CE-SECCION TERCERA-73001-23-31-000-2011-00350-01 (47597)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA /

REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / ACUMULACIÓN

OBJETIVA DE PRETENSIONES / ACUMULACIÓN SUBJETIVA DE

PRETENSIONES / CONCEPTO DE ACUMULACIÓN SUBJETIVA DE

PRETENSIONES / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN /

DESPLOME DE VIVIENDA / MUNICIPIO / ENTE TERRITORIAL /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR OMISIÓN / FUERO DE ATRACCIÓN / PARTICULAR El Código Contencioso Administrativo dispone, en el artículo 145, que en todos los procesos contenciosos administrativos es posible la acumulación de pretensiones, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, el cual consagra dos tipos de acumulación de pretensiones: i) la acumulación objetiva, la cual tiene lugar cuando en una misma demanda se formulan varias pretensiones conexas o no contra un mismo demandado y ii) la acumulación subjetiva, la cual se evidencia cuando se acumulan varias pretensiones dirigidas contra varios demandados o demandantes, siempre que provengan de la misma causa, versen sobre el mismo objeto, se hallen una relación de dependencia o se sirvan de unas mismas pruebas.(…) Así entonces, es evidente que la acumulación subjetiva de pretensiones se encuentra fundada en una misma causa, esto es, los perjuicios padecidos por el desplome de la vivienda de los demandantes y del daño de los enseres que allí había y, además, en la relación que existe entre la

falla de supervisión que se imputa al municipio demandado y las actividades peligrosas de construcción que ejecutaban los particulares en el inmueble contiguo a la vivienda afectada, lo cual habilita su estudio en un mismo escenario judicial, en el cual se dilucidará la responsabilidad que se imputa a los particulares, dado el fuero de atracción que así lo permite, pero de forma autónoma e independiente, en razón de las normas que gobiernan la responsabilidad pública y privada.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 145 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 8

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD

POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN

EXTRAJUDICIAL EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LA RENUNCIA AL TÉRMINO DE CADUCIDAD La caducidad de la acción es una institución de orden procesal que impone la carga al afectado de promover el litigio y, por ende, de presentar la demanda en el plazo fijado por la ley, so pena de fenecer para él la posibilidad de hacer efectivo el derecho de obtener de parte de los jueces una decisión que resuelva el conflicto nacido con ocasión del daño padecido. La caducidad de la acción no admite

renuncia ni suspensión del término, pues cursa de manera inexorable, salvo cuando se presenta solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, suspensión que, en todo caso, debe atenderse según los parámetros fijados en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001. (…). Así, en términos sencillos, la caducidad se produce cuando el término concedido por la ley para presentar la demanda ha vencido. El término de caducidad está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, ajeno a situaciones personales, por lo cual es invariable, de modo que, quien se considere titular de un derecho opte por accionar no tenga oportunidad de influir en su determinación. Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina “contra non valentem agere non currit praescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse, como acertadamente lo ha reiterado esta Corporación.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 / LEY 640 DE 2001

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO

OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN / DESPLOME DE VIVIENDA /

MUNICIPIO / ENTE TERRITORIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

MUNICIPIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR OMISIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OMISIÓN DERRUMBE / FALLA EN EL SERVICIO POR DERRUMBES / OCURRENCIA DEL HECHO

DAÑOSO / OCURRENCIA DEL DAÑO / EJERCICIO DE ACTIVIDAD

PELIGROSA / RIESGO / CONCRECIÓN DEL RIESGO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALTA DE VIGILANCIA Y CONTROL En relación con la caducidad de la acción de reparación directa, la cual es la ejercida en este caso por los demandantes, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al caso, señala que caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.(…). En este caso, la causa que funda las pretensiones se hace consistir en el desplome de la vivienda (…) del municipio de El Espinal. (…)fecha de ocurrencia del daño que no es cuestionada por ninguna de las partes en contienda y, por lo tanto, es la que se debe tomar en cuenta para el conteo de la caducidad, a pesar de que las razones de imputación de responsabilidad que se realiza frente a los demandados sean diferentes, pues frente al municipio se alega falta de vigilancia y control de la actividad urbanística y de cara a los particulares se enrostra la concreción del riesgo por la ejecución de una actividad peligrosa. (…). Así, en atención a lo reglado por el numeral 8 del

artículo 136 del CCA, el término de caducidad de la acción cuenta “a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho”

