo a las facultades y competencias asignadas por la Constitución y la ley debía adoptar y así lo hizo, los instrumentos (formularios), procedimientos (calificación parcial y total) a seguir y aplicar por los directores de las entidades del Estado, tanto nacionales como territoriales, en la calificación de desempeño de los funcionarios que fueren nombrados en período de prueba para luego, previa calificación satisfactoria, fueran inscritos en el escalafón de la carrera administrativa, pues la calificación obtenida con desconocimiento a dichos parámetros, no podrá tenerse en cuenta para actuaciones administrativas con base en ella. […] En el caso concreto, conforme a lo probado dentro del proceso se observa que, no se cumplió el procedimiento establecido para efectos de la calificación y evaluación de desempeño laboral de la funcionaria […], en tanto no se concertaron los objetivos (formulario A-1)

señalados por el Acuerdo 14 de 1996 de la CNSC y tampoco se realizó la evaluación de seguimiento de cumplimiento de objetivos (formulario A-2), según el Acuerdo 23 de 1997, actuaciones que, si bien le correspondían al Secretario de Gobierno Municipal de Acacías, en calidad de superior inmediato de la funcionaria evaluada, también fueron desconocidas por el aquí demandado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora […] contra la calificación insatisfactoria efectuada por el secretario de gobierno, en el que, dentro de sus argumentos, había puesto de presente que i) la evaluación no se había realizado conforme lo disponía el manual de desempeño laboral del Departamento Administrativo de la Función Pública, porque el evaluador no utilizó ningún elemento de comparación; ii) no se logró la concertación de objetivos, pese a que fueron solicitados en repetidas ocasiones por la funcionaria; iii) el evaluador desconoció la situación precaria de recursos físicos y humanos con los cuales la funcionaria “ejercía sus funciones con notoria eficiencia”, y iv) el evaluador “violó flagrantemente el debido proceso”, por cuanto omitió el cumplimiento del Acuerdo 23/97 que establecía el procedimiento para la evaluación de desempeño (fol. 96102, c. 2). […] En esas condiciones, se impone confirmar el fallo apelado en lo que tiene que ver con el porcentaje de la condena impuesta al demando, toda vez que, conforme a lo expuesto es evidente que la conducta desplegada por el demandado en calidad de Alcalde Municipal de Acacías, respecto a las

actuaciones que antecedieron a la expedición del Decreto 240 de 1998, anulado por el juez de la legalidad, configuran la culpa grave alegada por la entidad accionante.

FUENTE FORMAL: LEY 27 DE 1992 – ARTÍCULO 14 / DECRETO 1222 DE 1993 – ARTÍCULO 25

ACCIÓN DE REPETICIÓN / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – Deber de reintegro del 50% del valor de la condena impuesta Se tiene probado que el monto cancelado por el Municipio de Acacías (Meta) ascendió a la suma de doscientos ochenta y ocho millones treinta mil novecientos treinta y siete pesos con ochenta y cuatro centavos ($288’.030.937,84), pago que fue realizado los días 9 de septiembre de 2009 y 22 de octubre de 2009, según comprobante de egreso 2009002468, orden de pago 2009001620 y certificación expedida por la Secretaría Administrativa y Financiera y el Tesorero de la entidad demandante de fecha 28 de septiembre de 2010. En relación con la suma cancelada por la entidad accionante, se advierte que, conforme a las resoluciones que ordenaron el pago de la condena impuesta al municipio actor, no se observa que en tales actos se haya dispuesto pago alguno por concepto de intereses , pues en ellas se ordenó los pagos por las sumas de $276’530.937,84, a favor del Grupo Empresarial Andino, según contrato de cesión de derechos económicos suscrito entre éste y la señora Josefina Rodríguez Vidal, y aceptado por el Municipio de Acacías, mediante oficio de 13 de marzo de 2008, y la suma de

$11’500’000.oo a favor del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio, en cumplimiento de media de embargo decretada en proceso ejecutivo singular (2006-00044-00) para un total de $288’030.937,84, contra la señora Josefina Rodríguez beneficiaria de la condena. Sin embargo, como la primera instancia decidió que el demandado debía reintegrar el 50 % del valor de la condena impuesta al municipio accionante en razón a que fueron dos los funcionarios los que suscribieron los actos administrativos que dieron origen a la causación del daño a la entidad pública, dicho porcentaje se mantendrá en esta instancia, en consecuencia el valor a repetir contra el señor […] es el señalado en la sentencia de primera instancia, es decir $186’721.374. CONDENA EN COSTAS – Improcedencia No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del magistrado Martín

Bermúdez Muñoz.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS(E)

Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 50001-23-31-000-2011-00415-01(59470)

Actor: MUNICIPIO DE ACACÍAS – META

Demandado: CARLOS JULIO PLATA BECERRA

Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN – CCA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA ______________________________ Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Julio Plata Becerra contra la sentencia dictada el 9 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual declaró la responsabilidad patrimonial parcial del demandado y lo condenó a pagar el 50% de valor pretendido, a favor del municipio accionante.

