CE-SECCION TERCERA-68001-23-31-000-2011-00391-01(50791)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA

SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, por tratarse de un proceso de doble instancia, en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Decreto 01 de 1984, dado que la pretensión mayor (…) excede los 500 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

129

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / OBJETO DEL RECURSO

DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES

DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA

INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO

FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA /

COMPETENCIA FUNCIONAL / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DEL

PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ

[L]a apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por la parte en su recurso, en tanto a través de aquel se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se

plantean ante la segunda instancia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente: “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o la reforme (...)”

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 350

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites del juez de segunda instancia ver sentencia de 23 de abril de 2009, Exp. 17160, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / OBJETO DEL RECURSO

DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES

DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA

INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE

SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL / PRONUNCIAMIENTO

DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA /

RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL / LIQUIDACIÓN DEL

PERJUICIO MATERIAL / TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL

[A]unque en principio el recurso de apelación solo planteó reparos encaminados a cuestionar la declaratoria de responsabilidad extracontractual definida por el Tribunal Administrativo (…), lo cierto es que la posición unificada de esta Sección del Consejo de Estado faculta que, de confirmarse la existencia de daño y la

imputabilidad de este a la autoridad demandada, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo revise la liquidación de los perjuicios fijada por el a quo, siempre que tal estudio sea favorable al recurrente.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el pronunciamiento del juez de segunda instancia ver auto de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / HECHO DAÑOSO /

LESIONES FÍSICAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIDENTE DE

TRÁNSITO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / DEMANDA EN TIEMPO / OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos. En el presente asunto la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se originó en los daños que se alegaron sufridos por el demandante con ocasión del accidente de tránsito (…). De este modo, (…) la demanda se presentó (…)

dentro de la oportunidad prevista por la ley.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 44

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MAL ESTADO DE VÍA PÚBLICA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN VÍA PÚBLICA / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA – Omisión / FALLA EN EL

SERVICIO VIAL / MEDIOS DE PRUEBA / ELEMENTO MATERIAL

PROBATORIO / INFORME DE POLICÍA DE TRÁNSITO / INFORME DE TRÁNSITO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / FALTA DE

SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / ACCIDENTE POR DAÑO EN VÍA

PÚBLICA / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO De los elementos de prueba allegados al proceso encuentra la Subsección demostrada la existencia de la anomalía que causó la pérdida de control del vehículo y que, posteriormente, generó su volcamiento. Así mismo, del dibujo del croquis se aprecia que el automotor iba por su carril cuando se encontró la mencionada irregularidad, (…) existen suficientes medios de prueba que demuestran que el automotor perdió control cuando tocó la irregularidad, tal como se puede constatar del informe ejecutivo de la Policía Nacional, el informe de accidente de tránsito. Con todo, si bien se estableció que la vía era recta y plana,

lo cierto es que en el informe de tránsito se consignó que presentaba varios huecos (…). Por lo anterior, si bien no se desconocen las otras características de la vía, como lo eran la falta de señalización e iluminación -dada la hora del incidente-, lo cierto es que para la Sala es pasible concluir que la causa adecuada del incidente fue el mal estado de la vía y, en concreto, la presencia de un hueco profundo sobre la calzada. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MAL ESTADO DE VÍA PÚBLICA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN VÍA PÚBLICA / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / CERRAMIENTO DE VÍA PÚBLICA / OBLIGACIÓN DE LA SEÑAL PREVENTIVA DE TRÁNSITO / FALLA EN LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO /

FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN

VÍA PÚBLICA / OBLIGACIÓN DE LA SEÑAL PREVENTIVA DE TRÁNSITO

[L]a Sala concluye que la causa adecuada que produjo el hecho dañoso fue la existencia de una anomalía sobre la vía, cuyas dimensiones eran suficientes para desestabilizar el vehículo al punto de perder el control (…). En efecto, ante la magnitud del hueco, la vía debía estar cerrada si no había sido posible su reparación o, cuando menos, con la señal de tránsito SP-26 que debe instalarse para advertir a los conductores la proximidad a un hundimiento brusco en la

superficie de la vía, que puede causar daños o desplazamientos peligrosos de los vehículos. No obstante, el escenario de los hechos no contaba con señales de tránsito, tal y como lo detalló el informe del accidente. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / FALLA EN LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / OBLIGACIÓN DE LA SEÑAL PREVENTIVA DE TRÁNSITO / OBJETO DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO / DEBER DE

