CE-SECCION TERCERA-63001-23-31-000-2011-00246-01(58164)

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA

SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA

INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN /

ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DOLO El asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, conforme lo previsto por el artículo 7º de la Ley 678 de 2001. Por las mismas reglas dadas en la norma en mención, la Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, por cuanto la demanda de repetición se presentó en primera instancia ante el Tribunal (…), corporación judicial que tramitó el proceso de reparación directa que culminó con sentencia condenatoria contra el Hospital (…). De igual modo, la acción de repetición es la idónea para estudiar si procede el resarcimiento patrimonial a favor de un ente público, por parte de los funcionarios o exfuncionarios que hayan dado lugar a una condena, por daños provocados por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.

FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD PÚBLICA / HOSPITAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA / ENFERMERA / ATENCIÓN MÉDICA /

DEMANDA / CONTENIDO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE

LA DEMANDA / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditada por la entidad pública accionante, quien dijo sufrir un daño con el pago de la condena impuesta mediante sentencias emitidas por la jurisdicción contenciosa administrativa. Y por pasiva, lo están las demandadas (…) de quienes se afirman en el escrito inicial fueron las auxiliares de enfermería que aplicaron la inyección en el paciente por cuyos daños se habría dado lugar a la condena contra el referido hospital, esto es, con sustento en los hechos que sirven de causa y que se afirman en la demanda. De este modo, es válido darle alcance al hecho, según el cual dichas demandadas no cuestionaron su vinculación con el hospital al momento de contestar la demanda, quienes además aquí actúan a través de apoderado de confianza y no mediante curados ad litem.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE

REPETICIÓN / SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA

JUDICIAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA

OBLIGACIÓN / DEMANDA EN TIEMPO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EN TIEMPO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición debe presentarse dentro de los dos años, contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Esa norma se complementa con la sentencia C-832 de 2001 de la Corte Constitucional que declaró exequible la expresión "contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad", contenida en el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.

FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 177 INCISO 4

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN /

CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / SOLICITUD DE

CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / SOLICITUD DE

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCILIACIÓN FALLIDA / INEXISTENCIA DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

[L]a sentencia (…) emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó la condena impuesta al Hospital (…) cobró firmeza (…). Luego, el plazo para el correspondiente pago vencía (…), pero como este se realizó en fecha anterior, (…) el termino de caducidad se contará desde esta última fecha en este caso. (…) Así, para presentar la demanda (…), lo fue dentro del término previsto por la norma procesal. Ello sin contar con que tal término se suspendió (…), con la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, (…) cuando el Ministerio Público emitió certificación del agotamiento de dicho trámite.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN /

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES / DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL /

CLAUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL

ESTADO / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN /

PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN /

FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RÉGIMEN DE

RESPONSABILIDAD / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO /

ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA / ENFERMERA / ATENCIÓN MÉDICA - Inyección aplicada a menor / SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDENA JUDICIAL El artículo 90 Superior previó que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente, cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este. De igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto 01 de 1984 y, en forma más reciente, en la Ley 678 de 2001. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, debe tenerse en cuenta que los hechos se refieren a las presuntas actuaciones de las demandadas en su calidad de empleadas del Hospital (…), a partir de la aplicación de dos inyecciones de diclofenaco al menor (…), en los que permaneció hospitalizado en ese centro hospitalario. (…) Así las cosas, como para la época de la ocurrencia de esos hechos aún no se encontraba vigente la Ley 678 de 2001, no es posible aplicar las presunciones allí establecidas.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / LEY 678 DE

2001 FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / VIGENCIA DE LA NORMA /

NORMA VIGENTE / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO /

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN /

PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR

PÚBLICO / AGENTE DEL ESTADO / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / CONDENA JUDICIAL /

CONDENA CONTRA EL ESTADO / SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DE

LA CONDENA

[C]onforme al principio de legalidad previsto en el artículo 29 Superior. Para efectos sancionatorios, las conductas solo pueden juzgarse conforme a la ley vigente para el momento en que fueron cometidas. Así las cosas, se impondrá el análisis del caso con arreglo a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, normas que en su momento previeron la posibilidad de repetir contra los agentes de la administración. En tal virtud, la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 77 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 78 / CÓDIGO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 86

PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN /

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN /

CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / SENTENCIA CONDENATORIA / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA DOCUMENTAL / COPIA DE DOCUMENTO / COPIA DE LA SENTENCIA / LESIONES PERSONALES / LESIONES PERSONALES AL MENOR / ALTERACIÓN EN LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA Para la Sala no hay duda de la existencia de una condena judicial impuesta contra la parte actora, consistente en pagar una suma de dinero, pues se encuentra en el plenario la copia de las sentencias (…) mediante las cuales se declaró administrativamente responsable al Hospital (…), por los daños sufridos por el menor (…), razón por la cual fue condenado al pago de la suma equivalente a 50 smlmv, por perjuicios causados por concepto de alteración a las condiciones de existencia. PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / ORDEN DE PAGO / COMPROBANTE DE EGRESO / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Respecto al pago de la condena, tal situación se soporta en los siguientes

documentos: (i) la Resolución (…) emitida por el Gerente del Hospital (…) en donde se ordenó reconocer y pagar (…) (ii) comprobante de egreso (…) por concepto de la indemnización (…); y certificación emitida por el abogado (…), quien afirmó haber recibido el pago total de la obligación en comento. Elementos probatorios que en consideración de esta Sala dan suficiente cuenta de que dicha suma fue satisfecha a nombre del beneficiario de la anunciada condena ordenada en el correspondiente proceso de reparación directa.

ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR

PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / DAÑO OCASIONADO POR AGENTE ESTATAL EN SERVICIO / CULPA GRAVE / CULPA LEVE / DOLO / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / VIGENCIA DE LA NORMA / NORMA VIGENTE La Sala pasa a pronunciarse frente a la conducta de las demandadas y la posibilidad de calificarla como dolosa o gravemente culposa. Sobre el punto debe reiterarse entonces que no hay lugar a las presunciones de los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, por entrar a regir esta norma de manera posterior a los hechos, de manera que, en obedecimiento de los postulados de los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, la conducta se analizará al tenor del artículo 63 del Código Civil.

FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 / LEY 678 DE 2001ARTÍCULO 6 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 77 /

CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 78 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 63

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓNIncumplimiento / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA / ENFERMERA / ATENCIÓN MÉDICA / CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE - No acreditada / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA DOCUMENTAL / HISTORÍA

CLÍNICA / VALOR PROBATORIO DE LA HISTORIA CLÍNICA /

CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA CLÍNICA / LESIONES PERSONALES A

MENOR [P]ese a tal deficiencia probatoria, dichas personas en la contestación de la demanda no negaron el hecho de que fueran auxiliares de enfermería para la época de los acontecimientos, ya que si bien propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, su justificación no obedeció a que no fueran empleadas de dicho centro hospitalario sino a que no obraron con dolo o culpa grave, lo que permite a la Sala, de manera indirecta, inferir que sí hacían parte de la planta de personal del mencionado hospital para la época de los hechos. Otro elemento que permite indicar que sí participaron en los hechos que dieron lugar a

la condena, son las firmas que se observan en la hoja de tratamientos de la historia clínica (…) quienes serían las auxiliares de enfermería que aplicaron, con intervalo de 12 horas, la inyección de diclofenaco ordenada. Hecho que tampoco controvirtieron o negaron en el escrito de contestación. NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / DOLO / PRUEBA DEL DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO / FALLA EN EL

SERVICIO HOSPITALARIO - No configurada / REQUISITOS DE

PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN - Incumplimiento

[N]o existe prueba de que tales personas hubieren desplegado un actuar doloso o gravemente culposo, los elementos de convicción aquí aportados no permiten esclarecer dicha circunstancia. Tampoco basta con lo dicho en las sentencias condenatorias, no solo porque no pueden aplicarse las presunciones de la Ley 678 de 2001, sino también porque en tal proceso de reparación no fue posible recaudar prueba directa de una falla del servicio, esto es, no hubo evidencia de que el hospital, a través de sus empleados hubiere actuado de forma irregular, negligente o descuidada al momento de aplicar las inyecciones (…). Es por eso

que, en los fallos condenatorios se aludió a la figura de la “falla presunta” en aplicación del desarrollo jurisprudencial de la época en temas de falla médica, criterio que, evidentemente no se extiende y no puede ser tenido en cuenta en materia de responsabilidad personal de los servidores públicos.

FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001

CARFA DE LA PRUEBA / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES

DEL PROCESO / CONDUCTA DE LA PARTE DEMANDANTE / CONDUCTA

OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE

LA PRUEBA / OMISIÓN DE APORTAR LA PRUEBA

[A] la demandante le correspondía no solo probar que fue condenada por los hechos que aquí se exponen, sino evidenciar con precisión cuál fue la conducta desplegada por las aquí accionadas y si esta era constitutiva de dolo o culpa grave, deber probatorio que no se cumplió conforme a los postulados del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177

NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con aclaración de voto del honorable

consejero Martín Bermúdez Muñoz.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 63001-23-31-000-2011-00246-01(58164)

Actor: HOSPITAL PIO X DE LA TEBAIDA E.S.E.

