CE-SECCION TERCERA-73001-23-31-000-2011-00032-01(48382)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / TITULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DEMANDA / CONTENIDO DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE

LA DEMANDA / DERECHO DE ACCIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO /

ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA /

PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL

JUEZ / MARCO DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA

[P]ara determinar el título de imputación de responsabilidad es necesario remitirse a la demanda y los hechos allí consignados, por cuanto dicho acto procesal es el que permite deducir el derecho que se reclama a partir de la existencia de un daño y su antijuridicidad y, por tanto, de la redacción de las pretensiones y de los hechos, así como, de la interpretación íntegra que hace el juez de ésta, se deriva la causa sobre la que se funda la acción. Se indica, además, que la determinación del problema jurídico que realiza el juez de primera instancia no constituye una limitante para el operador judicial, pues el juez se encuentra facultado para determinar si la decisión debe ceñirse al problema jurídico planteado inicialmente o si este debe ser ampliado o ajustado al trámite que corresponda a los hechos y pretensiones de la demanda, todo esto, sin perjuicio del respeto a la garantía del debido proceso y derecho de defensa de los sujetos comprometidos en el litigio, cuya observancia se debe mantener a lo largo del curso del proceso.

DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / LEY

ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CLÁUSULA DE

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DISPOSICIÓN

CONSTITUCIONAL / RAMA JUDICIAL / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ERROR

JURISDICCIONAL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

[L]a Sala recuerda que la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia -, en desarrollo de la cláusula general de responsabilidad prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, reguló el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta Rama del Poder Público, diferenciando tres títulos de imputación jurídica, a saber, i) el error jurisdiccional, ii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y iii) la privación injusta de la libertad.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO

90

ERROR JURISDICCIONAL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DIFERENCIA

ENTRE ERROR JUDICIAL Y DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE ERROR JURISDICCIONAL /

CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR

ERROR JURISDICCIONAL / NORMATIVIDAD DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL /

NORMATIVIDAD DEL ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR

JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL /

REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR

JURISDICCIONAL / REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / FALTA DE

CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR

ERROR JURISDICCIONAL / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL De esta manera, respecto de los títulos de error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia estableció que el error jurisdiccional se configura o materializa a través de una providencia proferida en ejercicio de la función de impartir justicia, por medio de la cual se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho; mientras que, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es una modalidad de responsabilidad residual, con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función judicial, que no constituyen error jurisdiccional o privación de la libertad, por no provenir de una decisión judicial. La anterior

diferenciación es de importancia para este caso, pues dependiendo de si lo alegado es un error judicial o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad se contabiliza de forma distinta. (…) [A]l analizar los aspectos fácticos y jurídicos de la demanda y, específicamente, aquellos sobre los cuales se insistió en el recurso de apelación, se observa que, no todas las omisiones que se le imputan a la pasiva deben analizarse bajo un mismo título jurídico de atribución.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos del error jurisdiccional ver sentencia del 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque, sentencia de 15 de abril de 2010, Exp. 17507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRINCIPIO

DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA /

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / ERROR

JURISDICCIONAL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA De esta manera, en aplicación del principio de congruencia estructurado a partir de los artículos 170 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con los cuales, la sentencia debe estar

en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda -en este caso, en el recurso-, se procederá a dictar sentencia bajo la distinción de títulos jurídicos de imputación antes anotada, sin que con tal derrotero se modifique la causa petendi, ni los supuestos de la demanda, como tampoco la valoración de los demás elementos de la responsabilidad deprecada a partir de los elementos constitutivos de ella, que son límites que se imponen al operador judicial y a los sujetos comprometidos en el conflicto, sin excepción alguna.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 170 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTPICULO 305

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE

ACCIÓN / PERENTORIEDAD DEL TÉRMINO JUDICIAL / PERENTORIEDAD

DEL TÉRMINO PROCESAL / PLAZO PERENTORIO / TÉRMINO PERENTORIO /

SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL /

SOLICITUD DE CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA /

FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ

Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción, en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de acudir a la jurisdicción dentro del plazo fijado por la ley, por cuanto, al exceder el término preclusivo para promover el litigio, se pierde la facultad de accionar y así hacer efectivo su derecho.

PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / FACULTADES DEL JUEZ

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ /

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

[L]a Sala aclara que, si bien el tema de la presentación oportuna de la demanda no se propuso con el recurso de apelación, lo cierto es que al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales de la acción, entre ellos, la caducidad, aspecto que no puede ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo - aplicable a la presente acción -.(…) [A]l tenor de lo previsto por el artículo 136 del referido Código, la acción de reparación directa

debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, período que, una vez vencido, tal como se ha advertido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 164 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones de oficio, ver sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / OMISIÓN JUDICIAL / DAÑO / HECHO DAÑOSO / OCURRENCIA DEL HECHO DAÑOSO / OMISIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / VEHÍCULO

RETENIDO POR AUTORIDAD / DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RETENIDO POR

AUTORIDAD / PROCESO PENAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SOLICITUD DE

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN FALLIDA / REANUDACIÓN

DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

[E]s posible que en específicas ocasiones el daño ocurra con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos que sirven de fundamento para las pretensiones, sin que esto signifique que el término de caducidad se postergue de manera indefinida, pues el inicio del cómputo de la caducidad deberá empezar a partir del día siguiente a su configuración, esto es, la fecha en que fenece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría a aquél con sus secuelas o efectos. En el presente asunto, el término de caducidad frente a las conductas omisivas que se le imputan a la Fiscalía General de la Nación, comenzó a correr a partir del día siguiente de aquel en el que la autoridad cesó su inactividad, de modo que, respecto de la omisión en la entrega de la máquina retroexcavadora el término deba contabilizarse desde el día siguiente a la celebración de la diligencia fijada para ese efecto. (…) [C]omoquiera que la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial (…) la cual fue declarada fallida (…),de modo que, como la demanda se presentó (…), es claro que la acción de reparación directa se presentó oportunamente.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / OMISIÓN JUDICIAL / DAÑO / HECHO DAÑOSO / OCURRENCIA DEL HECHO

DAÑOSO / OMISIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / FALSA

DENUNCIA / CONDUCTA PUNIBLE / OMISIÓN DE INICIAR INVESTIGACIÓN

PENAL / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA

OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / CONFIGURACIÓN DE LA

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

[E]n cuanto a la tercera omisión en que supuestamente incurrió la pasiva al no adelantar investigación penal alguna en contra del señor (…) por los delitos de falsa denuncia contra persona determinada, enriquecimiento ilícito y fraude a resolución judicial, la Sala advierte que en el expediente únicamente obran las resoluciones (…), mediante las cuales la Fiscalía (…) compulsó copias a la Fiscalía Seccional de reparto de Chaparral para que investigara al señor (…). Así las cosas, considerando que la parte actora no demostró a qué autoridad le correspondió asumir por reparto el trámite de aquellas investigaciones, y tampoco probó que aquél le hubiera sido asignado a la misma Fiscalía (…), ni allegó copia de los expedientes bajo los cuales se efectuó su trámite, será a partir del día siguiente a la última actuación realizada con ese propósito, (…) que se contará el término de caducidad de la acción de reparación directa. Por tanto, la acción de reparación directa se formuló por fuera de la oportunidad legal establecida para tal efecto.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL / CADUCIDAD

DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL /

EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA /

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / CONOCIMIENTO DEL DAÑO /

CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO

[E]n relación con el término de caducidad del yerro a analizar bajo el título de imputación de error jurisdiccional, esta Sección ha indicado que si la persona afectada hizo parte del proceso, el término inicia a correr a partir del día siguiente de aquel en que quedó en firme la providencia que supuestamente lo contiene, cuando con esta se concreta el daño por el cual se demanda la reparación, pues, a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento del daño; no obstante, si el daño se produce o se materializa con posterioridad a la actuación judicial que le dio origen, el término de caducidad comienza a correr desde que el afectado pudo evidenciar su existencia o desde que este se manifiesta, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Huelga precisar que en los casos de imputaciones al Estado por error jurisdiccional, el daño se concreta en una providencia ejecutoriada contraria a la ley, capaz de lesionar o vulnerar los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de la parte o tercero interesado, de ahí que, el criterio para determinar la fecha a partir de la cual inicia el término para ejercitar el derecho de acción, sea el día siguiente a aquel en que la parte actora tuvo conocimiento de la providencia a la que le

atribuye un yerro.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción, ver sentencia del 24 de octubre de 2016, Exp. 38159, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 22 de febrero de 2017, Exp. 58052, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 13 de

agosto de 2020, Exp. 64070, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL / CADUCIDAD

DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL /

EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA /

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / CONOCIMIENTO DEL DAÑO /

CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / PROVIDENCIA JUDICIAL / INCIDENTE DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - Negativa / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ACTUACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / FALTA DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA De conformidad con lo dicho, resulta claro para la Sala que el supuesto yerro consistente en negar el incidente de indemnización de perjuicios, se encuentra contenido en las resoluciones (…) mediante las cuales la Fiscalía 20 Local de

Ataco resolvió las solicitudes planteadas en este sentido por la defensa de los señores (…), oportunidades en las cuales señaló que aquel asunto era competencia de la jurisdicción civil. Sobre esa base y en virtud de las consideraciones ya expuestas, se observa que la resolución (…), cuando la Fiscalía (…) aceptó el desistimiento del recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión; (…) lo que permite concluir que dicha providencia quedó ejecutoriada (…) de conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 2000aplicable al proceso penal sub examine -. Por lo anterior, respecto de las anteriores providencias, la Sala advierte que la acción de reparación directa se encuentra caducada, toda vez que el término para ejercer dicha acción en virtud del título jurídico de imputación de error jurisdiccional feneció.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO PENAL - ARTÍCULO 187

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO INDEMNIZABLE / REQUISITOS DEL DAÑO

ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / ELEMENTOS DEL DAÑO

ANTIJURÍDICO / CONFIGURACIÓN DE LA ANTIJURICIDAD / DAÑO AL BIEN

CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO / DAÑO CIERTO /

CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO

ANTIJURÍDICO / VEHÍCULO RETENIDO POR AUTORIDAD / DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RETENIDO POR AUTORIDAD / PROCESO PENAL / OMISIÓN JUDICIAL / DAÑO / HECHO DAÑOSO / OCURRENCIA DEL HECHO DAÑOSO /

OMISIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / DAÑO PATRIMONIAL Bajo el contexto fáctico y probatorio antes indicado, la Sala aborda el estudio de la prueba del daño, pues sin daño no hay responsabilidad y por lo mismo, resulta impertinente poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado, estatuido, entre otros, para declarar el derecho en un caso concreto, a partir de la intervención que demanda la carta política desde el cardinal enunciado contenido en el artículo 90 Superior. Como ya lo ha precisado esta Sala de Subsección respecto del daño, este debe ser cierto, lo cual, hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia, independientemente de que sea presente o futura; es decir, “no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas”. En el caso concreto, el daño alegado por la parte actora deriva del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que supuestamente incurrió la Fiscalía (…) al no haber efectuado la entrega de la retroexcavadora (…) a los demandantes y omitir informar al Juzgado (…) que la mencionada máquina se encontraba sujeta al proceso penal adelantado en su contra por el delito de hurto entre condueños; en tal virtud, reclaman los actores los perjuicios materiales, en la modalidades de lucro cesante y daño emergente, correspondientes la producción de la máquina y su depreciación, así como la indemnización por perjuicios morales.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el daño antijurídico, ver sentencia del 25 de marzo

de 2015, Exp. 32570, C.P. Hernán Andrade Rincón.

CONTRATO DE TRANSACCIÓN / CONCEPTO DE CONTRATO DE

TRANSACCIÓN / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / FINALIDAD DE LA

TRANSACCIÓN / TERMINACIÓN DEL PROCESO / TERMINACIÓN

ANTICIPADA DEL PROCESO / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE

TRANSACCIÓN / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / VALIDEZ DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / NEGOCIO JURÍDICO El contrato de transacción es una forma de evitar un litigio o de acabar con uno que ya ha empezado, de conformidad con el artículo 2469 del Código Civil. En ese sentido, implica un acto de disposición, porque en ella cada una de las partes cede una porción del derecho que cree tener. (…) Sobre los efectos de la transacción, el artículo 2483 del Código Civil establece que ésta produce el de cosa juzgada en última instancia, aspecto consecuente si se tiene en cuenta que la finalidad esencial de esta forma contractual es la terminación o anticipación de un conflicto futuro.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2469 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 2483

CONTRATO DE TRANSACCIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / FINALIDAD DE LA TRANSACCIÓN / PARTES DEL PROCESO PENAL / EFECTO JUDICIAL DE LA

