CE-SECCION TERCERA-68001-23-31-000-2011-00069-01(51440)S

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Niega

REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FALLA EN EL SERVICIO – Por el uso de armas de dotación oficial / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / FALLA EN EL SERVICIO – Por exceso en el uso de la fuerza por parte de la autoridad

policial / LEGÍTIMA DEFENSA / REQUISITOS DE LEGÍTIMA DEFENSA /

PROPORCIONALIDAD DE LA LEGÍTIMA DEFENSA / EXIMENTES DE

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CAUSALES DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA –Configurada para el caso en comento Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la sentencia del 25 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO: Los actores del presente caso en comento presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de DefensaPolicía Nacional, con el fin de que se la declarara patrimonialmente responsable por la muerte del señor H.R.C. y las lesiones padecidas por el señor F.R.C., en hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2008, en el barrio Santa Ana del municipio de Floridablanca, Santander (…), [con ocasión de hechos y

circunstancias de alteración del orden público y el intercambio de disparos acaecido entre las víctimas y la PONAL]. A juicio de los demandantes, en el presente asunto se configuró una falla del servicio atribuible a la Policía Nacional por el “exceso de los límites razonables del uso de la fuerza”, pues sus miembros actuaron de manera desproporcionada ante una situación que podían controlar sin hacer uso de sus armas, máxime si se tiene en cuenta que las víctimas se encontraban reducidas y que los disparos que momentos antes realizaron no iban dirigidos a los uniformados o algún miembro de la comunidad.

PROBLEMA JURÍDICO: Previa acreditación de la existencia del daño, la Sala examinará si la muerte del señor H.R.C. y las lesiones sufridas por el señor F.A.R.C. el 21 de noviembre de 2008, son atribuibles o no a la Policía Nacional, y si la actuación de las víctimas incidió total o parcialmente en la producción del resultado dañoso, ello con fundamento en alguno de los títulos de imputación aceptados por la jurisprudencia del Consejo de Estado en este tipo de eventos.

PRESUPUESTOS PROCESALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO – Respecto de sentencias de primera instancia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA – Para conocer recurso de apelación de sentencias dictadas por los tribunales administrativos / COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CADUCIDAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

DE REPARACIÓN DIRECTA – Por exceso en el uso de la fuerza por parte de la autoridad policial / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Respecto de uno de los demandados El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la Policía Nacional en contra de la sentencia del 25 de octubre de 2013, por tratarse de un proceso de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del CCA (…). De conformidad con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa (…).En el caso concreto, la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se originó en el daño que alega haber sufrido la parte actora (…) en hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2008 (…).Así las cosas, en principio, la demanda podía ser presentada hasta el 22 de noviembre 2010 [no obstante], [tener en cuenta, que la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial, interrumpiendo el término de caducidad y reanudándolo luego de la expedición del acta que declaró fallida la conciliación] - numeral 1, del artículo 2 de la Ley 640 de 2001- (…). [De otro lado], La Sala encuentra probado el interés de los demandantes (…) [respecto de los 2 daños

alegados por la] parte actora, esto es: (i) la muerte del señor H.R.C. y (ii) las lesiones padecidas por el señor F.A.R. (…) Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que el daño alegado en la demanda se hace derivar de unas acciones endilgadas a la Policía Nacional (…).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 129 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 / LEY 446

DE 1998 – ARTÍCULO 44 / LEY 640 DE 2001 – ARTÍCULO 2 NUMERAL 1

PRUEBA / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / DECRETO DE PRUEBA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA / PRÁCTICA DE PRUEBA ANÁLISIS DE LA PRUEBA / VALORACIÓN PROBATORIA / VALIDEZ DE LA PRUEBA – Respecto de copias simples aportadas al proceso / PRESUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA – Respecto de la prueba trasladada / PRUEBA TESTIMONIAL / VALIDEZ DE LA PRUEBA – Testimonial / PRUEBA EXTRAJUDICIAL / DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / VALIDEZ DE LA PRUEBA – Respecto de la declaración extrajudicial / REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL

[Al respecto], se valorarán las copias simples aportadas por las partes, de acuerdo

con la jurisprudencia unificada de esta Sección, en aplicación del principio constitucional de buena fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas por la entidad demandada y, porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción. (…) Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil (…) las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. De igual manera, se ha dicho que cuando el traslado de las pruebas es solicitado por ambas partes, aquellas pueden ser valoradas aun cuando hubieren sido practicadas sin su citación o su intervención en el proceso original y sin su ratificación en el proceso contencioso administrativo (…).Así las cosas, las pruebas documentales que obran en la actuación trasladada [“sumario 054-2008” remitido por la Justicia Penal Militar] serán valoradas en contra de la demandada, dado que su traslado fue solicitado por la parte actora, estuvieron a disposición de las partes en este proceso y contaron con la oportunidad procesal para controvertirlas (…). Además, se tendrán en cuenta los testimonios que se recibieron durante la referida actuación (…). [F]rente a la declaración extrajuicio allegada con la demanda (…).[L]a Sala advierte que la misma carece de eficacia probatoria, dado que la ley restringió esa clase de declaraciones como medio de prueba en actuaciones judiciales a dos situaciones, a saber: (i) cuando la persona que declara se encuentra enferma y (ii) cuando la

declaración tiene como propósito servir de prueba sumaria “en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba” (artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil), y ocurre que ninguno de estos supuestos se da en este caso (…).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 185 /

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 298 / CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 299

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL

SERVICIO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO / DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO

ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTJURÍDICO – A la parte demandada para el caso en comento / LEGÍTIMA

DEFENSA / REQUISITOS DE LEGÍTIMA DEFENSA / PROPORCIONALIDAD DE

LA LEGÍTIMA DEFENSA / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CAUSALES DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – Configurada para el caso en comento / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL Como se advirtió, en el presente asunto, la parte actora pretende la indemnización

de dos daños, a saber: (i) la muerte del señor H.R.C. y (ii) las lesiones personales padecidas por el señor F.A.R. La Sala encuentra acreditado el primer daño alegado en la demanda, (…) habida cuenta de que al proceso se allegó el respectivo registro civil de defunción (…).Asimismo, obra en el proceso protocolo de necropsia (…) en el que se concluyó que el señor H.R.C. recibió dos disparos que le causaron la muerte. (…) De igual forma, se encuentra probado el segundo daño alegado en la demanda, esto es, las lesiones personales padecidas por el señor F.A.R. pues se acreditó que el 21 de noviembre de 2008, aquel ingresó por urgencias a la clínica Carlos Ardila Lulle de Bucaramanga con “herida por proyectil de arma de fuego (…)”. Establecido el primer elemento de la responsabilidad, la Sala abordará el análisis de la imputación, con el fin de determinar si el daño causado a los demandantes le resulta atribuible o no a la Policía Nacional. (…) A juicio de los demandantes, se configuró una falla del servicio atribuible a la Policía Nacional por el “exceso de los límites razonables del uso de la fuerza”, pues sus miembros actuaron de manera desproporcionada ante una situación que podían controlar sin hacer uso de sus armas. (…) Sobre el particular, resulta importante destacar que, en sentencia del 19 de abril de 2012, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la

Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar, sin que ello comporte la modificación de la causa petendi. (…) Tratándose de uno u otro régimen, la posibilidad de imputar al Estado la causación de un determinado daño conlleva la necesidad de demostrar que el mismo tuvo algún nexo con el servicio público, esto es, la acción adecuada (responsabilidad objetiva) o inadecuada (falla del servicio) que desplegó la administración, pues es aquella circunstancia la que permite hacerla responsable de la conducta de sus agentes, a través de quienes necesariamente actúa. Con todo, sea cual fuere el régimen de responsabilidad bajo el cual se decida el caso concreto, lo cierto es que la entidad estatal no sería responsable del daño, en los eventos en los que se pruebe una causa extraña que exonere a la administración, como el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor, la culpa personal del agente o el hecho exclusivo y determinante de un tercero. (…) En el presente asunto no existe discusión frente a que los hermanos R.C. llegaron al lugar de los hechos haciendo uso de un arma de fuego, con lo cual pusieron en riesgo la vida e integridad de todas las personas que se encontraban en aquel sitio. Tal situación provocó la reacción inmediata de los uniformados que se encontraban en ese sector, quienes, de igual forma, hicieron uso de sus armas de

