CE-SECCION TERCERA-81001-23-31-000-2010-00023-01(47342)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / FALLA MÉDICA / FALLA DEL

SERVICIO MÉDICO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / OBJETO DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, en este caso por la acción y omisión que se imputa a una entidad hospitalaria (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 86 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 2341

NOTA DE RELATORÍA: Referente a la procedencia excepcional de la acción de reparación directa contra actos administrativos, consultar providencias de 17 de junio de 1993, Exp. 7303, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, 8 de marzo de 2007,

Exp. 16421, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE

DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE

DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar providencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

TESTIMONIO EXTRAPROCESO / DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL /

RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / VALOR

PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / REQUISITOS

LEGALES DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRUEBA SUMARIA / FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA La demanda aportó dos declaraciones extrajuicio (…). Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial de conformidad con el artículo 229 CPC. Como no fueron ratificadas, no serán valoradas.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 229

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL / FALLA MÉDICA / DAÑO

DERIVADO DE LA ACTIVIDAD MÉDICA / RESPONSABILIDAD MÉDICA

ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO MÉDICO / MEDIOS DE PRUEBA / VALOR PROBATORIO DEL

INDICIO / INDICIO / APRECIACIÓN DEL INDICIO / IMPORTANCIA DE LA

PRUEBA INDICIARIA / PRUEBA INDICIARIA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA

INDICIARIA / FALLA PROBADA / FALLA PROBADA DEL SERVICIO /

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA La Sala reitera que la falla probada del servicio es el título de imputación aplicable a la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico asistencial. Luego de acudir a criterios como la “falla presunta” o la “teoría de las cargas dinámicas de la prueba”, la jurisprudencia retomó la regla probatoria del artículo 177 CPC, según el cual incumbe a las partes demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. El demandante debe, pues, demostrar el daño, la falla por una omisión o una acción negligente o irregular de la entidad estatal y el nexo de causalidad, es decir, que la falla médica fue la causa eficiente del daño sufrido. A pesar de que la carga probatoria es del demandante, la entidad estatal puede exonerar su responsabilidad si acredita la diligencia y cuidado, o que el daño sobrevino como consecuencia de una causa externa, como la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, o que fue el desenlace natural de la patología del paciente. Para acreditar la falla y el nexo causal, el demandante puede acudir a todos los medios de prueba, pero en materia médica cobra especial importancia el dictamen pericial y los indicios, los

que, a su vez, pueden establecerse a partir de conductas procesales de las partes, como no aportar la historia clínica o hacerlo de forma incompleta, en los términos del artículo 249 CPC. No obstante, la existencia de indicios no es suficiente por sí misma para estructurar los elementos de la responsabilidad. Es necesario que estos sean coherentes con el resto del acervo probatorio, luego de una valoración bajo los criterios de la sana crítica y las reglas de la experiencia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177 /

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 249

NOTA DE RELATORÍA: Acerca de los medios probatorios aceptados para acreditar los elementos constitutivos de la falla probada del servicio, consultar providencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 15772, C.P. Ruth Stella correa Palacio.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

MÉDICO DE GINECOBSTETRICIA / DAÑO CAUSADO POR SERVICIO MÉDICO

DE GINECOBSTÉTRICA / SERVICIO MÉDICO DE GINECOBSTÉTRICA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / MEDIOS DE PRUEBA / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO /

INDICIO / APRECIACIÓN DEL INDICIO / IMPORTANCIA DE LA PRUEBA

INDICIARIA / PRUEBA INDICIARIA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA

INDICIARIA / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA La Sala reitera que los eventos de daños causados por el servicio médico de

obstetricia no pueden decidirse bajo un régimen objetivo de responsabilidad. El título de imputación es la falla probada del servicio y al demandante le corresponde probar: el daño, la falla en el acto obstétrico y el nexo causal. Para acreditar los tres elementos el demandante puede valerse de todos los medios probatorios, en especial de la prueba indiciaria. Si el embarazo se desarrolló en condiciones normales, el daño causado durante el parto constituye un indicio de existencia de falla del servicio, así como de la relación causal entre el acto obstétrico y el daño.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la responsabilidad médica en el servicio de obstetricia, consultar providencia de 26 de marzo de 2008, Exp. 16085, C.P.

Ruth Stella correa Palacio.

