CE-SECCION TERCERA-73001-23-31-000-2011-00028-01(47768)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE

DERECHOS AL MENOR DE EDAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO /

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /

PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque i) se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de justicia y al Ministerio de Defensa – Policía Nacional y ii) se reclama la reparación de un daño por hechos relacionados con medidas de restablecimiento de derechos a favor de un menor de edad, las cuales fueron tomadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cuya legalidad no se cuestiona (…).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO

86 CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO

DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE

SEGURIDAD JURÍDICA / INTERÉS GENERAL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (…) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

NOTA DE RELATORÍA: Con referencia a la institución jurídico procesal de la

caducidad, consultar providencia de 24 de abril de 2008, Exp. 16699, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574, M.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA

ACCIÓN / OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / DAÑO

CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA /

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS AL MENOR DE EDAD / MENOR DE EDAD SEPARADO DE SU FAMILIA POR ICBF / CONOCIMIENTO DEL HECHO

DAÑOSO / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

[L]a Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante. En el

caso sub examine, se estima que el derecho de accionar no se ejerció en tiempo frente al daño causado con ocasión de la separación del menor O.M.S.G. de su núcleo familiar, teniendo en cuenta: i) que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho dañoso (…), cuando el menor O.M.S.G. fue separado de su familia e ingresó al Centro de Emergencia de Ibagué (…), según da cuenta copia auténtica de la historia de atención al menor; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial (…); y iii) que la demanda se presentó (…) cuando ya habían transcurrido los dos (2) años que otorga la ley procesal para ejercer el derecho de accionar de forma oportuna. En virtud de lo anterior, la Sala estima pertinente resaltar que el término de caducidad empezó a correr desde el momento en que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho daño, esto es, desde (…) fecha en la cual el menor O.M.S.G. fue separado de su familia e ingresó al Centro de Emergencia de Ibagué (…). Bajo el anterior contexto, observa la Sala que si bien el daño alegado se deriva de la decisión adoptada en marco de un procedimiento administrativo, lo cierto es que en el libelo introductorio no se cuestiona la legalidad de la Resolución (…), sino que se reclaman los perjuicios que esta decisión ocasionó legítimamente. Así las cosas, los demandantes tuvieron conocimiento del daño alegado el día en que, según se advirtió, el menor O.M.S.G. fue separado de su núcleo familiar e ingresó al Centro de Emergencia

del ICBF, de modo que la caducidad se debe contar desde allí, sin que pueda variar a conveniencia o voluntad de la parte demandante. (…) Por otra parte, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consistente en la omisión de haber capturado oportunamente (…) a pesar de haber sido condenado por el delito de acceso carnal violento agravado, teniendo en cuenta: i) que los demandantes tuvieron conocimiento del daño alegado, el (….) día en que el Juzgado 1º Penal del Circuito de Ibagué con Funciones de Conocimiento finalizó la audiencia de juicio oral en la que se condenó (…); ii) los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial (…); y iii) la demanda se presentó (…) antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO

136

NOTA DE RELATORÍA: Con referencia al cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, consultar providencia de 21 de septiembre de 2017.

Exp. 55999, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Acerca del cómputo del término de caducidad a partir del conocimiento del hecho dañoso, consultar providencia de 4 de abril de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2019-00491-00(AC), C.P. Alberto Yepes Barreiro.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO /

IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRESUPUESTOS DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO /

CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO

ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FACTOR DE ATRIBUCIÓN DEL DAÑO El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo

con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. (…) Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere y de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de daño antijurídico, de 27 de enero de 2000, Exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Referente a la imputación del daño antijurídico, consultar providencia de 18 de mayo de 2017, Exp. 36386, C.P.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Acerca del daño como primer elemento que se debe analizar para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar providencias de 13 de agosto de 2008, Exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero, Exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 5 de marzo de 2020, Exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E). Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, consultar providencia de la Corte Suprema de

Justicia, Sala de Casación Civil, de 4 de abril de 1968.

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA /

CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA /

SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue regulado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 (…). El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deriva de una situación anormal de tutela judicial efectiva, producto de que el servicio público de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía. (…) Este título de atribución de responsabilidad se caracteriza por los siguientes aspectos: (i) se predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o para la ejecución de providencias judiciales; (ii) proviene de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia; (ii) se presenta un funcionamiento anormal de la administración de justicia, frente a lo que debería considerarse como adecuado; (iii) comprende la mora judicial, esto es, la injustificada falta de decisión judicial en un plazo razonable (…); (iv) es de carácter residual, puesto que únicamente se configura cuando los hechos no se enmarquen en los títulos de

error jurisdiccional o privación injusta de la libertad.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 69

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción y las características del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consultar providencias de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 30 de enero de 2012, Exp. 23769, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 21 de septiembre de 2017, Exp.

