CE-SECCION TERCERA-73001-23-31-000-2011-00050-01(51978)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE OMISIONES

ADMINISTRATIVAS / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO /

PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES / RIESGO PREVISIBLE /

PREVISIBILIDAD DEL DAÑO / IMPREVISIÓN EN LA CULPABILIDAD DE LA

CONDUCTA / HECHO IMPREVISIBLE DE LA NATURALEZA / DESLIZAMIENTO DE TIERRA / VIVIENDA EN CONDICIONES DE ALTO RIESGO / MUERTE DE MENOR DE EDAD / AUSENCIA DE IMPUTACIÓN /

RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PREVENCIÓN DE DESASTRES

[P]ara esta colegiatura resulta claro que la parte actora no consiguió acreditar los hechos que harían previsible el daño ni generar siquiera una duda razonable sobre ello, sino que, por el contrario, las pruebas obtenidas evidencian que no existía circunstancia alguna que hiciera previsible el deslizamiento de tierra que ocurrió en la noche del 2 de diciembre de 2008, y que trajo, como consecuencia, la muerte de una menor y heridas a su madre, por lo que no cabe imputar la responsabilidad de indemnizar el daño al ente territorial demandado, en razón a sus deberes de prevención de desastres.

COMITÉ LOCAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES /

FUNCIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / OMISIÓN DEL DESALOJO DEL BIEN INMUEBLE / OMISIÓN DEL DEBER / DAÑO CAUSADO

POR OMISIÓN / RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES / AUSENCIA DE SOLUCIÓN DE REUBICACIÓN DE VIVIENDA /

DESLIZAMIENTO DE TIERRA

[L]as constancias expedidas los días 12 y 15 de diciembre de 2008, por el Oficial de Servicio del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué y el director del Grupo de Prevención y Atención de Desastres del Cuerpo Oficial de Bomberos de este municipio, respectivamente, coinciden en describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos. No obstante, no refieren omisión alguna del ente territorial demandado en tomar las medidas necesarias para mitigar el riesgo o la existencia de solicitudes previas de reubicación por posibles deslizamientos en la zona.

PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN /

AUSENCIA DE SOLUCIÓN DE REUBICACIÓN DE VIVIENDA / VIVIENDA EN CONDICIONES DE ALTO RIESGO / ZONA DE ALTO RIESGO POR AVALANCHA / CAUSALES DE LA FALLA DEL SERVICIO / REQUISITOS DE

IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

PRESUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO / ASENTAMIENTO HUMANO EN ZONA DE ALTO RIESGO / REQUISITOS DEL INFORME TÉCNICO / FALTA DE LA LICENCIA DE

CONSTRUCCIÓN / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO POR

OMISIÓN

[L]a parte actora afirmó en sustento de sus pretensiones que "la responsabilidad endilgada a la entidad demandada se da por omisión, porque la muerte fue ocasionada en razón de la ubicación de su vivienda que se encontraba en alto riesgo de derrumbe y la cual se hallaba en aras de reubicación, aspecto que, en su criterio, constituye una falla del servicio. [E]l daño es imputable al Estado sólo cuando se ha demostrado que este tenía conocimiento del riesgo y podía adoptar medidas para evitarlo. [E]n sentencia del 26 de mayo de 1994, con la que la Sección Tercera resolvió un asunto en el que se demandaba indemnización de un municipio, en razón a los daños ocasionados por una avalancha, al haber permitido tácitamente asentamientos humanos en una zona aledaña a un cerro, consideró que al no existir un estudio ni otro medio que permitiera prever el alud, ni haber sido autorizadas o construidas por el municipio las edificaciones derruidas, no se había presentado una falla del servicio que llevara a imputarle el daño al Estado.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falla del servicio por omisión, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 1994, rad. 25022, C. P.

Daniel Suárez Hernández.

RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO /

DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / MUERTE DE MENOR DE EDAD / REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN El artículo 90 de la Constitución Política dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así pues, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. En el caso concreto, se corrobora la existencia del daño, pues la menor [víctima] falleció el 2 de diciembre de 2008, en el municipio de Ibagué, Tolima, según el registro civil de defunción […] que obra en copia simple.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

ACREDITACIÓN DEL DAÑO / FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA / COPIA DE DOCUMENTO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / BUENA FE PROBATORIA / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL

PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL

DERECHO SUSTANCIAL / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO Con el propósito de acreditar los hechos que sirven como fundamento de las

pretensiones de la demanda, y como las partes allegaron al expediente algunos documentos en copia simple, esta Sala de Subsección tomará en consideración que, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera y en aras de garantizar el principio constitucional de la buena fe, el deber de lealtad procesal y la prevalencia del derecho sustancial, estos serán valorados en cuanto obraron a lo largo de todo el proceso, sin que fueran tachados, ni su validez fuera controvertida.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto del 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.

OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /

COMISIÓN DEL HECHO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA

CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONCILIACIÓN FALLIDA / INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA Con respecto a la presentación oportuna de la demanda, la Sala recuerda que la acción de reparación directa, prevista en el artículo 136.8 del C.C.A., caduca en un término bienal contado a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho que da

lugar al daño por el cual se demanda la indemnización. Como los hechos que soportan la demanda ocurrieron el día 2 de diciembre de 2008, se observa que, en principio, el término de caducidad de la acción de reparación directa […] finalizaría el 3 de diciembre de 2010, fecha en la que operaría el fenómeno de la caducidad. [L]a parte actora radicó […] solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría […] y, por tanto, suspendió el término de caducidad de la acción de conformidad con los artículos 21 de la Ley 640 de 2001 y 3 del Decreto 1716 de 2009, además que, el 31 de enero de 2011, se expidió la constancia que acreditó que la diligencia de conciliación llevada a cabo entre las partes fue declarada fallida […], por lo que resulta evidente que el ejercicio de la acción fue oportuno, ya que la demanda se presentó, precisamente, el día 31 de enero de esa anualidad, según da cuenta el sello de recibido de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 640 DE 2001 – ARTÍCULO 21 / DECRETO 1716 DE 2009 – ARTÍCULO 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 73001-23-31-000-2011-00050-01(51978)

Actor: JORGE YESID GALEANO BONILLA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Contenido: Tema: acción de reparación directa. Subtema 1: Avalancha, alud o deslizamiento de tierra. Subtema 2: No se acreditó la falla del servicio para 'a imputación del daño al Estado.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el veintiséis (26) de junio del dos mil catorce (2014), por el Tribunal Administrativo del Tolima, con la que se negaron las súplicas de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO La parte actora solicita la declaratoria de responsabilidad extracontractual del municipio de Ibagué a título de falla en el servicio, así como la correspondiente condena por daños y perjuicios, a raíz de la muerte de una menor y las heridas ocasionadas a su madre por un deslizamiento de tierra que produjo el colapso de la vivienda en que habitaban. Alega que el ente demandado omitió su deber de tomar las medidas necesarias para mitigar el riesgo. ll. ANTECEDENTES 2.1.- El treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011) 1 , los señores Jorge Yesid Galeano Bonilla, Leyla Otavo, Jorge Iván Galeano Otavo y Jader Andrés Galeano Otavo, por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el municipio de Ibagué con la que pretenden que: (i) se declare que este ente territorial es "administrativamente responsable por omisión de

los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes (...) con ocasión de la muerte de la menor ANGIE VIVIANA GALEANO OTAVO sucedido en el desastre natural del 2 de diciembre de 2008", así como "de los perjuicios materiales y morales causado a la señora LEYLA OTAVO con ocasión de las múltiples lesiones que sufrió en el desastre natural del 2 de diciembre de 2008"; (ii) que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene al municipio de Ibagué a la reparación del daño material ocasionado a pagar a favor de los demandantes "por motivo de la muerte de ANGIE VIVIANA GALEANO OTAVO, LA SUMA (sic) QUINIENTOS SESENTA I Folio 2 1. Y CUATRO (564) S.ML.M.V., teniendo en cuenta que la edad productiva está entre los 18 y 65 años"; (iii) que se condene al municipio de Ibagué a pagar a título de perjuicios morales la suma de 1200 SMLMV, así: "1. Para LEYLA OTAVO, madre de la niña ANGIE VIVIANA GALEANO OTAVO (...) 400 S.M.L.M. V. 2. Para el señor JORGE YECID GALEANO BONILLA, padre de la niña ANGIE VIVIANA GALEANO OTAVO 400 S.M.L.M.V. 3. Para JADER GALEANO OTAVO, hermano de la niña ANGIE VIVIANA GALEANO OTAVO (...) 200 S.M.L.M.V. 4. Para JORGE IVAN GALEANO OTAVO, hermano de la niña ANGIE VIVIANA GALEANO OTAVO (...) 200 S.M.L.M. V. (iv) que se condene al municipio