Demandado: AMANDA RUÍZ RUÍZ Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN Tema: Acción de repetición. Hechos acaecidos antes de la expedición de la Ley 678 de 2001. Falta de acreditación del dolo o culpa grave.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA ___________________________________ Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 de septiembre de 2016 de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO Se dirige la acción contra Amanda Ruíz Ruíz, Miriam Cuvi Valencia y Gloria Amparo Gaviria Ortiz, en calidad de ex empeladas del Hospital Pio X de La Tebaida E.S.E, en razón de una condena impuesta a esa entidad, mediante la cual se ordenó el pago de una indemnización a favor de Luis Eduardo Toro Murillo por las lesiones sufridas por esta persona a raíz de la aplicación de una inyección que habría sido prescrita y suministrada por tales accionadas.

I. ANTECEDENTES A.Lo que se demanda

1. Mediante escrito presentado el 22 de julio de 2011 (fl. 6, c1.), el Hospital Pio X de la Tebaida E.S.E., presentó demanda de repetición contra Amanda Ruíz Ruíz, Miriam Cuvi Valencia y Gloria Amparo Gaviria Ortiz, en la que solicitó: PRIMERA: Que se declare administrativamente responsable, por la conducta culposa que asumieron la Dra. AMANDA RUÍZ RUÍZ y las

auxiliares de enfermería MIRIAM CUVI VALENCIA y GLORIA AMPARO GAVIRIA ORTIZ, quienes desplegaron el resultado de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 7 de abril de 1999, dentro de la acción de reparación directa y en segunda instancia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, el pasado 11 de febrero de 2009, en contra de la E.S.E. Hospital Pio X del municipio de la Tebaida, Quindío, por la aplicación de la inyección Voltaren (sic), ordenada por la médico AMANDA RUÍZ RUÍZ y las auxiliares de enfermería MIRIAM CUVI VALENCIA y GLORIA AMPARO GAVIRIA ORTIZ el 14 y 15 de abril de 1997.

SEGUNDA: Que se condene a la Dra. AMANDA RUÍZ RUÍZ y a las auxiliares de enfermería MIRIAM CUVI VALENCIA y GLORIA AMPARO GAVIRIA ORTIZ, al pago y reparación directa de la suma de VEINTITRES MILONES DE PESOS ($23.000.000), a favor de la E.S.E. Hospital Pio X del municipio de la Tebaida, Quindío, como repetición de la suma cancelada por el citado centro hospitalario, el 31 de julio de 2009, según Resolución n.º 080, de la misma fecha y a favor de LUIS EDUARDO TORO MURILLO por intermedio de su apoderado judicial, el Dr. José Luis Giraldo Peláez.

TERCERA: Que se condene a la médico AMANDA RUÍZ RUÍZ y a las

auxiliares de enfermería MIRIAM CUVI VALENCIA y GLORIA AMPARO GAVIRIA ORTIZ, a pagar intereses comerciales a favor de la E.S.E. Hospital Pio X de La Tebaida, Quindío, desde la fecha que se realizó el pago, esto es, el 31 de julio de 2009 (…)

2. Como fundamento de lo anterior, se expresó que, en el mes de abril de 1997, al Hospital Pio X de la Tebaida E.S.E. arribó el menor Luis Eduardo Toro Murillo en compañía de su padre, quien se encontraba con un cuadro clínico de diarrea, en razón del mal funcionamiento de sus riñones. Para tratar la dolencia, los días 14 y 15 de abril de 1997 le fueron aplicadas dos inyecciones anti inflamatorias de “Voltarén” en el miembro inferior derecho. El 15 de abril de ese año, fue remitido al Hospital Universitario San José de Armenia, donde permaneció recluido hasta el 23 de ese mes. 2.1.- El 18 de junio de 1997 el menor fue valorado por el neurólogo del Hospital San Juan de Dios de Armenia, quien diagnosticó que dos mese atrás el paciente contaba con disminución de la fuerza en la pierna y el pie derecho, luego de la aplicación de la inyección intramuscular. 2.2. El 7 de abril de 1999, en proceso de reparación directa, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró administrativamente responsable al Hospital Pio X de la Tebaida E.S.E. de los daños sufridos por el menos Luis Eduardo Toro Murillo, por cuanto la inyección aplicada por personal de ese centro hospitalario, le había provocado una atrofia muscular distal de carácter permanente. La