PROTECCIÓN DEL ESTADO / DEBER DE VIGILANCIA DEL ESTADO /

DEBERES DEL ESTADO

[S]e presenta una falla del servicio por parte de la entidad a cargo del mantenimiento, conservación y señalización cuando en las carreteras del país se presentan huecos, hundimientos u otro tipo de obstáculos al tráfico vehicular, sin que se advierta el peligro que estos conllevan, por medio de las señales de tránsito pertinentes, pues el deber de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico, trae consigo la obligación de la Administración de mantenerlas en buen estado y de ejercer el control sobre las mismas.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falla del servicio por omisión, ver sentencia de 27 de noviembre de 2003, Exp. 14025, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia del 14 de junio de 2018, Exp. 46668, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, sentencia del

26 de noviembre de 2018, Exp. 41940, C.P. Jaime Enríque Rodríguez Navas, sentencia del 3 de octubre de 2016, Exp 38160, C.P. Stella Conto Díaz del Castilla sentencia del 23 de abril de 2018, Exp. 56978, C.P. Jaime Enríque Rodríguez Navas.

INEXISTENCIA DE EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO / INEXISTENCIA DEL HECHO DEL TERCERO / DILIGENCIA DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO / ABSOLUCIÓN DE LA CULPA DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO / TEORÍA DE LA CAUSA ADECUADA / TEORÍA DE LA CAUSALIDAD ADECUADA / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN VÍA PÚBLICA / FALLA EN EL SERVICIO VIAL / ACCIDENTE DE TRÁNSITO

POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / FALTA DE

SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA

[N]o hubo culpa del conductor, (…) la causa adecuada del accidente fue tomar el hueco, lo cual provocó la pérdida de control del automotor. En efecto, el conductor no se abstuvo de ejecutar alguna conducta idónea para evitar o aminorar en la mayor proporción posible el resultado dañino, tal como habría podido ser la activación de los frenos del vehículo, pues, como se reflejó en el pavimento, la huella de arrastre da cuenta de la desestabilización provocada por la irregularidad

vial, lo cual se puede observar de los informes de la Policía Judicial. En efecto, en el caso concreto la causa más próxima y la causa adecuada del daño confluyeron o concurrieron simultáneamente, pues esta Corporación considera que el incidente fue en su mayoría producto de la irregularidad protuberante que se encontraba sobre la vía, incluso la justicia penal consideró que la conducta no podía serle atribuida al conductor del automotor, pues no fue por su actuar culposo que se consolidó el daño, sino la existencia de la anomalía mencionada sobre la calzada.

TEORÍA DE LA CAUSA ADECUADA / TEORÍA DE LA CAUSALIDAD

ADECUADA / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / CAUSA EFICIENTE DEL

DAÑO / CONCEPTOS DOCTRINARIOS / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN VÍA PÚBLICA / FALLA EN EL SERVICIO VIAL / TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE

LAS CONDICIONES – Inaplicación / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / HECHO

DAÑOSO / CAUSA DEL DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO

[E]l análisis de causalidad adecuada o prognosis póstuma, como lo denomina algún sector de la doctrina y la jurisprudencia, permite establecer que fue la irregularidad sobre la vía la que provocó finalmente el resultado dañoso. (…) Para la Sala es importante resaltar que no todas las circunstancias que anteceden a la producción del daño son causas directas del mismo, como se plantea en la teoría de la equivalencia de las condiciones; es un sinsentido otorgarle igual importancia

a cada hecho previo a la producción del daño, pues lo relevante es identificar cuál acción u omisión fue la causa determinante, principal y eficiente del hecho dañoso. De lo contrario, se llegaría al absurdo de que la consecuencia o menoscabo, sería la sumatoria de todos los antecedentes, lo que generaría un retorno al infinito.

NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la importancia de la causalidad adecuada, como criterio jurídico para la identificación de la acción u omisión a la que se le atribuye la producción de un daño ver sentencia del 11 de septiembre de 1997,

Exp. 11764, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. RESPONSABILIDAD DEL INVIAS / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / MAL ESTADO DE VÍA PÚBLICA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN VÍA PÚBLICA / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA – Omisión / FALLA EN EL SERVICIO VIAL / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA

PÚBLICA / FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / FALTA DE

SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / ACCIDENTE POR DAÑO EN VÍA

PÚBLICA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OMISIÓN /

[L]a Subsección estima que existió una falla en el servicio proveniente del Instituto Nacional de Vías de la falta de mantenimiento vial y, en particular, por el mal estado de la vía en donde acaeció el siniestro. Así, es claro que fue la omisión la

causa adecuada o eficiente que produjo el siniestro bajo examen, tal como concluyó el a quo.

