CE - Sentencia 05001233300020250138001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-01380-01

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: JUAN MANUEL ALZATE VÉLEZ

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS

PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD

DE AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES REABRIR EL

DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO Y USAR LA ACCIÓN

DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA.

DERECHO FUNDAMENTAL: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 31 de octubre de 2025 , mediante la cual la SALA CUARTA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1 denegó el amparo solicitado.

1 En adelante Tribunal.2

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ACTOR: JUAN MANUEL ALZATE VÉLEZ

1 En adelante Tribunal.2

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JUAN MANUEL ALZATE VÉLEZ , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, el cual estima vulnerado por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE ANTIOQUIA2 al haber proferido el proveído de 30 de septiembre de 2025, mediante el cual desestimó la queja identificada con el número único de radicación 2025-02864-00.

I.2.- Hechos

Señaló que la abogada ANA MARÍA LONDOÑO ARANGO fungió como apoderada conjunta de él y su exesposa en un divorcio de mutuo acuerdo y, posteriormente, asumió la representación exclusiva de su excónyuge ante la Comisaría 14 de Familia del Poblado dentro de los procesos identificados con los radicados núms.

2 En adelante Comisión Seccional.3

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2 En adelante Comisión Seccional.3

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VIF 02 -18338-24 y PARD 02 -18392-24, utilizando la información confidencial obtenida durante la representación conjunta.

Indicó que aportó pruebas documentales tales como cotizaciones de honorarios, copia de actuaciones administrativas y escritos allegados a las autoridades de familia, que demostraban un posible conflicto de intereses y el uso indebido de información reservada , conductas previstas como faltas en los literales e) y f) del artículo 34 de la Ley 1123 de 22 de enero de 20073.

Afirmó que, debido a lo anterior, el 12 de agosto de 2025 presentó una queja disciplinaria contra la abogada ANA MARÍA LONDOÑO ARANGO, la cual fue identificada con el número de radicado 202502864-00 y le correspondió por reparto a la COMISIÓN SECCIONAL que, mediante proveído de 30 de septiembre de este año, la desestimó con fundamento en lo previsto en el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, por considerar que no se configuraban intereses contrapuestos ni violación del secreto profesional.

3 “Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”.4

la Ley 1123 de 2007, por considerar que no se configuraban intereses contrapuestos ni violación del secreto profesional.

3 “Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”.4

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I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, toda vez que no analizó el material probatorio aportado ni efectúo las diligencias mínimas para verificar los hechos denunciados , lo que impidió una valoración material de su queja y, en consecuencia, el cierre anticipado de la actuación sin un examen de fondo.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, en los siguientes términos:

“… PRIMERO. Que se tutele mi derecho fundamental de acceso a la administración de justicia , consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, el cual considero vulnerado por la decisión de desestimación de plano adoptada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia – Despacho 003, mediante providencia del 30 de septiembre de 2025, radicación 050012502000202502864 00.

SEGUNDO. Que, en consecuencia, se deje sin efectos dicha

Despacho 003, mediante providencia del 30 de septiembre de 2025, radicación 050012502000202502864 00.

SEGUNDO. Que, en consecuencia, se deje sin efectos dicha providencia de desestimación de plano, y se ordene a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia –5

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Despacho 003 emitir una nueva decisión motivada, en la que se valoren integralmente los hechos, argumentos y pruebas que acompañé en la queja disciplinaria presentada el 12 de agosto de 2025.

TERCERO. De manera subsidiaria, solicito que se ordene a la honorable Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia abrir la investigación preliminar correspondiente, o, en su defecto, que fundamente de forma razonada y probatoria cualquier decisión que adopte sobre la procedencia o improcedencia de dicha apertura, garantizando el respeto a los principios de legalidad, imparcialidad y motivación de las decisiones judiciales …”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL afirmó que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos generales para su procedencia, por cuanto carece de relevancia constitucional y no vulneró derecho fundamental alguno pues, contrario a lo afirmado por el actor, el juez

de tutela no cumple con los requisitos generales para su procedencia, por cuanto carece de relevancia constitucional y no vulneró derecho fundamental alguno pues, contrario a lo afirmado por el actor, el juez disciplinario pese a tomar una decisión inhibitoria, tuvo en cuenta los elementos de prueba allegados en su momento.

