CE - Sentencia 08001233100020060265602 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 08001-23-31-000-2006-02656 -02

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: DIANA ESTHER CAICEDO MOSCOTE

TESIS: LA PARTE ACTORA NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA

PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE L AVALÚO OFICIAL, QUE

FUNDAMENTÓ LAS RESOLUCIONES DE EXPROPIACIÓN

ACUSADAS DE NULIDAD . NO CUMPLIÓ CON LA CARGA DE

DEMOSTRAR QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE,

CALCULADO POR EL AVALÚO OFICIAL, ERA EQUIVOCADO E

INCORRECTO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 23 de agosto de 2024, proferida por el Trib unal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral “C” 1 , por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1 En adelante el Tribunal.2

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Actora: DIANA ESTHER CAICEDO MOSCOTE

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Actora: DIANA ESTHER CAICEDO MOSCOTE

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La señora DIANA ESHER CAICEDO MOSCOTE , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del de recho prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19972, mediante apoderado, present ó demanda contra la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE -EDUBAR3 , en la que formularon las siguientes pretensiones: “[…] Declarar la nulidad de la Resolución No. 370 del 17 de agosto de 2006 por medio de la cual declara la expropiación del inmueble ubicado en la Calle 33 No 45C -45 Local 06 del Edificio El T OÑO de la ciudad de Barranquilla, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 040 - 58937 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla y referencia catastral No 010200590006901, en lo concerniente al reconocimiento del precio indemnizatorio.

Declarar la nulidad de la Resolución 433 del 12 de septiembre de 2006, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 370 del 17 de agosto de 2006.

Como consecuencia de la anterior declaración solicitamos se condene a EDUBAR S.A al pago del valor de la indemnización discriminada en el valor del LUCRO CESANTE

reposición interpuesto contra la Resolución 370 del 17 de agosto de 2006.

Como consecuencia de la anterior declaración solicitamos se condene a EDUBAR S.A al pago del valor de la indemnización discriminada en el valor del LUCRO CESANTE y del DAÑO EMERGENTE, de la siguiente forma:

1. Por el DAÑO EMERGENTE corresponde a mi poderdante, ya que estimamos el valor comercial del inmueble en SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000), en la actualidad, teniendo en cuenta los aspectos técnicos y legales que se omitieron por EDUBAR S.A. suma que deberá entregarse indexada y con el pago de los

2 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”. 3 En adelante EDUBAR S.A.3

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co intereses moratorios desde el momento en que se hizo exigible hasta el pago efectivo de la misma.

2. Establecer y pagar el valor del Lucro cesante que se dejara de percibir por la expropiación, en atención a la destinación actual del inmueble la cual estimamos en la suma de $500.000 mensuales durante un período de 35 años que es la vida útil del inmueble , en todo caso se deberá indexar la mencionada suma, teniendo en cuenta las tablas utilizadas para este caso.

suma de $500.000 mensuales durante un período de 35 años que es la vida útil del inmueble , en todo caso se deberá indexar la mencionada suma, teniendo en cuenta las tablas utilizadas para este caso.

3. Por el valor de los intereses moratorios siempre que EDUBAR se encuentra en mora de cancelar los mencionados valores. […]”4.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda , la Sala destaca los siguientes:

1º. Que mediante Resolución 124 de 25 de abril de 2006, la empresa EDUBAR S .A. determinó la adquisición del inmueble de propiedad de la actora, ubicado en la Calle 33 núm. 45C-45, Local 06, del Edificio El Toño , de la ciudad de Barranquilla , por el procedimiento de expropiación administrativa , con el objetivo de realizar la obra pública denominada “PLAZA DE LA CONCORDIA”.

Asimismo, formuló oferta de compra de dicho inmueble, estableciendo el valor del precio indemnizatorio en $25.194.000, teniendo en cuenta el avalúo núm. VALPC-020-01 de 3 de febrero de 2006 , realizado por el perito RAFAEL TOVAR VANEGAS, contratado por la empresa en mención.

4 Índice 2 del expediente digital SAMAI.4

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 2º. El 27 de marzo de 2006 , la actora envió una comunicación a EDUBAR S.A., en la cual manifest ó que no estaba de acuerdo con la suma que pretendían pagar por el inmueble , ya que el mismo tiene un mayor valor desde el punto de vista comercial; la indemnización no era igual al precio comercial ; y, además, no tuvo en cuenta la destinación económica del bien, esto es, la de ser un local comercial destinado para el alquiler de establecimiento de comercio de todo tipo y, por lo tanto, produce renta.