de Ibagué a pagar a título de daño a la vida de relación a todos los demandantes la suma de 600 S.M.L.M.V.; que, por tanto, (v) "de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (...) se disponga en la sentencia en forma expresa que la misma devengará intereses moratorios a la tasa más alta fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia que haga tránsito a cosa juzgada" 2. 2.- Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora enunció los hechos que, a continuación, la Sala sintetiza: 2.2.1.- Sostuvo que el día 2 de diciembre de 2008, se produjo un deslizamiento de tierra que causó el colapso de la vivienda ubicada en la Calle 5 # 13-30, barrio Los Alpes, del municipio de Ibagué, a raíz de las fuertes lluvias que se estaban presentando en el sector. Como consecuencia de estos hechos, la señora Leyla Otavo sufrió graves lesiones y lamentablemente falleció su hija menor de edad, Angie Viviana Galeano Otavo, según consta en el registro civil de defunción No. 3852, que estableció como causa de la muerte: homicidio culposo — desastre natural. 2.2.2.- Adujo que, en su criterio, la responsabilidad del ente demandado se produjo por la omisión de este, teniendo en consideración que la vivienda que colapsó se encontraba en alto riesgo de derrumbe y, por tanto, era necesaria su reubicación. 2.2.3.- Agregó que los demandantes no han sido indemnizados por el municipio de Ibagué,

además que, en la diligencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, la administración municipal manifestó su falta de ánimo conciliatorio. 2.2.4.- Por último, refirió que la muerte de la menor Angie Viviana Galeano Otavo produjo una gran afectación en su núcleo familiar, por lo que solicitan se les indemnicen los perjuicios causados.

III. TRÁMITE PROCESAL RELEVANTE 3.1.- Por medio de auto del 14 de febrero de 201 111], el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandada, diligencia que se surtió el 4 de marzo de esa anualidad 2 . 3.2.- Por escrito radicado el 18 de marzo de 2011, el apoderado del municipio de Ibagué contestó la demanda en el que se opuso a todas y cada una de las pretensiones. Frente a los hechos señaló que algunos eran ciertos, otros parcialmente ciertos y frente a otros adujo que no le constaban, por lo que se atenía a lo que se probara en el proceso; no obstante, agregó que en el presente asunto no se demostró el nexo causal entre el daño causado y la responsabilidad del ente demandado, como tampoco se acreditó el monto de los perjuicios reclamados. Señaló que, conforme a las circunstancias indicadas por los ingenieros de Cortolima, los hechos de la demanda ocurrieron como consecuencia del fenómeno natural derivado de las fuertes precipitaciones del 2 de diciembre de 2008, así como de la mala ubicación de las viviendas, pues estas se encontraban cerca del talud; del mal manejo de aguas lluvias; de la siembra de cultivos y árboles sin especificaciones

técnicas, entre otros factores. Por último, propuso las siguientes excepciones: culpa exclusiva de la víctima; fuerza mayor y la genérica345 . 3.3.- Una vez agotada la etapa probatoria, por auto del 14 de febrero de 2014, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondos . Así lo hizo el apoderado de la parte actora, quien reiteró lo señalado en la demandé; por su lado, el municipio de Ibagué y el representante del Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesa16 .

IV. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo del Tolima profirió fallo de primera instancia, el veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014) 7 , en el que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto, en su criterio, la parte actora no demostró falla alguna del servicio en que hubiese incurrido ta entidad demandada, siendo evidente que el derrumbe de tierras, ocurrido el 2 de diciembre de 2008, se trató de un hecho de la naturaleza que pudo ser originado por actuaciones propias de los habitantes del sector, lo que impide la declaratoria de responsabilidad del ente accionado.

V. EL RECURSO La parte demandante, inconforme con la decisión, recurrió en apelación 8 ; al punto señaló - luego de traer a colación algunas disposiciones normativas sobre las competencias de los municipios-, que la administración municipal tiene obligaciones específicas en lo concerniente a la prevención y atención de desastres, por lo que debe tener información actualizada de las zonas de alto riesgo y, una vez obtenida esta, proceder a la reubicación de las personas afectadas y

