CE - Sentencia 05001233300020250134801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: YOSEF ROTHSCHILD ACKERMANN

Autoridad: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT-SUBDIRECCIÓN

DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Hecho superado y cesa el trámite de la tutela.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Yosef Rothschild Ackermann contra la sentencia proferida el 20 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Tercera de Oralidad, por medio de la cual se negó el amparo solicitado dentro de la acción de tutela promovida por el accionante contra la Agencia Nacional de Tierras-ANT y las demás entidades vinculadas, al considerar que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales invocados ni se cumplían los presupuestos que habilitaran la intervención del juez de tutela .

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 3 de octubre de 2025 el señor Yosef Rothschild Ackermann, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, de petición, de acceso progresivo a

El 3 de octubre de 2025 el señor Yosef Rothschild Ackermann, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, de petición, de acceso progresivo a la tierra, a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital y al sustento familiar, de acceso a la administración pública, a la seguridad jurídica y a la dignidad humana que2 Expediente nº. 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: Yosef Rothschild Ackermann Acción de tutela – Segunda instancia

consideró vulnerados por la Agencia Nacional de Tierras y las entidades vinculadas1, al estimar que dichas autoridades omitieron expedir el acto administrativo de apertura del trámite dentro del procedimiento de adjudicación de tierras identificado con el expediente administrativo No. 2023220106998947015E, pese a que, a su juicio, se cumplían los requisitos previstos en el artículo 32 de la Resolución 20230010000036 del 12 de abril de 2023 y existía un retraso injustificado en el avance del proceso.

En virtud de la acción de tutela, el accionante solicitó textualmente:

«PRINCIPAL:

1. ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT), específicamente a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, dar estricto y cabal cumplimiento al artículo 32 de la Resolución No. 20230010000036 del 12 de abril de

2023.

2. En consecuencia, de lo anterior, ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE

cumplimiento al artículo 32 de la Resolución No. 20230010000036 del 12 de abril de 2023.

2. En consecuencia, de lo anterior, ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT) que, en un término perentorio e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la ejecutoria del fallo, expida y me notifique en debida forma el acto administrativo de apertura del trámite correspondiente a mi expediente No. 2023220106998947015E.

COMPLEMENTARIAS Y CONSECUENCIALES:

3. ORDENAR la conformación de una MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL específica para mi caso, coordina da por la Agencia Nacional de Tierras, en la que participen delegados con poder de decisión de todas las entidades aquí accionadas y vinculadas, con el fin de garantizar la colaboración armónica y superar la "burocracia circular" que ha impedido el avance de mi solicitud. Dicha mesa deberá establecer un cronograma de trabajo con plazos definidos para cada actuación subsiguiente al acto de apertura, y reportar sus avances a este Tribunal.

4. ORDENAR a la PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS que, en ejercicio de su función de vigilancia superior, actúe como garante y vigilante del cumplimiento integral de la presente sentencia, debiendo presentar informes periódicos a este Despacho sobre los avances y eventuales incumplimientos por parte de las entidades accionadas.

5. ADVERTIR a las entidades accionadas que el incumplimiento de la orden judicial dará lugar a la imposición de las sanciones por desacato previstas en la Ley 393 de

1997.

incumplimientos por parte de las entidades accionadas.

5. ADVERTIR a las entidades accionadas que el incumplimiento de la orden judicial dará lugar a la imposición de las sanciones por desacato previstas en la Ley 393 de

1997.

6. CONDENAR en costas a las entidades accionadas, si hubiere lugar a ello».

1 La acción de tutela fue dirigida contra la Agencia Nacional de Tierras, y en el escrito introductorio el actor también señaló como entidades accionadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento de Antioquia, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte, a la Agencia de Desarrollo Rural, a las corporaciones autónomas regionales CORANTIOQUIA, CORNARE y CORPOURABA, a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Planeación de Medellín, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y a la Defensoría del Pueblo.3 Expediente nº. 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: Yosef Rothschild Ackermann Acción de tutela – Segunda instancia

2. Hechos relevantes

El señor Yosef Rothschild Ackermann afirmó que el 12 de septiembre de 2023 presentó ante la Agencia Nacional de Tierras una solicitud de adjudicación de tierras a título gratuito, radicada bajo el número 1489054. Expuso que dicha petición fue