55999, C.P. Ramiro Pazos Guerrero

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / OMISIÓN DEL DEBER / CAPTURA / CONDENADO / ACCESO CARNAL VIOLENTO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / PROCESO PENAL / FALTA

DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA

[O]bserva la Sala que no se configuró un defectuoso funcionamiento de administración de justicia consistente en la omisión de haber capturado oportunamente a (…) a pesar de haber sido condenado por el delito de acceso

carnal violento agravado, por cuanto las entidades demandadas satisficieron las exigencias previstas en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, y 308, 317, 446 y 450 del Código de Procedimiento Penal. (…) De conformidad con lo anterior, se observa que no existe prueba alguna que permita acreditar el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado por el extremo activo, pues, ninguna pieza del material probatorio arrimado al proceso permite acreditar que las actuaciones y decisiones adoptadas por los Juzgados Promiscuo Municipal de Cajamarca con Función de Control de Garantías, 2º Penal Municipal de Ibagué con Función de Control de Garantías, Juzgado 1º Penal del Circuito de Ibagué con Función de Conocimiento y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué, hayan conllevado a la afectación del pronto y cumplido acceso de la administración de justicia por no haber capturado oportunamente a (…) a pesar de haber sido condenado por el delito de acceso carnal violento agravado. Al contrario, según se pudo constatar: i) mediante sentencia (…) el Juzgado 1º Penal del Circuito de Ibagué con Funciones de Conocimiento condenó al señor (…) a 312 meses de prisión por el delito de secuestro simple en concurso heterogéneo con el delito de acceso carnal violento agravado y ordenó su captura inmediata; ii) mediante sentencia (…) la Sala Penal del Tribunal Superior del Tolima confirmó la sentencia (…) proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Ibagué con Funciones de Conocimiento que

condenó al señor (…); y iii) (…) agentes del CTI capturaron a (…) luego de ser condenado. Justamente, las referidas actuaciones acreditadas con las actas de las diligencias (....), permiten concluir que la mismas fueron adoptadas en garantía de los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, y de conformidad con los artículos 308, 310 446 y 450 del Código de Procedimiento Penal, y por tanto, para poder estimar que las mismas no resultaron efectivas y por ello significaron la lesión injustificada a un interés jurídicamente protegido, los demandantes debieron acreditar la causación de tal afectación. En consecuencia, (…) no se configuró el defectuoso funcionamiento de la administración de justica alegado en la demandada, consistente en no haberse capturado oportunamente a (…) a pesar de haber sido condenado por el delito de acceso carnal violento agravado, en tanto no se probó su ocurrencia.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 229 / LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 308 / LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 317 / LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 446 / LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 450

NOTA DE RELATORÍA: La presente providencia cuenta con aclaración de voto

del doctor Guillermo Sánchez Luque.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 73001-23-31-000-2011-00028-01(47768)

Actor: A.G.M Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) Tema: Restablecimiento de derechos a menor de edad víctima de abuso sexual. Caducidad. Defectuoso funcionamiento de administración de justicia. Pronto y efectivo acceso a la administración de justicia. No se configuró el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 30 de agosto de 2007, el menor O.M.S.G.1 fue accedido carnalmente y lesionado por Rubén Darío Ruíz Devia Por ello, el 31 de agosto de 2008, quien fue capturado por agentes del CTI, por ser presunto autor del delito de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento agravado.

El 1º de septiembre de 2007, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cajamarca con Función de Control de Garantías legalizó la captura, formuló imputación e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Rubén Darío Ruíz Devia. Sin embargo, mediante proveído del 24 de junio de 2008, el Juzgado 2º Penal Municipal de Ibagué con Función de Control de Garantías

ordenó la libertad del acusado, puesto que se había superado el término de 90 días desde la presentación del escrito de acusación sin haberse adelantado la audiencia de juicio oral. Por ello, mediante Resolución del 21 de julio de 2008, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Tolima ordenó abrir proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor del menor O.M.S.G. En virtud de lo anterior y en consideración a que el Juzgado 2º Penal Municipal de Ibagué con Función de Control de Garantías, mediante proveído del 24 de junio de 2008, ordenó la libertad inmediata de Rubén Darío Ruíz Devia por vencimiento de términos, el 21 de julio de 2008, el menor O.M.S.G. fue remitido al Centro de Emergencia de Ibagué “Un Nuevo Amanecer”. 1 Para efectos de evitar la revictimización del menor y en garantía de su protección especial al derecho a la intimidad y demás derechos fundamentales, la Sala decidió ocultar los nombres de los demandantes, asignando sólo sus iniciales, al igual que otros datos e información que permitan inferir su identificación. Luego, el 24 de julio al 4 de agosto de 2008, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Ibagué con Funciones de Conocimiento adelantó audiencia de juicio oral, empero, al momento de anunciar el sentido del fallo, el sindicado no se hizo presente. Mediante proveído del 13 de marzo de 2009, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Ibagué con Funciones de Conocimiento condenó al señor Rubén Darío Ruíz Devia