3º. EDUBAR S.A. inició “una campaña” con el fin de acelerar un acuerdo, pero en ningún caso mejor ó las condiciones iniciales de la oferta o las adecuó al verdadero valor comercial del inmueble, sino que presionó para tener un arreglo, solo bajo sus parámetros.

4º. El 17 de agosto de 2006, EDUBAR S.A. expidió la Resolución 370, por medio de la cual disp uso la expropiación por vía administrativa del inmueble de propiedad de la señora DIANA ESTHER CAICEDO MOSCOTE y reconoció como valor del precio indemnizatorio la suma de $25.194.000, que fue presentada en la oferta inicial y que fue consignada en la FIDUCIARIA DEL VALLE en favor de la actora, quien retiró el dinero en su debida oportunidad.

5º. El 11 de septiembre de 2006 , la actora interpuso recurso de5

favor de la actora, quien retiró el dinero en su debida oportunidad.

5º. El 11 de septiembre de 2006 , la actora interpuso recurso de5

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co reposición, el cual fue decidido mediante la Resolución núm. 433 de 12 de septiembre de 2006 , que confirmó la Resolución 370 de 17 de agosto del mismo año.

I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los artículos 58 de la Constitución Política; 61, 62 y 67 de l a Ley 388; 21 de la Ley 74 de 26 de diciembre de 19685.

En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:

Señaló que no pretende atacar las normas por medio de las cuales EDUBAR S.A. y el Distrito de Barranquilla le dieron inicio al proyecto de adecuación de obras para el Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla; que lo que pretende, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 388, es demandar el precio indemnizatorio , reconocido en las resoluciones acusadas.

Indicó que el valor arrojado en el peritaje VALPC -020-01, señalado en la Resolución núm. 124 de 25 de abril de 2006, fue el mismo

reconocido en las resoluciones acusadas.

Indicó que el valor arrojado en el peritaje VALPC -020-01, señalado en la Resolución núm. 124 de 25 de abril de 2006, fue el mismo

5 “Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último", aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”.6

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co valor establecido por EDUBAR S.A. como indemnización ($25.194.000) en la Resolución 370 de 17 de agosto de 2006, el cual solo tuvo en cuenta el valor comercial del inmueble, sin mencionar la indemnización , que debe comprender el daño emergente y el lucro cesante, lo que contravino la normatividad legal vigente.

Expresó que el avalúo, en el cual se sustentó la Resolución acusada, se realizó en contravención de lo previsto en el artículo 61 de la Ley 388, el cual establece que “ […] El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica […]”.

388, el cual establece que “ […] El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica […]”.

Anotó que el inmueble objeto expropiación estaba destinado al arriendo de establecimientos de comercio s, pero EDUBAR S.A. no tuvo en cuenta este aspecto , a pesar de que había quedado establecido en el peritaje, e n el ítem de “destinación actual”, “uso del inmueble” y “destino económico” . Además, omitió el lucro cesante, el cual debió haberse calculado teniendo en cuenta la vida útil del inmueble, la cual se determinó en 35 años.7

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que en el avalúo oficial referido no se anexaron los soportes técnicos y normativos, que debían tenerse en cuenta para que este fuera técnica y legalmente aceptable.

Agregó que dicho avalúo oficial señaló como normal la “expectativa valorización”, desconociendo el aumento que , en ese sector , puede tener a futuro con el proyecto, que se pretende desarrollar.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- EDUBAR S.A. , por intermedio de apoderado judicial,

tener a futuro con el proyecto, que se pretende desarrollar.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- EDUBAR S.A. , por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda 6 y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones, adujo que la actora no presentó hechos y pruebas que demuestren que el avalúo comercial realizado al predio expropiado esté por debajo de lo que se debía fijar.

Alegó que no siempre la indemnización debe ser reparatoria, pues para que proceda es necesario que el afectado demuestre el lucro cesante que le genera la medida y el daño emergente ; y que tampoco hay lugar al pago de intereses , ya que inmediatamente fue entregado el inmueble le fue pagada la indemnización.