El señor Yosef Rothschild Ackermann afirmó que el 12 de septiembre de 2023 presentó ante la Agencia Nacional de Tierras una solicitud de adjudicación de tierras a título gratuito, radicada bajo el número 1489054. Expuso que dicha petición fue tramitada por la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, la cual, mediante Resolución No. 202322009717806, lo incluyó junto con su cónyuge Isabel Cristina Orrego Aguirre en el Registro de Sujetos de Ordenamiento –RESO–, dentro de la categoría de acceso a tierra o formalización de la propiedad a título gratuito. Manifestó que esta decisión representó el reconocimiento formal de que su núcleo familiar cumplió los requisitos establecidos en el Decreto Ley 902 de 2017 .

Indicó que el 2 de agosto de 2024 elevó una petición para solicitar información sobre el estado de su trámite, la cual, según dijo, no fue respondida oportunamente. Señaló que esta circunstancia lo llevó a interponer una acción de tutela ante el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, radicada bajo el No. 05001-31-05-0172024-10139-00, que culminó con la declaración de hecho superado.

Refirió que el 28 de marzo de 2025 presentó un a nueva petición para obtener información detallada sobre su exp ediente administrativo, la cual tampoco fue atendida. Manifestó que interpuso otra acción de tutela ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, radicad o No. 05001-31-07-002-202500038-00, que fue decidida el 13 de mayo de 2025 con improcedencia por carencia

Penal del Circuito Especializado de Medellín, radicad o No. 05001-31-07-002-202500038-00, que fue decidida el 13 de mayo de 2025 con improcedencia por carencia de objeto, pese a que sostuvo que la respuesta emitida por la entidad no satisfizo integralmente su derecho de petición.

Señaló que el 2 de mayo de 2025 la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras expidió la Resolució n No. 202522000964536, mediante la cual se le asignó un puntaje preliminar de sesenta y cinco (65) puntos. Agregó que, luego de presentar recursos el 19 y 21 de mayo de 2025, la entidad profirió la Resolución No. 202522001671046 del 28 de mayo de 2025, en la que modificó la calificación inicial y le otorgó un puntaje definitivo de setenta (70) puntos. Explicó que, posteriormente, su expediente administrativo No. 2023220106998947015E fue remitido a la4 Expediente nº. 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: Yosef Rothschild Ackermann Acción de tutela – Segunda instancia

Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, de pendencia que, según afirmó, debía continuar con las siguientes etapas del procedimiento.

Expuso que el 3 de julio de 2025 presentó una nueva petición en la que solicitó información sobre la disponibilidad de tierras en Antioquia y sobre aspectos específicos del trámite. Sostuvo que la ausencia de respuesta lo llevó a promover una nueva acción de tutela ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado

información sobre la disponibilidad de tierras en Antioquia y sobre aspectos específicos del trámite. Sostuvo que la ausencia de respuesta lo llevó a promover una nueva acción de tutela ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, radicad o No. 05001 -31-07-005-2025-00120, que fue negada por carencia de objeto. Informó que interpuso impugnación y que la decisión fue revocada mediante sentencia del 5 de sept iembre de 2025, que amparó su derecho de petición y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras emitir respuesta de fondo respecto de las pretensiones primera y tercera de su solicitud.

Afirmó que el 25 de agosto de 2025 presentó un requerimiento formal de im pulso procesal en el que solicitó la fijación del plazo para la etapa de apertura del trámite. Señaló que, al no recibir respuesta, interpuso otra acción de tutela ante el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín, radicado No. 05001-31-09-011-2025-00184-00, que concluyó con la declaración de carencia actual de objeto por hecho superado, pese a que, según manifestó, su solicitud estaba dirigida a obtener la continuación del trámite administrativo y no una simple comunicación escrita.

