CE - Sentencia 08001233100020130079501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicado: 08001 23 31 000 2013 00795 01 (3024-2016)

Demandante: Yolanda del Carmen de la Hoz Escorcia

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. No son computables t iempos de servicio en Empresas Públicas Municipales de Barranquilla.

Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia porque la demandante no acreditó vinculación docente territorial y/o nacionalizada previa al 31 de diciembre de 1980, en el ámbito de la educación básica primaria o secundaria en escuelas públicas.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia emitida el 28 de enero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. La demandante ejerció el medio de control de la referencia pretendiendo que se

que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. La demandante ejerció el medio de control de la referencia pretendiendo que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 021428 y RDP 031920 expedidas el 9 de mayo y el 15 de julio de 2013 , respectivamente; a través de las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento a su favor de la pensión gracia de jubilación, la cual debe ser liquidada incluyendo todos los factores salariales devengados durante el año de servicios previo a la fecha en que alcanzó el estatus pensional. Pretendió, además, el pago de las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, así como los reajustes periódicos conforme a la Ley 71 de 1988 y al Índice de Precios al Consumidor. Por último, pidió que se condene en costas a la parte accionada.

3. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que cuenta con más de 50 años de edad y que entre el 9 de febrero de 1972 y el 30 de julio de 1992 fue nombrada maestra del orden municipal en la Escuela de las Empresas Públicas Municipales de

1 En adelante UGPP. 2 Folios 1 a 21.2

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Demandante: Yolanda del Carmen de la Hoz Escorcia

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Demandante: Yolanda del Carmen de la Hoz Escorcia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Barranquilla –institución de carácter público– acumulando un total de 20 años, 5 meses y 22 días de servicio docente.

4. Añadió que, mediante el Decreto 086 del 13 de abril de 1992, fue vinculada como docente a la Institución Educativa INOBASOL Sede # 2, anteriormente conocido como el Club de Leones del municipio de Soledad, vínculo que se extendió desde el 19 de abril de 1992 hasta el 30 de septiembre de 2009, es decir, por un periodo de 17 años y 5 meses.

5. De manera que estuvo vinculada al Estado como docente del sector oficial durante más de 37 años , destacando que l os nombramientos fueron realizados por entidades del orden territorial, como las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla y el Distrito de Barranquilla, desempeñándose con honradez, dedicación y buena conducta. Además, a través de la Resolución 02046 del 28 de octubre de 1998, fue ascendida al grado 14 del Escalafón Nacional Docente.

6. Relató que el 15 de febrero de 2013 presentó solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la entidad demandada . Sin embargo, esta fue negada mediante los actos administrativos acusados en razón a que no se encontraba vinculada como docente de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.

mediante los actos administrativos acusados en razón a que no se encontraba vinculada como docente de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.

7. Señaló que, en un caso similar, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en providencia del 28 de enero de 2010, determinó que los tiempos de servicio laborados en las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla son aptos para el reconocimiento de la pensión gracia, por lo que la entidad no tenía fundamento para negar el reconocimiento pensional.

Contestación de la demanda3

8. La entidad demandada se opuso a las pretensiones argumentando que la demandante no había estado vinculada como docente de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980. Esto se debe a que su labor en las ext intas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla no es computable para el reconocimiento de la pensión gracia dado que el objeto de dicha empresa no era la prestación del servicio público educativo.

9. En consecuencia, la vinculación de la actora no dependió directamente de las secretarías de educación departamentales, distritales, municipales ni del Ministerio de Educación Nacional, lo que hace inaplicable el régimen especial docente de pensión gracia a su situación.

10. Indicó también que el tiempo servido desde el 1° de agosto de 1992 hasta el 1° de septiembre de 2001 en el municipio de Soledad (Atlántico) no puede ser considerado para el reconocimiento de la pensión gracia toda vez que no se ha demostrado una vinculación previa al 31 de diciembre de 1980.

de septiembre de 2001 en el municipio de Soledad (Atlántico) no puede ser considerado para el reconocimiento de la pensión gracia toda vez que no se ha demostrado una vinculación previa al 31 de diciembre de 1980.

3 Folios 150 a 167.3

Radicado: 08001 23 31 000 2013 00795 01 (3024-2016)

Demandante: Yolanda del Carmen de la Hoz Escorcia

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11. La accionada mencionó que no se puede otorgar pleno valor probatorio a la certificación aportada con la demanda puesto que no cumple con las pautas establecidas por el Consejo de Estado para acreditar el extremo temporal de la relación legal y reglamentaria, a saber, que l as únicas pruebas válidas son los actos administrativos de nombramiento y posesión y, de manera subsidiaria, las certificaciones que demuestren de forma inequívoca la forma de vinculación y el tiempo de servicio.

