CE - Sentencia 05001233300020250142101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 05001-23-33-000-2025-01421-01[[1]](#footnote-1) | | Accionantes | : | Jorge Alberto Pérez Martín y Sonia Gorethy Salazar Giraldo | | Accionado | : | Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín | | Vinculados | : | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Curaduría Urbana Primera de Medellín, Constructora Brazil S.A.S.[[2]](#footnote-2) (en liquidación), Edificio Belohorizonte P.H y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. | | Acción | : | Tutela (impugnación) | | Tema | : | Tutela contra providencia judicial, medio de control de reparación directa, responsabilidad del Estado por falta de vigilancia | | Decisión | : | Sentencia de segunda instancia |

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los accionantes contra el fallo del 7 de noviembre de 2025, emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia[[3]](#footnote-3), que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por los accionantes frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

El 24 de octubre de 2025, los señores Jorge Alberto Pérez Martín y Sonia Gorethy Salazar Giraldo, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y propiedad privada, presuntamente vulnerados por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín.

Por consiguiente, solicitaron:

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y propiedad de los accionantes

2. Dejar sin efectos la Sentencia N° 51 de 2025 proferida por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín.

3. Ordenar la emisión de una nueva decisión que valore integralmente la prueba técnica y jurisprudencia aplicable, garantizando el principio de reparación integral.

[…]

1.3 Hechos[[4]](#footnote-4)

De los documentos allegados al proceso y de lo relatado por los accionantes, se establece que, son propietarios de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Medellín. En el predio colindante, la Constructora Brazil S.A.S ejecutó la construcción del edificio denominado Belo Horizonte P.H.; con ocasión de esa obra, su vivienda sufrió daños estructurales.

Según sostienen, el constructor reconoció el daño, el cual, se soporta en un dictamen pericial y en informes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (DAGRD), en los cuales, se concluyó que la edificación vecina adicionó carga sobre el muro medianero de la vivienda, circunstancia que habría comprometido la estabilidad del bien inmueble.

Asimismo, el Distrito Especial de Medellín, mediante comunicación del 5 de marzo de 2020, certificó que, el edificio Belohorizonte no contaba con acta de recibo de obra ni permiso de ocupación; lo que, a su juicio, evidenció la ausencia de control y de seguimiento posterior al otorgamiento de la licencia.

En ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra el Distrito Especial de Medellín, la Curaduría Urbana Primera de Medellín, la Constructora Brazil S.A.S. (en liquidación), con ocasión de los daños causados al bien inmueble.

El asunto fue asignado al Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín[[5]](#footnote-5), que, mediante sentencia del 19 de junio de 2025 negó las pretensiones. Al considerar que, de un lado, los accionantes debieron de acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de la licencia de construcción del edificio Belohorizonte. De otro lado, no se probó un actuar defectuoso imputable al Distrito de Medellín, ni que su inacción hubiera causado el daño alegado. Finalmente, aunque se probó el daño, no se acreditó el nexo causal, esto es, que el daño se originó debido a la construcción.

En su sentir, la providencia cuestionada incurrió en (i) defecto fáctico, por no valorar de manera adecuada el dictamen pericial, los informes del DAGRD y la certificación distrital sobre la inexistencia de permiso de ocupación; (ii) defecto sustantivo, al aplicar de manera «[…] restrictiva los artículos 61 del Decreto 2150 de 1995, 53 del Decreto 1469 de 2010 y 99.5 de la Ley 388 de 1997, concluyendo erróneamente que el Distrito de Medellín sólo respondía si conocía previamente las irregularidades constructivas.»; (iii) desconocimiento del precedente judicial, al apartarse de lo decidido por el Consejo de Estado dentro del proceso «[…] (Exp. 47803/2019)»; y (iv) violación directa de la Constitución, por desconocer el artículo 90 Superior.

1.4 Contestación de la acción

1.4.1 La Curaduría Urbana Primera de Medellín[[6]](#footnote-6)adujo que, no es la competente para responder por las pretensiones planteadas, pues, no hay relación entre los hechos que dieron origen a la tutela y las funciones propias de la curaduría.

1.4.2 El Edificio Belohorizonte V.I.P. P.H.[[7]](#footnote-7)manifestó que, la acción de tutela de la referencia resulta improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que, los accionantes no agotaron el recurso de apelación frente a la sentencia cuestionada.

1.4.3 El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín[[8]](#footnote-8)sostuvo que, el medio constitucional resulta improcedente al no acreditarse el requisito de subsidiariedad, toda vez que, los demandantes no interpusieron el recurso de apelación contra la decisión proferida por el Despacho.

1.5 Providencia impugnada[[9]](#footnote-9)

Mediante fallo del 7 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir con los requisitos de (i) subsidiariedad, ya que, los accionantes no interpusieron el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado accionado; y (ii) relevancia constitucional, pues los demandantes más allá de demostrar una vulneración a sus derechos fundamentales, se limitaron a un asunto de mero derecho, esto es, cuestionar una situación ya resuelta por el Juez de la causa.

1.6 La impugnación[[10]](#footnote-10)

Inconforme con la anterior decisión, los accionantes la impugnaron, para cuyo propósito sostuvieron que, el recurso de apelación contra la sentencia cuestionada no era el medio idóneo, debido a que, el Juzgado no permitió el acceso completo al expediente para poder preparar el mencionado recurso y además los defectos invocados no constituyen solo un asunto probatorio sino una vulneración al precedente judicial.

