CE-SECCION TERCERA-76001-23-31-000-2011-00478-01(57916)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Niega

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA – Aplicación de sentencia de unificación / ACTIO IN REM VERSO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – Perjuicios por costos de parqueo de vehículos inmovilizados / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - No se demostraron actos impositivos o de constreñimiento por parte de la entidad estatal / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – No probado SÍNTESIS DEL CASO: El municipio de Santiago de Cali y la sociedad Urban Resources Management LLC llegaron a un acuerdo conciliatorio en el proceso No. 2007-0432, que consistió en que el primero le reconocía una suma de dinero, mientras que la segunda se comprometió a custodiar unos vehículos infractores de normas de tránsito hasta el 31 de marzo de 2009. Tal acuerdo fue aprobado mediante auto del 23 de enero de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, providencia que fue apelada por el municipio en cuestión. En la demanda objeto de estudio se afirma que, con ocasión de dicha impugnación presentada por la entidad territorial, se obligó a la parte actora a seguir con la custodia de tales bienes entre el 1° de abril de 2009 y el 3 de abril de 2010, más allá de la fecha que se había pactado en la conciliación, generándole unos gastos y configurándose, a su juicio, un enriquecimiento sin causa.

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FACTOR FUNCIONAL / COMPETENCIA – Por razón de la cuantía / FACTOR OBJETIVO La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 29 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, y por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, dado que la única pretensión de condena excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –

ARTÍCULO 129

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA / ACTIO IN REM VERSO / APLICACIÓN DE LA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

[L]a demandante reclama los supuestos perjuicios generados por “el costo de parqueo” entre el 1° de abril de 2009 y el 3 de abril 2010, lapso en el cual Urban y el municipio de Santiago de Cali no tenían una relación contractual que justificara el depósito y/o la custodia de vehículos, lo cual se explicará más adelante con más detalle. A lo anterior debe agregarse que, tanto la parte actora como el ente demandado, señalaron en el escrito inicial y en la contestación de la demanda, respectivamente, que el contrato de concesión celebrado entre Urban y el municipio en cuestión, el cual consistió en la

administración y en la operación de patios y grúas para la inmovilización de vehículos infractores de normas de tránsito, fue declarado nulo mediante laudo arbitral del 31 de mayo de 2005. De este modo, la Sala advierte que es un hecho indiscutible la ausencia de contrato entre las partes en contienda para el período en que se reclama “el costo de parqueo”, pretermitiéndose la solemnidad escritural que debía revestir dicho vínculo negocial, en tanto habría de gobernarse por lo previsto en la Ley 80 de 1993, cuyos artículos 39 y 41 exigen a las entidades estatales, como el municipio de Santiago de Cali, la formalidad del escrito para el perfeccionamiento de sus negocios jurídicos. En ese sentido, al no mediar soporte contractual que ampare el servicio de custodia de vehículos que prestó Urban por cuenta del municipio demandado, la Sala destaca que el presente asunto debe ventilarse de acuerdo con la teoría del enriquecimiento sin causa, por la vía de la acción de reparación directa que interpuso la actora. No está de más señalar que, aun cuando las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio en el proceso No. 2007-0432 en relación con la prestación del servicio de custodia de vehículos luego de que se declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión STTM 00096 – 2000, lo cierto es que dicho acuerdo, a pesar de que fue aprobado mediante auto del 23 de enero de 2009, no surtió efectos inmediatos con tal proveído porque, precisamente, el municipio demandado interpuso recurso de apelación en su contra, con el cual, según se dijo en la

demanda, supuestamente obligó a Urban a custodiar los vehículos entre el 1° de abril de 2009 y el 3 de abril de 2010, configurándose, a su juicio, un enriquecimiento sin causa, aspecto que será analizado más adelante en esta providencia. Así las cosas, a la luz de los postulados de la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera de esta Corporación, este caso se analizará bajo la óptica de la actio in rem verso y dentro del cauce de la acción de reparación directa. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, exp. 24897.

COMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR

ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA / CADUCIDAD DE LA ACTIO IN

REM VERSO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. En la demanda objeto de estudio se reclaman perjuicios que se le habrían causado a Urban por “el costo de parqueo” que se generó entre el 1° de abril de 2009 y el 3 de abril

de 2010, fecha esta última en la que se le entregaron los vehículos inmovilizados al municipio demandado. Según la parte actora, en ese lapso prestó sus servicios manteniendo la “custodia de los vehículos” inmovilizados, sin obtener pago alguno. Como la labor de “custodia de los vehículos” que se reclama en la demanda feneció el 3 de abril de 2010, fecha esta en la que se hizo efectiva la entrega de dichos bienes al municipio de Santiago de Cali, y teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 1° de abril de 2011, la Sala concluye que se interpuso dentro de la oportunidad prevista en la ley.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –

ARTÍCULO 136

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACTIO IN REM VERSO / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – Requisitos para la configuración En la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación fijó su posición en torno a la procedencia de la acción de reparación directa como el medio adecuado para formular pretensiones relativas al enriquecimiento sin justa causa, la cual se supeditó a la ocurrencia de tres hipótesis, entre las cuales se hará alusión a la primera, en cuanto su configuración o no es el aspecto a dilucidar para resolver la presente controversia […] A lo anterior debe agregarse que la Corte Suprema de Justicia ha advertido que son cinco las exigencias sin cuya presencia no puede existir el enriquecimiento sin causa:

(i) que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya tenido una ventaja patrimonial; (ii) que haya un correlativo empobrecimiento, lo cual significa que el enriquecimiento del obligado haya sido la causa del menoscabo patrimonial del empobrecido; (iii) que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica, es decir, que no se haya generado en un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito; (iv) que, para que proceda la actio in rem verso, se requiere que el interesado en restablecer su patrimonio carezca de cualquier otra acción originada en un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito o de las que emanen de los derechos absolutos y (v) que la actio in rem verso no procede cuando se pretenda con ella soslayar un imperativo legal. En ese contexto, a esta Subsección le corresponde determinar si fue exclusivamente el municipio de Santiago de Cali, sin participación y sin culpa del particular afectado, el que, en ejercicio de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó u obligó a la sociedad Urban para que, sin soporte contractual, mantuviera bajo su custodia unos vehículos en el parqueadero que tenía a su cargo, en el período comprendido entre el 1° de abril de 2009 y el 3 de abril de 2010.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de noviembre de 1936, reiterada en sentencia de 19 de diciembre de 2012, exp. 540001-3103-006-1999-0028001; Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 24897.

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – No probado / INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente y tal como lo sostuvo la parte demandada en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la Sala advierte que no hubo una coacción ni un constreñimiento por parte del municipio de Santiago de Cali sobre la sociedad Urban para que, entre el 1° de abril de 2009 y el 3 de abril de 2010, mantuviera bajo su custodia los vehículos inmovilizados -por infringir normas de tránsitoen el lote que tenía a su cargo, ubicado en el barrio San Fernando, sin el respectivo soporte contractual. […] [L]a custodia de los vehículos por parte de Urban hasta el 3 de abril de 2010 no fue propiciada ni impuesta por el municipio de Santiago de Cali, pues fue la sociedad demandante la que de manera libre y espontánea le manifestó a la entidad territorial que no le iba a entregar tales bienes, tal como se evidencia en las respuestas transcritas, lo que descarta cualquier tipo de coacción por parte del referido municipio. A lo anterior debe agregarse que Urban, amparada en un “contrato de depósito” que no existió, decidió quedarse con los vehículos, a pesar de las solicitudes que le hizo el demandado para que se los entregara. […] [N]o resulta viable el reconocimiento de lo solicitado en la demanda por la custodia de los vehículos entre el 1° de abril de 2009 y el 3