12. Propuso como excepciones las que tituló como «inexistencia de las obligaciones reclamadas», «cobro de lo no debido», «buena fe» y «prescripción».

II. SENTENCIA APELADA

13. El Tribunal Administrativo del Atlántico dictó sentencia el 28 de enero de 20164, en la cual accedió a las pretensiones y ordenó a la demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la demandante desde el 31 de diciembre de 2000, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la

pago de la pensión gracia a favor de la demandante desde el 31 de diciembre de 2000, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional ; no obstante, declaró probada la prescripción de las mesadas pensionales causadas antes del 15 de febrero de 2010.

14. La decisión se fundamentó en el hecho de que la demandante trabajó en las extintas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla como maestra en la división médica de seguridad social desde el 9 de febrero de 1972 hasta el 30 de julio de 1992, acumulando un total de 20 años, 5 meses y 22 días de servicio. De este modo, cumplió con el requisito de haber estado vinculada como docente municipal antes del 31 de diciembre de 1980.

15. Asimismo, se citó la providencia emitida por esta Corporación el 28 de enero de 20105, que aclaró que la calidad de vinculación (nacional, nacionalizada, departamental, distrital) se determina por el respectivo acto administrativo de nombramiento y el ente gubernativo que lo profirió. Este acto es el que define la planta de personal a la q ue pertenecen los maestros y el presupuesto del cual provienen los pagos de los salarios.

16. En este contexto, el a quo concluyó que el tiempo de servicio de la actora fue municipal, dado que su vinculación en el cargo de maestra se formalizó a través del Boletín de Nombramiento 0826 del 14 de enero de 1972, expedido por la Empresa

Públicas Municipales de Barranquilla.

17. Con base en lo anterior , se determinó que la actora cumple con los requisitos

Boletín de Nombramiento 0826 del 14 de enero de 1972, expedido por la Empresa Públicas Municipales de Barranquilla.

17. Con base en lo anterior , se determinó que la actora cumple con los requisitos para acceder a la pensión gracia, desvirtuando así la presunción de legalidad de los actos administrativos impugnados. Por lo demás, teniendo en cuenta que la actora adquirió el estatus pensional el 31 de diciembre de 2000 y la solicitud de reconocimiento pensional fue presentada el 15 de febrero de 2013 (más de tres años después), operó el fenómeno de la prescripción respecto a las mesadas pensionales causadas antes del 15 de febrero de 2010.

4 Folios 506 a 522. 5 Expediente 08001-23-31-000-2004-01341-01 (0232-2008) M. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.4

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III. RECURSO DE APELACIÓN6

18. La entidad demandada presentó recurso de apelación arguyendo que el tiempo servido por la demandante en las extintas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla no debe ser considerado para el cálculo de la pensión gracia. Este argumento se basa en que el objeto social de dicha empresa no estaba orientado a la prestación del servicio público educativo, lo que significa que el personal que ejerció

Barranquilla no debe ser considerado para el cálculo de la pensión gracia. Este argumento se basa en que el objeto social de dicha empresa no estaba orientado a la prestación del servicio público educativo, lo que significa que el personal que ejerció funciones docentes en esas circunstancias queda excluido del régimen especial de la pensión gracia.

19. Refirió que la vinculación de la demandante no estaba directamente relacionada con las secretarías de educación a nivel departamental, distrital o municipal, ni con el Ministerio de Educación. Por tanto, el régimen especial de la pensión gracia no es aplicable en este caso.

20. La entidad afirmó que es carga de la actora demostrar que prestó servicios territoriales en el ejercicio de la profesión docente antes del 31 de diciembre de 1980, así como identificar la entidad que le pagaba la remuneración y el origen de los recursos. Sin embargo, lo que logró demostrar es que había realizado actividades en una empresa pública municipal.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

21. Mediante auto del 30 de septiembre de 20167 se admitió el recurso de apelación.

Luego, a través de providencia del 1 de diciembre de 2016 8 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

22. La demandada9 descorrió el traslado reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Por su parte, la actora y el Ministerio Público guardaron silencio10.

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

23. De acuerdo con los reparos sustentados en el recurso de apelación, esta Sala

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

23. De acuerdo con los reparos sustentados en el recurso de apelación, esta Sala procederá a evaluar la validez de los servicios docentes prestados por la demandante en la Escuela de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, desde el 9 de febrero de 1972 hasta el 30 de julio de 1992, con el fin de determinar su impacto en el reconocimiento de la pensión gracia.