SÍNTESIS DEL CASO Se dirige la acción en contra del señor Carlos Julio Plata Becerra, en razón de la condena impuesta al municipio de Acacías (Meta), a través de la sentencia de segunda instancia de 1º de febrero de 2007 de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 240 de 6 de julio de 1998 y ordenó el pago y reconocimiento, a favor de la señora Josefina Rodríguez Vidal, de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir, por un valor de $288’030.937,84, valor que se considera un desmedro al patrimonio público atribuido a la culpa grave del demandado.

I. ANTECEDENTES A.Lo que se demanda 1.- Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2011 (fol. 71, c. 2), el municipio de Acacías (Meta) presentó demanda de repetición en contra del exalcalde de ese municipio, el señor Carlos Julio Plata Becerra, en la que solicitó:

PRIMERA: Que se declare responsable patrimonialmente a CARLOS JULIO PLATA BECERRA, en su calidad de ex–mandatario local de Acacías (Meta), mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.045.051 de Bogotá, como resultado de su conducta gravemente culposa, que originaron (sic) la sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, proferida en contra del Municipio de Acacías a instancia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Dra. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ PÁEZ el 1 de febrero de 2007, revocando la sentencia de diciembre 10 de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta y declarando la nulidad del Decreto 240 de julio 6 de 1998 que declaró la insubsistencia del nombramiento y así mismo a título de restablecimiento del derecho ordenó que el Municipio de Acacías reintegrara a la actora y realizara el pago de salarios y prestaciones que dejo de percibir como consecuencia del acto acusado y hasta la fecha en que se produzca el reintegro, junto con los ajustes consagrados en el Artículo 178 del

C.C.A.

SEGUNDA: Condenar a el (sic) ex servidor público CARLOS JULIO PLATA BECERRA a pagar a favor de la entidad territorial que represento la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (SIC) ($288.030.937,84) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE, cantidad líquida de dinero

que debió reconocer el Municipio a JOSEFINA RODRÍGUEZ VIDAL, como consecuencia de la condena de que fue objeto, debidamente actualizada.

TERCERA: Que se disponga el cumplimiento del fallo en los términos del Art. 176 a 178 del C.C.A.

CUARTO: Que se condene en costas al demandado, si es que a ello hubiere lugar. 2.- Como fundamento de lo anterior, se relató que la señora Josefina Rodríguez Vidal laboró en el municipio de Acacías (Meta), en el cargo de comisaria de familia adscrito a la Secretaría de Gobierno, desde el 21 de mayo de 1997 hasta el 6 de julio de 1998, fecha en la cual fue desvinculada del servicio, mediante declaratoria de insubsistencia de su nombramiento a través del Decreto 240 de 6 de julio de 1998, suscrito por el entonces alcalde Carlos Julio Plata Becerra. 2.1. En consecuencia, la señora la señora Josefina Rodríguez Vidal demandó la nulidad de la “evaluación de desempeño contenida en el formulario A3 de mayo 11 de 1998, el oficio 399 de junio 2 de 1998 del Secretario de Gobierno que resolvió el recurso de reposición, la Resolución 083 de julio 2 de 1998 que resolvió el recurso de apelación y el Decreto 240 de julio 6 de 1998 que declaró la insubsistencia”. El 1º de febrero de 2007, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 240 de 6 de julio

de 1998 y a título de restablecimiento del derecho ordenó el reintegro al cargo que desempeñaba y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. 2.2.- El municipio demandado cumplió lo ordenado mediante la Resolución 318 de 29 de julio de 2009, aclarada por la Resolución 204 de 23 de septiembre del mismo año, y los comprobantes de egreso 2009001985 de 2 de septiembre de 2009 y 2009002468 de 9 de octubre del mismo año, mediante las cuales se ordenó un pago a favor de la señora Josefina Rodríguez Vidal por la suma de $288’030.937,84. 2.3.- Señaló la entidad accionante que el demandado en la expedición de los actos administrativos que derivaron en la declaratoria de insubsistencia de la señora Josefina Rodríguez Vidal “actuó sin la diligencia y cuidado necesarios o sea con culpa grave, lo que le ocasionó un daño patrimonial al ente estatal que debe ser resarcido, en orden a garantizar los principios de moralidad administrativa y eficiencia de la función pública”. 2.3.1. Agregó que, si bien el exalcalde demandado estaba facultado para nombrar, crear, suprimir, fusionar y declarar insubsistente un cargo “cometió grave error como lo sostiene la sentencia condenatoria del Consejo de Estado, al tomar como sustento de la declaratoria de insubsistencia la calificación insatisfactoria, la cual no se ajustó a la realidad procesal y evidencia que los factores calificados no fueron valorados debidamente sino en detrimento de la actora. Más aún cuando los recursos que resolvieron la petición de la actora fueron decisiones ligeras,

