CE - Sentencia 08001233100020050045301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 08001233100020050045301 (55007)

Demandante: AURA SOFÍA MOLINA DE ALBA

Demandado: PROMIGAS S.A.

Tema: Ocupación de hecho por servidumbre de tránsito y redes de servicios públicos. No se acreditó la causación del daño alegado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de marzo de 2015 , proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según se narra en la dem anda, en fecha indeterminada de 2004, la sociedad Promigas S.A. impuso una servidumbre por vía de hecho al predio de Aura Sofía Molina de Alba identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040 -279333, al atravesar una tubería subterránea de gas natural. La demandante considera que la sociedad Promigas S.A. es patrimonialmente responsable por la ocupación permanente de una franja de terreno de su propiedad, al constituir una servidumbre por vía de hecho.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

sociedad Promigas S.A. es patrimonialmente responsable por la ocupación permanente de una franja de terreno de su propiedad, al constituir una servidumbre por vía de hecho.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 4 de marzo de 20051, Aura Sofía Molina de Alba, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la sociedad

1 Fl. 2 a 13, C. 1.Radicación: 08001233200020050045301 (55007)

Demandante: Aura Sofía Molina de Alba

2 Promotora de la Interconexión de los Gasoductos de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. (en adelante Pr omigas S.A.), por los perjuicios ocasionados por la ocupación permanente de una franja de terreno de su propiedad identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040 -279333, al constituir una servidumbre por vía de hecho.

Como pretensiones de su dema nda el extremo activo solicita condenar a la accionada a pagarle, por perjuicios morales, 1.000 SMLMV; por daño emergente, la suma de $200.000.000; y por lucro cesante, la suma de $100.000.000.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante escritura pública No. 1440 del 13 de abril de 1993 otorgada en la Notaría 5 del Círculo de Barranquilla, Aura Sofía Molina de Alba compró el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-279333.

Barranquilla, Aura Sofía Molina de Alba compró el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-279333.

Advierte que en fecha indeterminada de 2004, la sociedad Promigas S.A. impuso una servidumbre por vía de hecho al predio de Aura Sofía Molina de Alba , al atravesar una tubería subterránea de gas natural.

La demandante considera que la sociedad Promigas S.A. es patrimonialmente responsable por la ocupación permanente de una franja de terreno de su propiedad, al constituir una servidumbre por vía de hecho.

2. Contestación

El 22 de abril de 20052, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.

2.1. La sociedad Promigas S.A.3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el trazado del gasod ucto no atraviesa la propiedad de la demandante, razón por la cual no se le ha ocasionado ningún daño. Adicionalmente alegó que operó la caducidad de la acción reparación directa, pues en la demanda,

2 Fl. 199 a 200, C. 2. 3 Fl. 201 a 204, C. 2.Radicación: 08001233200020050045301 (55007)

Demandante: Aura Sofía Molina de Alba

3 en el acápite “oficio y exhortos” se afirma que en 2002 iniciaron los trabajos, mientras que la demanda se presentó en 2005.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 20 de mayo de 2014 4 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para

mientras que la demanda se presentó en 2005.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 20 de mayo de 2014 4 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante5 se pronunció respecto de las pruebas recaudadas en el proceso, de las cuales afirma se acreditó el daño padecido, así como los perjuicios ocasionados.

3.2. La sociedad Promigas S.A.6 sostuvo que no se acreditó la afectación alegada por la parte actora y, por el contrario, “se demostró con creces que la tubería que alude la parte actora se encuentra situada en un lugar distante de donde dice estar”.

3.3. El ministerio público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de marzo de 20157 el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda . En sustento, señaló que la parte actora no acreditó el daño antijurídico alegado en la demanda , pue s “no se demostró que efectivamente la tubería de gasoducto atravesara su inmueble para concluir que le estaba imponiendo una servidumbre de hecho por parte de la empresa Promigas

S.A. E.S.P.”.

5. Recurso de apelación

El 20 de mayo de 20158, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual

4 Fl. 530, C. 3. 5 Fl. 536 a 544, C. 3. 6 Fl. 531 a 535, C. 3. 7 Fl. 546 a 572, C. P.

4 Fl. 530, C. 3. 5 Fl. 536 a 544, C. 3. 6 Fl. 531 a 535, C. 3. 7 Fl. 546 a 572, C. P. 8 Fl. 574 a 582, C. P.Radicación: 08001233200020050045301 (55007)

Demandante: Aura Sofía Molina de Alba

4 fue concedido el 12 de junio de 20159 y admitido el 25 de agosto de 201510.