24. Este análisis resulta crucial para establecer si se satisfacen los requisitos de haber estado vinculada como docente nacionalizada y/o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y , consecuentemente, el cumplimiento del total de 20 años de servicios, ya sean continuos o discontinuos, en dicha calidad.

6 Folios 531 a 540. 7 Folio 556. 8 Folio 603. 9 Folios 609 a 612. 10 Según constancia de la Secretaría de esta Sección, fechada 4 de abril de 2017, obrante en el folio 613.5

Radicado: 08001 23 31 000 2013 00795 01 (3024-2016)

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25. En caso afirmativo, se analizará la observancia de los otros requisitos consagrados por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, como son: i) contar con más de 50 años de edad; ii) ejercer la docencia con honradez,

consagrados por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, como son: i) contar con más de 50 años de edad; ii) ejercer la docencia con honradez, consagración y buena conducta; iii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

Solución del caso concreto

26. Se incorporó al expediente el Boletín de Nombramiento 0826 del 14 de enero de 1972, mediante el cual el gerente de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla notificó a la actora su designación para el cargo de maestra de la Sección de Bienestar Social en la Escuela de las Empresas Públicas Municipales, con efectividad a partir del 9 de febrero de 197211.

27. La gerente de Gestión Humana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla certificó que demandante prestó sus servicios en las extintas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla desde el 9 de febrero de 1972 hasta el 30 de julio de 1992 , ocupando el cargo de maestra en la División Médica y Seguridad Social, percibiendo un salario de 458.97012.

28. Por medio de la Resolución 086 del 13 de abril de 1992, el alcalde del municipio de Soledad (Atlántico), en uso de las facultades conferidas por el Decreto 1333 de 1986 y la Ley 29 de 1989, nombró a la demandante docente para las Escuelas y Colegios Oficiales del municipio13. Tomó posesión en el empleo el 29 de abril de 199214.

29. A través del Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral15,

Oficiales del municipio13. Tomó posesión en el empleo el 29 de abril de 199214.

29. A través del Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral15, la Secretaría de Educación del municipio de Soledad certificó que la actora fue nombrada mediante el Decreto 086 del 13 de abril de 1992, para prestar sus servicios en el Colegio Club de Leones. Este vínculo se mantuvo desde el 29 de abril de 1992 hasta el 30 de septiembre de 2009. En el certificado se dejó constancia de que el tipo de vinculación fue territorial durante todo este período.

30. Mediante el Decreto 0186 del 18 de agosto de 2009, el alcalde municipal de Soledad procedió a retirar del servicio a la demandante, quien se desempeñaba como docente en el área de sociales en la Institución Educativa INOBASOL de esa municipalidad. Esta decisión fue tomada tras el diagnóstico de una incapacidad laboral del 96%16, notificada de manera personal el 30 de septiembre de 200917.

31. En cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 24 de agosto de 201718, mediante el cual se decretaron pruebas de oficio en segunda instancia, se allegó al expediente la

siguiente documentación:

11 Folio 251. 12 Folios 41 y 367. Certificado del 25 de octubre de 2012. 13 Folios 230 al 233. 14 Folio 234. 15 Folios 43 y 224. Certificados del 13 de noviembre de 2008 y 14 de noviembre de 2014. 16 Folio 236. 17 Folio 237. 18 Folio 614.6

14 Folio 234. 15 Folios 43 y 224. Certificados del 13 de noviembre de 2008 y 14 de noviembre de 2014. 16 Folio 236. 17 Folio 237. 18 Folio 614.6

Radicado: 08001 23 31 000 2013 00795 01 (3024-2016)

Demandante: Yolanda del Carmen de la Hoz Escorcia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Oficio del 9 de octubre de 2017, suscrito por la secretaria distrital de Educación de Barranquilla, en el que se informa que «una vez revisada la base de datos de esta Secretaría y el Sistema de Información de Recursos Humanos HUMANO®, se evidenció que la señora YOLANDA DEL CARMEN DE LA HOZ ESCORCIA no hace parte de la planta de personal de esta Secretaría (…)»19.

• Oficio del 11 de octubre de 2017, mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional señala que «con base en la información contenida en los inventarios de la serie de Historias Laborales del archivo central de este Ministerio de la planta de personal, el Grupo de Gestión Documental pudo establecer que no se encontró información alguna a nombre de la mencionada señora.» 20.

32. Ahora bien, es preciso considerar que, para determinar la naturaleza de la plaza docente que permite obtener el beneficio de la pensión gracia, en la sentencia del 21 de junio de 201821 esta Corporación estableció las siguientes reglas de unificación22:

«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886

docente que permite obtener el beneficio de la pensión gracia, en la sentencia del 21 de junio de 201821 esta Corporación estableció las siguientes reglas de unificación22:

«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaba n a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de lassituado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educador es nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con

situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.»