MEDIOS DE PRUEBA / TESTIMONIO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO

SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA El artículo 218 CPC dispone que el juez apreciará los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 218

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de los testimonios sospechosos, consultar providencias de 28 de febrero de 2011, Exp. 20262, C.P.

Ruth Stella Correa Palacio.

TESTIGO DE OÍDAS / TESTIMONIO DE OÍDAS / VALIDEZ DEL TESTIMONIO

DE OÍDAS / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIGO DE OÍDAS / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO DE OÍDAS / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Como el dicho de los declarantes sobre lo ocurrido corresponde a lo que “les contaron”, se trata de testigos de oídas. El artículo 228.3 CPC dispone que si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. Se requiere que -por lo menosidentifique las fuentes que suministraron la información y, además, que esas fuentes sean directas, es decir, que se pueda constatar que conocieron presencialmente los hechos que trasmitieron. En relación con el mérito probatorio del testimonio de oídas, la declaración del testigo se debe cotejar con el resto del acervo probatorio, para determinar su coincidencia con los demás medios de prueba recaudados.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 228.3

NOTA DE RELATORÍA: Acerca del valor probatorio de los testimonios de oídas, consultar providencias de 28 de febrero de 2011, Exp. 20262, C.P. Ruth Stella

Correa Palacio.

MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA TESTIMONIAL / TESTIMONIO / CONCEPTO

DE TESTIMONIO / DECLARACIÓN DE PARTE / VALOR PROBATORIO DE LA

DECLARACIÓN DE PARTE / INTERROGATORIO DE PARTE / VALOR

PROBATORIO DEL INTERROGATORIO DE PARTE / CONFESIÓN /

PRESUPUESTOS DE LA CONFESIÓN / REQUISITOS DE LA CONFESIÓN / CONFESIÓN JUDICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA CONFESIÓN JUDICIAL La declaración de parte y el testimonio son especies del género probatorio denominado declaración. Difieren en cuanto a la calidad de la persona que declara. El testimonio proviene de un tercero ajeno a la controversia y la declaración de parte de quienes conforman uno de los extremos del proceso, es decir, es una versión de parte interesada. El artículo 194 CPC dispone que la declaración o interrogatorio de parte es la forma en la que se provoca la confesión judicial. La declaración de parte solo se puede apreciar en los términos del artículo 195.2 CPC, es decir, en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria. Debe reunir los siguientes requisitos que establece esta norma: (i) que el confesante tenga capacidad y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; (ii) que recaiga sobre hechos sobre los cuales la ley no exija otro medio de prueba; (iii) que sea expresa, consciente y libre; (iv) que verse sobre hechos personales del confesante y (v) que se encuentre probada, cuando fuere extrajudicial o judicial trasladada. Como la declaración rendida no trató sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas a la parte demandada o que favorezcan a la demandante, no es

posible deducir confesión judicial. No reúne, entonces, los requisitos previstos en el artículo 195 CPC y, por ello, carece de valor probatorio.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 194 /

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 195

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la declaración de parte y el testimonio, consultar providencia de 17 de julio de 2003, Exp. 24231, C.P. Alier Eduardo Hernández

Enríquez.

INFORME TÉCNICO / INFORME TÉCNICO DE FUNCIONARIO OFICIAL /

REQUISITOS DEL INFORME TÉCNICO / VALOR PROBATORIO DEL INFORME TÉCNICO Según el artículo 243 CPC, el juez puede solicitar, de oficio o a petición de parte, informes técnicos o científicos sobre avalúos y otros hechos que interesen al proceso, a las entidades y dependencias oficiales que dispongan de personal especializado. Este informe se debe poner en conocimiento de las partes durante tres días para que pidan complementación o aclaración. El juez también puede solicitar dictámenes sobre materias propias de la actividad de las entidades públicas. Este dictamen se practica con las mismas reglas que dispone el artículo 237 CPC y su contradicción se realiza en los mismos términos del dictamen rendido por un auxiliar de la justicia, es decir, se debe surtir su contradicción, de conformidad con el artículo 238 CPC.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 237 /

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 238 / CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 243

