CE - Sentencia 08001233300020130059802 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-2013-00598-02 (3991-2023)

Demandante: Vicente Orejarena Parra

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema 1: bonificación de gestión judicial —Decreto 4040 de 2004—. Subtema 2: prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces, el 15 de diciembre de 2022, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante, quien ejerció como fiscal delegado ante tribunal, solicitó la nulidad del acto administrativo expedido por la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación que iguale el 80% de lo devengado por los magistrados de alta corte, considerando los ingresos anuales de los congresistas. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento de la

pago de la bonificación por compensación que iguale el 80% de lo devengado por los magistrados de alta corte, considerando los ingresos anuales de los congresistas. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento de la bonificación por compensación equivalente al 80%.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El señor Vicente Orejarena Parra , mediante apoderado judicial, presentó demanda el 14 de agosto de 20131, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación -en adelante FGNcon las siguientes pretensiones2:

(i) Que se declare la nulidad del Oficio N°. 000051 expedido el 22 de enero de 2013; mediante el cual la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la 1 Samai, índice 2, «ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip)», documento «02 Demanda». 2 Samai, índice 2, «ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip)», documento «02 Demanda».Radicación: 08001-23-33-000-2013-00598-02 (3991-2023)

Demandante: Vicente Orejarena Parra

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 FGN negó el reconocimiento y pago de las diferencias surgidas entre lo pagado con fundamento en el Decreto 4040 de 2004 (el 70% de todo lo percibido por los magistrados de alta corte) y el monto establecido en el Decreto 610 de 1998

con fundamento en el Decreto 4040 de 2004 (el 70% de todo lo percibido por los magistrados de alta corte) y el monto establecido en el Decreto 610 de 1998 (el 80% de todo lo percibido por los magistrados de alta corte).

(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó : se condene a la entidad demandada a reliquidar y pagar las diferencias salariales surgidas entre lo pagado con fundamento en el Decreto 4040 de 2004 (el 70% de todo lo percibido por los magistrados de alta corte) y el monto establecido en el Decreto 610 de 1998 (el 80% de todo lo percibido por los magistrados de alta corte) durante sus periodos de vinculación como fiscal delegado ante tribunales; junto con la reliquidación y pago de las diferenciales salariales a nivel prestacional (cesantías, prima de vacaciones, prima de servicio, prima de navidad e intereses sobre las cesantías, debidamente indexadas) teniendo como base el 80%, no el 70% como lo venía haciendo la entidad desde su vinculación como fiscal delegado.

(iii) Que se condene a la entidad a reconocer mensualmente la bonificación por compensación con carácter salarial, a favor de la parte actora desde su vinculación como fiscal delegado.

(iv) Adicionalmente, solicitó que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA)

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. El señor Vicente Orejarena Parra prestó sus servicios como fiscal en los

siguientes periodos:

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. El señor Vicente Orejarena Parra prestó sus servicios como fiscal en los

siguientes periodos:

Periodo Cargo 15/12/2008 – 09/09/2009 Fiscal delegado ante tribunal 04/01/2010 – hasta la fecha de presentación de la demanda Fiscal delegado ante tribunal

4. Durante la vinculación del demandante la entidad accionada le reconoció la bonificación judicial del Decreto 4040 de 2004, equivalente al 70% del valor total devengado anualmente por un magistrado de alta corte.

5. La norma en mención fue declarada nula por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de diciembre de 20113. Por lo tanto, la entidad debe pagar la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 que iguale el 80% de lo devengado anualmente por un magistrado de alta corte.

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.Radicación: 08001-23-33-000-2013-00598-02 (3991-2023)

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6. El demandante presentó reclamación administrativa para obtener el pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80%

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6. El demandante presentó reclamación administrativa para obtener el pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de los ingresos que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes; además de la diferencia entre lo que se recibió y lo que debía devengarse por concepto de la referida bonificación y la liquidación de sus prestaciones sociales teniendo como base el 80% que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes.

Asimismo, solicitó el pago mensual de la bonificación por compensación con carácter salarial, desde el inicio de su vinculación como fiscal delegado.

7. La solicitud fue resuelta de manera negativa por la entidad mediante Oficio N°. 000051 expedido el 22 de enero de 2013.

