CE-SECCION TERCERA-66001-23-31-000-2011-00186-01(52390)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA /

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO VIAL /

DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE VEHÍCULOS, NAVES O

AERONAVES / LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / CONDUCTA DE

LA VÍCTIMA CON CAUSACIÓN DEL DAÑO / OBLIGACIONES DEL

MOTOCICLISTA / RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO /

SEÑAL PREVENTIVA DE TRÁNSITO / RUPTURA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / CAUSAL DE EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRUEBA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA [E]s claro para la Sala que en este caso se configuró la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, circunstancia que lleva al rompimiento del nexo causal y libera de responsabilidad a la entidad accionada, pues se probó que el señor […] optó por manejar su motocicleta en un horario en el que se encontraba estrictamente prohibido su tránsito; es decir, que aquel se encontraba en la posibilidad real y efectiva de interrumpir el proceso causal del siniestro. […] [L]a inobservancia del Decreto 060 del 8 de mayo de 2009 resulta ser suficiente para declarar la culpa exclusiva de la víctima, porque, se insiste, el señor […] se encontraba en la posibilidad real y efectiva de interrumpir el nexo causal; es decir, se trató de una situación que le era totalmente resistible. Por las

razones antes expuestas, se revocará la sentencia de primera instancia y, por ende, se negarán las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado en eventos de accidente de tránsito, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de febrero 2021, rad. 52639, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 29 de julio de 2015, rad. 39049, C. P.

Hernán Andrade Rincón.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44

COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE

DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Se valorarán las copias simples aportadas por las partes, de acuerdo con la

jurisprudencia unificada de esta Sección, en aplicación del principio constitucional de buena fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas por la entidad demandada y, porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; y Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M. P.

Mauricio González Cuervo.

PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA /

ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. Asimismo, se ha dicho que cuando el traslado de las pruebas es solicitado por ambas partes, aquellas pueden ser valoradas aun cuando hubieren sido practicadas sin su citación o su intervención en el proceso original y sin su ratificación en el proceso contencioso administrativo, porque, en tales casos, resulta contrario a la lealtad

procesal que una de las partes solicite que una prueba haga parte del acervo probatorio, para luego, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invocar las formalidades legales para su inadmisión.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 185

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de la prueba trasladada, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2002, rad.

12789, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN

EXTRAJUDICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN

EXTRAJUDICIAL / REQUISITOS LEGALES DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL Frente a la declaración extrajuicio allegada con la demanda […], la cual se aportó con el fin de probar la unión marital de hecho existente entre el señor […] y la señora […], la Sala advierte que la misma carece de eficacia probatoria, dado que la ley restringió esa clase de declaraciones como medio de prueba en actuaciones judiciales a dos situaciones, a saber: (i) cuando la persona que declara se encuentra enferma y (ii) cuando la declaración tiene como propósito servir de prueba sumaria “en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba” (artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil), y ocurre que ninguno de estos supuestos se da en este caso, a lo cual se suma que tales declaraciones no fueron ratificadas en este proceso, ni practicadas con audiencia de la parte contraria.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 298 /

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 299

TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL

TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO Si bien en el ordenamiento jurídico colombiano son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas, el Consejo de Estado ha establecido que no pueden descartarse de plano sus versiones, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de la declaración del testigo sospechoso, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de julio de

2016, rad. 36932, C. P. Hernán Andrade Rincón.

PRUEBA DOCUMENTAL / REGISTRO FOTOGRÁFICO / AUTORIZACIÓN DE

LA FOTOGRAFÍA / FECHA DE LA FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFÍA / RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / PRUEBA EN VIDEO / RECONOCIMIENTO EN VIDEO / VALOR

PROBATORIO DE LA PRUEBA EN VIDEO

[L]a parte actora aportó un “CD contentivo de fotografías y video de la vía al momento del accidente”. Para acreditar la veracidad de esa información, la parte actora pidió que se escuchara el testimonio del citado señor […], hermano de la víctima […]. Sobre el particular, la Sala encuentra que los archivos multimedia que reposan en el CD podrán ser valorados, en la medida en que fueron reconocidos o ratificados por la persona que los registró, quien dio cuenta del lugar y la época en que fueron tomados; sin embargo, su estudio se hará en conjunto y bajo las reglas de la sana crítica con los demás medios probatorios que obran en el expediente , teniendo en cuenta, además, que quien los realizó fue un testigo que, a la luz de la legislación colombiana, resulta ser sospechoso.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las fotografías cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014,

rad. 28832, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / SEÑAL PREVENTIVA

DE TRÁNSITO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / NEXO CAUSAL / PRUEBA DEL NEXO DE