de abril de 2010, en la medida en que Urban, de manera libre y autónoma, prestó ese servicio sin respaldo contractual, pues en el expediente no se probó que el municipio de Santiago de Cali la hubiese constreñido o coaccionado para ello, ni siquiera con el recurso de apelación que interpuso contra el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio en el proceso No. 20070432; además, por cuanto Urban retuvo los automotores y decidió no entregárselos a la entidad territorial cuando esta se lo solicitó, de manera que, voluntariamente, asumió la custodia de los bienes sin la existencia de un contrato, sometiéndose así a las consecuencias desfavorables de su actuación. Como consecuencia de lo anterior, la Sala concluye que encuentra sustento lo planteado por el municipio demandado en el recurso de apelación que presentó en contra de la sentencia dictada por el Tribunal a quo, en tanto la parte actora no acreditó los presupuestos requeridos para la configuración del enriquecimiento sin causa, de acuerdo con la primera hipótesis planteada en la sentencia de unificación, lo cual conlleva a esta Subsección a revocar la sentencia apelada para, en su lugar, denegar las pretensiones formuladas. CONDENA EN COSTAS – Improcedencia Dado que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del magistrado

José Roberto Sáchica Méndez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00478-01(57916)

Actor: URBAN RESOURCES MANAGEMENT LLC

Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Temas: ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA A LA LUZ DE LA PRIMERA HIPÓTESIS CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE LA SALA PLENA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO - no se demostraron actos impositivos o de constreñimiento por parte de la entidad estatal.

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos, tanto por la parte actora como por la entidad demandada, contra la sentencia del 29 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, mediante la cual se resolvió (transcripción literal, incluso con posibles errores): PRIMERO. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa formulada por el Municipio de Santiago de Cali. SEGUNDO. DECLARAR extracontractualmente responsable al Municipio de Santiago de Cali por el detrimento patrimonial causado a la sociedad Urban

Resouces Management LLC, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al Municipio de Santiago de Cali al pago de una suma de dinero equivalente a mil doscientos ochenta y un millones cincuenta y cuatro mil seiscientos y un pesos ($ 1.281’054.601) a favor de la sociedad Urban Resouces Management LLC. CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda (…)” (negrillas del texto original).

I. SÍNTESIS DEL CASO El municipio de Santiago de Cali y la sociedad Urban Resources Management LLC llegaron a un acuerdo conciliatorio en el proceso No. 2007-0432, que consistió en que el primero le reconocía una suma de dinero, mientras que la segunda se comprometió a custodiar unos vehículos infractores de normas de tránsito hasta el 31 de marzo de 2009. Tal acuerdo fue aprobado mediante auto del 23 de enero de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, providencia que fue apelada por el municipio en cuestión. En la demanda objeto de estudio se afirma que, con ocasión de dicha impugnación presentada por la entidad territorial, se obligó a la parte actora a seguir con la custodia de tales bienes entre el 1° de abril de 2009 y el 3 de abril de 2010, más allá de la fecha que se había pactado en la conciliación, generándole unos gastos y configurándose, a su juicio, un enriquecimiento sin causa.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda En escrito presentado el 1° de abril de 2011, la sociedad Urban Resources

Management LLC -en adelante Urban-, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda1 en ejercicio de la acción de reparación directa en contra del municipio de Santiago de Cali, con el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): PRIMERA: El Municipio de Cali es administrativamente responsable de los daños y perjuicios causados a la Sociedad URBAN RESOURCES 1 El 20 de abril de 2012, la sociedad actora corrigió y adicionó la demanda: suprimió unos hechos, agregó otros e hizo una precisión menor respecto de la pretensión declarativa (folios 317 a 342 del cuaderno No. 1 del tribunal). Mediante auto del 18 de octubre de 2012, el Tribunal admitió la corrección y la adición del escrito inicial (folios 515 y 516 del cuaderno No. 1A del tribunal). Precisado lo anterior, la Sala advierte que en el cuerpo de esta providencia se hará referencia a las pretensiones y a los hechos plasmados en la demanda corregida. MANAGEMENT LLC, respecto a los costos de PARQUEO que se han generado a partir del 01 de abril de 2009 hasta el 3 de abril de 2010, momento en que se procedió al retiro total de los vehículos que se encontraban inmovilizados en el parqueadero ubicado en la Carrera 26 entre Calle 5 B4 y B5, carrera 36 Diagonal 32 y 3 A del Barrio San Fernando de esta ciudad, lote que se encuentra a cargo de esta Sociedad (...). Como consecuencia, se solicitó el reconocimiento de la suma de $6.736’029.960, por concepto de perjuicios materiales, correspondiente al “costo de parqueo” de los vehículos inmovilizados en un lote a cargo de la sociedad demandante, entre el 1°

de abril de 2009 y el 3 de abril de 2010, más los honorarios.