fuego de dotación. Es decir, que tanto las víctimas como los uniformados accionaron sus armas. (…) En ese orden de ideas, es claro que la reacción de los policías estuvo justificada, pues la conducta violenta de las víctimas puso en riesgo la vida e integridad física de los uniformados y la comunidad. (…) Al margen de todo lo anterior, es claro que en este caso las víctimas acudieron al lugar de los hechos haciendo uso de un arma de fuego y disparando de forma indiscriminada contra una vivienda en el centro de un conglomerado de personas y, luego, contra la patrulla, lo cual provocó la reacción de los uniformados. Frente a este punto, se debe advertir que no es posible predicar una desproporción de la fuerza por el número de disparos que se efectuaron, pues, tal como lo explicó la Policía Nacional, se deben estudiar las circunstancias de tiempo modo y lugar que rodearon los hechos y, resulta que, en este caso, la acción en combate ocurrió de manera instantánea y los policías solo tuvieron tiempo de responder a la agresión, en cumplimento de la obligación constitucional de hacer cesar un ataque ilegal con arma de fuego, en medio de la comunidad. (…) [Frente a la configuración de causales eximentes de responsabilidad favorables a la parte demandada] es claro que en este caso se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de las víctimas por (i) el origen de la agresión; (ii) la puesta en peligro a la comunidad y (iii) el ataque perpetrado contra los policías, de ahí que su reacción inmediata no pueda ser considerada como desmedida, al margen de las

inconsistencias que se evidenciaron. En otras palabras, en este caso, se debe catalogar como causa preponderante del daño la reprochable conducta asumida por las víctimas, pues se constituyó como una flagrante violación a las normas penales y de convivencia ciudadana, con lo cual, no solo se puso en riesgo la vida de los uniformados, sino también la de otros ciudadanos que se encontraban en el sector, de ahí que, se insiste, fuera necesario el uso de la fuerza. (…) Por las razones antes expuestas, se revocará la sentencia de primera instancia y, por ende, se negarán las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORÍA: En lo que se refiere al derecho de daños y el modelo de responsabilidad estatal a adoptar, ver: Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012. Exp 21.515.

CONDENA EN COSTAS – Improcedente El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 –ARTÍCULO 55

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 68001-23-31-000-2011-00069-01(51440)

Actor: ALEJANDRO RANGEL QUIROGA Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Temas: RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD / FALLA EN EL SERVICIO – Responsabilidad del Estado por el uso de armas de dotación oficial / Exceso en el uso de la fuerza por parte de la autoridad policial / Análisis sobre la inminencia, urgencia y proporcionalidad de la legítima defensa / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – La conducta delictiva y violenta de las víctimas se constituyó como la causa preponderante del daño.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la sentencia del 25 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 21 de noviembre de 2008, en la carrera 6 con calle 6 del barrio Santa Ana del municipio de Floridablanca, Santander se presentó un intercambio de disparos entre miembros de la Policía Nacional y los señores Henry Rangel Correa y Fabio Andrés Rangel Correa, quienes arribaron al lugar haciendo uso de un arma de fuego. El enfrentamiento dejó como resultado la muerte del primero y lesiones al segundo. La parte actora pretende que se declare la responsabilidad de la Policía Nacional por el uso excesivo de la fuerza. Por su parte, la entidad accionada indicó que en este caso se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de las víctimas, el cual debía ser declarado.