CAUSALIDAD / DAÑO CAUSADO POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN O

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS

[L]la Sección Tercera ha desarrollado un marco jurisprudencial del análisis de responsabilidad del Estado en eventos de accidentes de tránsito por falta de

señalización en la vía. Ha sostenido que el Estado está obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial, de manera que deberá responder en los siguientes eventos: i) cuando conozca las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el desprendimiento de materiales de las montañas aledañas a las carreteras y, sin embargo, no adopte las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes de tránsito y ii) cuando incurra en omisión de sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial, responsabilidad que acarreará mayor exigencia si se demuestra que los daños u obstáculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiera efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación normal en la vía, evento en el cual se deberán evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, valoración que será más estricta si se llega a demostrar que el hecho anormal que presentaba la vía fue puesto en conocimiento de la accionada y que ésta omitió el cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad. La demostración de la existencia de un obstáculo en una vía -en este caso, un huecono es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño por ello, pues esa prueba debe

acompañarse de la acreditación del nexo causal entre éste y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la administración en su deber de mantenimiento de la malla vial.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad del Estado en eventos de accidentes de tránsito por falta de señalización en la vía, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 2011, rad. 17613, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 21 de septiembre de 2016, rad. 42492, C. P. Carlos

Alberto Zambrano Barrera.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00186-01(52390)

Actor: JORGE HERNÁN MANRIQUE CARDONA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO – lesiones de motociclista / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – Además de que el accidente ocurrió en un horario en el que estaba prohibido el tránsito de motos, el conductor había consumido alcohol.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, el municipio de Santa Rosa de Cabal y La Previsora S.A. contra la

sentencia del 30 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 17 de mayo de 2009, a las 11:50 pm, en la carrera 13 con calle 12 del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el señor Jorge Hernán Manrique Cardona sufrió un grave accidente de tránsito en una moto por un hueco que había cavado la administración municipal. La parte actora pretende que se declare la responsabilidad extracontractual del ente territorial, por la supuesta falla del servicio en la que incurrió al realizar una obra sin la debida señalización e iluminación.

ANTECEDENTES

1. La demanda Mediante escrito presentado el 9 de junio de 2011 (f. 5-29 c-1), los señores Jorge Hernán Manrique Cardona y Lina Marcela Ossa Ochoa, quienes actúan en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Juan José Manrique Ossa; y los señores Luz Marina Cardona de Manrique, Jorge Nel Ocampo Moreno, María Liliana Manrique Cardona, José Arley Manrique Cardona, Héctor Miguel Manrique Cardona y Martha Inés Ochoa Corrales, por conducto de apoderado judicial (f. 1-3 c-1), presentaron demanda de reparación directa en contra del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable “por las lesiones y secuelas sufridas por el señor Jorge Hernán Manrique Cardona, en el accidente de tránsito ocurrido el 17 de marzo de 2009”.

En concreto, los demandantes solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

1. Declárase al municipio de Santa Rosa de Cabal administrativa y patrimonialmente responsable de los daños causados a los demandantes, por las lesiones y secuelas sufridas por el señor Jorge Hernán Manrique Cardona, en el accidente de tránsito ocurrido el 17 de marzo de 2009.

Como consecuencia de lo anterior, declárese que debe indemnizar integralmente los daños propinados a las víctimas, según la tabla de rubros y cuantías: Víctimas Lucro cesante Daño moral Vida de relación Total, individual Jorge Hernán Manrique Cardona $300’544.865 200 SMLMV 200 SMLMV $514’784.86 (lesionado) 5 Lina Marcela $107’560.00 Ossa Ochoa 100 SMLMV 100 SMLMV 0 (consorte) Juan José Manrique 50 SMLMV 100 SMLMV $107’560.00 Ossa (hijo) 0 (sic) Luz Marina Cardona de 50 SMLMV $26’780.000 Manrique (madre) Jorge Nel Ocampo 50 SMLMV $26’780.000 Moreno (padrastro) María Liliana Manrique 50 SMLMV $26’780.000 Cardona (hermana) José Arley Manrique 50 SMLMV $26’780.000 Cardona (hermano) Héctor Miguel Manrique 50 SMLMV $26’780.000 Cardona (hermano) Martha Inés Ochoa 50 SMLMV $26’780.000 Corrales (suegra)