Finalmente, relató que la petición del 3 de julio de 2025 fue remitida parcialmente a la Unidad de Restitución de Tierras mediante Oficio No. 202543001439361 del 9 de septiembre de 2025, al indicar la Agencia Nacional de Tierras que no era competente para certificar si un predio se encontraba sometido a procesos de restitución. Informó que la Unidad de Restitución de Tierras respondió mediante los oficios No.

septiembre de 2025, al indicar la Agencia Nacional de Tierras que no era competente para certificar si un predio se encontraba sometido a procesos de restitución. Informó que la Unidad de Restitución de Tierras respondió mediante los oficios No. 202522300957211 y No. 202522300957251 del 30 de septiembre de 2025, en los que señaló que no podía efectuar búsquedas genéricas sobre predios sin que el actor aportara una relación concreta de inmuebles para su verificación.

3. Fundamentos de la acción de tutela

El accionante sostuvo que la Agencia Nacional de Tierras desconoció su derecho fundamental al debido proceso administrativo al no expedir el acto de apertura del trámite contemplado en el artículo 32 de la Resolución 20230010000036 de 2023,5 Expediente nº. 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: Yosef Rothschild Ackermann Acción de tutela – Segunda instancia

pese a que, seg ún afirmó, cumplió todas las exigencias previstas para la inclusión en el Registro de Sujetos de Ordenamiento y alcanzó un puntaje definitivo de 70 puntos dentro del procedimiento de calificación. Indicó que la ausencia de dicha decisión impidió el inicio de las etapas posteriores del trámite de adjudicación y produjo la paralización completa del expediente administrativo No. 2023220106998947015E.

Manifestó que la falta de respuesta oportuna, completa y de fondo a las peticiones presentadas en agosto de 2024, marzo de 2025 y julio de 2025 vulner aron el núcleo esencial de ese derecho, en tanto las contestaciones emitidas por la entidad no

Manifestó que la falta de respuesta oportuna, completa y de fondo a las peticiones presentadas en agosto de 2024, marzo de 2025 y julio de 2025 vulner aron el núcleo esencial de ese derecho, en tanto las contestaciones emitidas por la entidad no atendieron de manera integral las pretensiones formuladas ni suministraron información clara sobre la disponibilidad de p redios, el avance del proceso o los plazos institucionales para la apertura del trámite. Sostuvo que esta situación lo obligó a acudir reiteradamente al juez constitucional para obtener respuestas parciales que no resolvieron el estado real del procedimien to.

Expuso que la inactividad administrativa prolongada afectó también su derecho al acceso progresivo a la tierra, por cuanto la Agencia Nacional de Tierras no adoptó ninguna actuación dirigida a impulsar el trámite después de su inclusión en el RESO y de la asignación del puntaje definitivo. Señaló que la falta de avance generó un perjuicio grave para su proyecto de vida familiar y productivo, al privarlo de la posibilidad de acceder a tierra para fines de uso agrario, en contravía de los objetivos del ordenamiento social de la propiedad rural.

Argumentó que la reiterada negativa de la entidad de resolver de manera sustancial sus solicitudes configuró un trato que desconoció su dignidad humana, al obligarlo a interponer múltiples acciones de tutela que n o produjeron efectos materiales en el desarrollo del procedimiento, lo que, según afirmó, evidenció una actuación estatal ineficaz, evasiva y desarticulada. Afirmó que la remisión parcial de su solicitud del 3 de julio de 2025 a la Unidad de Restitución de Tierras tampoco respondió a la

ineficaz, evasiva y desarticulada. Afirmó que la remisión parcial de su solicitud del 3 de julio de 2025 a la Unidad de Restitución de Tierras tampoco respondió a la finalidad de obtener información suficiente para consolidar su postulación dentro del trámite de adjudicación.

Finalmente, señaló que la omisión administrativa reseñada comprometió su s derechos de acceso a la administración pública y a obtener decisiones oportunas,6 Expediente nº. 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: Yosef Rothschild Ackermann Acción de tutela – Segunda instancia

completas y conformes a la ley dentro de procedimientos reglados. Indicó que la ausencia de impulso estatal impidió que el proceso avanzara a la fase de identificación del predio y observó que ninguna entidad involucrada adoptó medidas concretas para clarificar su situación o permitir la continuidad del expediente, pese a sus solicitudes expresas para que se fijara el plazo correspondiente a la apertura del trámite.