a 312 meses de prisión por el delito de secuestro simple en concurso heterogéneo con el delito de acceso carnal violento agravado y ordenó su captura inmediata; decisión que fue confirmada mediante providencia del 5 de junio de 2009, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué. Finalmente, el 28 de octubre de 2009, el señor Rubén Darío Ruíz Devia fue capturado por agentes del CTI, por ser autor del delito de secuestro simple en concurso heterogéneo con el delito de acceso carnal violento agravado. Los demandantes consideran que la Nación – Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les causaron un daño antijurídico por: i) la expedición de la Resolución de 21 de julio de 2008 que dispuso la separación del menor O.M.S.G. de su núcleo familiar y ii) por no haberse capturado oportunamente a Rubén Darío Ruíz Devia a pesar de haber sido condenado por el delito de acceso carnal violento agravado.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda El 26 de octubre de 20102, A.G.M, en nombre propio y en representación de O.M.S.G. y H.D.G.G., L.D.G.G., A.G.G. y L.F.G.G.; y H.G., mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al

considerar que las referidas entidades les causaron un daño antijurídico por : i) la expedición de la Resolución de 21 de julio de 2008 que dispuso la separación del menor O.M.S.G. de su núcleo familiar y ii) por no haberse capturado oportunamente a Rubén Darío Ruíz Devia a pesar de haber sido condenado por el delito de acceso carnal violento agravado. 2 Fl. 47 a 59, C.1. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 300 SMLMV a O.M.S.G.; 200 SMLMV a A.G.M. y H.G.; y 100 SMLMV a H.D.G.G, L.D.G.G., A.G.G. y

L.F.G.G.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 30 de agosto de 2007, el menor O.M.S.G. fue violado y lesionado por el señor Rubén Darío Ruíz Devia. Indica que el 31 de agosto de 2008, el señor Rubén Darío Ruíz Devia fue capturado por agentes del CTI, por ser presunto autor del delito de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento agravado. Comenta que el 1º de septiembre de 2007, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cajamarca con Función de Control de Garantías legalizó la captura, formuló imputación e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Rubén Darío Ruíz Devia. Destaca que mediante proveído del 24 de junio de 2008, el Juzgado 2º Penal

Municipal de Ibagué con Función de Control de Garantías ordenó la libertad del acusado puesto que se había superado el término de 90 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se hubiere adelantado la audiencia de juicio oral. En virtud de lo anterior, resalta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Tolima , mediante Resolución del 21 de julio de 2008, ordenó abrir proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor del menor O.M.S.G y ubicarlo provisionalmente en un Centro de Emergencia. Subraya que el 21 de julio de 2008, el menor O.M.S.G. fue remitido e ingresó al Centro de Emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Ibagué “Un Nuevo Amanecer”. Advierte que del 24 de julio al 4 de agosto de 2008, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Ibagué con Funciones de Conocimiento adelantó audiencia de juicio oral, empero, al momento de anunciar el sentido del fallo, el señor Rubén Darío Ruíz Devia no se hizo presente. Señala que mediante proveído del 13 de marzo de 2009, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Ibagué con Funciones de Conocimiento condenó al señor Rubén Darío Ruíz Devia a 312 meses de prisión por el delito de secuestro simple en concurso heterogéneo con el delito de acceso carnal violento agravado y ordenó su captura inmediata. Aduce que el 5 de junio de 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué confirmó la sentencia del 13 de marzo de 2009 proferida por el Juzgado 1º Penal

del Circuito de Ibagué con Funciones de Conocimiento. Concluye que el 28 de octubre de 2009, el señor Rubén Darío Ruíz Devia fue capturado por agentes del CTI, luego de haber sido condenado por el delito de secuestro simple en concurso heterogéneo con el delito de acceso carnal violento agravado. Los demandantes consideran que la Nación – Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les causaron un daño antijurídico: i) por la expedición de la Resolución de 21 de julio de 2008 que dispuso la separación del menor O.M.S.G. de su núcleo familiar y ii) por no haberse capturado oportunamente a Rubén Darío Ruíz Devia a pesar de haber sido condenado por el delito de acceso carnal violento agravado. Textualmente, sostienen en el libelo introductorio: “[…] las autoridades aquí citadas […] son administrativamente responsables, de manera solidaria, por los perjuicios de toda índole, causados a […] por la injusta orden de separación de O.M.S.G. y su familia […] dispuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y la administración de justicia, por la amenaza que para O.M.S.G. y su familia significó la libertad del señor Rubén Darío Ruiz Devia, y la impunidad y falta de efectividad de las medidas cautelares y de la sanción penal en que permaneció Rubén Darío Ruíz Devia por los delitos cometidos contra el menor Oscar Mauricio Suárez Gómez”.

