CE - Sentencia 05001233300020190210901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023)

Demandante: Mariela de Jesús Montoya de González

Demandada: UGPP

Temas: Falta de competencia para expedir los actos administrativos demandados. Reintegro de mayores valores pagados por concepto de pensión. Ámbito de la autotutela administrativa.

Principio de legalidad. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia proferida el dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Antioquia , que declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas.

ANTECEDENTES

La señora Mariela de Jesús Montoya de González , instauró demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Pro tección Social, UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Pro tección Social, UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 003479 del 5 de febrero de 2019 y RDP 008762 del 16 de marzo de 2019 , por medio de las cuales la UGPP ordenó reintegrar al Tesoro Público la suma de $344.308.284 «(…) por concepto de mayores valores recibidos por mesadas pensionales ».

A título de restablecimiento del derecho se ordene la devolución de cualquier suma de dinero cancelada con ocasión de la orden contenida en las resoluciones2

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023) declaradas nulas y se ordene la extinción de cualquier proceso de cobro en contra de la demandante.

Como pre tensión subsidiaria que, en caso de declararse la nulidad de las resoluciones sólo por encontrarse probada la prescripción extintiva de la obligación, se ordene a la UGPP suscribir con la demandante un acuerdo de reem bolso en relación con la suma no afectada por prescripción, de forma que no se ponga en condiciones de indignidad a la actora.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

relación con la suma no afectada por prescripción, de forma que no se ponga en condiciones de indignidad a la actora.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Mariela de Jesús Montoya de González contrajo matrimonio con el señor Jorge González González, a quien la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero le reconoció pensión de jubilación mediante Resolución J-150 del 01 de junio de 1979 en cuantía de $3.707,84 efectiva a partir del 2 de enero de 1970 según los parámetros de la Ley 95 de 1946.

Que, en el artículo 7 de la Resolución de reconocimiento pensional de su esposo, se indicó que «(…) el valor de la pensión quedaría sujeto al otorgamiento de la pensión que el Instituto de Seguros sociales hiciera al beneficiario en virtud del seguro de invalidez, vejez y muerte »1.

Que, la pensión fue ajustada en las Resoluciones 2436 del 01 de septiembre de 1980, 00972 del 31 de marzo de 1981, 00090 del 29 de enero de 1982, 0164 del 31 de enero de 1983, 0129 del 31 de enero de 1984 y 3445 del 12 de junio de 1985. En la Resolución 8707 del 15 de agosto de 1996 el ISS reconoció la pensión de vejez de carácter compartida a favor del señor Jorge González González efectiva a partir del 1 de octubre de 1995.

Que, el señor Jorge González González , falleció el día 10 de diciembre de 1996,

vejez de carácter compartida a favor del señor Jorge González González efectiva a partir del 1 de octubre de 1995.

Que, el señor Jorge González González , falleció el día 10 de diciembre de 1996, por lo que la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero reconoció la sustitución pensional a favor de la demandante, en calidad de cónyuge supérstite, en un 100%, mediante Resolución 502 del 25 de noviembre 1997 .

Que, en la Resolución RDP 027903 del 12 de julio de 2018 se decidió ajustar la mesada pensional reconocida a favor de la señora Mariela de Jesús Montoya de González, en el mayor valor a cargo del Fondo de Pensiones Públicas FOPEP, en la cuantía que resultara de la diferencia del valor de la mesada reconocida por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y ordenó la liquidación del valor correspondiente a las mesadas cobradas en exceso a partir del 11 de diciembre de 1996.

1 Expediente físico, página 2.3

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023)

Que, en la Resolución RDP 003479 del 5 de febrero de 2019 , la UGPP determinó que la demandante adeudaba al Sistema General de Pensiones la suma de $344.308.284 porque se había venido pagando un mayor valor y, por la Resolución

Que, en la Resolución RDP 003479 del 5 de febrero de 2019 , la UGPP determinó que la demandante adeudaba al Sistema General de Pensiones la suma de $344.308.284 porque se había venido pagando un mayor valor y, por la Resolución RDP 008762 del 16 de marzo de 2019, se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión.

Finalmente, resaltó que la demandante es mayor de 90 años, no cuenta con estudios ni formación profesional, ni con un medio de subsistencia diferente al de la mesada pensional.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 1, 2, 5, 29, 46 y 83 de la Constitución Política y los artículos 3, 5, 8, 10 y 164 de la Ley 1437 de 2011.

Sostuvo que el régimen de prescripción de las obligaciones que se pretenden cobrar por la UGPP mediante las resoluciones demandadas es el determinado en el artículo 817 numeral 4 del Estatuto Tributario que establece que el término de prescripción de la acción de cobr o debe contarse a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación.

Que, se vulneró el derecho al debido proceso administrativo porque antes de suspenderse el pago de la mesada pensional debía comunicarse a la beneficiaria de la prestación , el inicio de una actuación administrativa con dicha finalidad, debiéndose, además, surtir todas las etapas correspondientes. Resaltó que para el caso de la demandante esto no sucedió.