promover programas de vivienda, aspectos que, en su opinión, no llevó a cabo el ente accionado. Refirió, igualmente, que la carga de la prueba en que se funda el fallo de primera instancia no se encuentra en consonancia con lo previsto en el C.P.C. y el C.G.P., que en su espíritu traen la carga dinámica de la prueba, máxime cuando se trata de un caso en el que está demostrado el 1 Folio 49 de' cuademo 1. 2 Folio 52 1, 3 Folio 53 al 65 del cuaderno 1. 4 Folio 151del cuaderno 1. 5 Folio 152 al 158 del cuaderno 1. 6 Según constancia secretarial del 4 de marzo de 2014 - Cfr. Folio 159 del cuademo 1 (reverso). 7 Folio 164 al 175 del cuaderno principal. 8 Folio 163 al 165 principal. daño, por lo que es el municipio el que debe demostrar que no es responsable por omisión. Frente al informe de Cortolima refirió que su alcance no compromete necesariamente a los aquí demandantes; además, existe prueba documental que acredita la omisión del municipio demandado en estos hechos. Por último, aportó copia de un fallo de tutela de primera instancia en contra del ente accionado, cuyo accionante es vecina de los demandantes.

VI. PROBLEMA JURÍDICO En este orden de ideas, se plantea a la Sala si el deceso de [a menor Angie Viviana Galeano Otavo y las lesiones que sufrió la señora Leyla Otavo por el deslizamiento de tierra que las sepultó son imputables al municipio de Ibagué por haber omitido adoptar

medidas para evitar o mitigar este hecho. Vil. TRÁMITE RELEVANTE DE SEGUNDA INSTANCIA 7.1.- El Tribunal Administrativo del Tolima, por auto del 29 de julio de 2014, concedió el recurso de apelación presentado por la parte demandante y remitió el expediente al Consejo de Estad09 . 7.2.- Con auto del 17 de septiembre de 2014, la Corporación admitió el recurso ll y por proveído del 15 de octubre de esa anualidad corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fond012 . 7.3.- Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesali3.

VIII. CONSIDERACIONES 8.1.- Presupuestos de la sentencia de mérito 8.1.1.- La Sala es competente para conocer del asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998041 . 8.1.2.- La legitimación en la causa 1011 , en sentido material, se presenta cuando quien acude al proceso tiene relación con los intereses inmiscuidos en el mismo y guarda una conexión con los hechos que motivaron el litigio o, en otras palabras, es titular de un interés jurídico susceptible de ser resarcid016 . 8.1.2.1.- Al respecto, mediante registro civil de nacimiento se probó el vínculo de los señores Jorge Yesid Galeano Bonilla y Leyla Otavo con su hija Angie Viviana Galeano Otav0 12 , quien

falleció en el deslizamiento de tierra relacionado en los hechos13 , y en el que su madre, la señora Leyla Otavo también resultó herida. Está probado, además, que Jorge Yesid Galeano Bonilla y Leyla Otavo son padres de Jorge ll 9 Folio 193 del cuaderno principal. Folio 198 del cuaderno principal. Folio 200 del cuademo 12 principal. Folio 201 del cuademo principal. 13 De acuerdo con lo consignado en el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, la cuantía requerida para que un proceso tuviera vocación de doble instancia debía superar los 500 SMLMV para la época de la interposición de la demanda. La demanda se interpuso el 31 de enero de 2011 (Cfr. Folio 2 del cuademo 1), y en esta se estimó la cuantia del proceso en 2364 SMLMV, equivalentes a $1.266.158.400 teniendo en cuenta que ei salario mínimo del año 2011 correspondía a la suma de $535.600 (Cfr. Folio 2 del cuademo 1). 10 La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener una decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que: "La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otas, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado". Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de julio de 2018, Exp. 39786.

12 Folio 4 13 Según registro civil de defunción No. 08232441 de fecha 8 de enero de 2009 (Cfr. Folio 5 del cuaderno 1). Iván Galeano Otavo y Jader Andrés Galeano Otavo, quienes a su turno son hermanos de la menor fallecida, vínculos que se acreditaron con sus respectivos registros civiles de nacimient0 14 , por lo que todos los demandantes están legitimados en la causa por activa. 8.1.2.2.• El municipio de Ibagué está legitimado en la causa por pasiva, pues, según los hechos de la demanda, fue el ente estatal que presuntamente omitió su deber de mitigar o evitar el riesgo de derrumbe. 8.1.3.- Con respecto a la presentación oportuna de la demanda, la Sala recuerda que la acción de reparación directa, prevista en el artículo 136.8 del C.C.A., caduca en un término bienal contado a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización. Como los hechos que soportan la demanda ocurrieron el día 2 de diciembre de 2008, se observa que, en principio, el término de caducidad de la acción de reparación directa correría a partir del 3 de diciembre de 2008 y finalizaría el 3 de diciembre de 2010, fecha en la que operaría el fenómeno de la caducidad. Empero, esta colegiatura evidencia que la parte actora radicó, el 1 0 de diciembre de 2010, solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 27 Judicial ll en lo Administrativo y,