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 8

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SUSPENSIÓN DEL

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

/ IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

[E]l término de caducidad es de irrenunciable aplicación y solo puede suspenderse, cuando se ha iniciado el trámite conciliatorio, hasta que se logre el acuerdo de conciliación, se haya registrado la respectiva acta, o se expidan las constancias de no conciliación o venza el término de tres meses contados a partir de la radicación de la solicitud de conciliación, como lo contempla el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 .(…) En el presente caso, los demandantes radicaron solicitud de conciliación extrajudicial el 20 de enero de 2011 y la constancia de fallido del trámite conciliatorio se expidió el 11 de marzo de ese año. Por lo tanto, debido a que la mentada solicitud se presentó el último día de los dos años contemplados

por ley, la demanda debía radicarse a más tardar el día siguiente a la expedición de la constancia de conciliación fallida, esto es el 12 de marzo de ese año, como los demandantes la radicaron el mismo 10 de marzo, se puede concluir que no operó la caducidad de la acción. (…) Bajo estas condiciones, es evidente que el a quo incurrió en error al declarar caducada la acción de la referencia, en tanto computó la caducidad de la acción desde el mismo día de ocurrencia del hecho, cuando lo adecuado era a partir del día siguiente y con atención a la suspensión del término por virtud del trámite de conciliación surtido por los demandantes, de manera que se impone a la Sala revocar tal decisión.

FUENTE FORMAL: LEY 640 DE 2001 – ARTÍCULO 21

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONSTRUCCIÓN / ACTIVIDAD CONSTRUCTORA /

ACTIVIDAD PELIGROSA / RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD

PELIGROSA / DAÑO EN EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / LICENCIA

DE CONSTRUCCIÓN / CONCEPTO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / DAÑO EN

EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / EJERCICIO DE ACTIVIDAD

PELIGROSA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACTIVIDAD

PELIGROSA / NECESIDAD DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DEL DAÑO

ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR

EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / RESPONSABILIDAD POR

ACTIVIDAD PELIGROSA / DERRUMBE DE VIVIENDA / ASUNCIÓN DEL

RIESGO La edificación es sin duda una actividad peligrosa, en la medida en que, pese a ser una actividad permitida por el ordenamiento jurídico, tiene la capacidad de generar daños por su misma naturaleza, como lo reconoce la Corte Suprema de Justicia y, como consecuencia, la determinación de responsabilidad para estos casos está gobernada por los preceptos del artículo 2356 del Código Civil que establecen como responsable a quien ejecuta la actividad peligrosa, pues se espera que quien construye adopte todas las medidas necesarias para evitar daños a la infraestructura cercana, teniendo en cuenta variables como la tipología del terreno, la composición del suelo, etc. Si con ocasión de la construcción se producen daños, salvo la existencia de una causal eximente de responsabilidad, la víctima tiene derecho a ser reparada, a condición de que demuestre que el daño se generó como consecuencia de la nueva obra.(…) En relación con los daños que sufrió la vivienda se evidencia que su origen corresponde a las actividades de construcción que adelantaba el señor (…), con ocasión de la licencia urbanística que solicitó y que le fue autorizada por parte de la Secretaría de Planeación municipal mediante la Resolución 395 de diciembre 23 de 2008, como lo acredita el informe del 20 de enero de 2009, rendido por el ingeniero (…), adscrito a la Secretaría de Planeación Municipal. (…) De modo que, siendo la construcción una actividad peligrosa, al señor (…) le corresponde asumir los perjuicios irrogados, dado que implicaron la concreción del riesgo creado, el cual se tradujo en el

desplome parcial de la vivienda de su vecina, la señora (…), la cual era habitada por el señor (…) sin embargo, no puede dejarse de lado que frente a esos daños el señor (…) y el señor (…) suscribieron un pacto el 21 de enero de 2009, el cual zanjó sus diferencias y cuya naturaleza le otorga plenos alcances de un acuerdo de transacción.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2356

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la construcción como una actividad peligrosa ver, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 13 de mayo de 2008, Exp. 1997 09327 01, y sentencia 5 de marzo de 2018, Exp. 2005 00156 01.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONSTRUCCIÓN / ACTIVIDAD CONSTRUCTORA /

