CE-SECCION TERCERA-68001-23-33-000-2015-00746-01(56214)A-2016

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Rechazo de demanda / RECHAZO DE DEMANDA – Por indebida escogencia del medio de control / INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL – Para solicitar indemnización de perjuicios derivados de acto administrativo / DAÑOS DERIVADOS DE LA EXPEDICIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO – Por supresión del cargo como empleado de la Contraloría Municipal / IMPROCEDENCIA MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Para controvertir legalidad de acto administrativo que suprimió cargo En el caso concreto, la parte demandante afirmó que el Acuerdo 062 del 31 de diciembre de 1999, proferido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, fue anulado por esta Jurisdicción y que, por ende, los perjuicios causados al amparo de esta norma –la supresión del empleo del señor Henry Carrillo Ferreira – debían ser resarcidos. La Subsección estima que el daño por cuya virtud se demanda no deviene del Acuerdo 062 del 31 de diciembre de 1999, porque en este no se asumió decisión alguna que tuviera la suficiencia de afectar la situación laboral del señor Henry Carrillo Ferreira, lo que sí ocurrió con el Acuerdo 008 del 14 de abril de 2000 y con el oficio del 24 de abril del 2000, porque a través de estos, respectivamente, el Concejo Municipal de Bucaramanga suprimió el empleo del ahora demandante y la Secretaria General de la Contraloría puso fin a su relación laboral y le explicó las prerrogativas que tenía en atención a su condición de empleado de carrera.

DAÑOS DERIVADOS DE LA EXPEDICIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO

ILEGAL – Excepcionalmente procede el medio de control de reparación directa / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Procede por un hecho, omisión, operación administrativa o en un acto administrativo, siempre que no se cuestione su legalidad De conformidad con lo previsto en los artículos 135 a 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la jurisprudencia de esta Corporación, la escogencia de los medios de control en ejercicio de los cuales se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta Jurisdicción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin pretendido, al punto de que la nulidad y restablecimiento del derecho procede en aquellos eventos en los cuales los perjuicios alegados son consecuencia de un acto administrativo que se considera ilegal y la reparación directa en los casos en los que la causa de las pretensiones se encuentra en un hecho, omisión, operación administrativa o en un acto administrativo, siempre que no se cuestione su legalidad. (…) la Sección ha señalado que este medio de control –reparación directa– es el mecanismo procesal idóneo para pedir el resarcimiento de los perjuicios derivados de la revocatoria o la nulidad de un acto administrativo favorable para su destinatario FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 135 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 148

PROCEDENCIA MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Para impugnar revocatoria de acto ilegal, anulación de acto favorable o de actos generales con efectos particulares / ACTOS DE DESVINCULACIÓN - Decisión de contenido particular / ACTOS DE DESVINCULACIÓN – Medio de control procedente / INEXISTENCIA DE ACTO SUBJETIVO – Lo que se decidió fue una situación laboral de carácter particular a través de manifestación de la voluntad de la administración / SUPRESIÓN DE CARGO – Acto administrativo susceptible de control judicial La Sala no se encuentra ante alguno de los eventos en virtud de los cuales resulta procedente el medio de control de reparación directa para solicitar la indemnización de los perjuicios derivados de un acto administrativo de carácter general, pues si bien se probó la anulación de una decisión de estas condicionesAcuerdo 062 del 31 de diciembre de 1999-, no es menos cierto que la misma, como se dejó dicho, no corresponde a la causa del daño en el que se fundamentan las pretensiones, pues a través de esta no se retiró del servicio al demandante. Además, en gracia de discusión, en el sub lite no se cumple el requisito de procedencia establecido para estos casos por la jurisprudencia de la Sección –inexistencia de un acto subjetivo-, dado que la situación laboral del señor Henry Carrillo Ferreira se definió a través de una manifestación de la voluntad de la Administración de carácter particular susceptible de control judicial. Así las cosas, en el sub júdice, los demandantes debieron impugnar ante esta Jurisdicción el acto que directamente los afectó y pedir, como consecuencia de ello, la