2. Contestaciones El 17 de febrero de 20103, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación4 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que fue el juez de control de garantías quién, previo control de legalidad de las actuaciones surtidas por la Fiscalía, adelantó el proceso penal contra el señor Rubén Darío Ruíz Devia. 2.2. La Rama Judicial5 se opuso a las pretensiones de la demanda, resaltando que sus actuaciones estuvieron soportadas en las normas sustanciales y procesales que rigen el procedimiento penal. 2.3. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional6 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que le han sido conferidas, de conformidad con los artículos 28 y 121 de la Constitución Política, y 2º del Decreto 1355 de 1979. 2.4. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar7 se opuso a las pretensiones de la demanda, advirtiendo que sus actuaciones se adelantaron en garantizando la prevalencia de los derechos del menor. Además, formuló la excepción de caducidad de la acción, al considerar que habían transcurrido más de dos años desde el momento en que ocurrió la violación de O.M.S.G. y aquel en que se presentó la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 25 de mayo de 20128 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3 Fl. 69, C.1. 4 Fl. 142 a 147, C.1. 5 Fl. 114 a 116, C.1. 6 Fl. 102 a 110, C.1. 7 Fl. 470 a 480, C.2. 8 Fl. 549, C.2. 3.1. Los demandantes9, la Nación – Fiscalía General de la Nación10, la Rama Judicial11, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional12 y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar13, reiteraron los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la contestación de la demanda, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 15 de mayo de 201314 el Tribunal Administrativo del Tolima declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, al constatar que el término para la presentación oportuna de la demanda había corrido desde el 22 de julio de 2008, día siguiente al que se separó al menor de su familia, hasta el 22 de julio de 2010 y ésta se había presentado el 26 de octubre siguiente.

Al efecto, sostuvo que “[…] es claro que el hecho presuntamente dañino, se configuró el día 21 de julio de 2008, día en que el ICBF separó al menor de su familia, como medida de protección. Es decir que, es a partir del día siguiente, 22 de julio del año 2008, que la parte demandante tenía dos (2) años para interponer e iniciar la acción de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo, tiempo que se cumplía exactamente el día 22 de julio de 2010, para presentar oportunamente su demanda y, como dentro de este tiempo tampoco se llevó a cabo la conciliación prejudicial ante la Procuraduría, el citado término no fue suspendido ni mucho menor interrumpido. Evidenciándose que sólo hasta el día 28 de julio de 2010, la parte demandante presentó ante la Procuraduría la solicitud de conciliación prejudicial, fecha para la cual ya se encontraba caducada la acción contencioso administrativa. Con lo anterior, se tiene que el día 22 de julio de 2008, le empezó a correr al actor el término de 2 9 Fl. 566 a 579, C.2. 10 Fl. 551 553, C.2. 11 Fl. 565, C.2. 12 Fl. 585 a 598, C.2. 13 Fl. 580 a 584, C.2. 14 Fl. 622 a 639, C.10. años que dispone la norma para ejercer la presente acción de reparación directa, los cuales se vencían el 22 de julio de 2010, dejando caducar los términos previstos, debido a que la demanda fue radicada hasta el día 25 (sic) de octubre de octubre de 2010, es decir, casi 3 meses después de caducada la acción”.

5. Recurso de apelación El 23 de mayo de 201315, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 18 de junio de 201316 y admitido el 12 de agosto de 201317. 5.1. Los demandantes18 solicitaron revocar la sentencia de primera instancia argumentado que la caducidad de la acción de reparación directa debía contarse a

partir del 28 de julio de 2008, cuando se separó a O.M.S.G. de su núcleo familiar. Textualmente manifestaron lo siguiente: “[…] la inconformidad por la que respetuosamente se recurre consiste en que el Tribunal Administrativo del Tolima se equivoca al computar el término de caducidad a partir de un acto administrativo de protección del menor O.M.S.G., el 22 de julio de 2008, proferido por el ICBF en Ibagué. La Sala, al cotejar la fecha de interrupción de la caducidad con la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría el 28 de julio de 2008, creyó encontrar la caducidad. No es cierto. Esta no es una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo de protección del menor proferido por el ICBF; este es un mecanismo de control de la separación de la familia impuesta por el ICBF a O.G.S.G. con el fin de ‘protegerlo’. Debo resaltar que como consta en el expediente de protección del ICBF que obra en el proceso,