TOTAL $890’584.865

Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos: El 17 de marzo de 2009, a las 11:50 PM, en la carrera 13 con calle 12 del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el señor Jorge Hernán Manrique Cardona sufrió un accidente de tránsito en la motocicleta de placas LZL 44B que manejaba. El siniestro ocurrió porque en el lugar de los hechos había un “hueco que cubría el ancho de la vía”, el cual provocó que el señor Manrique Cardona perdiera el control de la moto y chocara. Se afirmó que el señor Jorge Hernán Manrique Cardona resultó gravemente herido en su tobillo derecho y, por ello, quedó con “una pérdida de capacidad laboral del 50%”, minusvalía que frustró su proyecto de vida. Según la demanda, el hueco que causó el accidente fue cavado por la administración municipal debido a las obras civiles que realizaba, y el mismo no se encontraba debidamente señalizado. Igualmente, se destacó que la obra tampoco advertía los peligros que representaba. En ese sentido, se explicó que el accidente ocurrió por diferentes omisiones atribuibles al ente territorial. Por un lado, reprochó la falta de señalización e iluminación de la obra y el hueco y, por el otro, cuestionó el hecho de que la administración municipal no hubiera cerrado la vía o moderado el paso. Finalmente, se adujo que a los demandantes se les generaron múltiples perjuicios de orden material, además de las afecciones de índole inmaterial.

2. El trámite en primera instancia 2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,

mediante providencia del 5 de julio de 2011 (f. 31-33 c-1), decisión que fue notificada al municipio de Santa Rosa de Cabal y al Ministerio Público (f. 39 c-1). 2.2. El municipio de Santa Rosa de Cabal contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (f. 41-48 c-1). Explicó que, en efecto, en la carrera 13 con calle 12 del municipio de Santa Rosa de Cabal se estaba adelantando una obra de mantenimiento, pero aclaró que la misma sí se encontraba debidamente señalizada e iluminada. Manifestó que el accidente ocurrió por la conducta desplegada por la víctima, quien viajaba bajo los efectos del alcohol y en un horario en el que se encontraba prohibido el tránsito de motos. Por lo anterior, propuso como excepciones (i) ausencia de responsabilidad en los hechos que se imputan; (ii) ausencia de nexo causal entre el daño y el hecho generador, (iii) indebida tasación y falta de soporte probatorio de los perjuicios pretendidos. Por último y en escrito separado, llamó en garantía a la Compañía de Seguros La Previsora S.A., en virtud de la “póliza de responsabilidad civil extracontractual RC. 1001011” (49-50 c-1). 2.3. Por auto del 26 de marzo de 2012, el a quo admitió el llamamiento en garantía que el municipio de Santa Rosa de Cabal realizó en contra de la Compañía de Seguros La Previsora S.A. (f. 87-88 c-1).

2.4. La Previsora S.A. contestó el llamamiento en garantía (f. 92-104 c-1). Frente a las pretensiones de la demanda, indicó que el daño alegado por la parte actora no le era atribuible al ente territorial demandado, dado que, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, se tenía por acreditado que la vía donde ocurrió el siniestro “se encontraba cerrada con cintas reflectivas”; que el señor Jorge Hernán Manrique Cardona había consumido alcohol y que manejaba en un horario en el que se encontraba restringido el tránsito de motocicletas. En relación con el llamamiento en garantía, adujo que no estaba obligada al pago, dado que el accidente ocurrió “por la realización de una obra civil (reparación de vía)”, situación que, de conformidad con el contrato, se encontraba excluida. Finalmente, propuso como excepción “falta de requisito de procedibilidad de la audiencia de conciliación prejudicial”. 2.5. Mediante proveído del 11 de octubre de 2011 (f. 161-165 c-1) se abrió el proceso a pruebas y, por auto del 28 de enero de 2014 (f. 202 c-1), se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. La Previsora S.A. explicó que el daño alegado en la demanda se causó por el actuar imprudente y descuidado del señor Manrique Cardona y, por ello, solicitó que “se declare probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima” (f. 203-207

c-1). El municipio de Santa Rosa de Cabal pidió que se negaran las pretensiones de la demanda, por considerar que en este caso “no existe nexo causal entre el daño y el hecho generador, pues de las pruebas recaudadas se puede adverar la responsabilidad del conductor de la motocicleta” (f. 208-214 c-1). La parte actora explicó que el municipio demandado omitió “todas las medidas preventivas de vigilancia y control (…) [de la obra] para evitar riesgos”, por lo que está llamado a responder por los daños reclamados (f. 222-231 c-1). El Ministerio Público guardó silencio.

3. La sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante providencia del 30 de abril de 2014, declaró la responsabilidad parcial del municipio de Santa Rosa de Cabal y lo condenó al pago de perjuicios. La parte resolutiva de la sentencia es la siguiente

(f. 246-307 c-2): PRIMERO: DECLÁRASE no probada la excepción propuesta por la aseguradora La Previsora S.A, respecto a la falta de requisito de procedibilidad de la audiencia de conciliación prejudicial.