5.1. La parte demandante señaló que no se valoró adecuadamente la prueba pericial practicada en el proceso, la cual “de manera inequívoca señala que sí hay afectación del predio sirviente por la servidumbre a que hace referencia ese proceso”. Asimismo, sostuvo que las fotografías allegadas al proceso dan cuenta de “los avisos de precaución sobre tuberías de gas natural a alta presión, es decir, lo que está afectando la servidumbre es un tubo madre de a lta presión”, el cual, de conformidad con el testimonio rendido por Fabio Martínez Lacouture, tiene como base 3 metros a cada lado para para hacer sus mantenimientos y, por tanto, sí estaría afectando el inmueble de Aura Sofía Molina de Alba.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 13 de octubre de 201511 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La sociedad Promigas S.A.12 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión.

6.2. La parte demandante y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

contestación de la demanda y los alegatos de conclusión.

6.2. La parte demandante y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

En primer lugar, conviene precisar que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo vigente para el momento de la presentación de la demanda disponía que “[L]a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas, y de las personas priv adas que desempeñen funciones propias de los

9 Fl. 583, C. P.

10 Fl. 589, C. P. 11 Fl. 591, C. P. 12 Fl. 592 a 600, C. P.Radicación: 08001233200020050045301 (55007)

Demandante: Aura Sofía Molina de Alba

5 distintos órganos del Estado”.

Asimismo, el artículo 33 de la Ley 142 de 1994 dispuso: “[Q]uienes presten servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras anteriores, confieren para el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos ” (se destaca).

Sobre el particular, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos:

y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos ” (se destaca).

Sobre el particular, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos:

“La Sala Plena de Sección asume el conocimiento del presente caso por importancia jurídica del mismo, y es competente para conocer del presente asunto comoquiera que se trata de una acción de reparación directa que fue interpuesta para buscar la indemnización de los daños sufridos por los demandantes, cuyo predio fue ocupado con la construcción de unas torres destinadas a la conducción de energía eléctrica, lo que supuestamente implicó para ellos un desmedro patrimonial.

“De conformidad con lo establecido en los artículos 3313, 5714 y 11715 de la Ley 142 de 1994, el conocimiento de dicha acción corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues en la demanda se alega un hecho presuntamente dañoso desplegado por una empresa de servicios públicos en ejercicio de las potestades que en materia de imposición de servidumbres establecen las mencionadas normas , regla que permanece vigente por virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1107 de 2006 de acuerdo con el

13 Original de la cita: “ART. 33.- Facultades especiales por la prestación de servicios públicos. Quienes presten servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para el uso del espacio público, para l a ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo

para promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos”. 14 Original de la cita : “ART. 57. -Facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando sea necesario para prestar l os servicios públicos, las empresas podrán pasar por predios ajenos (…) y, en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario afectado tendrá derecho a la indemnización de acuerdo a los términos establec idos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello ocasione (…)”. 15 Original de la cita : “ART. 117. La adquisición de la servidumbre. La empresa de servicios públicos que tenga interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto, podrá solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo, o promover el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981”.Radicación: 08001233200020050045301 (55007)

Demandante: Aura Sofía Molina de Alba

6 cual “[s]in perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las leyes 142 de 1994 (…)”16(se destaca).

Finalmente, conviene señalar que esta Corporación ha precisado que los anteriores preceptos resultan aplicables sin importar la naturaleza jurídica -bien sea pública o

materia de competencia, de las leyes 142 de 1994 (…)”16(se destaca).

Finalmente, conviene señalar que esta Corporación ha precisado que los anteriores preceptos resultan aplicables sin importar la naturaleza jurídica -bien sea pública o privadade la empresa de servicios públicos respecto de la cual se pretenda la declaratoria de responsabilidad17.

Con todo, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 18, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del Código Contencioso Administrativo.