4. Trámite de primera instancia

El 3 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo de Antioquia recibió un escrito presentado por el señor Yosef Rothschild Ackermann como acción de cumplimiento, mediante el cual solicitó que se ordenara a la Agencia Nacional de Tierras adelantar actuaciones dentro del procedimiento administrativo de adjudicación de tierras. Sin embargo, el despacho advirtió que las pretensiones no se dirigieron al cumplimiento de una norma con fuerza material de ley ni de un acto administrativo en firme, sino a la protección de presuntos derechos fundamentales afectados por inactividad administrativa. Por tal razón, concluyó que el mecanismo idóneo para examinar la

de una norma con fuerza material de ley ni de un acto administrativo en firme, sino a la protección de presuntos derechos fundamentales afectados por inactividad administrativa. Por tal razón, concluyó que el mecanismo idóneo para examinar la solicitud correspondía a la acción de tutela , y decidió readecuar el escrito a este medio de amparo, conforme al principio de prevalencia del derecho sustancial.

Una vez realizada la adecuación, mediante auto del 9 de octubre de 2025, el mismo tribunal admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento de Antioquia, a la Unidad de Restitución de Tierras, a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, al Instituto Geográfico Agustín Codaz zi, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte, a la Agencia de Desarrollo Rural, a CORANTIOQUIA, a CORNARE, a CORPOURABA, a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Planeación de Medellín, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y a la Defensoría del Pueblo, para que se pronunciaran sobre los hechos expuestos y remitieran la información pertinente.

El Tribunal ordenó además requerir a la Agencia Nacional de Tierras para que enviara copia íntegra y actualizada del expediente administrativo No. 2023220106998947015E, con el fin de contar con los elementos necesarios para7 Expediente nº. 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: Yosef Rothschild Ackermann Acción de tutela – Segunda instancia

Expediente nº. 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: Yosef Rothschild Ackermann Acción de tutela – Segunda instancia

resolver de fondo, e informó del trámite a la procuraduría delegada competente para garantizar la intervención del Ministerio Público, así como la publicación de la decisión en la página institucional para permitir la participación de terceros con interés.

En los escritos de contestación, la Agencia Nacional de Tierras manifestó que no vulneró los derechos fundamentales del accionante, porque el trámite del expediente No. 2023220106998947015E avanzó conforme al procedimiento único de acceso a tierras previsto en el Decreto Ley 902 de 2017 y la Resolución 20230010000036 de

2023. Explicó qu e el señor Yosef Rothschild Ackermann fue incluido en el RESO y calificado con 70 puntos, pero indicó que dicha calificación no generó derecho automático a la adjudicación. Señaló que no era posible expedir el acto administrativo de apertura del trámite so licitado por el actor, debido a que en el departamento de Antioquia no existían predios disponibles ni listado de prelación, por lo cual no se cumplían los requisitos técnicos y jurídicos para avanzar a la etapa siguiente.

La entidad informó que ya había remitido al accionante, mediante Oficio No. 202541001496471 del 17 de septiembre de 2025, una respuesta sobre el estado del proceso y sobre las razones que impedían la apertura del trámite, comunicación que fue enviada, entregada y abierta en el corr eo reportado por el actor según la constancia aportada. Resaltó que no existió omisión alguna y que su actuación se ajustó a las normas vigentes.

fue enviada, entregada y abierta en el corr eo reportado por el actor según la constancia aportada. Resaltó que no existió omisión alguna y que su actuación se ajustó a las normas vigentes.

En materia jurídica, alegó la improcedencia de la acción por inexistencia de vulneración de derechos fundamen tales, ausencia de subsidiariedad y falta de idoneidad de la tutela para exigir decisiones propias del procedimiento administrativo de adjudicación. Añadió que la tutela no podía emplearse para alterar etapas del proceso ni para remplazar los instrumentos ordinarios previstos en la normativa. Solicitó además evaluar la posible temeridad, porque el accionante había promovido una tutela previa por los mismos hechos, ya decidida con carencia actual de objeto por hecho superado. En consecuencia, pidió negar el amparo, declarar la improcedencia de la acción y disponer el archivo del trámite.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural señaló que no tenía competencia para responder por los hechos expuestos en la acción de tutela, debido a que la8 Expediente nº. 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: Yosef Rothschild Ackermann Acción de tutela – Segunda instancia

Agencia Nacio nal de Tierras, aunque adscrita a ese m inisterio, era una entidad descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera. Explicó que, por mandato del Decreto 2363 de 2015, la ANT ejercía sus funciones c on independencia y que el ministerio no intervenía ni podía intervenir en las actuaciones administrativas que esta desarrollara dentro del procedimiento único de acceso y adjudicación de tierras.