por tanto, suspendió el término de caducidad de la acción de conformidad con los artículos 21 de la Ley 640 de 2001 y 3 del Decreto 1716 de 2009, además que, el 31 de enero de 2011, se expidió la constancia que acreditó que la diligencia de conciliación llevada a cabo entre las partes fue declarada fallida por cuanto no existió ánimo conciliatorio de la entidad demandada, tal como se evidencia en el acta respectiva15 , por lo que resulta evidente que el ejercicio de la acción fue oportuno, ya que la demanda se presentó, precisamente, el día 31 de enero de esa anualidad, según da cuenta el sello de recibido de la demanda16 . 8. 2.- Medios de prueba allegados al expediente Con el propósito de acreditar los hechos que sirven como fundamento de las pretensiones de la demanda, y como las partes allegaron al expediente algunos documentos en copia simple, esta Sala de Subsección tomará en consideración que, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera y en aras de garantizar el principio constitucional de la buena fe, el deber de lealtad procesal y la prevalencia del derecho sustancial, estos serán valorados en cuanto obraron a lo largo de todo el proceso, sin que fueran tachados, ni su validez fuera controvertida17 . Hecha la anterior precisión, obran en el proceso las siguientes pruebas que constan en las respectivas notas de pie de página: 8.2.1.- Copia simple de la constancia expedida el 12 de diciembre de 2008, por el Oficial de Servicio del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, en la que indica que el día "02 de diciembre de 2008 a las 19:05 horas se atendió por parte del Cuerpo Oficial

de Bomberos de Ibagué, un deslizamiento de tierra en el Barrio Villa de los Alpes, Finca Los Alpes, Calle 5a No. 13 30, residencia del Sr. JORGE YESID GALEANO BONILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.243.896 de Ibagué, en donde colapsó la vivienda quedando atrapada una menor de edad la cual falleció la niña ANGIE VIVIANA GALEANO OTAVO, y resultando lesionada la Sra. LEILA OTAVO de 45 años de edad, con lesiones en diferentes partes del cuerpo la cual fue trasladada a un centro asistencial por la Policía Nacional para su valoración y atención médica 'Q3. 8.2.2.- Original de la certificación de fecha 15 de diciembre de 2008, suscrita por el Director del Grupo de Prevención y Atención de Desastres del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, en el que indica que "el día 02 de diciembre de 2008, a las 19:05 horas, por deslizamiento de tierra que se presentara en el barrio Villa de los Alpes Finca 14 Folio 9 al 10 del cuaderno 1. 15 Folio 8 del cuaderno 1. 16 Folio 2 del cuademo 1. 17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2013. Exp. 25022. los Alpes, calle .5a Nro 13-30, donde residía con esposo (sic) el señor JORGE YESID GALEANO BONILLA, titulado con la c.c. nro 14.243.896 DE Ibagué, colapsando la vivienda, y donde falleciera la menor ANGIE VIVIANA GALEANO OTA VO 'Q4

8.2.3.- Copia simple del informe del 4 de diciembre de 2008, con referencia al "Informe Técnico acema de los procesos erosivos presentados en el Sector 2, del Barrio Las Delicias, Quebrada La Balsa, 20 de Julio, debido a fuertes precipitaciones del día martes 02 de Diciembre de 2008", suscrito por los profesionales universitarios, Diana Carolina Bonilla Castano y Luz Angélica Jiménez Copete, pertenecientes a la Subdirección de Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA, en el que señalaron lo siguiente25: "(...) El día 03 de diciembre del presente año, se realizo (sic) visita al Sector 2 del Barrio Las Delicias, en la ciudad de Ibagué, debido a notificaciones de remoción en masa que afectaron algunas viviendas de la zona, el recorrido se realizo (sic) en compañía de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Luz Mary Vásquez y algunos habitantes de la zona, quienes mostraron los principales sitios afectados. La problemática general del área visitada, se debe a la ubicación inadecuada de las viviendas muy cerca al talud ayudado por el mal manejo de aguas lluvias y en ocasiones la carencia del mismo. La construcción de viviendas sin ningún tipo de normas sismorresistentes, la siembra de cultivos y árboles sin especificaciones técnicas requeridas sobre las laderas, son actividades que contribuyen al debilitamiento del terreno y que aumenta el riesgo de ocasionar mayores daños y pérdidas ante la ocurrencia de un evento. Otra problemática que se suma a la presencia de deslizamientos es el desbordamiento de