6 Índice 2 del expediente digital SAMAI.8

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló q ue durante la actuación administrativa la señora DIANA ESTHER CAICEDO MOSCOTE no presentó en ningún momento documentos o pruebas que le permitiera n establecer a la entidad y al perito encargado de realizar el avalúo del predio, que su inmueble le generaba algún tipo de utilidad o renta.

Anotó q ue en el recurso de reposición que interpuso la actora contra la Resolución núm. 370 de 2006 acusada, solicitó el

inmueble le generaba algún tipo de utilidad o renta.

Anotó q ue en el recurso de reposición que interpuso la actora contra la Resolución núm. 370 de 2006 acusada, solicitó el pago de un mayor valor del inmueble en cuantía de $60.000.000 y un lucro cesante por $500.000 mensuales por 30 años ; sin embargo, el avalúo realizado al predio no llega al valor solicitado y en cuanto al lucro cesante , no se aportó prueba alguna , que permitiera tener certeza de que se le estaba causando un daño adicional.

Propuso las excepciones de inexistencia de lucro cesante, pago oportuno de la indemnización, cumplimiento del debido proceso en vía gubernativa y falta de prueba en vía gubernativa de lo mismo que se pretende en vía contenciosa.9

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co I.4.2.- El DISTRITO ESPECIAL , INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA7, mediante apoderada, contestó la demanda,8 oponiéndose a las pretensiones de la demanda, argumentado, en síntesis, lo siguiente:

Sostuvo que, a través de EDUBAR S.A., se realizó un proceso de expropiación con el fin de disponer de los terrenos dentro del marco legal para la realización de la obra pública denominada “PLAZA DE

síntesis, lo siguiente:

Sostuvo que, a través de EDUBAR S.A., se realizó un proceso de expropiación con el fin de disponer de los terrenos dentro del marco legal para la realización de la obra pública denominada “PLAZA DE LA CONCORDIA” , por razones de utilidad pública e interés social, por lo que su actuación estaría revestida de legalidad.

Manifestó que EDUBAR S.A. realizó el avalúo con personal capacitado, de amplia experiencia en la materia e idóneo para tal fin; y el Distrito acog ió y coadyuv ó el avalúo realizado por la entidad, así como la labor del perito que lo realizó; por lo tanto, no existe razón alguna para modificar dicha indemnización , que en su momento fue reconocida y pagada.

Expresó que para que el daño sea indemnizable debe ser cierto, que no se trate de meras posibilidades, debe quedar establecida la

7 En adelante el Distrito. 8 Índice 2 del expediente digital SAMAI.10

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co certeza de su ocurrencia y no puede depender de otros acontecimientos.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, indebida escogencia de la acción, caducidad y falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial.

acontecimientos.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, indebida escogencia de la acción, caducidad y falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial.

II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tr ibunal Administrativo Atlántico, Sala de Decisión Oral “ C”, mediante sentencia de 23 de agosto de 2024, señaló que como las excepciones propuestas por EDUBAR S.A. comprenden argumentos de defensa, su resolución se hará con el fondo del asunto.

Declaró no probadas siguientes excepciones, propuestas por el Distrito de Barranquilla: indebida escogencia de la acción , toda vez que la acción procedente , en este caso, de conformidad con el artículo 71° de la Ley 388 es la de nulidad y restablecimiento instaurada; y la de caducidad y de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial , al considerar que la demanda fue presentada dentro del término legal11

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co para ello y que para dicha época no se exigía el agotamiento de dicho requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción.

Respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, indicó que este es un aspecto que se definirá al decidir de fondo la controversia, previo estudio del material probatorio

dicho requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción.

Respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, indicó que este es un aspecto que se definirá al decidir de fondo la controversia, previo estudio del material probatorio obrante en autos, pues en el evento de llegar a emitirse sentencia favorable, es allí donde se determinará la responsabilidad que pueda recaer en cada una de las entidades involucradas en el presente asunto.