2. Los hechos Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes: En 2007, Urban presentó una demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el municipio de Santiago de Cali, con el fin de obtener el resarcimiento de unos perjuicios que se le causaron por la falla en el servicio por omisión en la que supuestamente había incurrido la entidad territorial, al no retirar unos vehículos que tenía inmovilizados en un parqueadero a cargo de dicha sociedad, luego de la “declaratoria de nulidad del contrato de concesión S.T.T.M. 00096 – 2000, mediante laudo del 31 de mayo de 2005, del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cali”. Este proceso se identificó con el radicado 2007-0432 y cursó en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

El 16 de diciembre de 2008 se celebró una audiencia de conciliación judicial en el referido proceso, en la cual se acordó que el municipio le reconocería a Urban la suma de $8.000’000.000, mientras que la ahora actora se comprometió a mantener en custodia los vehículos que se encontraban en el respectivo parqueadero hasta el 31 de marzo de 2009, sin que se generara costo alguno para el ente territorial durante el lapso entre la conciliación y la referida fecha. Mediante auto del 23 de enero de 2009, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aprobó el aludido acuerdo conciliatorio y, como consecuencia, declaró la terminación del proceso 2007-0432. Esta decisión fue apelada, “de forma

inexplicable y antijurídica”, por la directora jurídica del municipio, “desautorizando lo aprobado por el Comité de Conciliación y sin una autorización legal de este”. El 6 de marzo de 2009, el agente del Ministerio Público también presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada. A través de auto del 20 de marzo de 2009, el Tribunal concedió las respectivas apelaciones en el efecto suspensivo para ante el Consejo de Estado. En virtud de un recurso de reposición interpuesto por la actora contra el proveído que dispuso la concesión de las apelaciones, el Tribunal, por auto del 30 de abril de 2009, revocó parcialmente su decisión, en el sentido de rechazar, por extemporáneo, el recurso de apelación del agente del Ministerio Público. El 28 de mayo de 2009, el Ministerio Público interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de queja, frente al auto del 30 de abril de 2009, a través del cual se había rechazado su apelación contra la providencia que aprobó el acuerdo conciliatorio; sin embargo, mediante auto del 12 de junio de 2009, el Tribunal no repuso su decisión y expidió la copias para que se tramitara el recurso de queja. El Consejo de Estado, a través de auto del 6 de agosto de 2009, resolvió el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público y estimó bien denegada la apelación, por extemporánea. Igualmente, esta Corporación, mediante proveído del 11 de agosto de 2009, rechazó por improcedente el recurso de apelación

interpuesto por el municipio Santiago de Cali contra el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio, por considerar que dicha providencia no era susceptible de ser impugnada por esa vía. El municipio interpuso recurso de súplica contra el auto del 11 de agosto de 2009, pero el Consejo de Estado lo rechazó por extemporáneo, por providencia del 4 de diciembre de 2009. Posteriormente, a través de proveído del 12 de febrero de 2010, el Tribunal dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por esta Corporación. A juicio de la parte actora se configuró un enriquecimiento sin causa, dado que se empobreció “con la ocupación de los vehículos remitidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte [del municipio de Santiago de Cali], frente a la imposibilidad de poder utilizar el parqueadero en mejores condiciones de mercado, prestando el servicio público de parqueo a la ciudadanía caleña”. Se agregó que, tanto la apelación extemporánea del agente del Ministerio Público como la impugnación improcedente del municipio contra el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio logrado entre la demandante y dicho ente territorial, le causó un daño a la sociedad Urban, obligándola a seguir con la custodia de los vehículos más allá del 31 de marzo de 2009, fecha de entrega que habían acordado las partes en la conciliación. Esto se expresó en la demanda (se transcribe en forma literal, incluso con posibles errores): Tanto la apelación extemporánea del procurador delegado ante el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca como la actuación de la directora jurídica del municipio en consideración que de forma inexplicable, sin tener autorización