SEGUNDO: DECLÁRASE la responsabilidad administrativa y patrimonial del municipio de Santa Rosa de Cabal, por los daños ocasionados a los demandantes, con ocasión de las lesiones del señor Jorge Hernán

Manrique Cardona, ocurrida el 17 de marzo de 2009, en la carrera 13 entre calles 12 y 13 de esa municipalidad.

TERCERO: DECLÁRASE la concurrencia de culpas (50%) entre el municipio de Santa Rosa de Cabal y el señor Jorge Hernán Manrique

Cardona, por las lesiones de éste en el accidente ocurrido el 17 de marzo de 2008, en el Municipio demandado.

CUARTO: CONDENÁSE al municipio de Santa Rosa de Cabal, al reconocimiento y pago de las siguientes sumas de dinero, lo cual procede por intermedio de su aseguradora La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en virtud y en los términos de la póliza “SEGURO PREVIALCALDÍAS PÓLIZA MULTIRIESGO No. 1001011”, expedida el 17 de junio de 2008. - Por concepto de perjuicios materiales: La suma de veinte millones trescientos veintinueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos con noventa centavos moneda corriente

($20’329.657,90).

• Por concepto de perjuicios morales:

Víctima SMLMV Jorge Hernán Manrique Cardona 10 (lesionado) Lina Marcela Ossa Ochoa (consorte) 5 Juan José Manrique Ossa (hijo) 5 Luz Marina Cardona de Manrique 5 (madre) María Liliana Manrique Cardona 2 (hermana) José Arley Manrique Cardona 2 (hermano) Héctor Miguel Manrique Cardona 2 (hermano)

• Por concepto de daño a la salud1:

Víctima SMLMV Jorge Hernán Manrique Cardona 40.3 (lesionado) CUARTO (sic): NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. En primer lugar, despachó de manera desfavorable la excepción denominada “falta de requisito de procedibilidad de la audiencia de conciliación prejudicial”

propuesta por la llamada en garantía -La Previsora S.A.-, dado que “las normas que reglan la conciliación prejudicial [no] establecen la obligación de su convocatoria desde esa etapa”. Luego, abordó los elementos de la responsabilidad. Explicó que el daño alegado en la demanda, -lesiones personales sufridas por el señor Jorge Hernán Manrique Cardonase encontraba probado con la historia clínica aportada al proceso, según la cual el referido señor sufrió graves heridas en su pie derecho y, por ello, fue intervenido quirúrgicamente en diferentes oportunidades. También destacó el acta expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, en la que se concluyó que el señor Manrique Cardona vio reducido el 20,15% de su capacidad laboral. Al abordar el juicio de imputación, explicó que dicho daño le resultaba atribuible al municipio de Santa Rosa de Cabal, a título de falla del servicio, dado que, en su criterio, “en una vía en la que se estaban adelantando trabajos públicos de reparación (…), ninguna de las señales que impone el Manual de Señalización Vial se encontraba presente”. 1 Esta indemnización se otorgó por lo que en la demanda se pidió como “daño a la vida de relación”. En ese sentido, indicó que dicha “falla en el servicio (…) hizo que el conductor de la motocicleta continuara por la vía de la carrera 13, la cual no tenía señal de cerramiento ni ninguna otra que previniera el riesgo o peligro que representaba transitar por los trabajos que se estaban ejecutando”, lo cual causó el accidente

que lesionó al demandante principal. No obstante lo anterior, adujo que el daño también le era atribuible en un 50% a la víctima, por cuanto se demostró que el señor Jorge Hernán Manrique Cardona ((ii) conducía en un horario en el que estaba prohibido el tránsito de motos y (ii) bajo la lluvia, con unas llantas que “se encontraban en regular estado”. Aclarado lo anterior, el a quo, teniendo en cuenta la concurrencia de culpas declarada, reconoció las indemnizaciones que se transcribieron al inicio de este acápite. Por otra parte, negó (i) los perjuicios morales pretendidos por los señores Jorge Nel Ocampo Moreno y Martha Inés Ochoa Corrales -padrastro y suegra de la víctimaal no encontrar acreditado el daño alegado por aquellos y (ii) lo solicitado por “daño a la vida de relación” en favor de la compañera permanente e hijo de la víctima. Finalmente, frente a la “responsabilidad de la llamada en garantía”, adujo que La Previsora S.A. debía responder “por los perjuicios a cuyo pago se condenó al municipio de Santa Rosa de Cabal, en los términos pactados en la póliza Previalcaldías Multiriesgo No. 1001011”, la cual contemplaba el amparo de eventos como el demandado.