INEXISTENCIA DE EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO / INEXISTENCIA DEL HECHO DEL TERCERO / DILIGENCIA DE

CONDUCTOR DE VEHÍCULO / ABSOLUCIÓN DE LA CULPA DEL

CONDUCTOR DE VEHÍCULO / LÍMITE DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

[E]n lo concerniente al segundo sustrato de la impugnación, consistente en la supuesta configuración de un eximente de responsabilidad derivado del virtual hecho exclusivo y determinante de un tercero, argumentado por la actividad desplegada por el conductor del vehículo debe despacharse desfavorablemente, puesto que, (…) no hay prueba dentro del plenario de las horas que estuvo al volante y mucho menos del supuesto exceso de velocidad. CAUSALES DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / FUERZA MAYOR / HECHO DE UN TERCERO / CULPA DE LA VÍCTIMA / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / HECHO IRRESISTIBLE /

IRRESISTIBILIDAD / IRRESISTIBILIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA /

IRRESISTIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / IRRESISTIBILIDAD DEL CASO

FORTUITO / IRRESISTIBILIDAD DEL HECHO DEL TERCERO /

IMPREVISIBILIDAD / IMPREVISIBILIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA /

IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / IMPREVISIBILIDAD DEL CASO

FORTUITO / IMPREVISIBILIDAD DEL HECHO DEL TERCERO / CAUSA

EFICIENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DEBERES DEL DEMANDANTE / CARGA DE LAS PARTES DEL PROCESO / APLICACIÓN DEL

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

[L]a jurisprudencia ha considerado que, para que se configure alguna de las causales de exoneración de responsabilidad como son la fuerza mayor y el hecho exclusivo y determinante de un tercero, se requiere la concurrencia de tres elementos: i) su irresistibilidad; ii) su imprevisibilidad y iii) su exterioridad respecto de la demandada. Además, en punto de la segunda, es necesario que también se pruebe que la conducta del tercero constituyó la causa exclusiva del daño. (…) [A] quien corresponde acreditar la presencia de la excepción del hecho exclusivo y determinante de un tercero es al extremo demandado en virtud de la regla del onus probandi o carga estática de la prueba, contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 177

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la causalidad adecuada, sentencia de 24 de marzo de 2011, Exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 16 de diciembre de 2020, Exp. 54975, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ALCANCE DEL RECURSO

DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA /

DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO /

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS

[A]tendiendo al criterio expuesto y a la prohibición de la non reformatio in pejus, se revisarán todos aquellos aspectos que le son desfavorables y que son consecuencia directa de la declaratoria de la responsabilidad, lo cual incluye –en el evento de ser procedente– la condena por perjuicios decretada en sede de primera instancia.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la non reformatio in pejus, ver sentencia de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL /

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO ANTIJURÍDICO / TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / FACULTADES DEL JUEZ / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / LESIONES PERSONALES / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL

PERJUICIO MORAL / NIVELES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA

INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL

[E]n relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación

que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor; por tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta los criterios generales contemplados por la Sala Plena de la Sección Tercera, en las sentencias de unificación jurisprudencial sobre la indemnización de perjuicios morales derivados de lesiones a una persona, proferidas el 28 de agosto de 2014.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los daños morales ver sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, sentencia del 10 de julio de 2003, Exp. 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de 30 de junio de 2011, Exp. 19836, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL /

ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN

DEL PERJUICIO MORAL / RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN

DEL PERJUICIO MORAL / PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL /

PRESUNCIÓN DE DAÑO MORAL / PERJUICIO MORAL POR LESIONES CORPORALES / PADECIMIENTOS QUE SUFRE LA PERSONA CON OCASIÓN DEL DAÑO / DAÑO CORPORAL / INTENSIDAD DEL DAÑO / GRAVEDAD DE

LAS LESIONES FÍSICAS / LESIONES PERSONALES GRAVES Este entendimiento es congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin obstáculo para que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse en ciertos casos –como por ejemplo en relación con lesiones y muerte de personascon base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan. Huelga aclarar que para el reconocimiento del perjuicio moral derivado de lesiones deberá tenerse en cuenta “la valoración de la gravedad o levedad de [aquella] reportada por la víctima”.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el perjuicio moral por lesiones corporales ver sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 24392, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, C.P. Olga Mélida

Valle de De la Hoz.

PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / TASACIÓN

DEL PERJUICIO MORAL / CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL /

FACULTADES DEL JUEZ / FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ /

FACULTADES DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /

ARBITRIO JUDICIAL / PERJUICIO MORAL POR LESIONES CORPORALES /

PADECIMIENTOS QUE SUFRE LA PERSONA CON OCASIÓN DEL DAÑO /

DAÑO CORPORAL / PERJUICIO MORAL POR LESIONES CORPORALES /

VÍCTIMA DIRECTA / PRESUNCIÓN DE DAÑO MORAL / PRESUNCIÓN DE

PERJUICIO MORAL / INTENSIDAD DEL DAÑO / GRAVEDAD DE LAS LESIONES FÍSICAS / LESIONES PERSONALES GRAVES La Sala, como ya en otras oportunidades lo ha hecho, acudirá al arbitrio juris, a cuyo auxilio debe acudirse en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero en el que no se recaudaron elementos certeros demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar. (…) [L]as lesiones causadas a la señora (…) corresponden a aquellas que no sólo eran de carácter irreversible sino que, efectivamente, la víctima tiene que soportarlas por el resto de su vida, máxime si se tiene en cuenta que para el momento de los hechos tenía 25 años de edad. Así mismo, conviene advertir que el órgano extraído no corresponde a uno que se pueda considerar como vital, es decir, la víctima puede conducir su vida sin una afectación que le impida desenvolverse en el contexto físico y social.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación del perjuicio moral ver sentencias del 10 de septiembre de 2014, Exp. 27771, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 26 de agosto de 2015, Exp. 33302, C.P. Hernán Andrade Rincón.

PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / TASACIÓN

DEL PERJUICIO MORAL / CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL /

MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / NIVELES PARA

EL RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / TOPE DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / INTENSIDAD DEL DAÑO / GRAVEDAD DE LAS LESIONES FÍSICAS / REDUCCIÓN DE LA

CONDENA / REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS /

FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA

[L]a Sala considera que el perjuicio causado a la señora (…), de acuerdo a lo probado en el plenario, se cuantificó en exceso, dado que tocó casi el tope indemnizatorio a cuando existe una perdida de capacidad laboral por encima del 50% o, cuando, por ejemplo, acaece la muerte la víctima. Además, la parte actora no hizo ningún esfuerzo probatorio dentro del expediente más allá que probar la extracción del órgano bazo, circunstancia que impide determinar en qué medida, de acuerdo a supuestos técnicos, dicha afectación afectó a la señora (…). Por esta razón, se considera pertinente reducir el monto de la indemnización a 45 SMMLV, lo que amerita la modificación del fallo de primera instancia por este perjuicio.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la cuantificación del perjuicio moral ver sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, C.P. Danilo Rojas

Betancourth y sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 28804, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

PERJUICIO MATERIAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL /

INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE /

PERJUICIO MATERIAL POR LESIONES CORPORALES / GASTOS MÉDICOS /

NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / AUSENCIA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / FACTURA / PRUEBA DE LA FACTURA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO /

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS

[E]sta Subsección ha señalado que el reconocimiento de perjuicios materiales dependerá de las probanzas del proceso, en este caso, de lo que la demandante logre demostrar que debió asumir como consecuencia de la lesión que sufrió en el accidente de tránsito (…). Ahora, se tiene certeza de la existencia de la factura señalada por el a quo y del monto ahí cancelado (…). No obstante, no se demostró que dicha erogación se haya producido con ocasión de la lesión que sufrió la demandante (…). Por estas razones, la condena reconocida por este rubro en primera instancia será revocada, para lo cual se hará la modificación del

fallo en lo pertinente. En este punto resulta imprescindible mencionar que el Tribunal de primera instancia denegó el reconocimiento de los demás perjuicios solicitados a favor de la demandante. Sobre el particular, conviene precisar que se mantendrá dicha decisión, dado que ese punto de la litis quedó definido en sede de primera instancia, amén de que por tratarse de apelante único, a la parte demandada se le debe amparar la garantía de la no reformatio in pejus.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 68001-23-31-000-2011-00391-01(50791)

Actor: MARÍA ELOISA BUENO LIZARAZO

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN SUBJETIVO – Falla del servicio / Falta de mantenimiento vial / Daño causado por accidentes de vehículos, naves o aeronaves / Causa adecuada en la producción del daño.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 11 de julio de 2013, por el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión, Despacho 01, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 18 de octubre de 2005, a las 3:00 a.m., en la vía que conduce de Puerto Berrio a Puerto Araujo, un bus de servicio público perdió el control al tomar un hueco y se produjo su volcamiento. Este hecho ocasionó la muerte del conductor y lesiones a varios ocupantes, entre ellos a la señora María Eloisa Bueno Lizarazo. El siniestro acaeció, según se afirmó, por el mal estado la vía, la baja luminosidad y la falta de señalización.