reparación de los perjuicios causados, como en efecto ocurrió. DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Genera pérdida de fuerza ejecutoria de la decisión, de su carácter vinculante / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO – No enerva su presunción de legalidad porque sus efectos son a futuro / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO – No afecta su validez El artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, que regula los efectos de las sentencias proferidas en los asuntos ordinarios de conocimiento de esta Jurisdicción, en su inciso tercero prevé que “cuando se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios”. La disposición citada establece un evento en el que desaparecen los fundamentos de derecho de los actos reglamentarios del orden territorial (decaimiento por anulación), el cual, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 91 ejusdem, genera la pérdida de fuerza ejecutoria de la decisión, de su carácter vinculante, pero en modo alguno enerva su presunción de legalidad, porque sus efectos son a futuro, de tal modo que no afecta su validez, la cual solo puede ser desvirtuada ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, previo análisis de las circunstancias vigentes al momento de su expedición. NOTA DE RELATORÍA: Referente al fenómeno de decaimiento del acto administrativo, consultar sentencia de 3 de agosto de 2000, Exp. 5722, CP. Olga Inés Navarrete

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 189 / LEY 1437 DE 2011 –

ARTÍCULO 91

EFECTOS DE ANULACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL – No se extiende a aquellos que se expidieron con fundamento en el mismo / ANULACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL – No afecta situaciones concretas a individuales durante su vigencia No es posible predicar la nulidad de un acto por consecuencia, lo que quiere decir que los efectos de la anulación de un acto general no se extienden a aquellos que se expidieron con fundamento en el mismo, por manera que dicha declaratoria no tiene la suficiencia de afectar las situaciones concretas e individuales que se hubieran producido durante su vigencia. En este orden de ideas, cuando el fundamento de derecho de un acto particular es uno de carácter general que se considera ilegal debe acudirse a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según el caso, para: i) cuestionar simultáneamente, a través de la acumulación de pretensiones (artículo 165 de la Ley 1437 de 2011), la legalidad de las dos decisiones, la general y la particular, o ii) demandar la nulidad del acto subjetivo y pedir la inaplicación del que le sirve de fundamento o solicitar la prejudicialidad del proceso (ordinal 1°del artículo 161 del C.G.P.).

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 165 / LEY 1437 DE 2011 –

ARTÍCULO 161

DECAIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE SUPRESIÓN Y RETIRO DE

CARGOS – No se configuró por no proferirse con fundamento en acto general En el caso concreto, pese a lo señalado en la demanda, no se configuró el fenómeno de decaimiento de los actos en virtud de los cuales se retiró del cargo al señor Henry Carrillo Ferreira, en cuanto los mismos no se profirieron con fundamento en el Acuerdo 062 del 31 de diciembre de 1999, dictado por el Concejo Municipal, pues para el particular se recurrió a las facultades establecidas en el artículo 272 de la Constitución Política y en el artículo 157 de la Ley 136 de

1994. En suma, la anulación de uno de los actos a través de los cuales se definió el alcance de las facultades extraordinarias conferidas al Alcalde de Bucaramanga por medio del Acuerdo 062 del 31 de diciembre de 1999 no tiene efectos frente a la legalidad de los actos por medio de los cuales se retiró del servicio al demandante, porque, además de que no existe ninguna relación de dependencia, la validez es un atributo que se desvirtúa solo con la declaratoria de nulidad proferida por el Juez Administrativo o en los eventos en que la decisión es revocada por la Administración, supuestos que no se presentaron en el sub lite.

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOProcedente para controvertir acto administrativo ilegal de carácter particular La parte demandante pretende que se le indemnicen los perjuicios causados con la supresión del cargo que el señor Henry Carrillo Ferreira ocupaba en la Contraloría de Bucaramanga, por lo que la causa de las pretensiones es un acto particular que se considera contrario al ordenamiento y su finalidad, además del