ACTIVIDAD PELIGROSA / RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD

PELIGROSA / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / CONCEPTO DE CONTRATO DE TRANSACCIÓN / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN Según el Código Civil, la transacción es un contrato y un medio alterno de solución de conflictos, por medio del cual las partes hacen concesiones recíprocas con miras a terminar extrajudicialmente un litigio o precaver uno futuro (artículo 2469 ), solo puede recaer sobre derechos patrimoniales susceptibles de renuncia –se excluyen los personalísimos y los relativos al estado civil de la persona (artículos 2472 a 2475 )–, tiene efectos de cosa juzgada de última instancia (artículo 2483 )

y, por ende, tiene por sí sola fuerza ejecutiva, es oponible únicamente entre sus contratantes (artículo 2484 ) y es un modo de extinguir las obligaciones (artículo 1625, numeral 3 ).(…) En este sentido, para que un acuerdo de voluntades tenga las características y los efectos de una transacción, es necesario que cumpla con los tres requisitos esenciales de esta tipología contractual, sin perjuicio del nomen iuris que al mismo se le haya dotado: (…) i) La existencia de un derecho dudoso o una relación jurídica incierta, en juicio o no (…) ii) La voluntad o intención de las partes de mudar la relación jurídica incierta por una firme y cierta. (…) iii) El otorgamiento de concesiones recíprocas entre las partes, con dicho fin.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2469 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2472 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2473 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2474 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2475 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2483 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2484 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1625 NUMERAL 3

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONSTRUCCIÓN / ACTIVIDAD CONSTRUCTORA / ACTIVIDAD PELIGROSA / RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD PELIGROSA / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / DAÑO A BIEN INMUEBLE / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / COSA JUZGADA / MÉRITO EJECUTIVO /

EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / VALIDEZ DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / FINALIDAD DE LA TRANSACCIÓN Al analizar el documento transcrito, se puede evidenciar que el señor (…) y el señor (…) procuraron mutar un derecho dudoso, que está relacionado con el derecho a la indemnización por el desplome de una vivienda y el detrimento de los enseres que allí se hallaban por una condición cierta y exigible derivada de su declaraciones y obligaciones y, además, demuestra el otorgamiento de concesiones y prestaciones recíprocas, con el fin de precaver un litigio.(…) Por lo tanto, no le es dable al juez dilucidar un debate sobre un derecho incierto, cuando las partes lo han definido de forma clara y le han brindado certeza, a partir del establecimiento de obligaciones recíprocas que son perfectamente exigibles, en tanto provino de su voluntad libre y espontánea, de manera que, dicho pacto, más allá del nomen iuris que se le haya brindado resulta oponible a cada uno de sus contrayentes, representa un modo de extinción de la obligación de indemnización que, de momento recaía en el causante de daños (señor (…) y, sin menor importancia, goza de fuerza de cosa juzgada y pleno mérito ejecutivo, razón por la cual las partes deben atenerse a lo allí pactado, sin perjuicio de que su incumplimiento permita ejercer los remedios propios del acreedor insatisfecho, los cuales en todo caso, no son las que ocupan en esta oportunidad a la Sala. (…)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / CONSTRUCCIÓN / ACTIVIDAD CONSTRUCTORA / ACTIVIDAD PELIGROSA / RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD PELIGROSA / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / DAÑO A BIEN INMUEBLE / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / COSA JUZGADA / MÉRITO EJECUTIVO /

EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / VALIDEZ DEL CONTRATO DE

TRANSACCIÓN / FINALIDAD DE LA TRANSACCIÓN / AGENCIA OFICIOSA / RATIFICACIÓN DE LA TRANSACCIÓN Igualmente, no se pasa por alto que la transacción que se viene referenciando fue celebrada por el señor (…) respecto del inmueble afectado, a pesar de que es de propiedad de la señora (…); sin embargo, tal situación no implica que los efectos de dicho pacto no se prediquen de la legítima propietaria del bien dañado, toda vez que la gestión a favor de ésta que surtió el señor (…) se comprende en lo que señala el artículo 2304 del Código Civil como agencia oficiosa. (…) Una de las condiciones para que las actuaciones del agente oficioso comprometan los intereses del agenciado, esto es, para que la transacción surtida por el señor (…) comprometa los intereses de la señora (…) es que éste exprese su ratificación, lo cual se estima satisfecho, toda vez que la mencionada señora corroboró las actuaciones surtidas por el señor (…) frente a la transacción y con fundamento en el “incumplimiento” de tal contrato estimó razonada la pretensión indemnizatoria dirigida contra el señor (…) que funda la controversia que se analiza, de manera