pues los actos confirmatorios de la calificación no se ajustaron a los principios y objetivos de tal proceso ni a las de la carrera administrativa”. 2.4.- Como fundamentos de derecho invocó los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25 y 90 de la Constitución Política; 139 del Código Contencioso Administrativo; 44.9 y 149 de la Ley 446 de 1998; Ley 136 de 1994 y la Ley 678 de 2001. 2.5.- El 11 de diciembre de 2009 el municipio actor presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 48 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo del Meta, que fue realizada y declarada fallida, por inasistencia del convocado, el 5 de marzo de 2010.

B. Trámite inicial

3. La demanda fue presentada ante los Juzgados Administrativos del Circuito de Villavicencio el 20 de junio de 2011, correspondiéndole por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Villavicencio, quien por auto de 16 de agosto del mismo año, declaró su falta de competencia en razón de la cuantía, de conformidad con el artículo 134A del C.C.A. y remitió el proceso a la Oficina Judicial de Villavicencio para que fuera repartido al Tribunal Administrativo del Meta (fol. 73-74, c. 1). La demanda fue sometida nuevamente a reparto, el 24 de agosto de 2011 (fol. 76, c. 1).

C. Posición de la parte demandada 4.- El demandado Carlos Julio Plata Becerra, en relación con los hechos señaló

que su actuar obedeció a la calificación insatisfactoria de servicios realizada por la Secretaria de Gobierno Municipal, y se opuso a las pretensiones de la demanda, por falta de fundamentos fácticos y jurídicos para su prosperidad (fol. 91-95, c. 1). 4.1. Formuló la excepción de inexistencia de culpa grave, con fundamento en que: i) al caso de autos no le es aplicable la presunción de la culpa grave prevista en la Ley 678 de 2001, toda vez que para la época de los hechos narrados en la demanda de la referencia no se había expedido dicha ley; ii) la entidad accionante no indicó, ni aportó prueba alguna del aspecto subjetivo con el que presuntamente él actuó, y tampoco señaló cual fue su conducta que pueda ser considerada como grave, y iii) la sentencia condenatoria no evidencia que su actuar en la “expedición del acto administrativo de desvinculación se haya dado con culpa grave”.

D. Sentencia impugnada

5. El 9 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Meta declaró la responsabilidad patrimonial parcial del señor Carlos Julio Plata Becerra y lo condenó a pagar a favor del municipio de Acacías (Meta), el 50% de lo pretendido, esto es la suma de $186’721.374.00, porque encontró acreditada la culpa grave del demandado1. 5.1. Precisó que, la culpa grave del demandado se fundaba en que: i) se tomó como sustento de la declaratoria de insubsistencia, una calificación insatisfactoria que la señora Josefina Rodríguez recibió de su periodo de prueba, la cual no se ajustó a la realidad procesal, porque los factores calificados no se valoraron de

forma adecuada, sino en detrimento de ella, y ii) los recursos contra el acto de calificación interpuestos por la servidora pública fueron resueltos de forma ligera, pues los actos de decisión no se ajustaron a los principios y objetivos de tal proceso ni a los de la carrera administrativa. 5.2. Concluyó que, si bien el Tribunal Administrativo del Meta, en primera instancia, había negado las pretensiones de nulidad de la señora Josefina Rodríguez, con base en que ella no cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 298 del Código del Menor (vigente para la época de los hechos) para el cargo de comisaria de familia, lo que configuró la culpa grave en la conducta del demandado fueron las omisiones al resolver el recurso de apelación contra la calificación insatisfactoria interpuesto por la señora Rodríguez, pues “denotan una total negligencia en el cumplimiento del papel que juega en vía gubernativa el superior frente a la decisión del subalterno, ya que no tuvo el mínimo cuidado en contestar los argumentos propuestos en la alzada por” la funcionaria antes mencionada. 1 Folios 159-175 del cuaderno principal. 5.3. En relación con el valor a reintegrar al municipio accionante por parte del demandado, señaló que, si bien su conducta fue determinante en la condena impuesta al municipio de Acacías, lo cierto era que el secretario de gobierno de dicha entidad también tuvo participación en la orden judicial adversa, además de que fue el responsable de la mayoría