Que las decisiones atacadas desconocen el principio de buena fe de la demandante,

debiéndose, además, surtir todas las etapas correspondientes. Resaltó que para el caso de la demandante esto no sucedió.

Que las decisiones atacadas desconocen el principio de buena fe de la demandante, puesto que nunca antes le había sido informado que debía restituir suma alguna por concepto de mesadas pensionales pagadas en exceso .

Que, además, la UGPP no había tenido en cuenta que en la señora Montoya de González concurrían circunstancias de vulnerabilidad manifiesta por tratarse de un adulto mayor de 90 años que no cuenta con un medio de subsistencia distinto al que recibe como mesada pensional.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo del A ntioquia, quien la admitió y notificó2.

Al contestar la demandada, la UGPP señaló que en el acto administrativo por el que

2 Página 69 del expediente físico.4

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023) se reconoció la pensión al señor Jorge González González se estableció que dicha prestación tendría el carácter de compartida, por lo que el derecho estaba supeditado a una condición resolutoria en virtud del mismo ordenamiento jurídico porque «(…) la pensión de jubilación se concede hasta tanto pueda cumplirse la condición, esto es, hasta que el beneficiario cause el derecho a adquirir la pensión de vejez, puesto que posteriormente, solo será de cargo del empleador que ha

porque «(…) la pensión de jubilación se concede hasta tanto pueda cumplirse la condición, esto es, hasta que el beneficiario cause el derecho a adquirir la pensión de vejez, puesto que posteriormente, solo será de cargo del empleador que ha seguido cotizando el mayor valor si lo hubiere»3

Por lo tanto, resaltó que la pensión de jubilación y la pensión de vejez no son compatibles o sumables , sino compartibles. Expuso que , en virtud de la compatibilidad de la pensión , la UGPP determinó los mayores valores que fueron pagados a la demandante, pero defendió que ese procedimiento administrativo se había surtido respetando el debido proceso y que , para el caso , no operaba la prescripción.

Luego del traslado de las excepciones, el 6 de febrero de 2023 se dio trámite de sentencia anticipada y se dispuso correr traslado para alegar 4.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Antioquia, accedió parcialmente a las pretensiones . Indicó que el caso se trataba de una pensión compartida, en los términos del artículo 18 del decreto 758 de 1990, en donde el pensionado continuó recibiendo pagos del empleador y del asegurador desde el 1 de octubre de 1995, mes a mes, hasta el 10 de diciembre de 1996, cuando falleció.

Explicó que si bien se concedió una pensión de jubilación por parte de la Caja Agraria mediante la Resolución J-150 del 1 de junio de 1979, esta quedó supeditada a la compartibilidad pensional que efectuara el ISS en virtud de la asegurabilidad, al momento de acreditarse los requisitos legales para adquirir la pensión de vejez.

a la compartibilidad pensional que efectuara el ISS en virtud de la asegurabilidad, al momento de acreditarse los requisitos legales para adquirir la pensión de vejez. Condición que igualmente quedó consagrada en el acto administrativo de sustitución pensional a favor de la demandante como cónyuge supérstite.

Así, determinó que la pensión convencional reconocida por la Caja Agraria (actualmente a cargo de la UGPP) quedó subrogada completamente con la reconocida por el ISS (actualmente Colpensiones), en la medida en que ésta última es significativamente superior a la otorgada a partir de l 10 de diciembre de 1996.

Sostuvo que la subrogación opera de manera automática, no sólo porque así lo estableció el acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación primigenia, sino porque la figura de la compartibilidad está sujeta por la ley y la convención a una condición que ya aconteció, esto es, el reconocimiento de la pensión de vejez

3 Páginas 79 a 84 del expediente físico. 4 Índice 20 de SAMAI, Gestión en otras corporaciones.5

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023) a cargo del administrador del fondo pensional.

Que, en el caso no se evidenciaba vulneración alguna al derecho al debido proceso y que, si bien no existía norma legal que determinarla la obligación de informar al antiguo empleador acerca del reconocimiento de la pensión por parte de la entidad

Que, en el caso no se evidenciaba vulneración alguna al derecho al debido proceso y que, si bien no existía norma legal que determinarla la obligación de informar al antiguo empleador acerca del reconocimiento de la pensión por parte de la entidad de seguridad social, lo cierto era que el pensionado no podía pretender acumular los beneficios, por lo que se esperaría que se actuara en el marco de la buena fe avisando al empleador ; razón por la que consideró que el actuar de la UGPP se ajustó a derecho.