declaración de responsabilidad fue confirmada en segunda instancia por la Sección Tercera del Consejo de Estado en fallo del 11 de febrero de 2009, aunque modificó lo referente a los perjuicios, consistente en la condena al hospital a pagar la suma de 50 smlmv, por conceto de alteración a las condiciones de existencia. 2.3. La suma total de la condena fue pagada el 31 de julio de 2009, la cual ascendió a un monto de $23.000.000 (f. 1 a 6, c.1). B.Posición de la parte demandada 3.- María Cuvi Valencia y Gloria Amparo Gaviria Ortiz contestaron demanda, a través de un mismo apoderado. Propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto en las sentencias a través de las cuales se condenó al hospital de los daños reclamados por Luis Eduardo Toro, en parte alguna se estableció en forma clara y concreta que las demandadas hubieren actuado con dolo o culpa grave. Luego, estimaron que le correspondía al ente demandante la carga probatoria, consisten en acreditar el señalado elemento subjetivo (f. 96 a 108, c.1). 3.1.- Amanda Ruiz Ruiz, a través de apoderado, manifestó que algunos documentos aportados con la demanda lo fueron en copia simple, de suerte que a estos no podía dársele valor probatorio. Sobre el actuar con culpa grave, señaló que no intervino en las acciones que incidieron en la producción del daño inferido al menor Luis Eduardo Toro Murillo, pues si bien, en su condición de médica, lo atendió en el servicio de urgencias y formuló el medicamento que debía ser

suministrado, no fue quien aplicó la inyección, que según el dictamen practicado en el proceso de reparación directa fue la causa eficiente del daño, de manera que no le asistía legitimación en la causa por pasiva, máxime cuando en dicho proceso se evidenció que el tratamiento prescrito fue el correcto, acorde con las reglas de la lex artis. 3.2. Adicionalmente, propuso las excepciones “inexistencia de culpa grave en el actuar de la doctora Amanda Ruiz Ruiz” e “indebida defensa técnica por parte del Hospital Pio X de la Tebaida dentro del proceso de reparación directa” (fl. 109 a 121, c.1).

C. Sentencia impugnada

4. El 2 de septiembre de 2016, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Amanda Ruiz Ruiz y negó las pretensiones de la demanda. 4.1. Sobre la legitimación en la causa de Amanda Ruiz Ruiz, manifestó que, de acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado emitida dentro del proceso de reparación directa, el tratamiento aplicado por dicha persona para atender los síntomas del paciente fue el indicado, pues contribuyó al desarrollo satisfactorio del paciente y que lo que había provocado el daño era la punción producto de la inyección aplicada por el personal de enfermería, lo que permitía concluir que el actuar de esa demandada “no fue la causa directa del daño y por tanto no tiene legitimación en la causa material por pasiva para ser llamada a responder…”. 4.2. Corroborados los elementos objetivos de la condena y el pago, sobre la conducta de Miriam Cuvi Valencia y Gloria Amparo Gaviria Ortiz, expresó que no

podían aplicarse las presunciones de los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, ya que los hechos tuvieron ocurrencia en el año 1997. En este orden de ideas, sobre su situación particular, expresó que el material probatorio era insuficiente para concluir que tales accionadas actuaron con dolo o culpa grave, más aún cuando en las sentencias condenatorias no se realizó un estudio detallado de las circunstancias que rodearon la conducta enjuiciada. 4.3. Expresó que, en la historia clínica aportada, se observaba que entre los días 14 y 15 de abril de 1997, al paciente Luis Eduardo Toro Murillo se le aplicaron dos ampolletas de diclofenaco, con espacio de 12 horas cada una, y que, si bien en los informes de enfermería del paciente se observan los nombre de “Miriam” y “Gloria”, no podía determinarse que se tratara de las mismas auxiliares de enfermería a quienes se demanda en este proceso. Además, tampoco se logró demostrar cuál de los dos procedimientos de inyección fue el que produjo la lesión, lo que hacía imposible establecer quien de las demandadas actuó de manera negligente. 4.4.Aunado a lo anterior, dijo el tribunal que tampoco fueron aportadas al proceso pruebas de la efectiva vinculación de las señoras Miriam Cuvi Valencia y Gloria Amparo Gaviria Ortiz con el Hospital Pio X de la Tebaida, ni su hoja de vida que permitiera establecer su condición de agentes del Estado (fl. 168 a 180, c.1).