Asimismo, denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Expresó que el problema jurídico se concreta en determinar si con el dictamen pericial practicado en el caso sub examine se desvirtúa o no el precio indemnizatorio fijado por EDUBAR S.A., con ocasión de la expropiación administrativa ordenada a través de la Resolución núm. 370 de 17 de agosto de 2006 , confirmada mediante la Resolución núm. 433 de 12 de septiembre de 2006.12

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que en el avalúo oficial practicado por el perito RAFAEL TOVAR VANEGAS , por solicitud de EDUBAR S.A., que sirvió de fundamento para la expedición de los actos acusados, se consignaron aspectos tales como la inspección ocular practicada al inmueble, su descripción en sus aspectos jurídicos, clase de

fundamento para la expedición de los actos acusados, se consignaron aspectos tales como la inspección ocular practicada al inmueble, su descripción en sus aspectos jurídicos, clase de inmueble, características urbanas del sector, características generales del terreno, características generales de la construcción, localización, área privada, edad y vida útil del inmueble, materiales y acabados, tipo de construcción, estado general y uso del inmueble, servicios públicos y aspecto económico.

Observó que dicho avalúo se realizó acudiendo al método comparativo de mercado , con base en lo est ablecido en el artículo 61 de la Ley 388 y el Decreto 1420 de 24 de julio de 19989, por lo cual dicho avalúo ($25.194.000) se determinó luego de realizar una investigación directa, que consistió en encuestas a inmobiliarios y conocedores del sector y también se efectuó el método o técnica residual (que busca establecer el valor comercial del bien).

Señaló que, a su vez, en el proceso obra el dictamen pericial decretado a instancias de la parte actora, en el cual se indi có que a

9 “Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.13

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co pesar de que no existe físicamente ni el edificio “El Toño” ni el local 6, objeto de avalúo, se tuvieron en cuenta las condiciones físicas normales para el tipo de inmueble y las condiciones del mercado inmobiliario a febrero de 2006.

Anotó que el referido informe se apoyó en los documentos obrantes en el expediente judicial, realizó el estudio describiendo la clase de inmueble, la categoría requerida, la información jurídica, las características generales del sector tales como ubicación, vías de acceso, actividades predominantes, tipos de edificaciones, edificaciones importantes en el sector, cobertura de servicios públicos, infraestructura urbanística y transporte público. Asimismo, se relacionaron las características generales del inmueble, la reglamentación urbanística y , en cuanto a las consideraciones económicas, se indicó que no aplica.

Para la determinación del valor de mercado o valor comercial del inmueble se aplicó el “método de comparación”, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo, para concluir que el valor de mercado a febrero de 2006 es de $36.690.000, suma que indexada a marzo de 2024 corresponde a $87.322.200.14

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2006-02656-02

mercado a febrero de 2006 es de $36.690.000, suma que indexada a marzo de 2024 corresponde a $87.322.200.14

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que del detenido examen del avalúo oficial realizado por el perito RAFAEL TOVAR VANEGAS, de conformidad co n las normas vigentes para la época (artículo 61 de la Ley 388 y Decreto 1420), se colige que si bien es cierto que siguió la metodología señalada para en esas normas para tales efectos, también lo es que el mismo carece de soporte técnico o documental que permita tener certeza de que efectivamente se realizaron las encuestas, las operaciones inmobiliarias o los avalúos que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, vale decir , se encuentra desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

Que, no obstante, lo anterior, al haber sido incorporado dicho valor indemnizatorio en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza , que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario.

Que, en tales circunstancias, la actora tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando, precisamente, sus falencias.15

desde luego prueba en contrario.

Que, en tales circunstancias, la actora tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando, precisamente, sus falencias.15

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que en aras de desvirtuar el avalúo oficial , con fundamento en el cual EDUBAR S.A. fijó el precio del mencionado inmueble, la parte actora solicitó la práctica de un dictamen pericial y de su examen se observa que éste se encuentra huérfano en su totalidad de todo respaldo probatorio que permita considerarlo como apto para controvertir las conclusiones de dicho avalúo oficial, con el agravante de que se realizó cuando la edificación ya no existía y se fundamentó, como en él se consigna, en el dictamen rendido en su momento por el perito RAFAEL TOVAR VANEGAS.

Advirtió que la parte actora tenía la carga de demostrar los errores o las incorrecciones del avalúo oficial del inmueble y explicar de manera clara, precisa y detallada las investigaciones y razones de orden técnico o de otro orden , que se tuvieron para conceptuar en el sentido en que lo hizo, de tal manera que el juzgador pudiera valorar la racionalidad y objetividad de las conclusiones emitidas.

Aclaró que s i bien es cierto que el artículo 67 de la Ley 388

el sentido en que lo hizo, de tal manera que el juzgador pudiera valorar la racionalidad y objetividad de las conclusiones emitidas.