8. El 24 de mayo de 2013, ante la Procuraduría 118 Judicial II para Asuntos Administrativos de Barranquilla, el demandante intentó conciliación extrajudicial con la FGN, la cual fue declarada fallida el 13 de agosto de 2013.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

9. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58 y 209. • El Decreto 610 de 1998. • El Decreto 1239 de 1998.

10. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el Decreto 4040 de 2004 fue anulado por el Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de diciembre de 2011; decisión que tiene efectos retroactivos. Por ello, el Decreto 610 de

4040 de 2004 fue anulado por el Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de diciembre de 2011; decisión que tiene efectos retroactivos. Por ello, el Decreto 610 de 1998 volvió a ser aplicable.

11. Indicó que el acto administrativo demandado está viciado de nulidad por desconocer que la ley fija expresamente la asignación salarial de los funcionarios de la FGN. Igualmente, aseveró que se desconocen los derechos al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas.

12. Expuso que el acto administrativo acusado incurrió en una falsa motivación, al sustentarse en argumentos equívocos, puesto que no tuvo en cuenta el reconocimiento y pago por la bonificación por compensación, equivalente al 80% de los ingresos mensuales recibidos por los magistrados de alta corte, que deben ser iguales a los de los congresistas; esto en aplicación del Decreto 610 de 1998 que rige su situación.

2.2. Contestación de la demanda

13. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda e invocó las excepciones de prescripción trienal y presunción de legalidad del acto administrativo4.

14. Se opuso a las pretensiones de la demanda exponiendo que viene liquidando las bonificaciones decretadas por el Gobierno nacional con respeto a las normas vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, puesto que como autoridad administrativa no 4 Samai, índice 2, «ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip)», documento «05 ContestaciónDemanda».Radicación: 08001-23-33-000-2013-00598-02 (3991-2023)

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4 tiene la facultad de interpretar las leyes e inaplicarlas, en razón a que son los jueces en sus respectivos fueros a través de sus sentencias los que tienen tal facultad.

15. Afirmó que al demandante no le asiste el derecho a que se cancele retroactivamente el 80% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las altas cortes, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, en razón a que los efectos de la sentencia de nulidad son hacia el futuro.

16. Asimismo, manifestó que la prescripción trienal de los derechos pretendidos se configura tres años atrás a la respectiva reclamación administrativa; por lo tanto, no hay lugar al pago de cualquier acreencia laboral más allá de ese límite temporal. Así, en el asunto particular, indicó desconocer la fecha en que el actor presentó la solicitud, pero al tener respuesta de la entidad el 22 de enero de 2013, advirtió han pasado más de tres años desde que los derechos se hicieron exigibles.

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2022, declaró la nulidad del oficio N°. DSAF-000051 y no probada la excepción de prescripción propuesta por la accionada. En consecuencia,

ordenó lo siguiente5:

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACION, a pagar

probada la excepción de prescripción propuesta por la accionada. En consecuencia, ordenó lo siguiente5:

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACION, a pagar al actor, señor VICENTE OREJARENA PARRA, las diferencias salariales y prestacionales existentes en los periodos comprendidos así: del 15 de diciembre de 2008 a 09 de septiembre de 2009 y desde el 04 de enero de 2010 hasta la fecha en que se verifique el cumplimiento de la presente sentencia, teniendo en cuenta el 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de las altas cortes, conforme al Decreto 610 de 1998.

Asimismo, la entidad demandada deberá tener en cuenta el 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de las altas cortes, para liquidarle al actor VICENTE OREJARENA PARRA los salarios y prestaciones sociales que a futuro se causen, hasta tanto se mantenga vigente la relación laboral.

CUARTO: ORDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagar al actor, señor VICENTE OREJARENA PARRA, la indexación de las condenas que en el numeral anterior de esta resolutiva se detallan, conforme lo dispuesto en el artículo 187 de la ley 1437 de 2011. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada, teniendo en cuenta la formula expuesta en la parte motiva de esta providencia. […].

18. Como fundamento de la decisión el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

19. Indicó que la diferencia salarial reclamada se originó debido a la coexistencia de

expuesta en la parte motiva de esta providencia. […].

18. Como fundamento de la decisión el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

19. Indicó que la diferencia salarial reclamada se originó debido a la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, a saber, el Decreto 610 de 1998, que regulaba la bonificación por compensación y el Decreto 4040 de 2004, que creó la bonificación de gestión judicial.

