CE-SECCION TERCERA-76001-23-31-000-2011-00384-01(54438)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA

LIBERTAD - Niega DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / HOMICIDIO / TENTATIVA DE HOMICIDIO / FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS / SENTENCIA ABSOLUTORIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO SÍNTESIS DEL CASO: El 2 de marzo de 2007, desconocidos asesinaron a A. de

J. C. L. e hirieron con arma de fuego a J. A. M. en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Por ello, el 23 de abril de 2007, agentes de la Policía Judicial detuvieron a Ó. A. L. Q. porque el Juzgado 2º Municipal de Yumbo había expedido una orden de captura en su contra. El 24 de abril de 2007, el Juzgado 2º Penal Municipal de Yumbo con Función de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del imputado, por ser presunto autor de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Mediante sentencia del 13 de octubre de 2009, el Juzgado 13 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali absolvió a Ó. A. L. Q. en aplicación del principio in dubio pro reo.

Los demandantes consideran que la detención de Ó. A. L. Q. fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión de los delitos referidos.

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA /

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 28 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO

CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO

86 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE

LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Referente al cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 14 de febrero de 2002,

Exp. 13622; sentencia de 19 de julio de 2017, Exp. 49898; sentencia de 23 de octubre de 2017, Exp. 48130; Sentencia de 10 de noviembre de 2017, Exp. 49206; Sentencia de 23 de noviembre de 2017, Exp. 54716, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO

136

PROBLEMAS JURÍDICOS: Corresponde a la Sala determinar: i) si la captura del indiciado cumplió con los presupuestos legales o si con la misma se causó un daño antijurídico que el Estado tiene el deber de reparar; ii) si la medida de aseguramiento cumplió con los presupuestos legales que se exigían para su imposición, o si con esta se generó un daño antijurídico que el Estado debe reparar, iii) si la Fiscalía General de la Nación cumplió con los términos procesales para presentar escrito de acusación, o si por el contrario, con su incumplimiento se generó un daño antijurídico que el Estado debe reparar, y iv) si la Rama Judicial cumplió con los términos procesales para dar inicio a la audiencia de juicio oral o si, por el contrario, con su incumplimiento se generó un daño antijurídico que el Estado debe reparar.

ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO

ANTIJURÍDICO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL

DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE IMPUTACIÓN / IMPUTACIÓN

FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho , que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique , resultando que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida , violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el

deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. NOTA DE RELATORÍA: Referente a los elementos que configuran responsabilidad patrimonial del Estado, consultar sentencia de 11 de noviembre de 1999, Exp. 11499; sentencia de 27 de enero de 2000, Exp. 10867 y sentencia de 18 de mayo de 2017, Exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR

JURISDICCIONAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996 (…) La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE

1996 DERECHO DE DAÑOS - No privilegió ningún régimen de responsabilidad en

particular / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO /

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste. NOTA DE RELATORÍA: Referente al derecho de daños, consultar sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA

DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACREDITACIÓN

DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ANTIJURICIDAD DEL

DAÑO / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / IMPROCEDENCIA

DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA /

REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD

DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN

DE LA LIBERTAD

[E]n cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional , de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento . Así, cuando el operador jurídico o el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

CAPTURA / REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA - Acreditados / LEGALIDAD DE LA CAPTURA Se observa que la captura de Ó. A. L. Q. cumplió con los requisitos previstos en el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, toda vez que el Juez de Control de Garantías

había librado orden de captura en su contra y porque no se tardó más de treinta y seis (36) horas para realizar la audiencia de control de legalidad, desde el momento en que fue aprehendido. Justamente, el 19 de abril de 2007, el Juzgado 2º Municipal de Yumbo libró orden de captura en contra de Ó. A. L. Q., el 23 de abril de 2007, Ó. A. L. Q. fue capturado y el 24 de abril de 2007, el Juzgado 2º Penal Municipal de Yumbo con Función de Control de Garantías adelantó la audiencia de control de legalidad, ordenó la cancelación de la orden de captura y dispuso lo pertinente en relación con el aprehendido. En el anterior sentido, se evidencia que la captura de Ó. A. L. Q. satisfizo las prerrogativas previstas en el artículo 297 de la Ley 906 de 2004.

FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 297

ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / ORDEN DE DETENCIÓN / REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE

ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Debe recordarse que según la jurisprudencia de esta Corporación, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales ésta se llevó a cabo se

apegaron a los cánones legales y constitucionales, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional. En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la medida en que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que hallan amparo en el ordenamiento. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias de 29 de noviembre de 2019, Exp. 50669, 49839 y 50748, C. P. Nicolás Yepes Corrales. SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / PRIVACIÓN DE LA

LIBERTAD / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / FALTA DE ACREDITACIÓN

DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Debe recordarse, que quien solicita indemnización de perjuicios porque considera que su privación de la libertad fue injusta no sólo debe probar que se restringió el derecho a la libertad y que el proceso penal culminó con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión de la investigación, sino que debe acreditar, además de la efectiva realización de su detención, que las condiciones bajo las cuales esta

se produjo o bajo las cuales se dictó la orden de restricción de la libertad, no se avienen al ordenamiento jurídico, para acreditar de esta manera que el daño que alega tiene el carácter de antijurídico y por ende es indemnizable. En vista de lo expuesto se evidencia que no existe prueba en el plenario que permita acreditar las condiciones bajo las cuales se dictó la medida de aseguramiento impuesta en contra de Ó. A. L. Q. LIBERTAD PROVISIONAL - No opera de forma automática / REQUISITOS DE

LA LIBERTAD PROVISIONAL / LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS

/ PROLONGACIÓN ILÍCITA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD /

INACTIVIDAD PROCESAL / INACTIVIDAD DEL ABOGADO / CULPA

EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

[S]e evidencia que la Rama Judicial excedió el término procesal establecido en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, dado que transcurrieron más de noventa (90) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación para dar inicio a la Audiencia de Juicio Oral. (…) las consecuencias derivadas de esta circunstancia son imputables a la propia víctima, pues debe recordarse que cuando se cumplen los presupuestos para conceder la libertad, es la defensa del procesado la que debe pedir su libertad y el funcionario competente debe decidir sobre la solicitud, lo cual en el presente caso no ocurrió. Al efecto, es pertinente resaltar que conforme lo ha establecido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la libertad provisional del procesado no opera de manera automática, pues en todos los casos, el funcionario competente

debe analizar las condiciones y circunstancias que han impedido adelantar la actuación procedimental dentro de los términos formales establecidos en la ley procesal penal. En igual sentido, es pertinente destacar que son deberes de la víctima, entre otros, los de evitar y mitigar el hecho lesivo, de donde su incumplimiento se traduce en la asunción de los efectos del daño y su imputación gravita a su propia desidia. En el sub examine se observa que la víctima no ejerció acciones como la de solicitar ante el operador judicial la concesión del derecho a la libertad por el incumplimiento de términos procesales y en tal virtud, dicho incumplimiento, es imputable a su propia inactividad. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra que las consecuencias que el vencimiento de términos pudo causar al actor, son atribuibles a la inactividad de la propia víctima, ya que la libertad provisional no opera de forma automática y la defensa no ejerció la prerrogativa que le permitía al procesado ser titular del beneficio de excarcelación. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia AP 7236-2016, Exp. 43263 de 24 de octubre de 2016 y Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, auto de 3 de junio de 2020, Exp. AEP-055-2020.

FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 317 NUMERAL 5

FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN

INJUSTA DE LA LIBERTAD / NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

[L]a Sala revocará la sentencia del 28 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que: i) no se acreditó el daño alegado por la imposición de la medida de aseguramiento y, en tal virtud, no es susceptible de ser indemnizado y ii) en cuanto al vencimiento del término establecido en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 debe indicarse que las consecuencias que ello pudo causar al actor, estas son atribuibles a la inactividad de la propia víctima, ya que la libertad provisional no opera de forma automática y la defensa no ejerció la prerrogativa le permitía al procesado ser titular del beneficio de excarcelación.

FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 317 NUMERAL 5

IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998

NOTA DE RELATORÍA: El presente fallo cuenta con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque. Las razones de su aclaración, pueden consultarse en Exp. 36146-15 #1.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00384-01(54438)

Actor: JENNIFER LÓPEZ QUINTERO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Tema: Privación de la libertad. Ley 906 de 2004. No se acreditó un daño antijurídico. Vencimiento de términos. Inactividad de la víctima por no ejercer prerrogativa que le permite ser titular del beneficio de excarcelación. Hecho o culpa de la víctima.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 2 de marzo de 2007, desconocidos asesinaron a Alfonso de Jesús Charris Lafaurie e hirieron con arma de fuego a Jhon Alexander Mendoza en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Por ello, el 23 de abril de 2007, agentes de la Policía Judicial detuvieron a Óscar Alfonso López Quintero porque el Juzgado 2º

Municipal de Yumbo había expedido una orden de captura en su contra. El 24 de abril de 2007, el Juzgado 2º Penal Municipal de Yumbo con Función de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del imputado, por ser presunto autor de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Mediante sentencia del 13 de octubre de 2009, el Juzgado 13 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali absolvió a Óscar Alfonso López Quintero en aplicación del principio in dubio pro reo. Los demandantes consideran que la detención de Óscar Alfonso López Quintero fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión de los delitos referidos.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda El 17 de marzo de 20111, Lusdid Ruiz García, en nombre propio y en representación de Luisa María Redondo Ruiz y Elkin Alejandro Carmona Ruiz; Alba Nubia Quintero, en nombre propio y en representación de Sherly Carolina Valencia Quintero; Jhon Fernando, Jennifer y Jorge Andrés López Quintero; y Claudia Patricia Mosquera en nombre propio y en representación de Lina Marcela y Lisbeth López Mosquera, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de Óscar Alfonso López Quintero2.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Lusdid Ruíz García, Alba Nubia Quintero, Claudia Patricia Mosquera, Lina Marcela López Mosquera y Lisbeth López Mosquera, 80 SMLMV a Sherly Carolina Valencia Quintero, Jhon Fernando López Quintero, Jennifer López Quintero y Jorge Andrés López Quintero, y 50 SMLMV a Luisa María Redondo Ruiz y Elkin Alejandro Carmona Ruiz; por daño a la vida en relación, 100 SMLMV al perjudicado directo3 y a Lusdid Ruíz García; por daño emergente, la suma de $100.000.000 a Lusdid Ruíz García; y, por lucro cesante, la suma de $313.200.000 a Lusdid Ruíz García. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 2 de marzo de 2007, desconocidos asesinaron a Alfonso de Jesús Charris Lafaurie e hirieron con arma de fuego a Jhon Alexander Mendoza en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Sostiene que por ello, el 23 de abril de 2007, agentes de la Policía Judicial detuvieron a Óscar Alfonso López Quintero porque el Juzgado 2º Municipal de Yumbo había expedido una orden de captura en su contra. Señala que el 24 de abril de 2007, el Juzgado 2º Penal Municipal de Yumbo con Función de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del imputado, por ser presunto autor de los delitos

1 Fl. 48 a 51, C. 1. 2 El 13 de mayo de 2010, Óscar Alfonso López Quintero falleció, según da cuenta copia auténtica del registro civil de defunción (Fl. 4, C. 1.). 3 A pesar de que ninguno de los accionantes demandó en su nombre o como causahabiente. de homicidio, tentativa de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Indica que mediante sentencia del 13 de octubre de 2009, el Juzgado 13 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali absolvió a Óscar Alfonso López Quintero en aplicación del principio in dubio pro reo. Los demandantes consideran que la detención de Óscar Alfonso López Quintero fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión de los delitos referidos. Textualmente señalan en la demanda: “[...] Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a: la Nación - Fiscalía General de la Naciónla Rama Judicial, de todos los daños y perjuicios [...] causados por la privación injusta de la libertad ocasionada al perjudicado directo Sr. Óscar Alfonso López Quintero (QEPD) [...] y a su familia [...], al perjudicado directo le habían dictado medida de aseguramiento según la misma Fiscalía por el delito de: homicidio agravado en concurso con homicidio en grado de tentativa de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición, siendo privado injustamente de su libertad el día 23 de abril de 2007, permaneciendo privado injustamente de su libertad por

espacio de: (2) dos años; (5) cinco meses [...]. Al Sr. Óscar Alfonso López Quintero, se le profiere en su contra medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación con base en el informe que presenta la policía SIJIN, donde según ella, el autor material del delito que se le imputaba, también con base en lo [que] expresaban unos testigos, sin valorar y practicar otras pruebas [...], sin contar con los elementos necesarios para dictarse dicha medida en contra de mi poderdante [...]”.