2. Acción procedente

La pretensión de reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma, según lo dispone el artículo 8619 de Código Contencioso Administrativo.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto del 9 de febrero de 2011, Rad.: 38.271. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.

del 9 de febrero de 2011, Rad.: 38.271. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de diciembre de 2019, Rad.: 53.901. 18 La pretensión mayor de la demanda se estima en 1.000 SMLMV por concepto de perjuicios morales, lo cual es superior a 500 SMLMV ($190.750.000) del año en que aquella se presentó, pues, para el año 2008, fecha de presentación de la demanda el monto del SMLMV ascendía a $461.500. 19 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública”.Radicación: 08001233200020050045301 (55007)

Demandante: Aura Sofía Molina de Alba

7 En este caso, la acción procedente es la reparación direc ta, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de una ocupación de hecho de un inmueble por parte de la sociedad Promigas S.A.

3. Vigencia de la acción

Si bien Promigas S.A. alegó que en el presente asunto operó la caducidad de la acción y en la sentencia no se estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario

3. Vigencia de la acción

Si bien Promigas S.A. alegó que en el presente asunto operó la caducidad de la acción y en la sentencia no se estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio20.

Así pues, c on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés gene ral21, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o

momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter i rrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”.Radicación: 08001233200020050045301 (55007)

Demandante: Aura Sofía Molina de Alba

8 controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 22, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por

Demandante: Aura Sofía Molina de Alba

8 controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 22, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo d e certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 23 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del apar ato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia24, cuya consecuencia, por demandar más

22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absolut o, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el

la administración de justicia no es absolut o, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.” 23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga p rocesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la segurida d jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.Radicación: 08001233200020050045301 (55007)

Demandante: Aura Sofía Molina de Alba

9 allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que l a acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el presente asunto, la parte accionante solicitó la declaratoria de responsabilidad de la sociedad Promigas S.A. por la ocupación permanente de una franja de terreno de su propiedad, al constituir una servidumbre por vía de hecho. Sobre el particular, se advierte que en el proceso no obra prueba alguna que acredité la fecha exacta de la terminación de la obra por la cual la parte demandante aduce se le causó un daño.

de su propiedad, al constituir una servidumbre por vía de hecho. Sobre el particular, se advierte que en el proceso no obra prueba alguna que acredité la fecha exacta de la terminación de la obra por la cual la parte demandante aduce se le causó un daño.

En ese sentido, si bien no obran el expediente los elementos necesarios para determinar el conteo del término de caducidad frente a dichos sucesos, la Sala , en aplicación de los principios pro actione y pro damnato25 y, para garantizar el acceso a la administración de justicia, estudiará el fondo del asunto.

4. Legitimación en la causa

Comoquiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis26.

4.1. Aura Sofía Molina de Alba está legitimada en la causa por activa, pues acreditó ser propietaria del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-279333,

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2016. Rad.: 39133. 26 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio

caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.Radicación: 08001233200020050045301 (55007)

Demandante: Aura Sofía Molina de Alba

10 que aduce resultó ocupado permanentemente por Promigas S.A., según da cuenta copia auténtica del folio de matrícula correspondiente27.

4.2. Promigas S.A. está legitimada en la causa por pasiva, pues, según se alega en el libelo introductorio, dicha sociedad ocupó el inmueble de Aura Sofía Molina de Alba sin previa autorización, sin constituir servidumbre e indemnizar y/o sin agotar el trámite de adquisición sobre el predio.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se acreditó la causación de un daño antijurídico a la demandante por la ocupación permanente de una franja de terreno de un inmueble de su propiedad, con ocasión de la instalación de un gasoducto por parte de Promigas S.A.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 28 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 28 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere

27 Fl. 96 a 97, C. 1. 28 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.Radicación: 08001233200020050045301 (55007)

Demandante: Aura Sofía Molina de Alba

11 de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder po r aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los

que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial29.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda, el extremo activo sostuvo que no se valoraron adecuadamente : i) la prueba pericial practicada en el proceso; y ii) las fotografías allegadas al plenario, en concordancia con el testimonio de Fabio Martínez Lacouture. Pruebas mediante las cuales, a su juicio, se acreditó la afectación a su predio por la servidumbre impuesta.

En este sentido y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite en aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso30.

apelación contra el fallo de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite en aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso30.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386. 30 “Artículo 357. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la r