Aclaró que s i bien es cierto que el artículo 67 de la Ley 388 establece que el precio de adquisición o indemnizatorio , que se reconocerá a los propietarios de inmuebles, debe ser igual al avalúo comercial estimado por las entidades o personas a que se refiere el artículo 61 ibidem, y que en el dictamen no se establecen parámetros para la valoración de los daños y perjuicios ocasionados16

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co en razón de la expropiación de un inmueble por vía administrativa, también lo es que la norma aplicable para resolver este asunto se encuentra contenida en el numeral 6° del artículo 21 del Decreto 1420, que dispone:

“[…] Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor comercial:

[…]

6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se

destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses. […]”.

Afirmó que, en virtud de lo anterior y en aplicación de la disposición transcrita, se tiene que la actora no aportó pruebas demostrativas de que el inmueble objeto de expropiación se encontraba arrendado a la fecha en que se expidieron los actos acusados, y que devengaba un canon de $500.000 mensuales ; incluso, en sede administrativa no acreditó que estuviera recibiendo ingresos por una actividad rentística, “[…] es más entregó voluntariamente el inmueble y le fue cancelada la suma de $25.194.000, por intermedio de la Fiducia del Valle, mediante cheque número 041392 girado a su nombre […]”.17

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co Consideró que en el caso sub lite no se logró desvirtuar en el proceso el avalúo presentado por EDUBAR S.A. y por tal razón la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos administrativos demandados que acogieron dicho avalúo, ante la imposibilidad de dar plena credibilidad a la prueba

parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos administrativos demandados que acogieron dicho avalúo, ante la imposibilidad de dar plena credibilidad a la prueba pericial practicada en el proceso , en relación con el justiprecio del inmueble expropiado, el cual es incompleto al no hace r mención sobre el lucro cesante reclamado por la actora.

Concluyó que no se demostró que los actos administrativos demandados hubieran sido expedidos producto de medios ilegales, al no obrar en el expediente ningún medio de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la administración era incorrecto, razón por la cual las pretensiones de la demanda serán negadas.

III-. RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y que, como consecuencia de ello, se declare la nulidad de los actos acusados. Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia, así:

Señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta que el avalúo , en el cual se sustentaron las resoluciones acusadas, se realizó en18

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2006-02656-02

Actora: DIANA ESTHER CAICEDO MOSCOTE

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co contravención a lo dispuesto en las sentencias constitucionales y del Consejo de Estado que lo regulan sobre este punto, en especial, el artículo 61 de la Ley 388, que establece: "[…] El valor comercial

www.consejodeestado.gov.co contravención a lo dispuesto en las sentencias constitucionales y del Consejo de Estado que lo regulan sobre este punto, en especial, el artículo 61 de la Ley 388, que establece: "[…] El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica […]”.

Anotó que la expropiación por parte del Estado no debe emplearse en menoscabo de los derechos adquiridos de dominio respecto del inmueble que fue expropiado.

Insistió en que en el avalúo oficial es evidente que el perito no tuvo en cuenta el valor de la indemnización o reparación integral que se causaría con la expropiación a la actora, en la medida que solo tuvo en cuenta un precio del inmueble sin soporte probatorio alguno y que no incluyó ni tuvo en cuenta la destinación económica que tenía el mismo, esto es, ser un local comercial.

Afirmó que se demostró que el avalúo que tuvo en cuenta la entidad expropiante, realizado por el perito RAFAEL TOVAR VANEGAS, no refleja el valor real del daño causado, lo cual vulnera19

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2006-02656-02

Actora: DIANA ESTHER CAICEDO MOSCOTE

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co el derecho a una indemnización previa, que comprende no solo el

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co el derecho a una indemnización previa, que comprende no solo el valor real del inmueble, sino todos los perjuicios causados.

Adujo que la sentencia de primera instancia reconoce que el avalúo base del precio reconocido en su momento “ […] carece de soporte técnico o documental que permita tener certeza de que efectivamente se realizaron las encuestas, las operaciones inmobiliarias o los avalúos que se tuvieron en cuenta para hacer la mencionada comparación, vale decir se encuentra desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio […]”, pero decide otorgarle valor probatorio por el solo hecho de ser el valor insertado en la resolución de expropiación, c