TRANSACCIÓN / ACEPTACIÓN DE LA TRANSACCIÓN / VALIDEZ DEL

CONTRATO DE TRANSACCIÓN / COSA JUZGADA / EFECTOS DE COSA

JUZGADA / VEHÍCULO RETENIDO POR AUTORIDAD / DEVOLUCIÓN DE

VEHÍCULO RETENIDO POR AUTORIDAD - Renuncia voluntaria / PROCESO

PENAL / RENUNCIA A LA REPARACIÓN DE PERJUICIOS

[A]nte la existencia de un contrato de transacción, cuyo cumplimiento estuvo llamado a producir efectos judiciales, resulta jurídicamente válido y razonable inferir que existió un negocio jurídico que extinguió, con efectos de cosa juzgada, las obligaciones, derechos y prerrogativas de las partes respecto a la mencionada retroexcavadora y su explotación durante el periodo objeto de controversia, acuerdo que se extendió a terceros, como aparece probado en el expediente. Por ello, se advierte que si los demandantes renunciaron voluntariamente a recibir la retroexcavadora, haciendo dejación de la misma en su contratante, incluida la manifestación de renunciar a reclamar cualquier indemnización de perjuicios al señor (…) y otras personas, obteniendo de esta manera los beneficios que con tal acto esperaban; resulta improcedente pretender reclamar a la Fiscalía General de la Nación por la vía de la reparación directa, el reconocimiento de la depreciación del activo que ya no les pertenece o que por lo menos la probanza que reposa en el expediente no lo acredita, así como el lucro cesante representado en las sumas de dinero que presumiblemente el mencionado señor recibió durante el tiempo que tuvo la máquina bajo su posesión de manera provisional. CONTRATO DE TRANSACCIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / FINALIDAD DE LA TRANSACCIÓN / PARTES DEL PROCESO PENAL / EFECTO JUDICIAL DE LA

TRANSACCIÓN / EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA / EXCEPCIONES AL

PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / NULIDAD DEL CONTRATO DE

TRANSACCIÓN / RESCISIÓN DEL CONTRATO

[C]onviene precisar que si la parte actora no quisiese que le fuesen oponibles los efectos probatorios que se derivan del citado contrato de transacción, debía obtener la respectiva declaración judicial en tal sentido, según los precisos términos del artículo 2483 del Código Civil, el cual prevé que “[l]a transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión”.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2483

EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / MECANISMOS EXTINCIÓN DE LA

OBLIGACIÓN / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / CELEBRACIÓN DEL

CONTRATO DE TRANSACCIÓN / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / FINALIDAD DE LA TRANSACCIÓN / PARTES DEL PROCESO PENAL / EFECTO JUDICIAL DE LA TRANSACCIÓN / COSA JUZGADA / EFECTOS DE

COSA JUZGADA / VEHÍCULO RETENIDO POR AUTORIDAD / DEVOLUCIÓN

DE VEHÍCULO RETENIDO POR AUTORIDAD - Renuncia voluntaria / PROCESO PENAL / RENUNCIA A LA REPARACIÓN DE PERJUICIOS / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - La transacción surtió efectos frente a las reclamaciones presentadas a la Fiscalía Con el material probatorio ya relacionado, la Subsección estima que el contrato de transacción vino a zanjar cualquier conflicto en relación con la disputa que sobre la titularidad de la máquina retroexcavadora enfrentaba a las partes, extinguiendo

con ello el conflicto que las enfrentaba no solo en tal aspecto sino también el lucro derivado de su explotación, así como los daños que entre ellas se reclamaban por razón de sus relaciones societarias, civiles y penales, derivadas estas últimas del proceso penal que comprometía en su impulso y determinaciones a la Fiscalía (…), al punto de convenir entre ellas que la máquina debía ser entregada al señor (…), circunstancia que en sí misma incide en la certeza del daño deprecado en la demanda, en particular el asociado al daño emergente y lucro cesante por la omisión en la entrega de la citada maquinaria. Para la Sala no pasa desapercibido que el citado contrato de transacción estuvo llamado a producir efectos entre los contrayentes, y que por razón de su cumplimiento, estas lo hicieron valer ante la autoridad a la que se le reclaman los perjuicios que en tal acto dijeron transar.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ACTUACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL /

INVESTIGACIÓN PENAL / VEHÍCULO RETENIDO POR AUTORIDAD /

DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RETENIDO POR AUTORIDAD / INEXISTENCIA