ANTECEDENTES

1. La demanda Mediante escrito presentado el 10 de diciembre de 2010 (f. 34-45 c-1), los señores Alejandro Rangel Quiroga y Rita Correa, quienes actúan en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Laura Marcela Rangel Correa; Andrea Milena Silva Hernández, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Luisa Fernanda y Emerson David Rangel Silva; y los señores Giovanni Rangel Correa, Angélica María Rangel Correa y Fabio Andrés Rangel Correa, por conducto de apoderado judicial (f. 1-5 c-1), presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de DefensaPolicía Nacional, con el fin de que se la declarara patrimonialmente responsable por la muerte del señor Henry Rangel Correa y las lesiones padecidas por el señor Fabio Rangel Correa, en hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2008, en el barrio Santa Ana del municipio de Floridablanca, Santander.

En concreto, los demandantes solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: PRIMERA: Que la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional es administrativamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales causados a los señores Alejandro Rangel Quiroga, Rita Correa, Giovanni Rangel Correa, Angélica María Rangel Correa, Fabio Andrés Rangel, Laura Marcela Rangel Correa, Andrea Milena Silva Hernández, Luisa Fernanda Rangel Silva y Emerson David Rangel Silva ocasionados en operativo policial ampliamente conocido en autos con

ocasión de la muerte violenta de Henry Rangel Correa y las lesiones personales Fabio Andrés Rangel Correa.

SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar los perjuicios de orden patrimonial y extra patrimonial, actuales y futuros, como reparación directa e integral por el hecho dañoso ocasionado a los afectados.

TERCERA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en su liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

Más adelante, en el acápite de la demanda denominado “relación de perjuicios y estimación razonada de la cuantía”, la parte actora detalló lo pretendido, así: Cuantía: Para el momento de interposición de esta demanda se estima la cuantía en setecientos setenta y dos millones quinientos pesos ($772'500.000,00), de acuerdo con los siguientes ejercicios: A) En lo atinente a Henry Rangel Correa. Perjuicios patrimoniales: a) Daño emergente: Ochocientos mil pesos ($800.000), indexados de acuerdo a las proyecciones establecidas legalmente, a favor de Giovanni Rangel Correa, correspondientes a las expensas funerarias de su hermano HENRY (…). b) Lucro cesante: Ciento veintinueve millones ciento noventa y dos mil ochocientos ocho pesos ($129'192.808) a favor de Andrea Milena Silva Hernández, Luisa Fernanda y Emerson David Rangel Silva, compañera e

hijos del fallecido. Este valor resulta de utilizar como parámetro inicial el salario mínimo mensual vigente a 2008 más 25% por prestaciones sociales, de acuerdo con la fórmula acogida en la sentencia del Consejo de Estado (…).

Perjuicios extra patrimoniales: a) Perjuicios morales. Con base en los parámetros establecidos en materia contenciosa administrativa, se solicita lo siguiente: a.a) Para Andrea Milena Silva Hernández, compañera del fallecido, el equivalente de 100 SMLMV, indexados como corresponda. a.b) Para Luisa Fernanda y Emerson David Rangel Silva, hijos del fallecido, el equivalente de 100 SMLMV a c/u, indexados como corresponda. a.c) Para Alejandro Rangel Quiroga y Rita Correa padres del fallecido, el equivalente de 100 SMLMV a c/u, indexados como corresponda. a.d) Para Giovanni, Angélica María, Fabio Andrés y Laura Marcela Andrés Rangel, hermanos del fallecido, el equivalente de 50 SMLMV a c/u, indexados como corresponda. b) Daño a la vida de relación b.a) Para Andrea Milena Silva Hernández, compañera del fallecido, el equivalente de 100 SMLMV, indexados como corresponda. b.b) Para Luisa Fernanda y Emerson David Rangel Silva, hijos del fallecido, el equivalente de 100 SMLMV a c/u, indexados como corresponda. c) Reparación psicológica Que el Estado, por conducto de sus instituciones públicas o de las privadas con las que tenga o llegue a tener convenios, intervenga psicológicamente a la compañera, los hijos, los padres y los hermanos de Henry Rangel