la Quebrada, lo cual ocurre como consecuencia de la obstrucción causada por el material deslizado de las laderas y el cual se incrementa con los desechos, escombros y material producido por tala de árboles que los mismos habitantes arrojan a la quebrada ' Folio 9 del cuaderno 1. 23 Folio 10 del cuaderno 1. 24 Folio 17 al 26 25 En relación con la finca Los Alpes, el informe indicó que: "el gran deslizamiento causó el colapso total de la vivienda, dejando una persona fallecida y una persona gravemente herida. De acuerdo a infonnación de habitantes de la región la casa que se observa en la parte superior del talud se encuentra deshabitada". 8.2.4.- Copia simple del Acuerdo No. 053 de 1994, por el cual el Concejo Municipal de Ibagué concede unas exoneraciones en relación al pago del impuesto predial, a los barrios ubicados en zona de influencia de alto riesg018 8.2.5.- Copia simple del Decreto 0726 del 2 de noviembre de 2005, "Por medio del cual se adopta el estudio de actualización geológico-geotécnica y de aptitud urbanística de la ciudad de Ibagué", proferido por el alcalde de este municipi019 8.2.6.- Original del oficio RC-179 del 19 de mayo de 2011, suscrito por el contratista del proceso de Registros Clínicos del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, por el cual envía al Tribunal Administrativo del Tolima copia íntegra de la historia clínica de la

señora Leyla Otav020 . 8.2.7.- Copia simple del oficio RS-2011-2172 del 16 de junio de 2011, suscrito por el Jefe Oficina de Vivienda y Proyectos Especiales de la alcaldía de Ibagué, en el que refiere lo siguiente: 21 "(...) me permito informar que referente a los proyectos que se presentaron ante el Gobierno Nacional para reubicar a las familias que fueron afectadas por desastre natural (Ola invernal) en el año 2006, fue el proyecto Nueva Castilla en las etapas 1, 2 y 3, en el cual fueron reubicadas un total de 686 familias y en la fecha han sido entregadas 593 quedando pendientes de entregar 93 debido a que no han realizado el cierre financiero y otras que se encuentran invadidas. En el año 2007 y 2008 igualmente se presentó el Proyecto Nazareth con un cupo de 90 viviendas para el mismo número de familias beneficiarias del subsidio por desastre natural (ola invernal), a la fecha han sido entregadas 48 quedando pendiente por entregar las que no han hecho cierre financiero.

2. Es de aclarar que estas familias beneficiadas con las viviendas en estos proyectos debían estar censadas y aprobados por el Ministerio del Interior y de Justicia, previa presentación del censo elaborado por el grupo de Atención y Prevención de Desastres y debidamente declarada la emergencia manifiesta por la Administración Municipal, para así poder a efectuar la reubicación (...) ' 8.2.8.- Original del oficio 1063-2172 del 23 de mayo de 2013, suscrito por el director del Grupo de

Prevención y Atención de Desastres de Ibagué, en el que señala que actualmente los planes de reubicación que adelanta la administración municipal están contemplados dentro del Plan de Desarrollo que fueron aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en los que se dio viabilidad a la construcción de 1 100 viviendas para población desplazada, en extrema pobreza y damnificados por desastre natural. En lo referente a la pregunta sobre el año a partir del cual se definió al barrio "Los Alpes", como zona de riesgo, refirió que "la competencia en el asunto de manera directa lo ostenta la Secretaría de Planeación Municipal, entidad que para el efecto cuenta con la Cartografía Geológica — Geotécnica y Aptitud Urbanística de la ciudad de Ibagué, definida dentro del acto Administrativo pertinente". Refirió, además, que "el Grupo de Prevención y Atención de Desastres -GPADen ningún momento declarará mediante Acto Administrativo alguno, que zona del municipio está en zona de riesgo; como tampoco es su competencia, la expedición de certificados sobre los Planes de reubicación de las personas damnificadas "30. 8.2.9.- Original del dictamen pericial, rendido por el contador público Héctor Jabela Niño, el