Expuso que no se encontraba vulnerado el mínimo vital de la demandante porque devengaba una mesada pensional equivalente a 10 veces el salario mínimo legal al momento de su reconocimiento , por lo que resultaba procedente ordenar la devolución de las sumas de dinero recibidas en exceso . Finalmente, consideró que se encontraban prescritas las sumas pagadas entre el 11 de diciembre de 1996 y el 11 de julio de 2013, por lo que concedió las pretensiones en relación a este punto.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en la que reiteró los argumentos contenidos en la demanda y destacó que los actos administrativos demandados debieron declararse nulos, no sólo por la prescripción sino porque no se surtió un procedimiento administrativo para definir la existencia de la obligación en cabeza de la actora, con la posibilidad de que ella interviniera en dicho procedimiento para ejercer su defensa y, en segundo lugar, que no se respetó la presunción de buena fe reconocida constitucionalmente como principio regulativo de las relaciones entre los particulares y la administración pública .

Indicó que d urante el período en que se pagó en exceso la pensión no exist ió

presunción de buena fe reconocida constitucionalmente como principio regulativo de las relaciones entre los particulares y la administración pública .

Indicó que d urante el período en que se pagó en exceso la pensión no exist ió ninguna comunicación o información relativa a las condiciones del pago, su revisión o alguna mutación de las condiciones en que sustituyó a su cónyuge como beneficiaria; resaltando que cuando se le informó la obligación de devolver las sumas pagadas en exceso -por un error imputable a los funcionarios encargados -, inmediatamente constituyó apoderado para intervenir en el trámite correspondiente y dio cuenta de que nunca tuvo conoci miento de esta situación.

La demandada UGPP, expresó que los actos demandados fueron expedidos por autoridad competente, observando las formalidades legales y con la debida motivación.

Se opuso la decisión de declarar la prescripción de las mesadas pensionales pagadas en exceso entre el 11 de diciembre de 1 996 y el 11 de julio de 2013, expresando que se genera un detrimento del patrimonio público y un enriquecimiento ilícito en favor de la demandante.6

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023)

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 20 de febrero de 2024 se admitió el recurso .5 Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 20 de febrero de 2024 se admitió el recurso .5 Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si los actos administrativos demandados que determinaron que la señora Mariela de Jesús Montoya de González adeudaba la suma de $ 344.308.284 a favor del Sistema General del Pensiones por concepto de mayores valores de mesadas pensionales recibidas, están viciados de nulidad.

Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada, ii) la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso, iii) el debido proceso administrativo, iv) la competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos, v) el principio de autotutela administrativa y finalmente, iii) se resolverá el caso concreto.

De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que, mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue proferido conforme a derecho y que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese sentido, esta figur a, consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga sobre quien la alega,6 pues como presunción legal admite prueba en contrario.

En relación con dicha presunción , existe una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de nulidad de un acto administrativo cuando quien lo

sobre quien la alega,6 pues como presunción legal admite prueba en contrario.

En relación con dicha presunción , existe una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encargada de juzgar la v alidez de esa clase de actos, ha sido caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta particular materia.

En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de

5 Índice 9 de SAMAI. 6 Providencia citada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado:11001-03-25-000-2019-00601-00 (4727-2019).7

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023) 1984), que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas y el concepto de violación.

1984), que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas y el concepto de violación.

En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos administrativos acusados, le correspon de analizar de forma oficiosa preceptos o argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente . Es decir, se puede flexibilizar el principio de justicia rogada7 con el fin de dar protección al ordenamiento superior.

De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso

Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General del Proceso y sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia 8 ha señalado que:

«(…) [a]l encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos».

En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación, 9 al indicar que dicho deber tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial , se le dé el

tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial , se le dé el sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales.

Así entonces, considera la S ubsección que en virtud de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental es dable acudir al deber interpretativo del juez y desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación inmediata en la actuación administrativa que p rodujo los actos administrativos demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.

7 Sobre la justicia rogada se puede revisar Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ -010-S2 del 21 de abril de 2018, radicado: 81001 -23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CESUJ2-010-18. 8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019, expediente SL 9602019. 9 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2021, radicado: 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).8

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023) Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 superior se desprenden diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se atienda el procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido proceso del administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia constitucional.

Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha versado sobre la posibilidad o no de que la demandante tenga la obligación de restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.

El debido proceso administrativo

En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso administrativo, que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos por part e de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.

En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que sus actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el

En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que sus actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el legislador, pa ra garantizar a los ciudadanos, la protección de sus derechos de contradicción y defensa, sin embargo, no toda irregularidad dentro del procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos, sino cuando aquella implique el desconocimiento de las garantías fun damentales de quien pueda resultar afectado con su expedición.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones pú blicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la9

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023) competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos .10

Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación de competencia s a la administración pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse como el funcional o jerárquico ,11 el material,12 el territorial 13 y en algunos casos el temporal.14

En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece de capacidad par a actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado .15

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de

Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado .15

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés

10 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C -014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, d ebe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...]». 11 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127. 12Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.

Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127. 12Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125. 13 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp. 124-125. 14 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127. 15 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).10

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02109-01 (7797-2023) general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es que las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o

general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es que las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.

Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209 superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado. De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos, además de ser responsables por inf