PRUEBA DE OFICIO / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO / CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / NECESIDAD DE LA PRUEBA DE OFICIO / NORMATIVIDAD DE LA PRUEBA DE OFICIO / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO La demandante, en el recurso de apelación, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Arauca tenía el deber de decretar un dictamen pericial como prueba de oficio, para aclarar si hubo tardanza en el servicio médico brindado (…). De conformidad con el artículo 169 CCA, hoy 213 CPACA, en cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad, que se deberán decretar y practicar con las pruebas pedidas por las partes. Al momento de decidir, la Sala también podrá decretar las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros de la controversia. El decreto de pruebas de oficio no procede a solicitud de parte, sino que el juez por iniciativa propia decide si las decreta. De ahí que, el Tribunal Administrativo no estaba obligado a decretar el dictamen pericial.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO

169 / C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 213

NOTA DE RELATORÍA: Acerca de las pruebas de oficio, consultar providencias de 24 de enero de 2007, Exp. 32004, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de 8 de junio de 2021, Exp. 64560, C.P. Guillermo Sánchez Luque.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / DAÑO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD

MÉDICA / RESPONSABILIDAD MÉDICA ESTATAL / ACTIVIDAD MÉDICA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERRORES EN LA ACTIVIDAD MÉDICA / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / FALLA MÉDICA /

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

MÉDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO MÉDICO DE GINECOBSTETRICIA / DAÑO CAUSADO POR

SERVICIO MÉDICO DE GINECOBSTÉTRICA / SERVICIO MÉDICO DE GINECOBSTÉTRICA / MUJER EMBARAZADA / PARTO DE LA MUJER EMBARAZADA / ATENCIÓN AL PACIENTE / MUERTE DEL FETO / DEMORA

EN ATENCIÓN AL PACIENTE / ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE /

SERVICIO MÉDICO OPORTUNO / SERVICIO MÉDICO DILIGENTE /

INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / INEXISTENCIA DE

RESPONSABILIDAD MÉDICA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Según la demanda, la ESE Hospital Vicente de Arauca incurrió en falla del servicio médico asistencial por mora y negligencia en la atención de la demandante -que estaba en embarazo-. Alegó que la atención médica fue tardía, porque la paciente fue valorada horas después de su ingreso y esa circunstancia incidió en que se agravara el estado de salud del feto y su posterior muerte. Adujo que el óbito fetal se hubiera evitado con un diagnóstico inmediato de la patología de la paciente. (…) Según las pruebas, desde que la paciente ingresó al hospital, el personal le realizó monitoreos constantes -dilatación, control de movimientos, frecuencias cardiacas fetales, control de presión y temperatura-. Sin embargo, desde la primera valoración, quedó consignada la ausencia de frecuencia fetal. En el primer informe de urgencias se indicó la ausencia de movimientos fetales con ocho horas de evolución. En los monitoreos realizados en el examen de ingreso tampoco se detectó frecuencia cardiaca y en la ecografía posterior se confirmó la ausencia de latidos en el feto y la disminución de líquido amniótico. Después de confirmar el óbito fetal, para evitar una complicación en la salud de la madre, los médicos adelantaron el trabajo de parto natural. El parto se completó sin complicaciones. Las pruebas no demostraron que hubo negligencia médica en la atención (…). La

paciente llegó sin movimientos fetales a la clínica, fue monitoreada y valorada en varias oportunidades sin observar frecuencia cardiaca fetal. La muerte del feto fue causada por asfixia neonatal y ocurrió antes del ingreso al hospital. La asfixia neonatal se originó en una insuficiencia placentaria y pudo originarse por causas anatómicas, fisiológicas y metabólicas de la paciente, circunstancia ligada al proceso mismo del embarazo. Según el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que prevén el efecto jurídico que persiguen y, por tanto, quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto pretendido, ya que la sola afirmación de la demandante no es suficiente para acreditarlo. Como no se probó una falla en la prestación del servicio médico ni el nexo causal entre el daño y la actuación médica, la Sala confirmará la sentencia apelada.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177 /

CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 168 / CÓDIGO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 267

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 81001-23-31-000-2010-00023-01(47342)

Actor: GLENIS PAOLA BERMÚDEZ BALDOMINO Y OTROS

Demandado: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DECLARACIONES EXTRAJUDICIALES-Exigencia de ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso.