33. Al analizar el asunto bajo el contexto mencionado, se observa que el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 1972 y el 30 de julio de 1992, durante el cual la demandante se desempeñó como maestra de la Sección Bienestar Social en la Escuela de las Emp resas Públicas Municipales de Barranquilla, no es computable para el reconocimiento de la pensión gracia. Esto se debe a que dicha vinculación no se encuentra dentro de las premisas prestacionales y jurídicas que condicionan el derecho a recibir esta dádiva.

19 Folio 622. 20 Folio 621. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-0468301 (3805-2014). 22 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.7

Radicado: 08001 23 31 000 2013 00795 01 (3024-2016)

Demandante: Yolanda del Carmen de la Hoz Escorcia

Radicado: 08001 23 31 000 2013 00795 01 (3024-2016)

Demandante: Yolanda del Carmen de la Hoz Escorcia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

34. En efecto, en la fecha en que la actora se desempeñó como maestra en las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, dicha entidad estaba constituida como un establecimiento público autónomo descentralizado 23. Por lo tanto, la actora ostentaba la condición de «empleada pública». Además, su vinculación no fue precedida por un nombramiento del representante legal de la entidad territorial como autoridad nominadora en el ámbito de los docentes oficiales ; en este caso, el alcalde del Distrito de Barranquilla. Esto evidencia que su relación legal y reglamentaria se originó con un establecimiento público del orden territorial, conforme al Acuerdo 60 de 1961 expedido por el Concejo de Barranquilla24.

35. En consecuencia, se puede afirmar que el régimen salarial y prestacional que regía a la demandante era diferente al de los maestros oficiales de educación básica primaria y secundaria adscritos a las instituciones educativas del ente territorial , conforme a las disposiciones de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.

36. Inclusive, esto encuentra respaldo en los siguientes puntos:

1. En febrero de 1982, la actora solicitó el pago de la prima de antigüedad a la que tenía derecho por haber cumplido 10 años de servicio en las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, de acuerdo con lo estipulado en las

1. En febrero de 1982, la actora solicitó el pago de la prima de antigüedad a la que tenía derecho por haber cumplido 10 años de servicio en las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, de acuerdo con lo estipulado en las convenciones colectivas de trab ajo de 1973 y 1975, liquidada por un monto de $32.96025.

1. El 23 de agosto de 1988, declaró haber recibido a satisfacción los fondos correspondientes a la dotación de ropa y calzado de los años 1984 a 1986, conforme al acuerdo establecido entre el sindicato de trabajadores y las

Empresas Públicas Municipales de Barranquilla26.

1. La actora se acogió a un plan de retiro voluntario de la empresa en 1992, por lo que el 31 de julio de 1992 recibió el pago de una bonificación especial e indemnización por un total de $5.579.934,93, además de la liquidación de sus prestaciones sociales27.

23 Tal como lo determinó el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la sentencia del 11 de junio de 1991, rad. CE-SEC2-EXP1991N3773, con ponencia del doctor Joaquín Barreto Ruiz, al explicar lo siguiente: «[…] se tiene que de lo dispuesto en el Acuerdo No. 24 de 23 de mayo de 1960, se colige que las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, son un establecimiento público, porque se trata de una entidad municipal con patrimonio propio, conformado por los bienes que el municipio de Barranquilla tenía

vinculados a ellas en virtud de los Acuerdos Nos. 48 de 1938, 10 de 1933 y 18 de 1939 (art. 3o.); personería jurídica y autonomía administrativa (art. 1o.); cuyo objeto es la prestación de un haz de servicios públicos (art. 2o.), con facultades para recaudar, administrar e invertir el producto de las rentas municipales que tiene bajo su administración, en orden a incrementar el patrimonio de las Empresas y a contribuir al ensanche y mejoramiento de los servicios que ella presta (art. 4o.) y con la obligación de contribuir con un determinado porcentaje de sus rentas al municipio (art. 8o.); con una Junta Directiva que realiza funciones administrativas conformada por 5 miembros, de los cuales 4, en últimas, son escogidos por el Concejo Municipal; en control permanente sobre sus bienes y actividades, ejercido por un Auditor designado para la elaboración de su presupuesto (art. 18); el cual por disposición del Concejo debe ser incluido como anexo en el presupuesto general del municipio (art. 19), y con una supervisión sobre los resultados de labores realizadas cada caño por parte del Concejo Municipal, ante el cual la Junta Directiva y el Auditor deber n presentar a ese efecto el respectivo informe (art. 26). Por lo demás, los estatutos de las Empresas, aprobados por el Decreto Municipal 191 de 13 de junio de 1960, establecen que ellas se dirigirán en riguroso criterio de eficacia administrativa con la finalidad de garantizar a los ciudadanos el funcionamiento regular, permanente y económico de los servicios públicos cuya administración se les ha encomendado (art. 15), lo cual excluye como finalidad primordial la de realizar sus actividades con exclusivo ánimo de lucro, que es una de las características esenciales de las