2015, la ANT ejercía sus funciones c on independencia y que el ministerio no intervenía ni podía intervenir en las actuaciones administrativas que esta desarrollara dentro del procedimiento único de acceso y adjudicación de tierras.

La entidad indicó que en la tutela no se describió actuación u omisión alguna que le fuera atribuible, por lo que no existía vínculo entre sus competencias y la presunta vulneración alegada por el accionante. Señaló que su papel como cabeza del sector agropecuario se limitaba a orientar políticas sectorial es y ejercer control administrativo o de tutela, sin facultad para autorizar, aprobar o sustituir las decisiones específicas que correspondían a las entidades adscritas. Citó normas de la Ley 489 de 1998 y jurisprudencia de la Corte Constitucional para evi denciar que dicho control no implicaba dirección jerárquica ni posibilidad de intervenir en los procedimientos internos de la ANT. Con fundamento en lo anterior, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela respecto a él, así como su desvinculación del trámite constitucional.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas sostuvo que no vulneró derecho fundamental alguno del accionante, debido a que la petició n trasladada por la Agencia Nacional de Tierras —referida a la verificación de si determinados predios se encontraban bajo procesos de restitución— llegó incompleta, pues el actor no identificó los predios sobre los cuales requería información. Explicó que , conforme al artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACAdebía

restitución— llegó incompleta, pues el actor no identificó los predios sobre los cuales requería información. Explicó que , conforme al artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACAdebía solicitar al ciudadano completar la información antes de emitir una respuesta de fondo, razón por la cual, mediante los oficios del 30 de septiembre de 2025, requirió al accionante para que aportara el listado específico de los inmuebles. Indicó que, revisados sus sistemas, no existió evidencia de que el peticionario hubiera cumplido con dicho requerimiento dentro del plazo legal.

Señaló que, sin la identificación de los predios, resultó imposible determinar si alguno de ellos se encontraba en proceso judicial o administrativo de restitución, máxime cuando las tierras del departamento de Antioquia están bajo la competencia de9 Expediente nº. 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: Yosef Rothschild Ackermann Acción de tutela – Segunda instancia

cuatro direcciones territoriales distintas, lo que exigía información mínima para poder adelantar la verificación. Añadió que no se configuró perjuicio irremediable alguno, toda vez que el accionante no demostró afectación grave, inminente o impostergable de sus derechos que justificara la procedencia excepcional de la tutela. Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar improcedente el amparo por inexistencia del hecho vulnerador y por falta de acreditación de un perjuicio irremediable.

La Unidad de Planifi cación Rural Agropecuaria –UPRA– manifestó que no tenía competencia frente a las pretensiones del accionante, por cuanto la solicitud de tutela

del hecho vulnerador y por falta de acreditación de un perjuicio irremediable.

La Unidad de Planifi cación Rural Agropecuaria –UPRA– manifestó que no tenía competencia frente a las pretensiones del accionante, por cuanto la solicitud de tutela estuvo dirigida exclusivamente a que la Agencia Nacional de Tierras expidiera el acto administrativo de apertura del trámite previsto en el artículo 32 de la Resolución 20230010000036 de 2023, actuación que recaía de manera exclusiva en la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de dicha entidad. Señaló que la UPRA no expidió el acto cuya ejecución rec lamó el accionante, ni intervenía en la tramitación del expediente administrativo No. 2023220106998947015E.