que los efectos derivados del acuerdo transaccional le resulta plenamente oponible. (…) En consecuencia, la existencia de un contrato de transacción, cuyos efectos propios son la cosa juzgada y el mérito ejecutivo impiden que una de sus partes pueda revivir la discusión del derecho incierto a la reparación que le asistía, toda vez que mudó tal incerteza por una situación clara y sólida por medio de un acuerdo dispositivo de transacción que nació de su voluntad libre y espontánea, de modo que la pretensión que dirige contra los particulares demandados no tiene vocación de prosperidad por ausencia de fundamento.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2304

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ACTIVIDAD PELIGROSA / RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD

PELIGROSA / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO /

CLAUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL

ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD Todo debate acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado debe resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de responsabilidad que situó como punto central la existencia de un daño antijurídico, entendido, no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado, sino como la lesión causada a una persona que no está en el deber de soportar. En consecuencia, para que se active la responsabilidad estatal basta con la

demostración de un daño que revista la connotación de injusto o antijurídico y que el mismo le sea jurídicamente imputable al Estado, a través de alguno de los títulos de imputación que la jurisprudencia ha identificado para tal propósito, sin que su señalamiento sea un requisito de la responsabilidad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la responsabilidad del Estado ver, Consejo de Estado, sentencia del 19 de abril del 2012, Exp 21515, C.P. Hernán

Andrade Rincón.

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ACTIVIDAD PELIGROSA / RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD

PELIGROSA / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / FUNCIÓN PÚBLICA DEL URBANISMO Pues bien, de conformidad con el artículo 313, numeral 7, de la Constitución Política, en armonía con el artículo 101 de la Ley 388 de 1997, modificada por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003, a los municipios, directamente o por conducto de curadores, según sea el caso, les corresponde vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda y, en desarrollo de tal competencia, le asiste la facultad de expedir licencias urbanísticas a favor de los particulares y el deber de ejercer la función de policía administrativa de vigilancia, control de las actividades de construcción,

como lo indicaban los artículo 1 y 56 del Decreto 564 de 2006.(…) Como se puede observar, la norma establece que las funciones de control y vigilancia de los municipios, las cuales son eminentemente preventivas y sancionatorias, en relación con el cumplimiento de las reglas que regulan las actividades urbanísticas en el territorio nacional.(…) ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONSTRUCCIÓN / ACTIVIDAD CONSTRUCTORA /

ACTIVIDAD PELIGROSA / RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD

PELIGROSA / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO /

RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / FUNCIÓN PÚBLICA DEL URBANISMO / AUSENCIA DE PRUEBA / AUSENCIA DE IMPUTACIÓN JURÍDICA / FUENTE DEL DAÑO / PARTICULAR / DERRUMBE / EFECTOS

DEL DFERRUMBE / AUSENCIA DE DENUNCIA SOBRE RIESGO EN

CONSTRUCCIÓN

[N]o hay ninguna prueba que indique que después del 19 de enero de 2009, la situación de la vivienda afectada hubiera empeorado y, por ende, no es posible admitir que el daño que tal circunstancia representó se hubiere agravado, lo cual evidencia, de entrada, que no hay una base de imputación jurídica al Estado que permita concluir responsabilidad en su contra, pero aun en el evento de que la condición del daño se hubiera agravado, lo cierto es que tampoco existe mérito para otra conclusión, por las siguientes razones.(…). De un lado, es evidente que la fuente del daño fueron las actividades que ejecutó un particular, en este caso, el

señor (…), motivo por el cual no le resulta imputable al Estado, pero aunado a ello, los efectos de ese daño fueron objeto de transacción por parte de la señora (…), por conducto del señor (…)como agente oficioso suyo, con lo cual se evidencia que las consecuencias del incidente fueron superadas, sin que permaneciera motivos que obligaran la suspensión de la obra, como lo evidencian los testimonios de (…) , vecinos de la vivienda afectada, quienes aseguraron que después del desplome de la vivienda se llevaron a cabo obras reconstructivas por parte del señor (…) y no manifestaron la existencia de riesgos adicionales en la obra que se ejecutaba o el empeoramiento del inmueble afectado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 317 NUMERAL 7 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 101 / LEY 810 DE 2003 – ARTÍCULO 9 / DECRETO 5645 DE 2006 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 5645 DE 2006 –