4. Los recursos de apelación 4.1. El municipio de Santa Rosa de Cabal interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia (309-314 c-2). Indicó que no incurrió en una falla del servicio, dado que con el informe de tránsito se probó que

la vía se encontraba debidamente iluminada y señalizada. Por otra parte, adujo que la lesión sufrida por el señor Manrique Cardona “ocurrió única y exclusivamente por su negligencia, imprudencia y violación a las normas de tránsito, ya que no solo conducía en estado de alicoramiento, sino que también transitaba en un horario restringido para los motociclistas”. Por lo anterior, solicitó que se declarara la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. 4.2. La Previsora S.A., solicitó, igualmente, que se revocara la sentencia de primera instancia (f. 315-327 c-2). Por una parte, explicó que en este caso la conducta de la víctima se constituyó como la causa eficiente del daño, dado que el señor Manrique Cardona “se encontraba en estado de alicoramiento; conducía en horario en el que había restricción de motocicletas, por disposición de la autoridad municipal y las llantas estaban en regular estado”. Por otra parte, adujo que, en caso de confirmarse la responsabilidad del ente territorial accionado, La Previsora S.A. no estaba llamada a asumir el pago de la condena, por “la falta de cobertura del seguro con el cual se surtió el llamamiento en garantía”, dado que en la minuta se excluyeron los daños derivados de “obras civiles y demolición”. 4.3. La parte demandante apeló la decisión de primera instancia en lo desfavorable y solicitó su revocatoria parcial (f. 328-371 c-2). En primer lugar, se opuso a la reducción del 50% de la condena. En su criterio, “circular fuera de los

horarios permitidos para los motociclistas en el municipio (…) y tener las llantas del rodado en regular estado” no podían ser consideradas como “concausas adecuadas del accidente”. Frente al primer punto, esto es, la restricción en la circulación, manifestó que, en efecto, de conformidad con el Decreto No. 200 del 23 de octubre de 2008, el tránsito de motos no era permitido entre las 11:00 pm y las 5:00 am en el municipio de Santa Rosa de Cabal; sin embargo, dicha limitación se adoptó con el fin de “evitar el alto índice de sicariato” y, resulta que, “no toda violación de reglamento es causa automática del suceso, pues es necesario (…) tener en consideración si se ha violado el fin de protección de la norma”. En ese sentido, concluyó que “no tiene que ver en lo absoluto la violación de una norma o reglamento con el resultado padecido por el señor Manrique, [dado que] la situación descrita se dio concretamente por la omisión en el deber ser de la administración”. Respecto del estado de las llantas de la moto, explicó que de ello solo daba cuenta una constancia, de la cual no era posible derivar que dicha circunstancia concurrió en la producción del daño. Así las cosas, concluyó que en este caso la víctima no intervino causalmente en la concreción del accidente y, por tanto, se configuraba como causa adecuada del daño la omisión atribuida al ente territorial. En segundo lugar, la parte actora reprochó la indemnización de perjuicios efectuada por el a quo. En ese sentido, pidió, además del 100% de la condena, (i)

que se aumentara el lucro cesante y el perjuicio moral reconocidos; (ii) se incrementara el “daño a la salud” otorgado al señor Manrique Cardona y se condenara por el “daño a la vida de relación” solicitado en favor de su compañera permanente e hijo y, (iii) se pagaran los perjuicios morales pretendidos por los señores Jorge Nel Ocampo Moreno y Martha Inés Ochoa Corrales.

5. El trámite de segunda instancia Los recursos de apelación fueron concedidos en la audiencia de conciliación del 20 de agosto de 2014, la cual se declaró fallida por la falta de ánimo conciliatorio de la parte actora (f. 387-388 c-2), y admitidos por esta Corporación el 31 de octubre siguiente (f. 393-394 c-1). Posteriormente, por auto del 7 de mayo de 2015, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (f. 407 c-ppal).

La Previsora S.A. ratificó “lo expuesto en el recurso de alzada” (f. 408 c-2). La parte demandante, el municipio de Santa Rosa de Cabal y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación presentados en contra de la sentencia del 30 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por tratarse de un proceso de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del CCA2, dado que

la suma de las pretensiones3 excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda4.

2. Ejercicio oportuno de la acción 2“Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”.

3En la demanda la parte actora solicitó un total de $890’584.865, suma que supera lo exigido por la norma para el efecto. De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo5, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos. En el caso concreto, la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se originó en el daño