del comité de conciliación y vulnerando la Ley 446 de 1998, e incumpliendo lo acordado en la audiencia de conciliación aprobada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, apeló un auto inapelable para el municipio, e interpuso una súplica extemporánea, causando un daño a mis clientes obligándolos a una carga innecesaria, en la custodia de los vehículos, lo que hace necesario que el Municipio de Santiago de Cali cancele a mis clientes el costo de parqueo que se generó desde el 1° de abril de 2009 hasta el 3 de abril de 2010, día que se hizo entrega de los vehículos a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali (...).

3. Trámite en primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 2 de agosto de 20112, notificado en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público. Posteriormente, a través de proveído del 18 de octubre de 20123, el Tribunal a quo admitió “la corrección y la adición de la demanda”, el cual también se notificó a las partes mencionadas.

El municipio de Santiago de Cali contestó la demanda y el correspondiente escrito de corrección y de adición para oponerse a sus pretensiones. Narró que, el 1° de noviembre de 2000, la Unión Temporal Administración de Recursos Urbanos -Utaru-, de la cual hacía parte la sociedad demandante, y el municipio celebraron un contrato de concesión, por medio del cual el contratista se obligó a administrar y a operar unos patios y unas grúas para la inmovilización de vehículos infractores de las normas de tránsito. Dijo que el 31 de mayo de

2005 se profirió un laudo arbitral, en el cual se declaró la nulidad absoluta del aludido negocio jurídico, por objeto ilícito, y se dispuso “el no reconocimiento” de las prestaciones ejecutadas. Contra tal decisión, la mencionada figura asociativa interpuso recurso extraordinario de anulación; sin embargo, mediante providencia del 3 de agosto de 2007, el Consejo de Estado lo declaró infundado. Con base en lo anterior, sostuvo (transcripción literal, incluso con errores): (...) al ser nulitado el contrato plurimencionado con la UTARU, la relación contractual con el municipio de Santiago de Cali dejó de existir en todas sus formas, es decir, que dicha empresa quedó imposibilitaba de seguir desarrollando el objeto contractual que se había contemplado, lo que permite colegir que no se está al frente de una situación extraordinaria o imprevisible para que en la actualidad pretendan que se les indemnicen por el servicio de parqueo por hechos posteriores tanto a la nulidad por medio de laudo arbitral como por el acuerdo conciliatorio, cuando el objeto que permitía desarrollar tal actividad dejó de existir por su ilicitud, es decir, que el periodo de tiempo que pretende el demandante se le reconozca no presenta soporte legal alguno, por ende se configura de manera flagrante la carencia de objeto. Seguidamente, sostuvo que no se probó la existencia de un daño sufrido por Urban, ni tampoco que dicha sociedad se hubiese empobrecido a causa de un 2 Folios 248 y 249 del cuaderno No. 1 del tribunal. 3 Folios 515 y 516 del cuaderno No. 1A del tribunal. enriquecimiento del municipio de Santiago de Cali, toda vez que, producto de un

acuerdo conciliatorio al que llegaron tales partes, la ahora demandante recibió la suma de $8.000’000.000, actualizados a la fecha del reconocimiento del pago. En ese sentido, señaló que no era entendible por qué con la presente demanda de reparación directa se pretende el pago de la suma de $6.736’029.960, por concepto de perjuicios, “cuando el origen de toda esta situación (contrato de concesión No. STTTM-0095-2000) fue nulitado por OBJETO Y CAUSA ILÍCITA y como ya se anotó recibió una altísima suma de dinero en virtud del acuerdo conciliatorio”: Por lo anterior, formuló la excepción de “cobro de lo no debido”. También formuló la excepción de culpa exclusiva de la víctima, con fundamento en que, si bien los vehículos inmovilizados que estaban en el parqueadero a cargo de Urban debían ser entregados el 31 de marzo de 2009, lo cierto es que el recurso de apelación que interpuso el municipio de Santiago de Cali contra el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio al que habían llegado dichas partes no impedía la entrega de los automotores, de manera que, a juicio de la demandada, estos fueron retenidos “en forma caprichosa” por Urban, con el fin “de buscar un beneficio futuro hablando de un contrato de hecho que jamás existió y menos de derecho de retención”4. Vencido el período probatorio, el Tribunal a quo, a través de auto del 7 de julio de 20155, corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. La parte actora6 reiteró lo expuesto en el escrito inicial y la entidad demandada7