Correa, y a Fabio Andrés Rangel Correa su compañera, para que reciban atención profesional especializada en el tema, con manejo terapéutico individual y de grupo, hasta que su calidad de vida psicológica se determine clínicamente normalizada y superado el duelo resultado del hecho dañoso. B) En cuanto a Fabio Andrés Rangel Correa PERJUICIOS MATERIALES: a) Daño emergente: La suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4’700.000), indexados de acuerdo a las proyecciones establecidas legalmente a favor de Fabio Andrés Rangel Correa, correspondientes a los honorarios de abogado y gastos en la defensa por la imputación de la granada. Este gasto emergente se produce por la necesidad de contener la acción judicial frente a la implantación de la granada dentro del procedimiento policial, defensa desarrollada por este suscrito apoderado dentro del proceso 680016000159200803400 o

68001600015920080211100. La defensa por el porte del revólver fue atendida por la defensoría pública, ya que Fabio Andrés Rangel Correa aceptó los cargos imputados y se rompió la unidad. b) Lucro cesante: La suma de cuatro millones ochenta y nueve mil trescientos treinta pesos ($4'089.330) a favor de Fabio Andrés Rangel Correa dinero dejado de percibir de por él y correspondiente al 100% del salario mínimo legal mensual vigente más 25% de prestaciones sociales, desde el 22 de noviembre de 2008, momento de los hechos, hasta el 16 de julio 2009, fecha en que le fuera revocada la medida privativa de la libertad impuesta dentro de la investigación por la granada. Durante este tiempo

Fabio Andrés Rangel Correa debió permanecer económicamente inactivo, sobre todo por su incapacidad total para laborar a raíz de las lesiones recibidas.

Perjuicios extrapatrimoniales: a. Perjuicios morales: Con base en los parámetros establecidos en materia contenciosa administrativa, se solicita lo siguiente: a.a) Para Fabio Andrés Rangel Correa, el equivalente de 100 SMLMV, indexados como corresponda.

b) Daño a la vida de relación: Para Fabio Andrés Rangel Correa, el equivalente de 100 SMLMV, indexados como corresponda, a raíz de la afectación resultante de la nueva condición física, en razón de la disminución del largo de su pierna izquierda en 2.6 cm, como consecuencia de la fractura del Fémur por uno de los disparos, el inevitable defecto en la marcha, la pérdida o perturbación de su capacidad e imposibilidad de ejecutar las actividades deportivas y recreativas que habitualmente desarrollaba, lo mismo que la discapacidad que le representa para emplearse en trabajos que conlleven un desempeño laboral óptimo, ya que su defecto lo margina para una gran cantidad de estos, lo que representa un desmedro de su calidad de vida y expectativa económica. Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos: El 21 de noviembre de 2008, en el barrio Santa Ana del municipio de Floridablanca, Santander, miembros de la Policía Nacional capturaron en flagrancia al señor Pedro Pablo Carrero Romero, a quien le fue encontrada un arma sin permiso para porte y tenencia. En ese momento, el hermano de la persona aprehendida, desde una casa vecina, realizó varios disparos en contra de

los uniformados y uno de esos proyectiles lesionó al señor Gonzalo Rangel Quiroga, quien transitaba por el lugar. Por los anteriores hechos y con el fin de controlar la situación, los uniformados que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo, para lo cual arribó a aquel sitio una patrulla de 4 policías que se movilizaba en una camioneta de la entidad. Posteriormente, llegaron al lugar de los hechos en una moto los hermanos Henry y Fabio Andrés Rangel Correa, sobrinos de la persona que resultó herida, quienes, “sin otro propósito que amedrentar” a quien lesionó a su tío, realizaron “tres disparos contra la fachada de la vivienda”, sin percatarse “que en ese lugar hubieran dejado uniformados de la Policía Nacional haciendo presencia para evitar alguna situación de desorden posterior”. Según la demanda “una vez realizada su amenaza”, los hermanos Rangel Correa emprendieron la huida, pero unos metros más adelante se encontraron con la camioneta de la Policía Nacional que los cerró. Se indicó que los referidos señores fueron “embestidos” por la patrulla y expulsados de la moto por el impacto, por lo que quedaron a disposición de los uniformados e indefensos; sin embargo, los policías, “sin hacer uso de otros medios”, accionaron sus armas de manera desproporcionada en su contra. El señor Henry Rangel Correa, conductor de la moto, recibió 2 disparos que le causaron la muerte, y el señor Fabio Andrés Rangel Correa fue impactado 4 veces y resultó gravemente herido. Asimismo, se contó que al primero de aquellos se le encontró, de manera sospechosa, una granada de fragmentación y al segundo se