restablecimiento del orden jurídico, es la restitución de un derecho subjetivo y concreto a través del restablecimiento in natura y/o la indemnización de los daños causados. Por lo anterior, tal como lo concluyó el a quo, la demanda debe tramitarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, porque es este el idóneo para que “[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica [pueda] pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular […], se le restablezca el derecho y […] se le repare el daño” (artículo 138 de la ley 1437 de 2011). (…) En esta medida, y con la precisión de que la pretensión es de nulidad y restablecimiento del derecho, se resolverá el presente asunto. COSA JUZGADA – Definición / COSA JUZGADA - Efectos La cosa juzgada corresponde al atributo en virtud del cual las sentencias que definen de fondo una controversia, una vez ejecutoriadas, adquieren el carácter de inmutables y definitivas, por manera que los asuntos definidos por su intermedio no son susceptibles de ser ventilados en un nuevo proceso. COSA JUZGADA – Se configuró ante la existencia de sentencia ejecutoriada que se pronunció frente a la desvinculación del actor / COSA JUZGADA – Se acreditó que las pretensiones se soportan en la ilegalidad de los actos de desvinculación / COSA JUZGADA – Ante la existencia de sentencia ejecutoriada sobre los mismos hechos no puede emitirse nuevo pronunciamiento

Si se tiene en cuenta que con la demanda se allegó copia autenticada, con constancia de ejecutoria, de la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bucaramanga, confirmada el 1º de noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Santander. La Sala, previa confrontación de la providencia mencionada con la demanda presentada en el sub iúdice, concluye que entre este asunto y el promovido con anterioridad por, entre otros, el señor Henry Carrillo Ferreira existe identidad de causa, objeto y partes, toda vez que las pretensiones planteadas en uno y en otro evento se soportan en el mismo hecho –la ilegalidad de los actos de desvinculación del empleo que ocupaba en la Contraloría de Bucaramanga– y tienen la misma finalidad –la indemnización de los perjuicios causados por los actos a través de los cuales se retiró del servicio al ahora demandante–. En las condiciones analizadas, es claro que la sentencia del 28 de octubre de 2011, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bucaramanga, al estar amparada por los efectos de la cosa juzgada, impone estarse a lo allí resuelto y, de manera consecuente, impide emitir un nuevo pronunciamiento sobre el mismo tema. CONFIGURACION DE LA COSA JUZGADA – Conlleva al rechazo de la demanda / COSA JUZGADA – No es susceptible de control judicial Esta Sala ha considerado que la configuración de la cosa juzgada, como en el sub lite, pone de presente la existencia de un asunto que no es susceptible de control

judicial, razón por la cual la demanda habrá de rechazarse en los eventos en los que se advierta. (…) en cuanto el numeral 2 del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece como causal de rechazo de la demanda el hecho de que el asunto no sea susceptible de control judicial, en el sub lite se procederá en tal sentido y, de manera consecuente, se modificará el auto apelado.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 169 NUMERAL 2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00746-01(56214)

Actor: HENRY CARRILLO FERREIRA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OTROS

Referencia: APELACIÓN AUTO - MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA Temas: REPARACIÓN DIRECTA–Procedencia - perjuicios derivados de un acto administrativo - revocatoria de acto ilegal, anulación de acto favorable o de actos generales con efectos particulares /ACTOS DE DESVINCULACIÓNdecisión de contenido particular/ COSA JUZGADA-asuntos no susceptibles de control judicialefectos.

Resuelve la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 22 de octubre de 2015, mediante el cual adecuó las pretensiones al medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho y rechazó la demanda por caducidad.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda El 19 de junio de 20151 los señores Henry Carrillo Ferreira, Carmen Rosa Corzo Méndez, Luis Alberto Carrillo Badillo, Isabel Ferreira de Carrillo, Neidy Julieth Carrillo Sáchica, Angie Isabel Carrillo Sáchica, así como los menores Jhon Henry Carrillo Sáchica y Santiago Carrillo Corzo2, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra el municipio de BucaramangaConcejo Municipal de Bucaramanga y Contraloría de Bucaramanga-, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios causados por los Acuerdos 007 del 13 de abril de 2000 y 008 del 14 de abril de 20003, y por la Resolución 055 del 29 de febrero de 2000, proferida por el Gerente de Reestructuración de Bucaramanga, actos a través de los cuales se retiró al señor Henry Carrillo Ferreira del empleo que ocupaba en la Contraloría del Municipio y que, a su vez, quedaron sin efecto con la anulación del Acuerdo 062 del 31 de diciembre de 19994.

Como fundamento de las pretensiones se invocaron los siguientes hechos: 1 Folio 212 cuaderno 1. 2 Representados por su señor padre, el señor Henry Carrillo Ferreira. 3 Expedidos por el Concejo de Bucaramanga. 4 Expedido por el Concejo de Bucaramanga. El señor Henry Carrillo Ferreira laboró para la Contraloría Municipal de Bucaramanga durante el período comprendido entre el 29 de abril de 1992 y el 24 de abril del 2000.