ARTÍCULO 56

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONSTRUCCIÓN / ACTIVIDAD CONSTRUCTORA /

ACTIVIDAD PELIGROSA / RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD

PELIGROSA / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / FUNCIÓN PÚBLICA DEL URBANISMO / FALTA DE PRUEBA / DAÑO A BIEN INMUEBLE /

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / AUSENCIA DE

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO En estas condiciones, se colige que ninguna prueba obrante en el expediente demuestra que el desplome de la vivienda que se aduce como daño se hubiera agravado, por lo que tal imputación al municipio resulta en todo infundada y, de otro lado, a pesar de que se indica una falla del municipio demandado en los deberes de intervención de las obras de construcción como lo ordenaban los artículos 1 y 56 del Decreto 564 de 2006 (vigente para la época de los hechos), lo cierto es que los medios de convencimiento recaudados permiten evidenciar que tal circunstancia no se produjo por la desidia o desatención del municipio como se pretende hacer ver, sino que ocurrió por las actuaciones deliberadas de los demandantes que cercenaron a la autoridad administrativa de elementos objetivos que le permitieran verificar la procedencia de la petición de suspensión de la obra licenciada.(…) . Finalmente, precisa la Sala que a cargo de la entidad territorial no estaba hacer efectivo el acuerdo de transacción, y menos aún, podía ante el presunto incumplimiento de éste imponer una medida restrictiva consistente en impedir el curso de la obra como pareció reclamarlo la parte demandante. En esta materia, se recaba en que la competencia de la entidad territorial se asocia a la verificación de las condiciones técnicas y urbanísticas sobre la obra, aspectos que en definitiva no atañen a las quejas que fueron llevadas ante ella, asociados al presunto incumplimiento del contrato de transacción ya indicado. (…) En consecuencia, debido a que no existe fundamento que soporte las pretensiones de responsabilidad que se dirigen contra (…), y dada

la ausencia de un daño imputable al municipio de El Espinal resulta forzosa la modificación de la sentencia de primera instancia, bajo el entendido de que no operó la caducidad de la acción, pero que, en todo caso, las pretensiones están llamadas a fracasar.

FUENTE FORMAL: DECRETO 564 DE 2006 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 564 DE 2006 – ARTÍCULO 56

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONSTRUCCIÓN / ACTIVIDAD CONSTRUCTORA /

ACTIVIDAD PELIGROSA / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

171

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 73001-23-31-000-2011-00350-01 (47597)

Actor: ANA BELÉN GIL DE SERRANO Y OTRO

Demandado: MUNICIPIO DE EL ESPINAL Y OTROS

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / cómputo

desde el día siguiente de ocurrencia del hecho / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD / existencia del daño y atribución de éste a un sujeto, sin la existencia de una causa extraña / CONSTRUCCIÓN COMO ACTIVIDAD PELIGROSA / Presupuestos para la responsabilidad / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / requisitos. Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la cual se declaró la caducidad de la acción. Da cuenta la demanda que el 19 de enero de 2009 se produjo el desplome parcial de una vivienda en el corregimiento de Chicoral, jurisdicción del municipio de El Espinal, con ocasión de las actividades de construcción de unos particulares, lo cual se agravó por la falta de intervención del municipio como ente de control de la actividad constructiva, hechos por los cuales la propietaria y el tenedor, habitante del inmueble afectado, reclaman indemnización.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 15 de mayo de 2013.