RESPONSABILIDAD MÉDICA-Falla probada. RESPONSABILIDAD MÉDICA-La carga de la prueba la tiene el demandante. DAÑOS EN ACTO OBSTÉTRICO-Se requiere prueba daño, falla del acto obstétrico y nexo causal. ACTIVIDAD MÉDICA DE TRABAJO DE PARTO-Para configurar responsabilidad del Estado es necesario probar negligencia o impericia en fases del trabajo de parto y el nexo causal con la muerte del neonato. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN ACTIVIDAD MÉDICA-No se probó negligencia e impericia en la atención de mujer embarazada ni el nexo causal con la muerte del neonato. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSO-Valor probatorio. TESTIGO DE OÍDAS-Valoración probatoria. INTERROGATORIO DE PARTE-La declaración de parte es una forma de provocar la confesión. INFORME TÉCNICO-El juez puede solicitarlos a entidades oficiales que tengan personal especializado. PRUEBAS DE OFICIO-No hay deber legal de decreto y práctica. CARGA DE LA PRUEBA-Quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia, art. 177 CPC. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad

o mala fe. La Sala, de conformidad con lo dispuesto en sesión del 5 de junio de 20201, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la 1 Según el Acta nº. 5 de esa fecha. sentencia del 21 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 13 de marzo de 2008, Glenis Paola Bermúdez Baldomino -que tenía 37.6 semanas de embarazoacudió a la ESE Hospital San Vicente de Arauca por malestar general y ausencia de movimientos fetales. Luego del monitoreo, los médicos concluyeron que el bebé estaba muerto y asistieron el trabajo de parto con óbito fetal. Alegan falla del servicio médico por negligencia, impericia y mora en la atención. ANTECEDENTES El 1 de junio de 2010, Glenis Paola Bermúdez Baldomino y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa en contra de la ESE Hospital San Vicente de Arauca, para que se le declarara. Solicitaron $51.518.600 para cada uno de los padres y $51.518.600 al resto de demandantes, por perjuicios morales; $103.037.200 para los padres de la menor y $51.518.600 al resto de demandantes por lucro cesante; $103.037.200 para los padres de la menor y $51.518.600 al resto de demandantes por daño emergente y $103.037.200 para los padres de la menor y $51.518.600 al resto de

demandantes, por daño a la vida de relación. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el 13 de marzo de 2008, Glenis Paola Bermúdez Baldomino acudió -en estado de embarazoa la ESE Hospital San Vicente de Arauca por fiebre, malestar general y ausencia de movimientos fetales. Resaltó que cuatro horas después de su ingreso fue valorada por el médico de turno, que concluyó ausencia de actividad fetal. Expuso que un ginecólogo tomó una ecografía, el examen arrojó óbito fetal de 37.6 semanas y disminución de líquido amniótico y luego asistió su parto con recién nacido muerto. Alegan falla del servicio médico por negligencia, impericia y mora en la atención. El 28 de julio de 2010 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, la ESE Hospital San Vicente de Arauca, adujo que la demandante solicitó el servicio de manera tardía, pues ingresó al servicio de urgencias luego de 8 horas de evolución de sus síntomas. Sostuvo que la prestación del servicio médico fue eficiente y oportuna, no hubo negligencia en la atención y fue examinada y monitoreada por médico general y especialista en ginecología. Expuso que la muerte del menor no se originó en una falla del servicio y alegó la falta de legitimación en la causa por activa de dos demandantes. Formuló llamamiento en garantía a la Compañía de Seguros Cóndor SA. El 22 de septiembre de 2011, el

Tribunal negó el llamamiento en garantía, porque no se aportó original de la póliza de seguros n°. 30002883. El 13 de enero de 2012 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante reiteró lo expuesto y agregó que existía un indicio de falla, porque la historia clínica no tenía orden cronológico y los testimonios técnicos probaron la falla y el nexo causal. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público conceptuó que la atención médica fue adecuada y que la muerte del recién nacido fue producto del embarazo mismo. El 21 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo de Arauca en la sentencia negó las pretensiones, porque no se probó la falla en la prestación del servicio médico, ni el nexo causal. Consideró que la atención médica fue inmediata y tuvo a su disposición medicina general, instrumentos de diagnóstico y profesional especializado en ginecología y obstetricia. Estimó que la muerte de la recién nacida ocurrió antes del ingreso al hospital, pues se consultó por ausencia de movimientos fetales y desde el monitoreo inicial no se detectó frecuencia cardiaca fetal. Sostuvo, además, que la paciente fue negligente, porque consultó ocho horas después de observar los síntomas y su situación era de riesgo por los antecedentes de abortos espontáneos. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 29 de abril de 2013 y admitido el 20 de junio siguiente. La recurrente esgrimió que estaba acreditada la falta de atención

oportuna, pues si se hubiera tratado la patología a tiempo se hubiera evitado la muerte de la recién nacida. Sostuvo que no se valoraron todas las pruebas y que se debió decretar una prueba de oficio para profundizar la prueba técnica. El 18 de julio de 2013 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129

CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 20.2 CPC, el valor de la suma de las pretensiones supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $257.500.0002. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo3, en este caso por la

acción y omisión que se imputa a una entidad hospitalaria (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC). Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda alega la responsabilidad por falla en la prestación del servicio médico y hospitalario. La demanda se interpuso en tiempo -1 de junio de 2010porque el Hospital San Vicente de Arauca atendió a Glenis Paola Bermúdez Palomino el 13 de marzo de 2008 [hechos probados 8.4 a 8.6]. En efecto, como el 1 de marzo de 2010 se presentó solicitud de conciliación prejudicial (f. 130 c. 1), el término de caducidad se suspendió hasta el 26 de mayo de 2010, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001, fecha en la 2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo del año 2010, $515.000, por 500. 3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303

[fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en

Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744,746 y 747, disponible en https://bit.ly/3gjjduK. que se celebró la audiencia de conciliación, según da cuenta original del acta de la audiencia (f. 128-130 c. 1). Al día siguiente se reanudaron los 12 días faltantes, que vencían el 8 de junio de 2010. Legitimación en la causa

4. Glenis Paola Bermúdez Baldomino es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que es la madre de la víctima directa

[hechos probados 8.6 y 9.8]. Wilson Zea Bravo, Justo Abraham Zea y María Graciela Bravo no están legitimados en la causa por activa, porque no acreditaron su condición de padre y abuelos de la víctima directa. La ESE Hospital San Vicente de Arauca está legitimada en la causa por pasiva porque fue la entidad encargada de prestar el servicio médico [hechos probados 8.4 a 8.7].

II. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró falla del servicio médico asistencial por atención tardía e indebida de una mujer embarazada.

III. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio4.

7. La demanda aportó dos declaraciones extrajuicio (f. 13 y 23 c. 1). Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial de conformidad con el artículo 229 CPC. Como no fueron ratificadas, no serán valoradas.

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge.

Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK. 8.1. En marzo de 2002, Glenis Paola Bermúdez Baldomino tuvo un bebé de sexo masculino. En 2003 y 2004 tuvo dos embarazos que culminaron con abortos espontáneos, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 270-276, 105, 115, 232, 245 y 255 c. 1). 8.2. El 4 de octubre de 2007, Glenis Paola Bermúdez Baldomino se encontraba en estado de embarazo y -conforme a una ecografía obstétricatenía 14.3 semanas

de gestación y un feto vivo en buenas condiciones y movimientos espontáneos e inducidos presentes. El 5 de diciembre siguiente, el obstetra -según un nuevo examendeterminó 23 semanas y 4 días de edad gestacional y un feto normal con actividad cardiaca y movimientos espontáneos. El médico dietista -conforme la historia clínicale recetó una bebida nutricional y dio instrucciones, según da cuenta copia simple del estudio ecográfico del Centro Ecográfico Oriente (f. 33 c. 1), la ecografía de la EPS Sánitas (f. 34 c. 1) y la historia clínica (f. 33 c. 1). 8.3. El 8 de enero de 2007, Glenis Paola Bermúdez Baldomino asistió al Hospital San Vicente de Arauca para control de bajo peso gestacional. El médico tratante determinó -conforme su historia clínicaque tenía desnutrición proteicocalórica leve, según da cuenta copia simple de la historia clínica (f. 25-26 c. 1). 8.4. El 13 de marzo de 2008, a la 1:35 p.m., Glenis Paola Bermúdez ingresó al servicio de urgencias de la ESE Hospital San Vicente de Arauca por deposiciones diarreicas múltiples, vómito y ausencia de movimientos fetales con ocho horas de evolución. Según su historia clínica, -luego del examen físicola paciente estaba en aceptables condiciones generales, tenía una temperatura de 38.5, taquicardia y útero hipertónico. En las notas de evolución, quedó consignado que no se detectó frecuencia cardiaca fetal y que solo se apreciaba soplo placentario; 2 cm de

dilatación y membranas íntegras. Un médico -según su historia clínicaordenó su hospitalización, una ecografía obstétrica, exámenes de plaquetas y orina, su canalización, una valoración por ginecología y medicamentos, según da cuenta copia