D. Recurso de apelación

5.- El Hospital Pio X de La Tebaida E.S.E. expresó:

Al respecto, tenemos que son las mismas enfermera Amanda Ruiz Ruiz, Miriam Cuvi Valencia y Gloria Amparo Gaviria, quienes reconocieron que evidentemente fungían como auxiliares de enfermeras de la E.S.E Hospital Pio X del Municipio de la Tebaida, Quindío, las encargadas de la atención del paciente y a su vez de aplicar las inyecciones que evidentemente causaron las lesiones al paciente LUIS EDUARDO TORO MURILLO, como puede colegirse de la misma historia clínica n.º 22869 y que hace referencia a las atenciones brindadas al paciente los días 14 y 15 de abril de 1997. 5.1. Dijo que, el menor ingresó por urgencias con quebrantos de salud, a quien se le ordenó la aplicación de dos ampolletas de diclofenaco por parte del médico tratante, siendo dichas ampolletas las que necesariamente provocaron las lesiones y, “necesariamente dichas enfermeras las que dieron aplicación a las mismas”. Además, refirió que los documentos aportados no fueron tachados y frente a estos se ejerció el derecho de contradicción. 5.2. Alegó que el tribunal había incurrió en un defecto fáctico, pues negó las pretensiones de la demanda so pretexto de la inexistencia de prueba, siendo que esta sí reposa dentro del proceso (fl. 182 a 185, c.1).

E. Alegatos en segunda instancia

6. Por auto del 22 de febrero de 2017, el Consejo de Estado corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (f. 196, c.1), dentro del respectivo término, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

A. Jurisdicción, competencia y acción procedente

7. El asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, conforme lo previsto por el artículo 7º de la Ley 678 de 20011. Por las mismas reglas dadas en la norma en 1 El artículo 7º de la Ley 678 de 2001, prevé: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.

Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo. Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será mención, la Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, por cuanto la demanda de repetición se presentó en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación judicial que tramitó el proceso de reparación directa que culminó con sentencia condenatoria contra el Hospital Pio X de La Tebaida ESE. De igual modo, la acción de repetición es la idónea para estudiar si procede el resarcimiento patrimonial a favor de un ente público, por parte de los funcionarios o exfuncionarios que hayan dado lugar a una condena, por daños provocados por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.

B. Legitimación en la causa

8. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditada por la entidad pública accionante, quien dijo sufrir un daño con el pago de la condena impuesta

mediante sentencias emitidas por la jurisdicción contenciosa administrativa. 8.1. Y por pasiva, lo están las demandadas Miriam Cuvi Valencia y Gloria Amparo Gaviria de quienes se afirman en el escrito inicial fueron las auxiliares de enfermería que aplicaron la inyección en el paciente por cuyos daños se habría dado lugar a la condena contra el referido hospital, esto es, con sustento en los hechos que sirven de causa y que se afirman en la demanda2. De este modo, es válido darle alcance al hecho, según el cual dichas demandadas no cuestionaron su vinculación con el hospital al momento de contestar la demanda, quienes además aquí actúan a través de apoderado de confianza y no mediante curados ad litem. 8.2. En relación con Amanda Ruiz Ruiz, se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva en la primera instancia, aspecto que no fue cuestionado de manera puntual en el recurso de apelación. A pesar de que en la impugnación se menciona su nombre, lo cierto es que las conductas a las que allí se alude son las de las auxiliares de enfermería y no las de dicha persona en condición de médica, aunado a que en el referido texto no se solicita que la decisión de falta de competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto (…)” 2 Se acoge el criterio de la legitimación de hecho o formal atendiendo la postura de la Sala Mayoritaria, sin embargo, para el ponente, tanto la legitimación en la causa, de hecho como material, es un presupuesto procesal que de no acreditarse da lugar a que de oficio sea declarada

la falta de legitimación en la causa, lo cual impide estudiar el fondo del asunto. Vale aclarar que, sobre la condición de empleadas las señoras María Cuvi Valencia y Gloria Amparo Gaviria no se aportó prueba de su vinculación con el Hospital Pio X de La Tebaida, aspecto sobre el cual la Sala se referirá con mayor detalle cuando analice el fondo del asunto. legitimación en la causa por pasiva sea revocada, sobre lo cual entonces nada se dispondrá en esta instancia.

C. Caducidad.

9. Según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición debe presentarse dentro de los dos años, contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Esa norma se complementa con la sentencia C-832 de 2001 de la Corte Constitucional que declaró exequible la expresión "contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad", contenida en el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artíc