DE DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DEL DAÑO

ANTIJURÍDICO / AUSENCIA DE PRUEBA / INEXISTENCIA DE

RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[D]esde que se profirió la resolución de preclusión de la investigación (…), la Fiscalía ordenó al señor (…) la devolución de la máquina en el municipio y (…)

dispuso que se realizara su inspección previa entrega, requiriendo en ese sentido al denunciante en diferentes oportunidades, mediante las resoluciones (…), requerimientos frente a los cuales el señor (…) adujo que la máquina se encontraba en distintos municipios y solicitó un término adicional para efectuar su traslado y entrega, de modo que, contrario a evidenciar una conducta omisiva por parte de la Fiscalía, esta instancia judicial fue diligente en procurar la devolución de la retroexcavadora. (…) Las evidencias probatorias que se acaban de analizar, confieren el convencimiento de que no hay prueba de un daño que sea indemnizable, máxime cuando, se itera, según el contrato de transacción, la máquina debía ser entregada al señor (…), emitiéndose las renuncias y declaraciones correspondientes.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ACTUACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL /

INVESTIGACIÓN PENAL / ATIPICIDAD / CONDUCTA ATÍPICA / VEHÍCULO

RETENIDO POR AUTORIDAD / DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RETENIDO POR

AUTORIDAD / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE

CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / AUSENCIA DE PRUEBA /

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN

[C]abe destacar que la preclusión de la investigación penal por la atipicidad de la conducta investigada, obedeció a la prueba de una controversia de carácter civil entre las partes respecto al título - propietario o arrendatario - bajo el cual la

sociedad (…) y por su conducto los señores (…) poseían la máquina, razón por la cual, en la jurisdicción penal no surgió la obligación de definir tales derechos y menos aún, de reparar los daños materiales o morales, razón por la que, las partes podían definir la propiedad y reconocer los perjuicios a que hubiera lugar por mutuo acuerdo, como en efecto ocurrió en el contrato de transacción, o acudir a la jurisdicción civil con ese propósito. A tono con las razones hasta aquí expuestas, se observa que no se demostró un daño derivado de la omisión en la entrega de la máquina que sea susceptible de indemnización.

NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con aclaración de voto de la honorable

consejera Marta Nubia Velásquez Rico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 73001-23-31-000-2011-00032-01(48382)

Actor: BENJAMÍN RAFAEL PETRO GONZÁLEZ Y OTRO

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIACADUCIDAD PARCIAL DE LA ACCIÓN - Se configuró - ERROR JURISDICCIONAL - DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - No se configuró.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda. Según la demanda, la máquina retroexcavadora Caterpillar 320 sobre orugas, con serie 2DL00134 fue retenida, puesta a disposición de la Fiscalía y luego entregada provisionalmente al denunciante Héctor Darío López Sánchez, en el marco del proceso penal adelantado en contra de los señores Benjamín Rafael Petro González y José Heider Bocanegra Girón por el delito de hurto entre condueños; posteriormente, la Fiscalía 20 Local de Ataco (Tolima) precluyó la investigación por atipicidad de la conducta investigada, y ordenó la devolución de la máquina a los sindicados, sin que la misma se hiciera efectiva. Finalmente, la controversia entre las partes fue objeto de un contrato de transacción.

I. SENTENCIA IMPUGNADA 1.1. Corresponde a la sentencia del 18 de julio de 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda1. 1.2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 20 de enero de 20112, por los señores Benjamín Rafael Petro González y José Heider Bocanegra Girón, en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes: Pretensiones 1.2.1. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que les fueron irrogados con ocasión de la incautación de una retroexcavadora hidráulica

Caterpillar, cuya devolución no se hizo efectiva. Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) trescientos sesenta millones de pesos ($360.000.000) por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad del lucro cesante, derivado de la producción de la máquina, para cada uno de los actores; ii) ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad del daño emergente, correspondiente a la depreciación de la máquina, para cada uno de los actores; y, iii) doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales, para cada uno de los actores3. Hechos 1 Folios 105 a 142 del cuaderno principal. 2 Folios 2 del cuaderno 1. 1.2.2. Como supuesto fáctico de las pretensiones, los demandantes señalaron que el 30 de junio de 2004, el señor Héctor Darío López Sánchez, antiguo socio de los demandantes, los denunció por el delito de hurto agravado, posteriormente fue adecuado al tipo penal de hurto entre condueños, y solicitó la retención de la máquina retroexcavadora hidráulica Caterp