La entidad explicó que sus funciones, definidas en el Decreto 4145 de 2011, se limitan a orientar la política de ordenamiento del territorio rural mediante la elaboración de lineamientos, criterios técnicos y análisis destinados a la toma de decisiones, sin competencia para abrir, impulsar o decidir procedimientos administrativos de adjudicación de tierras. Expuso que el accionante no presentó solicitud alguna ante la UPRA relacionada con los hechos materia del amparo, por lo cual no podía atribuírsele vulneración al derecho de petición ni afectación del núcleo esencial de los demás derechos invocados. En razón de lo anterior, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia de vulneración de derechos fundamentales atribuibles a su actuación. Solicitó al Tribunal desvincular la del trámite constitucional y declarar improcedente la tutela respecto de e lla.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi informó que no tenía competencia para

fundamentales atribuibles a su actuación. Solicitó al Tribunal desvincular la del trámite constitucional y declarar improcedente la tutela respecto de e lla.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi informó que no tenía competencia para atender las pretensiones planteadas por el accionante, debido a que el trámite objeto de controversia correspondió exclusivamente a la Agencia Nacional de Tierras. Explicó que la s olicitud del actor se dirigió a que se cumpliera el artículo 32 de la Resolución 20230010000036 de 2023, mediante la expedición del acto administrativo de apertura del trámite dentro del expediente No. 2023220106998947015E, actuación que recaía por complet o en la Subdirección de10 Expediente nº. 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: Yosef Rothschild Ackermann Acción de tutela – Segunda instancia

Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT. Señaló que el derecho de petición aportado en la tutela fue radicado ante dicha entidad y no ante el IGAC.

La entidad sostuvo que no existía vulneración alguna al derecho fundamental de petición atribuible al Instituto, ya que no obraba en el expediente requerimiento previo formulado a su cargo ni omisión imputable a su actuación. Precisó que no tenía competencia para intervenir en la apertura o impulso del procedimiento de adjudicación de tierras, pues sus funciones se relacionaban con la gestión catastral y no con la administración o asignación de predios rurales dentro del procedimiento único del Decreto Ley 902 de 2017. Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar la no prosper idad de las pretensiones frente al Instituto y abstenerse de adoptar

y no con la administración o asignación de predios rurales dentro del procedimiento único del Decreto Ley 902 de 2017. Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar la no prosper idad de las pretensiones frente al Instituto y abstenerse de adoptar cualquier orden en su contra.

La Superintendencia de Notariado y Registro señaló que no incurrió en acción u omisión que hubiera vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, por cuanto no recibió solicitudes, peticiones o trámites relacionados con el expediente administrativo mencionado en la tutela. Indicó que, tras verificar sus bases internas de información, no encontró registro alguno presentado por el señor Yosef Rothschild Ackermann ante dicha entidad, circunstancia que evidenció la configuración de la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Precisó que sus competencias se limitan a la inspección, vigilancia y control del servicio público notarial y registral, conforme al Decreto 2723 de 2014 y a la Ley 1579 de 2012, y que no tiene facultades para adelantar procedimientos de acceso a tierras, adjudicación de baldíos o actuaciones administrativas relacionadas con la Agencia Nacional de Tierras. Sostuvo que ninguna de las pretensiones del accionante guardó relación con las funciones registrales a su cargo, por lo que no le era atribuible la presunta vulneración alegada. En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al estimar improce dente la acción de tutela en su contra y la inexistencia de relación jurídica sustancial que la obligara a satisfacer las pretensiones elevadas por el accionante.

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte explicó

inexistencia de relación jurídica sustancial que la obligara a satisfacer las pretensiones elevadas por el accionante.

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte explicó que carecía de competencia para resolver el asunto planteado en la acción de tutela, dado que las pretensiones del actor se relacionaron con el trámite administrativo de11 Expediente nº. 05001-23-33-000-2025-01348-01

Accionante: Yosef Rothschild Ackermann Acción de tutela – Segunda instancia

adjudicación de tierras y con su inclusión en el Registro de Sujetos de Ordenamiento, materias que correspondían exclusivamente a la Agencia Nacional de Tierras. Señaló que, conforme a la Ley 1579 de 2012, sus funciones se limitaron a la publicidad registral, la expedición de certificados de tradición y libertad y la inscripción de actos jurídicos, por lo que no tenía facultades para pronunciarse sobre puntajes, calificaciones, etapas del proceso de acceso a tierras o disponibilidad de predios. Indicó que en el expediente no existía acto administrativo de adjudicación ni individualización de un predio que exigiera actuación registral, por lo cual no se configuraba vínculo entre el trámite cuestionado y su órbita funcional.

La entidad afirmó que la información solicitada por el accionante no era de su competencia y que la falta de claridad del escrito impedía emitir pronunciamiento de fondo, motivo por el cual trasladó la comunicación a la delegada de Tierr