2. Contestación El 7 de abril de 20114, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Rama Judicial5 argumentó que impuso medida de aseguramiento en contra de Óscar Alfonso López Quintero con base en la información suministrada por 4 Fl. 62 a 63, C. 1. 5 Fl. 74 a 83, C. 1.

Jhon Alexander Mendoza, testigo protegido en el programa de protección de víctimas. Finalmente, destacó que no debía ser sujeto pasivo en la acción de reparación directa, porque era una entidad independiente de la Fiscalía General de la Nación. Formuló como excepciones las de inexistencia de perjuicios e inane demanda. 2.2. La Fiscalía General de la Nación guardó silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 30 de noviembre de 20126 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante7 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la

demanda. 3.2. La Rama Judicial8 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Además, manifestó que se encontraba probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. 3.3. La Fiscalía General de la Nación9 argumentó que su actuar estuvo amparado en lo dispuesto en los artículos 250 de la Constitución Política y 306, 308 y 313 de la Ley 906 de 2004. Además, argumentó que existían elementos materiales probatorios que daban cuenta de la presunta participación de Óscar Alfonso López Quintero en los delitos por los cuales estaba siendo investigado. Finalmente, manifestó que debía declararse probada la excepción de falta de legitimación por pasiva, por cuanto la detención preventiva impuesta en contra del procesado devino de las actuaciones surtidas por la Rama Judicial. 3.4. El Ministerio Público guardó silencio10.

4. Sentencia de primera instancia 6 Fl. 122, C. 1. 7 Fl. 125 a 137, C. 1. 8 Fl. 123 a 124, C. 1. 9 Fl. 138 a 145, C. 1. 10 Fl. 171, C. 1.

Mediante sentencia del 28 de octubre de 201411, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de Óscar Alfonso López Quintero fue injusta, toda vez que fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado.

Al efecto sostuvo que: “[…] La Sección Tercera del H. Consejo de Estado ha sentado una posición unánime respecto al régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación de la libertad de las personas sujetas a detención preventiva dentro de un proceso penal, que posteriormente han sido absueltas bajo la aplicación del principio de in dubio pro reo [...]. [E]n el presente caso la responsabilidad de la Administración pública, se analizará y aplicará a través del régimen objetivo, pues […] en virtud del principio de in dubio pro reo el señor Óscar Alfonso López Quintero fue absuelto frente a los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de arma de fuego [...]. [E]l principio de in dubio pro reo fue aplicado en debida forma […] por lo que el hecho de proferirse decisión absolutoria a favor de Óscar Alfonso López Quintero, da al daño sufrido por este, consistente en la pérdida temporal de su libertad, las connotaciones de antijurídico, es decir que no tenía por qué soportarlo [...]”.

En la parte resolutiva, el a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagar exclusivamente, por perjuicios morales, 50 SMLMV a Lusdid Ruiz García, Luisa María Redondo Ruiz, Elkin Alejandro Carmona Ruiz, Claudia Patricia Mosquera, Lina Marcela López Mosquera, Lisbeth López Mosquera y Alba Nubia Quintero, y 25 SMLMV a Sherly Carolina Valencia Quintero, Jhon Fernando López Quintero, Jennifer López Quintero y Jorge Andrés López Quintero.

5. Recurso de apelación

El 18 de noviembre de 201412 y el 21 de noviembre de 201413, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial interpusieron recurso de apelación, respectivamente, 11 Fl. 202 a 220, C. 2. 12 Fl. 204 a 216, C. 2; y 227 a 234, C. 2. 13 Fl. 229 a 231, C. 2. los cuales fueron concedidos el 29 de febrero de 201614 y admitidos el 23 de mayo de 201615. 5.1. La Fiscalía General de la Nación16 argumentó que su actuar estuvo amparado en las disposiciones establecidas en la Ley 906 de 2004. Además, advirtió que el daño era imputable a la Rama Judicial, toda vez que el Juez de Control de Garantías impuso la medida de aseguramiento en contra del procesado.

Textualmente manifestó que: “[…] la Fiscalía General de la Nación, actuó de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos [...]. La Ley 906 de 2004, [...] establece en el artículo 306, que la solicitud de imposición de medida de aseguramiento será solicitada por el Fiscal al Juez de Control de Garantías [.