De otro lado, adujeron que, el asunto si plantea una relevancia constitucional, por cuanto se configuraron los defectos en los que incurrió la providencia enjuiciada.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

En virtud de los artículos 32[[11]](#footnote-11) del Decreto Ley 2591 de 1991[[12]](#footnote-12) y 25[[13]](#footnote-13) del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019[[14]](#footnote-14) expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

2.2 La acción

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho[[15]](#footnote-15).

2.3 Problema Jurídico

Se contrae a determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad; y, en caso afirmativo, si es dable a través de este mecanismo constitucional, examinar el eventual quebranto de los derechos fundamentales que pueda comportar la decisión del 19 de junio de 2025 proferida dentro del proceso núm. 05001-33-33-703-2015-00099-00, por medio de la cual el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por los accionantes.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales[[16]](#footnote-16), rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012[[17]](#footnote-17), en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos[[18]](#footnote-18).

2.5 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela

El principio de subsidiariedad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución, que establece que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».En este orden de ideas, al existir otros mecanismos de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de defensa previstos en la correspondiente regulación común[[19]](#footnote-19).

Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso específico[[20]](#footnote-20).Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia[[21]](#footnote-21).

Si no fuera así, ha manifestado la Corte Constitucional que:

[…] el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo[[22]](#footnote-22).

No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.

El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de índole formal[[23]](#footnote-23).

La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado[[24]](#footnote-24).

En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que, cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable se caracteriza:

(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad[[25]](#footnote-25).

2.6 Caso concreto

Analizados los hechos y argumentos presentados en la acción constitucional, se tiene que, deviene en improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad en las acciones de tutela contra providencias judiciales de acuerdo con las razones que, se pasan a exponer.

La jurisprudencia constitucional ha manifestado que la acción de tutela no resulta procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o de lo contrario la acción de tutela procede de manera transitoria[[26]](#footnote-26).

La inconformidad de los accionantes se origina en la providencia del 19 de junio de 2025, por medio de la cual el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda de reparación directa, lo que, a su juicio, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y propiedad privada

Ahora, en referencia al análisis de procedibilidad, la Corte Constitucional definió que las acciones de tutelas dirigidas a cuestionar providencias judiciales deben cumplir una serie de requisitos de procedimiento generales y otros especiales[[27]](#footnote-27), que ya fueron referidos en la parte considerativa de la presente actuación, sin embargo, se observa que, la parte accionante no agotó todos los mecanismos judiciales que ofrece el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia objeto de estudio.

En ese sentido, la Sala encuentra que, los demandantes disponían del recurso de apelación consagrado en el artículo 243[[28]](#footnote-28) del CPACA, el cual, establece que, la sentencia dictada en primera instancia es susceptible de dicho recurso, esto es, la posibilidad de acudir ante el superior jerárquico para estudiar la decisión y determinar si se ajusta a derecho, o si, por el contrario, debe de revocarse lo decidido por el a quo.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el ordenamiento jurídico estipula de manera expresa que las sentencias de primera instancia que se dictan en asuntos contencioso-administrativos son susceptibles de ser controvertidas a través del recurso de apelación, por ende, el argumento de los accionantes para justificar la omisión de interponer el recurso procedente contra la decisión judicial censurada carece de asidero jurídico, máxime cuando, en virtud del artículo 73[[29]](#footnote-29) del Código General del Proceso (CGP), ejercieron el derecho de postulación y actuaron a través de apoderado judicial.

En escenarios análogos, la Corte Constitucional ha sido clara al determinar que la tutela no puede utilizarse como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los recursos ordinarios cuando la parte afectada dejó vencer los términos para interponerlos sin una justificación válida, al respecto indicó:

Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional[[30]](#footnote-30).

En ese mismo orden, no se puede pretender que a través de este medio se reabran etapas procesales que se encuentren debidamente resueltas por no haber presentado a tiempo el respectivo recurso en el desarrollo del proceso ordinario[[31]](#footnote-31).

De otra parte, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela, pues, los demandantes no sustentaron alguna condición de vulnerabilidad que hubiese posibilitado flexibilizar el análisis de procedibilidad de la acción de tutela.

En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a la cual la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial»[[32]](#footnote-32).

Finalmente, destaca la Sala, que el ejercicio de la acción de tutela no habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto, situación que impide asumir que el medio ordinario de defensa resulta ineficaz para proteger los derechos de los accionantes y evitar un daño inminente.

III. DECISIÓN

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que, en el presente asunto los accionantes no acreditaron el cumplimiento del requisito de procedibilidad de subsidiariedad de la acción, por tal motivo, se confirmará el fallo impugnado, que, declaró improcedente el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de Antioquia y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

1. Expediente electrónico disponible en SAMAI. ↑

2. Representada por el señor León Darío Muñoz. ↑

3. M. P. Verónica Gutiérrez Tobón. ↑

4. Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 3. ↑

5. Proceso núm. 05001-33-33-703-2015-00099-00. ↑

6. Índice 12 de SAMAI del expediente de primera instancia. ↑

7. Índice 13 de SAMAI del expediente de primera instancia. ↑

8. Índice 14 de SAMAI del expediente de primera instancia. ↑

9. Índice 17 de SAMAI del expediente de primera instancia. ↑

10. Índice 20 de SAMAI del expediente de primera instancia. ↑ 11. «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente». ↑ 12. «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». ↑ 13. «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». ↑

14. Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado». ↑

15. Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. ↑

16. Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. ↑

17. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. ↑

18. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Herna