A través del Acuerdo 023 del 19 de mayo 1999, el Concejo Municipal de Bucaramanga autorizó al Alcalde para, entre otros asuntos, reestructurar la planta de personal de la Contraloría de Bucaramanga, facultad que debía ejercer en un plazo de 3 meses, contados a partir de la fecha en la que la Unidad Técnica Central del Programa validara los estudios y diagnósticos pertinentes, requisito eliminado por medio del Acuerdo 062 del 31 de diciembre de 1999. El Alcalde de Bucaramanga delegó en el Contralor Municipal las facultades de reestructuración de la Contraloría que le confirió el Concejo Municipal. Asimismo, por Resolución 12 del 13 de enero de 2000, el Alcalde de Bucaramanga delegó en el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos la gerencia del proceso de reestructuración de la Administración Central. Mediante la Resolución 055 del 29 de febrero de 2000 el Gerente del Proceso de Reestructuración del municipio de Bucaramanga suprimió los empleos creados mediante el Decreto Municipal 0218 del 30 de diciembre de 1998, decisión que no fue objeto de notificación. El Concejo de Bucaramanga, mediante los Acuerdos 007 y 008 del 2000, reestructuró la Contraloría Municipal y eliminó el cargo ocupado por el ahora demandante, determinación frente a la cual el funcionario puso de presente su deseo de ser reincorporado el mismo día en el que se le comunicó que el empleo que ocupaba había sido suprimido. El Tribunal Administrativo de Santander, por sentencia de 13 de marzo de 2009, confirmada por la Sección Primera de esta Corporación a través de fallo del 2 de

mayo de 2013, anuló el Acuerdo 062 del 31 de diciembre de 1999, proferido por el Concejo Municipal de Bucaramanga. La anulación del Acuerdo Municipal 062 del 31 de diciembre de 1999 dejó sin efectos los actos por medio de los cuales se retiró del servicio al señor Henry Carrillo Ferreira, así como la Resolución 055 del 29 de febrero de 2000, expedida por el Gerente del Proceso de Reestructuración del municipio de Bucaramanga.

2. Decisión apelada El Tribunal Administrativo de Santander, por auto del 22 de octubre de 2015, advirtió que la reparación directa no era procedente para solicitar la indemnización de los perjuicios derivados de un acto administrativo ilegal, porque la prosperidad de este tipo de pretensiones está condicionada a la anulación de la decisión causante de los daños, finalidad propia, entre otros, del medio control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual, en todo caso, no se ejerció dentro del término previsto en el literal d) del ordinal 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011–, por lo que rechazó la demanda.

3. Recurso de apelación La parte demandante interpuso recurso de apelación. Precisó que en virtud del inciso 3º del artículo 189 ejusdem, la nulidad de un acuerdo municipal deja sin efecto sus decretos reglamentarios, consecuencia aplicable al sub lite, porque el acto con fundamento en el cual se dictó la decisión que suprimió el empleo

ocupado por el señor Henry Carrillo Ferreira fue anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de ahí que no se requieran declaraciones adicionales para que prospere la pretensión indemnizatoria y, por ende, resulte procedente el medio de control de reparación directa. Argumentó que el término de 2 años para ejercer el derecho de acción empezó a correr con la ejecutoria de la sentencia por medio de la cual se declaró la nulidad del Acuerdo 062 del 31 de diciembre de 1999, proferido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, lo que ocurrió el 20 de junio de 2013. Adujo que, en gracia de discusión, el cómputo del término de caducidad debe hacerse a partir de la fecha en la que se le dio a conocer la Resolución 055 del 29 de febrero de 2000, por medio de la cual el Gerente del Proceso de Reestructuración del municipio de Bucaramanga suprimió todos los empleos de la Administración Central.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia A esta Sala, de conformidad con los artículos 125, 150 y 243-1 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia reiterada de esta Sección5, le corresponde conocer del presente asunto, porque a través del auto apelado no solo se declaró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que tambiéntácitamentese rechazó una pretensión de reparación directa, de ahí que la solución del caso pase por el hecho de determinar si este último medio de control –reparación directaes el idóneo para solicitar la indemnización de los perjuicios

causados por un acto administrativo particular cuyo fundamento se encuentra en un acto general anulado por esta Jurisdicción.