Indicó que la queja presentada no daba lugar a iniciar la actuación disciplinaria contra la abogada ANA MARÍA LONDOÑO ARANGO , toda vez que la conducta denunciada resulta ba irrelevante, pues no se planteaba la configuración de falta alguna.6

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Señaló que no se encontró probada la existencia de intereses contrapuestos, pues el trámite de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso tuvo como objeto principal la disolución del vínculo matrimonial, acuerdo que fue suscrito voluntariamente por las partes, esto es, el accionante y su exesposa y no fue objeto de controversia.

Resaltó que en el acuerdo de divorcio se incluyó la revisión futura de la custodia del hijo del actor, la cuota alimentaria y las visitas, otorgándoles la cuota compartida a los padres, lo que demuestra que no existió favorecimiento para ninguna de las partes involucradas ni se pretendió restringir los derechos parentales del demandante.

otorgándoles la cuota compartida a los padres, lo que demuestra que no existió favorecimiento para ninguna de las partes involucradas ni se pretendió restringir los derechos parentales del demandante.

Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada realizó un análisis probatorio razonable en el que estudio los documentos allegados en el escrito de queja, para un total de 149 folios, entre los que se encontraba la escritura pública núm. 418 de 18 de marzo de 2024 de cesación de efectos civiles de matr imonio religioso por mutuo acuerdo y memoriales de los apoderados en el trámite de7

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restablecimiento de derechos, que resultaron suficientes para examinar la procedencia de la acción disciplinaria.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 31 de octubre de 2025, luego de determinar que se cumplían los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, denegó el amparo solicitado al considerar que la autoridad judicial accionada no vulneró el derecho fundamental invocado, por cuanto del contenido de la providencia cuestionada no se advierte un análisis arbitrario, infundado ni caprichoso que constituya un defecto fáctico que amerite la intervención del juez constitucional.

accionada no vulneró el derecho fundamental invocado, por cuanto del contenido de la providencia cuestionada no se advierte un análisis arbitrario, infundado ni caprichoso que constituya un defecto fáctico que amerite la intervención del juez constitucional.

Señaló que, contrario a lo afirmado por el actor, en el auto objeto de reproche sí se realizó una correcta valoración de las pruebas aportadas que conllevo una decisión inhibitoria, por lo que no le corresponde al juez constitucional realizar un nuevo análisis probatorio ni invadir la órbita de competencia del juez natural, lo cual solo es dable cuando se advierte una interpretación irrazonable de manera ostensible que demuestre la vulneración de derecho fundamental alguno, situación que no ocurre en el presente caso.8

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Sostuvo que la autoridad judicial accionada encontró que si bien es cierto que la abogada ANA MARÍA LONDOÑO ARANGO representó a ambos cónyuges en el trámite de divorcio y, con posterioridad, únicamente a la exesposa del actor en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, no se observa que dicha actuación pueda ser calificada como irregular, pues no existen intereses contrapuestos dado que el primer trámite fue de mutuo acuerdo y su objetivo era disolver el vínculo con regulación de visitas y alimentos

restablecimiento de derechos, no se observa que dicha actuación pueda ser calificada como irregular, pues no existen intereses contrapuestos dado que el primer trámite fue de mutuo acuerdo y su objetivo era disolver el vínculo con regulación de visitas y alimentos y al trámite administrativo fueron llamados, en igualdad de condiciones, ambos padres, por ser una actuación oficiosa.

Resaltó que no se vulneró el secreto profesional, pues la manifestación de la togada en su escrito fue global, en tanto no expuso información confidencial ni se demostró que haya brindado una asesoría sesgada; y, además, reiteró que el trámite de cesación de efectos civiles fue concertado, sin que de lo aportado se derive coacción o conducta maliciosa o dolosa por parte de la profesional del derecho.