II. A N T E C E D E N T E S 1.- La demanda Mediante demanda presentada el 18 de octubre de 2007 (fls. 1 - 23 c. 1), la señora María Eloisa Bueno Lizarazo, a través de apoderado judicial (fls. 24-25 c. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías-, por los perjuicios de orden material y moral que, afirmó, le fueron irrogados como consecuencia del accidente de tránsito acaecido entre la vía Medellín-Cisneros-Puerto Berrio en hechos ocurridos el 18 de octubre de 2005.

En concreto, la parte demandante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

1. Lo que se demanda. 1.1. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación Colombiana – Ministerio de Transporte-, representada por el señor Ministro Andrés Uriel Gallego Henao y (sic) Instituto Nacional de Vías, representado por el señor Mauricio Ramírez

Koppel, ambos mayores de edad y vecinos de la ciudad de Bogotá, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales, causado (sic) a mi poderdante, por la falla del servicio realizada por la negligencia u omisión del servicio público de mantenimiento de las vías públicas-carretera, omisión está realizada por los funcionarios adscritos a esa dependencia como lo es Invias, en hechos ocurridos el día 18 de octubre de 2005, en jurisdicción del municipio de Puerto Berrio y Puerto Araujo (Santander), omisión administrativa que se encuentra descrita en los artículos 86, 135, 136, 170, 175, 176, 177, 178, del C.C.A.; artículo 90 de la C.N.; resultando perjudicada directa de los perjuicios materiales y morales, mi poderdante la señora María Eloisa Bueno Lizarazo. 1.2. Condenar a la Nación (…) a pagar a mi poderdante, el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino según el precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia: 1.2.1. Para la señora María Eloisa Bueno Lizarazo (…) la suma correspondiente a: Noventa salarios mínimos legales vigentes (90), en su condición de perjudicada directa de la conducta negligente y omisiva perpetrada por la Nación Colombiana – Ministerio de Transporte (…) Instituto Nacional de Vías (…). 1.3. Condenar a la Nación (…) a pagar a favor de mi prohijado, la siguiente suma de dinero, correspondiente a los perjuicios

materiales, lucro cesante: A la señora María Eloisa Bueno Lizarazo, mayor de edad y vecina de esta ciudad (…) la suma correspondiente a doscientos cuarenta y cinco millones de pesos ($245’000.000) Lo anterior por la falla en el servicio traslucida (sic) en la negligencia y omisión del servicio público de mantenimiento de las vías públicascarretera, que representa o es equivalente el (sic) lucro cesante consolidado y futuro. Se destinará a la renta un 50% a favor de la demandante y se presumirá que el otro 50% representan los gastos personales de la víctima. Como fundamentos fácticos de la demanda se narró lo siguiente: El 18 de octubre de 2005, la señora María Eloisa Bueno Lizarazo sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaba en un vehículo de transporte público por la vía Puerto Berrio-Puerto Araujo. Como consecuencia del incidente, se afirmó que perdió la posibilidad de procrear, al tiempo de que se le causaron traumas permanentes, como lo eran los “dolores abdominales e intestinales”. La parte demandante atribuyó a la demandada la responsabilidad, porque el estado de la vía para el momento de los hechos era deficiente, al punto de que tenía huecos; carecía de iluminación, estaba en condiciones húmedas y no había señalización. Así, la causa del incidente tuvo lugar por el grave abandono que presentaba la autopista Medellín-Cisneros-Puerto Araujo. 2.- El trámite de primera instancia La demanda fue admitida mediante providencia de 20 de febrero de 2008, la cual

se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fol. 78, 83, 84 c. 1). La Nación-Ministerio de Transporte contestó la demanda en la respectiva oportunidad procesal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como razones de su defensa, manifestó que el daño deprecado en la demanda no le era imputable, toda vez que no estaba dentro de sus funciones la construcción y conservación de las vías nacionales. Por esta razón, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 90 – 98 c. 1). El Instituto Nacional de Vías -Invíascontestó en la oportunidad correspondiente y se opuso a las súplicas de la demanda. Afirmó que la vía donde acaeció el accidente de tránsito estaba administrada por el Departamento de Santander, por lo que no era la llamada a responder por los daños deprecados. Con todo, manifestó que el daño era atribuible al hecho de un tercero, pues era el conductor y la empresa a la cual se encontraba afiliado el vehículo los responsables del siniestro (fls. 99 - 101 c. 1)