5 Samai, índice 2, «ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip)», documento «19 Sentencia».Radicación: 08001-23-33-000-2013-00598-02 (3991-2023)

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20. Señaló que el Consejo de Estado en sentencia del 14 de diciembre de 2011, declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, ratificado la vigencia al Decreto 610 de 1998 y constituyendo un derecho adquirido para sus beneficiarios.

21. En el caso concreto, adujo que el demandante al ostentar la calidad de fiscal delegado ante tribunal, tiene derecho a la reliquidación y pago de la bonificación por compensación conforme lo señala el Decreto 610 de 1998, es decir teniendo en cuenta el 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes.

22. En relación con el fenómeno de la prescripción, el Tribunal se acogió al criterio

el 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes.

22. En relación con el fenómeno de la prescripción, el Tribunal se acogió al criterio desarrollado por el Consejo de Estado en sentencia del 18 de mayo de 2016, proferida por la Sala de Conjueces, con ponencia del conjuez Jorge Iván Acuña Arrieta. En dicha providencia se precisó que los términos prescriptivos respecto de las acreencias derivadas de la bonificación judicial solo pueden contarse a partir del 28 de enero de 2012, fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, pues solo a partir de ese momento finalizó la coexistencia normativa de la anterior norma con el Decreto 610 de 1998 y, por ende, con claridad se hizo exigible reclamar la aplicación de este último.

23. Para el caso objeto de examen, el juez de primera instancia concluyó que, habiéndose presentado la reclamación administrativa el 10 de diciembre de 2012, no resultaba aplicable el fenómeno de la prescripción frente a ninguna de las acreencias reclamadas, debido a que esta se presentó dentro de los tres años siguientes al 28 de enero de 2012, fecha de ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Recurso de apelación de la parte demandante

24. El señor Vicente Orejarena Parra, interpuso recurso de apelación6 contra la sentencia de primera instancia, a través del cual solicitó adicionar a la parte resolutiva, que dentro del pago de las diferencias del 70% pagado y el 80% que se debió liquidar,

sentencia de primera instancia, a través del cual solicitó adicionar a la parte resolutiva, que dentro del pago de las diferencias del 70% pagado y el 80% que se debió liquidar, «se tenga como incluida para el cálculo y pago, la prima especial de servicios de los [M]agistrados de [A]lta [C]orte» para los emolumentos ordenados.

25. Como fundamento, expuso que el Consejo de Estado en la «sentencia de unificación» del 18 de mayo de 2016, proferida por la Sala de Conjueces, con ponencia del conjuez Jorge Iván Acuña Arrieta, señaló que no existen razones para que se haga abstracción alguna de la prima especial de servicios dentro de la liquidación a favor de los servidores titulares de la bonificación contemplada en el Decreto 610 de 1998. Esto, en el entendido que, la prima especial de servicios no solo es un ingreso laboral, sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 de 2003.

26. En ese orden de ideas, solicitó que se aplique las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tienen los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Por esto, teniendo en cuenta que 6 Samai, índice 2, « ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip)», documento «21.APELACIÓNSENTENCIAPRIMERA INSTANC-».Radicación: 08001-23-33-000-2013-00598-02 (3991-2023)

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INSTANC-».Radicación: 08001-23-33-000-2013-00598-02 (3991-2023)

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6 existen sentencias en el mismo sentido de lo pretendido en el recurso, reclamó la inclusión de la prima especial de servicios, dentro de la liquidación ordenada por el juez de primera instancia.

2.4.2. Recurso de apelación de la parte demandada

27. La FGN interpuso recurso de apelación7 contra la sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que el término de prescripción de 3 años empieza a correr desde que el derecho es exigible. Por tanto, como el accionante interpuso la reclamación el 10 de diciembre de 2012, se debe declarar la prescripción de todos los derechos causados antes del 10 de diciembre de 2009.

28. Expuso que los fallos de simple nulidad tienen efectos «ex – nunc» (hacía futuro) y que las situaciones jurídicas originadas durante la vigencia de los actos anulados por esa vía debían respetarse. Ello, en virtud de que los actos administrativos de carácter general tienen el mismo efecto material de las leyes, y en ese orden de ideas, los efectos de la sentencia de fondo del contencioso subjetivo de anulación se asimilan a los de una sentencia de exequibilidad.