Adujo que le asistió razón a la autoridad accionada al determinar que9

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los hechos planteados por el actor en la queja no eran relevantes disciplinariamente y, en consecuencia, proferir una decisión inhibitoria, por cuanto ello evita el desgaste de la administración de justicia frente aquellas quejas o informaciones que de su simple examen permiten concluir que carecen de fundamento mínimo que motive la puesta en marcha del aparato jurisdiccional, de

inhibitoria, por cuanto ello evita el desgaste de la administración de justicia frente aquellas quejas o informaciones que de su simple examen permiten concluir que carecen de fundamento mínimo que motive la puesta en marcha del aparato jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1123 de 14 de febrero de 2007.

Por último, aclaró que “[…] las decisiones inhibitorias no hacen tránsito a cosa juzgada y, en consonancia con lo dispuesto en la Sentencia C-666 de 1996, emanada por la Corte Constitucional, toda inhibición es la abstención de la autoridad en lo relativo al fondo del asunto objeto de proceso, consistente en que “la administración de justicia no se pronuncia, esto es, no falla, no decide, no juzga. Y, si no juzga, carece de toda lógica atribuir al acto judicial en que se consagra tal determinación -de no juzgarel carácter, la fuerza y el valor de la cosa juzgada, que de suyo comporta la firmeza y la intangibilidad de lo resuelto” […]”, razón por la que el actor puede acudir nuevamente a la jurisdicción disciplinaria con argumentos10

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sólidos soportados.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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sólidos soportados.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL con el fin de que se revoque y, en su lugar, se conced a el amparo de su derecho fundamental alegado.

Reiteró que la autoridad judicial accionada omitió el análisis de elementos probatorios esenciales que demostraban una posible falta disciplinaria, por lo que el fallo impugnado incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente al considerar que se valor aron correctamente las pruebas aportadas dentro de la queja disciplinaria.

Sostuvo que el a quo desconoció que el derecho al acceso a la administración de justicia no se satisface con una respuesta meramente formal, sino con una decisión fundada en razones objetivas, congruentes y verificabl es, omitiendo que en su caso se configuró una denegación material de justicia , toda vez que la providencia cuestionada carece de motivación sustancial.11

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Indicó que la COMISIÓN SECCIONAL aplicó la figura de desestimación de plano prevista en el artículo 68 de la Ley 1123 de

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Indicó que la COMISIÓN SECCIONAL aplicó la figura de desestimación de plano prevista en el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, sin haber agotado el deber de verificación ni exponer las razones suficientes que permitieran concluir la inexistencia de la falta disciplinaria.

Finalmente, aseguró que: “[…] la decisión impugnada desconoce los principios de prevalencia del derecho sustancial y de tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, al priorizar una interpretación formalista que deja sin respuesta de fondo la controversia planteada, perpetuando la vulneración de los derechos fundamentales del accionante […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en12

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de der echos constitucionales fundamentales, debiéndos e observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin13

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber

extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de14

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concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las

constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.15

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto).16

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texto).16

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En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se deje sin efecto la providencia de 30 de septiembre de 2025 , proferida por la COMISIÓN SECCIONAL dentro de la queja disciplinaria identificada con el número único de radicación 202502864-00.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, debido a que no analizó el material probatorio aportado al expediente ni efectúo las diligencias mínimas para verificar los hechos denunciados, lo que impidió una valoración material de su queja y, en consecuencia, el cierre anticipado de la actuación sin un examen de fondo.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 31 de octubre de 2025 , denegó el amparo solicitado, al considerar que la autoridad judicial accionada no vulneró el derecho fundamental invocado ni incurrió en el defecto fáctico alegado.17

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 05001-23-33-000-2025-01380-01

ACTOR: JUAN MANUEL ALZATE VÉLEZ

el defecto fáctico alegado.17

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Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, esto es, que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico al omitir el análisis de elementos probatorios esenciales que demostraban una posible falta disciplinaria, lo que provocó en su caso una denegación material de justicia, toda vez que la providencia cuestionada carece de motivación sustancial.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulner ó el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia e incurrió en el defecto alegado.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias18

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 05001-23-33-000-2025-01380-01

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generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias18

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judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.19

examinadas en sede de tutela».5

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.19

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constit