2. Causa petendi Se precisa que la parte demandante solicitó la declaración de la responsabilidad extracontractual de la parte demandada por la ilegalidad de los actos a través de los cuales se suprimió el empleo que ocupaba el señor Henry Carrillo Ferreira en la Contraloría de Bucaramanga y se puso fin a su relación legal y reglamentaria.

3. Problema jurídico Le corresponde a la Sala determinar: i) cuál es el medio de control procedente para solicitar la indemnización de los perjuicios derivados del acto administrativo mediante el cual se retiró del servicio al señor Henry Carrillo Ferreira del empleo que ocupaba en la Contraloría de Bucaramanga y ii) si la demanda se presentó o no en oportunidad.

Además, habrá de establecerse si en el presente asunto se encuentran probados los presupuestos de la cosa juzgada, toda vez que en la demanda se sostuvo que la controversia planteada en el sub lite ya fue dirimida en oportunidad precedente, esto es, dentro del proceso que el demandante promovió, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y que culminó con sentencia ejecutoriada, la cual, según las pruebas allegadas con la demanda, corresponde a 5 En este sentido la Sección Tercera del Consejo de Estado ha proferido las siguientes providencias: i) auto del 25 de mayo de 2011, expediente 44.481, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; ii) auto del 31 de mayo de 2013, expediente 44.481, C.P. Danilo Rojas Betancourth y iii)

auto del 10 de febrero del 2016, expediente 55.127, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, entre otras. la proferida el 28 de octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga, confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander a través de fallo del 1º de noviembre de 20116.

4. Procedencia excepcional del medio de control de reparación directa frente a los perjuicios causados por un acto administrativo general De conformidad con lo previsto en los artículos 135 a 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la jurisprudencia de esta Corporación7, la escogencia de los medios de control en ejercicio de los cuales se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta Jurisdicción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin pretendido, al punto de que la nulidad y restablecimiento del derecho procede en aquellos eventos en los cuales los perjuicios alegados son consecuencia de un acto administrativo que se considera ilegal y la reparación directa en los casos en los que la causa de las pretensiones se encuentra en un hecho, omisión, operación administrativa o en un acto administrativo, siempre que no se cuestione su legalidad8.

La Sala también ha considerado que la reparación directa es la vía procesal adecuada para solicitar la indemnización de los perjuicios derivados de: i) un acto administrativo particular que no sea susceptible de control judicial por haber sido revocado en sede administrativa9; o ii) un acto administrativo de carácter general, previa declaratoria de nulidad y siempre que entre el daño y el acto general no

medie uno de carácter subjetivo que pueda ser objeto de cuestionamiento en sede 6 Folios 188-210, cuaderno 1. 7 Al respecto, y en relación con los supuestos de procedencia de las pretensiones de reparación directa y de las de nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente, esta Sala en providencia del 19 de julio de 2007, expediente 33628, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, señaló: “Con la acción de reparación directa en los términos del artículo 86 del C.C.A. se busca la declaratoria de responsabilidad del Estado, cuando con un hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra causa, se ocasione un daño antijurídico que se le pueda imputar y, por ende, tiene el deber jurídico de indemnizar. Jurisprudencialmente se ha establecido, además, como la acción idónea para demandar la indemnización por el daño causado por el acto legal, cuando este rompe el principio de la igualdad frente a las cargas públicas. “La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, es procedente cuando el daño proviene del acto administrativo ilegal y para lograr su reparación es menester que el juez declare su nulidad, porque solo entonces el daño causado por éste será antijurídico y comprometerá la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, que siempre que exista un acto administrativo con el cual se afirma haber causado un perjuicio, y del cual se acusa su ilegalidad, ésta será la acción correcta”. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de

abril de 2006, expediente 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 1998, radicación 13685, C.P. Daniel Suárez Hernández. judicial10, lo que quiere decir que “si la causa directa del perjuicio no es el acto administrativo anulado, sino un acto administrativo particular expedido a su amparo, debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debido [a] que sólo a través de ella puede destruirse la presunción de ilegalidad que lo caracteriza”11. Asimismo, la Sección ha señalado que este medio de control –reparación directa– es el mecanismo procesal idóneo para pedir el resarcimiento de los perjuicios derivados de la revocatoria o la nulidad de un acto administrativo favorable para su destinatario12.