le incautó el revólver que momentos antes accionó. A juicio de los demandantes, en el presente asunto se configuró una falla del servicio atribuible a la Policía Nacional por el “exceso de los límites razonables del uso de la fuerza”, pues sus miembros actuaron de manera desproporcionada ante una situación que podían controlar sin hacer uso de sus armas, máxime si se tiene en cuenta que las víctimas se encontraban reducidas y que los disparos que momentos antes realizaron no iban dirigidos a los uniformados o algún miembro de la comunidad. Finalmente, se adujo que a los demandantes se les generaron múltiples perjuicios de orden material, además de las afecciones de índole inmaterial que sufrieron.

2. El trámite en primera instancia 2.1. La demanda fue presentada ante los Juzgados Administrativos de Bucaramanga. Mediante providencia del 14 de diciembre de 2010, el Juzgado 1

Administrativo de ese circuito judicial declaró su falta de competencia y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Santander para su reparto (f. 151 c-1). 2.2. Por auto del 9 de marzo de 2011, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda de reparación directa (f. 53 c-1), decisión que se notificó en legal forma a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional (f. 56 c-1) y al Ministerio Público (f. 53 vto c-1). 2.3. La Policía Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (f. 67-74 c1). Indicó que, en estos casos, la parte demandante debe probar con suficiencia ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa los elementos de la responsabilidad, lo cual no ocurrió, dado que no se acreditó ninguna falla del servicio atribuible a la entidad. En ese sentido, explicó que la reacción de los uniformados se justificó en el actuar violento de las víctimas, quienes pusieron en peligro la vida e integridad de éstos y de la comunidad en general, por lo que no se podía calificar como injustificada su oportuna e inmediata acción. Con todo, indicó que la responsabilidad de la entidad se tenía que estudiar teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos “para poder evaluar de manera objetiva los mismos”. Por tanto, propuso como excepción la culpa exclusiva de las víctimas, pues “el daño es consecuencia de su actuar doloso”. 2.4. El 13 de octubre de 2006, el Tribunal Administrativo de Santander abrió el proceso a pruebas (f. 95 c-1). Contra tal decisión, la parte demandante (f. 96-99 c1) interpuso recurso de reposición, dado que en tal providencia se negó el traslado del proceso penal militar adelantado en contra de los uniformados que participaron en el procedimiento. El 7 de diciembre de 2011 el a quo repuso su determinación y accedió a la solicitud probatoria (f. 102 c-1). 2.8. El 14 de diciembre de 2012 (f. 126 c-1), se corrió traslado a las partes para

alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. En sus alegatos, la Policía Nacional insistió en la excepción propuesta, esto es, la culpa exclusiva de las víctimas (f. 131-133). La parte actora pidió que se accediera a las pretensiones de la demanda, dado que, en su criterio, se probó un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza (f. 134-135 c-1). El Ministerio Público guardó silencio.

3. La sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 25 de octubre de 2013, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a la Policía Nacional. La parte resolutiva de la sentencia es la siguiente (f. 136-159 c2): Primero: Declárase a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional administrativamente responsable de los perjuicios causados a los actores, con ocasión de la muerte de Henry Rangel Correa y las lesiones sufridas por Fabio Rangel Correa el 21 de noviembre de 2008, en el barrio Santa Ana, ubicado en el municipio de Floridablanca (Sder), de acuerdo con el análisis contenido en la presente providencia.

Segundo: Condénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales, a favor de Andrea Milena Silva

Hernández, Luisa Fernanda Rangel Silva, Emerson David Rangel Silva, Alejandro Rangel Quiroga, Rita Correa, Giovanni Rangel Correa, Angélica María Rangel Correa y Fabio Andrés Rangel Correa