permanente y económico de los servicios públicos cuya administración se les ha encomendado (art. 15), lo cual excluye como finalidad primordial la de realizar sus actividades con exclusivo ánimo de lucro, que es una de las características esenciales de las empresas industriales o comerciales del Estado.» (Negrilla fuera del texto original). 24 Véase la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 14 de noviembre de 2019, rad. 08001-23-31000-2010-00209-02 (1574-15), M. P. Gabriel Valbuena Hernández. 25 Folio 296. 26 Folio 299. 27 Folio 320.8

Radicado: 08001 23 31 000 2013 00795 01 (3024-2016)

Demandante: Yolanda del Carmen de la Hoz Escorcia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) El 12 de abril de 1994, ante el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Barranquilla, se llevó a cabo un acta de transacción entre el gerente liquidador de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla y un grupo de extrabajadores, incluida la demandant e, para pactar el reconocimiento y pago de diferencias salariales28.

1. El 7 de febrero de 1995, el presidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla certificó que la actora fue socia de dicha organización sindical y cotizó el 1% de las cuotas ordinarias y extraordinarias para beneficiarse de la Convención Colectiva de Trabajo29.

Empresas Públicas Municipales de Barranquilla certificó que la actora fue socia de dicha organización sindical y cotizó el 1% de las cuotas ordinarias y extraordinarias para beneficiarse de la Convención Colectiva de Trabajo29.

37. De acuerdo con lo expuesto, la Sala observa que, a pesar de que la demandante desempeñó funciones educativas desde 1972 hasta 1992, su vinculación a un establecimiento público descentralizado por servicios la sometió a un régimen salarial y prestacional distinto al de los maestros oficiales adscritos al Ministerio de Educación y/o a las entidades territoriales. Inclusive, esto le permitió beneficiarse de las convenciones colectivas de trabajo negociadas con el sindicato de la empresa y reclamar derechos ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Estas circunstancias difieren notablemente de las condiciones que tenían los educadores de los colegios públicos en la época en que prestó sus servicios, lo que se aleja del propósito para el cual fue concebida la pensión gracia.

38. Por otro lado, es menester señalar que esta Sección del Consejo de Estado en un caso similar del año 2015 (providencia que sustentó la decisión de a quo 30) determinó que , pese a que el objeto de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla no consistía en la prestación del servicio público educativo, e llo no implicaba que la vinculación haya perdido su carácter territorial y que el personal que desempeñó labores docentes en esas condiciones esté excluido del régimen especial que les asiste en ciertos aspectos, como la pensión gracia, precisamente por la naturaleza pública de sus servicios.

39. Sin embargo, debe decirse que no se trató de una providencia de unificación

que les asiste en ciertos aspectos, como la pensión gracia, precisamente por la naturaleza pública de sus servicios.

39. Sin embargo, debe decirse que no se trató de una providencia de unificación jurisprudencial cuyos efectos vinculantes exijan seguir las reglas allí establecidas. De hecho, esta Sección emitió otra sentencia en un caso análogo el 11 de abril de 201931, en la cual, al examinar el vínculo de un docente con la Empresa de Teléfonos de

28 Folio 326. En los siguientes términos: «Se ha celebrado la presente ACTA DE TRANSACCIÓN que se expresa así: las partes de común acuerdo están dispuestas a conciliar el reconocimiento de pago de unas diferencias salariales como derechos ciertos e indiscutibles en favor de los exfuncionarios quienes estuvieron vinculados como maestros al servicio de las EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BARRANQUILLA en la Escuela sostenida por la empresa para los hijos de sus extrabajadores, en tal razón acuden al JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO el cual constituido en audiencia pública concede el uso de la palabra a la Dra. Alba De la Hoz Silva quien, en nombre y representación de sus mandantes manifiesta: 1) Con ocasión de la liquidación de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla se di o por terminado los contratos de trabajo y se les cancelaron sus salarios y prestaciones sociales sin considerar el verdadero salario que le corresponde como Profesionales Grado I, en razón de ser licenciados con título universitario, tal como lo dispone la Resolución No. 080 de junio 12/90 emanada de la Gerencia de las Empresas Públicas Municipales