5. Caso concreto 5.1. Hechos probados 5.1.1. El señor Henry Carrillo Ferreira laboró para la Contraloría Municipal de Bucaramanga durante el período comprendido entre el 29 de abril de 1992 y el 24 de abril del 2000, desempeñando como último cargo el de auxiliar administrativo, código 550, grado 113. 5.1.2. El 30 de diciembre de 1998, mediante el Decreto 0218, el Alcalde de Bucaramanga ajustó la planta de personal de la Administración Central del Municipio, así como los requisitos y manuales de funciones de los distintos empleos. 5.1.3. A través del Acuerdo 062 del 31 de diciembre de 1999, el Concejo de

Bucaramanga modificó los Acuerdos 023 y 051 de 1999, por medio de los cuales autorizó al Alcalde para, entre otras cosas, “modificar la actual estructura administrativa y las plantas de personal del Concejo, la Personería y la Contraloría Municipal, previa aprobación del H. Concejo Municipal de Bucaramanga”14. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 15 de mayo de 2003, radicación 23205, C.P. Alier Hernández Enríquez, y sentencia del 21 de marzo de 2012, radicación 21986, C.P. Hernán Andrade Rincón. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, radicación 21051, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 2003, radicación 26437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 13 Folio 17, cuaderno 1. 14 Al respecto, en el artículo primero de su parte resolutiva se dispuso: “ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el parágrafo del artículo 2° del Acuerdo 023 del 19 de mayo de 2009 y el artículo 2° del Acuerdo 051 del 10 de diciembre de 1999, en el sentido de eliminar la validación en ellos exigida por parte de la Unidad Técnica Central del Programa de Saneamiento Fiscal y, en su defecto, el En relación con lo anterior, el Concejo argumentó que para la reestructuración administrativa no se necesitaba la suscripción de un plan o convenio de

desempeño, porque su financiación se haría con los recursos provenientes de la enajenación de algunos activos a Telecom, supuesto en virtud del cual resultaba innecesaria la validación previa por parte de la Unidad Central del Programa de Saneamiento Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5.1.4. Mediante el Decreto 017 del 29 de febrero del 2000, el Alcalde estableció la estructura de la Administración Central del municipio de Bucaramanga. 5.1.5. Por medio del Acuerdo 007 del 13 de abril de 2000, el Concejo de Bucaramanga, de conformidad con las facultades conferidas por, entre otros, el artículo 272 de la Constitución Política15, estableció la estructura administrativa de la Contraloría de Bucaramanga. 5.1.6. Mediante el Acuerdo 008 del 14 de abril de 2000, el Concejo de Bucaramanga determinó la planta de personal de la Contraloría de Bucaramanga, dentro de la cual no se incluyó ningún cargo de auxiliar administrativo, código 550, grado 1. Como fundamento de su decisión, la Corporación invocó el artículo 157 de la Ley 136 de 1994, que prevé: “ARTÍCULO 157. ORGANIZACIÓN DE LAS CONTRALORIAS. La determinación de las plantas de personal de las contralorías municipales y distritales, corresponde a los concejos, a iniciativa de los respectivos contralores”. 5.1.7. Mediante oficio del 24 de abril del 2000, la Secretaria General de la Contraloría de Bucaramanga le informó al señor Henry Carrillo Ferreira que su empleo de “AUXILIAR ADMINISTRATIVO, código 550, grado 1” había sido

plazo de las facultades extraordinarias concedidas en el Acuerdo 051 del 10 de diciembre de 1999, esto es de 3 meses, se contarán a partir de la publicación del presente acuerdo”. 15 “ARTICULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. “La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales. “Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal (…)” (Se destaca). suprimido a partir del 25 de abril del 2000, esta comunicación es del siguiente tenor: “Me permito comunicarle que mediante [el] Acuerdo número 008 del 14 de abril del 2000, el empleo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, código 550, grado 1, que usted viene desempeñando, ha sido suprimido de la plan