insistió en los argumentos de la contestación de la demanda. El Ministerio Público guardó silencio.

4. La sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, mediante sentencia del 29 de julio de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. 4 Folios 498 a 523 del cuaderno No. 1A del tribunal y folios 623 a 647 del cuaderno No. 1B del tribunal. 5 En esta providencia también se dispuso: “(...) No decretar la sustitución procesal de la sociedad Asesorías y Diseños Spiral Design SAS por la sociedad Urban Resources Management LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. En su lugar (...) la sociedad Diseños Spiral Design SAS, como cesionaria de los derechos litigiosos de la demanda, podrá intervenir en el proceso en calidad de litisconsorte del demandante (...). Folios 728 y 729 del cuaderno No. 1B del tribunal. 6 Folios 730 a 746 del cuaderno No. 1B del tribunal. 7 Folios 747 a 755 del cuaderno No. 1B del tribunal.

Bajo la óptica del enriquecimiento sin causa y en el marco de la primera hipótesis contenida en la sentencia de unificación que profirió al respecto la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el a quo sostuvo lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): (...) se procederá a verificar, si en el presente caso se encuentra acreditado ‘de manera fehaciente y evidente’ que la entidad pública accionada impuso a la entidad accionante la ejecución de las prestaciones o el suministro de

bienes o servicios en su beneficio (....) a juicio de la accionante, la formulación de los recursos de apelación por parte del Ministerio Público y el municipio de Santiago de Cali generó una dilación injustificada del proceso que derivó en la tardía ejecución de los acuerdos establecidos en la diligencia de conciliación judicial. La falta de firmeza de la decisión que aprobó el acuerdo de conciliación judicial implicó que los vehículos que eran custodiados por parte de URBAN RESOURCES, permanecieran depositados en el parqueadero arrendado por esta sociedad para el efecto, durante un período mayor al estimado para su retiro definitivo por parte del municipio de Santiago de Cali (...) En efecto, resulta evidente que la apelación de la providencia que aprobó el acuerdo conciliatorio por parte del municipio de Santiago de Cali provocó una extensión en el término de entrega de los vehículos, generando consigo que las prestaciones ejecutadas a favor de la administración continuaran con posterioridad a la fecha determinada en el acuerdo conciliatorio (31 de marzo de 2009). Para la Sala dicha prestación se enmarca dentro de la causal de procedibilidad de la actio in rem verso enunciada en párrafos anteriores [primera hipótesis de la sentencia de unificación], toda vez que la administración impuso al particular la ejecución de prestaciones en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal. Sin embargo, se advierte que dicha imposición de la administración no se extendió hasta el 3 de abril de 2010, como se sostiene en la demanda, dado que el propio municipio de Santiago de Cali manifestó a la demandante su voluntad de reasumir la

custodia de los vehículos el 7 de mayo de 2009. Seguidamente, el Tribunal a quo señaló que, como el 7 de mayo de 2009 el municipio demandando le manifestó a la sociedad Urban la intención de asumir la administración de los vehículos, las prestaciones ejecutadas con posterioridad a esa fecha “escapan del ámbito de procedibilidad de la actio in rem verso, toda vez que se produjeron sin la imposición o el constreñimiento de la entidad pública”. Bajo esa consideración, el a quo limitó el período de compensación a favor de la parte actora entre el 1° de abril de 2009 y el 7 de mayo del mismo año, porque en ese lapso fue que Urban efectuó sus prestaciones bajo el imperium del Estado. Con base e