Por esto, relató que el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo a través de la

efectos de la sentencia de fondo del contencioso subjetivo de anulación se asimilan a los de una sentencia de exequibilidad.

Por esto, relató que el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo a través de la sentencia del 14 de diciembre de 2011, y agregó que la declaratoria de nulidad de los actos administrativos generales no tiene efectos frente a las situaciones consolidadas bajo su vigencia, en razón de la intangibilidad de los actos individuales y particulares. Por tal motivo, en virtud de los efectos a futuro de la anterior providencia, no resulta pertinente modificar la situación del peticionario durante la vigencia del Decreto 4040 de 2004.

29. Asimismo, la entidad afirmó que obró en cumplimiento de un deber legal al liquidar el salario y demás emolumentos, conforme a los decretos que se encontraban vigentes. Aclaró que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1102 de 2012 «por el cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios», se reconoció por nómina la bonificación por compensación en el 80% a todos los beneficiarios, a partir del 27 de enero de 2012.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

30. A través del auto del 21 de febrero de 20248, los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se declararon impedidos para conocer el recurso de apelación. Posteriormente, a través de auto del 26 de septiembre de 20249, los magistrados de la Subsección A de la misma Sección, declararon infundado el impedimento y ordenaron la devolución del expediente al despacho ponente.

el recurso de apelación. Posteriormente, a través de auto del 26 de septiembre de 20249, los magistrados de la Subsección A de la misma Sección, declararon infundado el impedimento y ordenaron la devolución del expediente al despacho ponente.

31. Mediante auto del 25 de agosto de 202510, se admitió el recurso de apelación y se prescindió del traslado para alegar de conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda instancia. Así mismo, se ordenó notificar por estado a aquellas y al Ministerio Público, que guardaron silencio. 7 Samai, índice 2, «ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip)», documento «33_Incorporaexped_ expediente_241Apelac FGNek418953_21_20250716155826071». 8 Samai, índice 04, «6MANIFESTACIOND_REVISADO39912023MANI(.docx)». 9 Samai, índice 10, «10Autoqueresuel_39912023DeclaraInfun(.pdf)». 10 Samai, índice 03, «43Autoqueadmite_239912023Autoadmitea(.pdf)».Radicación: 08001-23-33-000-2013-00598-02 (3991-2023)

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

32. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

32. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

33. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación contra el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:

34. ¿Es procedente el reconocimiento y pago de las diferencias por concepto de la bonificación por compensación causadas con anterioridad a la sentencia del 14 de diciembre de 2011, pese a que la parte demandada alegó que la nulidad del Decreto 4040 de 2004 no produce efectos frente a situaciones jurídicas individuales consolidadas y que los pagos efectuados se realizaron conforme a lo dispuesto en dicho decreto mientras estuvo vigente?

35. En caso de que la parte accionante tenga derecho a la bonificación por compensación, ¿resulta procedente ordenar que, para su cálculo, se tenga en cuenta el reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 para los magistrados de las altas cortes?

36. ¿Operó la prescripción del derecho de la parte actora al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación?

37. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:

para los magistrados de las altas cortes?

36. ¿Operó la prescripción del derecho de la parte actora al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación?

37. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:

(i) bonificación por compensación y por gestión judicial; (ii) efectos de las sentencias que declaran la nulidad de actos administrativos y (iii) prescripción.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Bonificación por compensación

38. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de los magistrados11 de segundo nivel —y otros cargos equivalentes— tomando como referencia cierto porcentaje de lo percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho 11 Y autoridades equivalentes.Radicación: 08001-23-33-000-2013-00598-02 (3991-2023)

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8 contexto fue explicado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201312,

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8 contexto fue explicado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201312, en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto 610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30% de sus ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de "nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema

de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% d e lo percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80%. Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas. Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley 332/96.

39. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 13, que creó la

bonificación por compensación, así:

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá

por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes.

40. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al 12 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación. 13 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001, ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.Radicación: 08001-23-33-000-2013-00598-02 (3991-2023)

Demandante: Vicente Orejarena Parra

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Demandante: Vicente Orejarena Parra

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de 199814 dictado por el presidente de la República.

41. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características

que a continuación se enuncian:

1. Carácter permanente;

1. solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;

1. desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes a salud;

1. los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de FGN ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del

Consejo Superior de la Judicatura;

1. se paga mensualmente;

1. con