2. Esta sentencia decidió la demanda presentada el 10 de marzo de 20111, por Ana Belén Gil de Serrano (propietaria del inmueble afectado) y Francisco Serrano Gil (mero tenedor y habitante del inmueble) contra el municipio de El Espinal (en adelante el municipio), Yesid Rico Rivas (propietario de la obra causante de daños), Ever Ospina Ureña (ingeniero constructor) y Orlando Díaz (maestro de

obra), cuyas pretensiones, hechos y fundamentos son los siguientes: Pretensiones

3. Solicitan el pago por perjuicios morales el equivalente a 200 SMLMV para la señora Ana Belén Gil de Serrano y 150 SMLMV para el señor Francisco Serrano Gil; por perjuicios materiales $64’764.500 para la señora Gil de Serrano y $18’318.000 para el señor Serrano Gil y, por perjuicios a la vida de relación 100

SMLMV, para la propietaria del inmueble y 150 SMLMV para el tenedor2. Hechos

4. Expusieron, en síntesis, que, durante los primeros días de enero de 2009, Yesid Rico Rivas, Ever Ospina Ureña y Orlando Díaz comenzaron la demolición

de la edificación ubicada en la calle 7 No 6-36 del corregimiento de Chicoral, previa aprobación del proyecto, mediante resolución municipal 395 de 2008. 1 Folio 41 c. 1. 2 Folios 25 y 26 c. 1. Dicha edificación es colindante con la vivienda respecto de la cual se aduce el daño.

5. Durante la demolición, los particulares demandados incumplieron las medidas de seguridad y protección que esa actividad requería y, como consecuencia, se generaron grietas y hundimientos de suelo en la vivienda donde habitaba el señor Serrano Gil, quien oportunamente las advirtió y las comunicó al señor Rico Rivas para que se adoptaran las medidas del caso.

6. Debido a que las obras de demolición continuaron, el 19 de enero de 2009, parte de la vivienda de propiedad de la señora Ana Belén se desplomó, causando

daños a la estructura y a los enseres. Según la demanda, la casa no pudo ser nuevamente habitada, dada las condiciones en las que quedó y tampoco pudo ser entregada en arriendo al señor Eliseo Murillo, quien había pagado un canon por adelantado.

7. Ante esta situación, el señor Rico Rivas, propietario del inmueble demolido, realizó algunas obras tendientes a restablecer la situación, sin embargo, resultaron insuficientes, pues no quedó en las condiciones que mantenía antes de su desplome.

8. Aunado a lo anterior y con el propósito de verificar la situación, se solicitó una inspección al municipio de El Espinal que no se efectuó. También se solicitó oportunamente la orden de suspensión de la obra y tampoco se libró, a pesar de que la licencia de construcción concedida preveía tal consecuencia en tanto no se respetaran las condiciones y medidas de seguridad apropiadas.

Fundamentos de derecho

9. Indicaron que los tres particulares eran responsables del desplome parcial de la vivienda, dado que fueron ellos quienes afectaron los cimientos de la estructura cuando ejecutaban labores de construcción y, de otro lado, que al municipio también le asistía responsabilidad, comoquiera que, ocurrido el desplome de la vivienda y solicitada su intervención, el ente territorial no ordenó la suspensión de la obra, lo cual contribuyó a la agravación del daño.

10. La demanda fue admitida3 y notificada al municipio de El Espinal y a los señores Rico Rivas, Ospina Ureña y Díaz quienes se opusieron a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

La defensa

11. El municipio debatió los hechos fundantes de la demanda, para lo cual precisó que los muros que separaban las viviendas hacían parte del inmueble objeto de obras y, por ende, si su caída generó daños, fue porque se dispusieron estructuras en lugares que no correspondían. Asimismo, sostuvo que la visita al inmueble pedida por el señor Serrano Gil sí se efectuó, pero no se logró el ingreso porque el morador manifestó que se atenía a la decisión que dictara la Fiscalía en un proceso penal por daño en bien ajeno. Señaló que las obras realizadas por el señor Rico Rivas tendientes a reparar los daños causados sí fueron suficientes y conforme lo pactado en la “conciliación” adelantada ante la Corregiduría de Chicoral. Finalmente expresó que no se suspendió la obra, porque las causales exigidas para tal efecto no estaban dadas.

12. Aunado a lo anterior, alegó la caducidad de la acción y aseguró que la demanda se presentó vencidos los dos años que consagra la ley; adujo también la indebida escogencia de la acción, la que hizo consistir en que, en