CE - Sentencia 08001233300020140044802 de 2025

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00448-02 (2746-2023) Demandante: Orfa Michell Moscarella Camayo Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-2014-00448-02 (2746-2023)

Demandante: Orfa Michell Morcarella Camayo

Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema: fijación del régimen salarial y prestacional en la Rama Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida

prestacional en la Rama Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico del 6 de diciembre de 2022, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces. Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin grado. En el presente proceso, pretende la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo pedido. A su turno, el Tribunal consideró que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para fijar la categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto dicha potestad le corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Orfa Michell Morcarella Camayo , por conducto de apoderad o judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento delRadicación: 08001-23-33-000-2014-00448-02 (2746-2023) Demandante: Orfa Michell Moscarella Camayo Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

Demandante: Orfa Michell Moscarella Camayo Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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2 derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se inaplique parcialmente por inconstitucional el

siguiente acuerdo:

• El artículo 1 del Acuerdo PSAA 11 -8596 del 19 de septiembre de 2011 3, expedido por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que respecta a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor grado 23», en los despachos de magistrado del Tribunal

Administrativo del Atlántico.

3. Asimismo, pidió que se declar ara la nulidad del oficio DES-002420 del 2 de septiembre de 2013, proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Barranquilla (Atlántico), por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales reclamadas entre el cargo de «abogado asesor grado 23» que ocupaba la demandante y el de «abogado asesor» sin grado.

4. De igual manera, solicitó la nulidad de la Resolución núm. 5572 de 20 de noviembre de 2013, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de la

4. De igual manera, solicitó la nulidad de la Resolución núm. 5572 de 20 de noviembre de 2013, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de la cual se resolvió un recurso de apelación y confirmó la decisión adoptada en el oficio DES-002420 de 2 de septiembre de 2013.

5. A título de restablecimiento del derecho, la demandante reclamó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el empleo de «abogado asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación de las prestaciones salariales y sociales.

6. De igual manera, que se conden ara a la demandada a actualizar las sumas adeudadas con base en el índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo 187 del CPACA, y se le ordenara el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 ibidem. Solicitó la condena en costas.

2.1.2. Hechos

7. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

8. La señora Orfa Michell Morcarella Camayo , mediante Resolución núm. 052 del 11 de enero de 2012 , fue nombrad a en el cargo de «abogado asesor grado 23» en descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico y tomó posesión, a partir del 16 de enero de 2012.

1 26 de mayo de 2014. 2Samai, exp. 08001-23-33-000-2014-00448-02, índice 2, certificado núm. 2D89DE5F27EC8BD4 6F6C6018E2F18BE2

2Samai, exp. 08001-23-33-000-2014-00448-02, índice 2, certificado núm. 2D89DE5F27EC8BD4 6F6C6018E2F18BE2 489E2E81173DB3DE 03B7E4EA8165C8D8, documento «01.Expediente». 3 «Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión complementarias a las adoptadas en el Plan Nacional de Descongestión para el Tribunal Contencioso Administrativo de Atlántico».Radicación: 08001-23-33-000-2014-00448-02 (2746-2023) Demandante: Orfa Michell Moscarella Camayo Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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9. El empleo fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA 11-8346 del 29 de julio de 20114 para los despachos permanentes del Tribunal Administrativo del Atlántico. Posteriormente, a través del Acuerdo PSAA 11-8596 del 19 de septiembre de 2011 , se creó el cargo de «abogado asesor grado 23» para los despachos en descongestión del referido Tribunal. Dichas medidas fueron prorrogadas por el Acuerdo PSAA11-8947 del 9 de diciembre de 2011.

10. La señora Orfa Michell Morcarella Camayo presentó escrito, el 17 de julio de 2013, ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla,

10. La señora Orfa Michell Morcarella Camayo presentó escrito, el 17 de julio de 2013, ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el empleo de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.

11. Dentro de los argumentos planteados en la referida petición, expuso que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, para el año 2011, le ha cancelado su salario sobre la suma de 3.845.934 pesos, conforme el cargo que ocupa de «abogado asesor grado 23», cuando el Decreto 1039 del 4 de abril de 2011, en su artículo 6 estableció una remuneración de 5.140.170 pesos, para el empleo de «abogado asesor» sin grado.

12. Asimismo, explicó que el cargo de «abogado asesor» existe en la planta de personal de la Rama Judicial, sin la asignación de grado alguno, por lo que al crear el cargo de «abogado asesor grado 23», el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus facultades constitucionales y legales en materia del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos , cuando estableció una categoría salarial distinta a la ya prevista para el «abogado asesor», lo que generó un detrimento para los intereses de quienes ve nían desempeñando el mencionado empleo de «abogado asesor grado 23», debido a que su remuneración salarial era inferior.

prevista para el «abogado asesor», lo que generó un detrimento para los intereses de quienes ve nían desempeñando el mencionado empleo de «abogado asesor grado 23», debido a que su remuneración salarial era inferior.

13. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla , mediante oficio DES -002420 del 2 de septiembre de 2013, negó su solicitud. Contra dicha, decisión interpuso recurso de apelación.

14. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de Resolución núm. 5572 del 20 de noviembre de 2013 , confirmó en todas sus partes el acto administrativo objeto de apelación, para lo cual argumentó que el cargo de la demandante fue creado con denominación y grado, sin que se haya dispuesto que el empleo fuera nominado, es decir, sin grado; por consiguiente, concluyó que la remuneración corresponde a la prevista para el «grado 23» conforme con lo previsto en el Decreto 1039 de 2011.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

15. En la demanda se invocan las siguientes normas:

De la Constitución Política, los artículos 2, 6, 25, 53, 122 y 150 (numeral 16, literales c y e) y 209. De la Ley 270 de 1996 artículo 152 (numeral 7)

4 «Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión complementarias a las adoptadas en el Plan Nacional de Descongestión en el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico».Radicación: 08001-23-33-000-2014-00448-02 (2746-2023)

Demandante: Orfa Michell Moscarella Camayo

en el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico».Radicación: 08001-23-33-000-2014-00448-02 (2746-2023) Demandante: Orfa Michell Moscarella Camayo Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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4 Decreto 1039 de 2011 Decreto 874 de 2012

16. La parte actora en el concepto de violación manifestó que los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por que fueron expedidos: i) con infracción de las normas superiores en las que debían fundarse y ii) mediante falsa

motivación, por las siguientes razones:

17. Frente al primero de los cargos, explicó que los actos cuestionados no tuvieron en cuenta las garantías constitucionales a desarrollar un empleo en condiciones dignas, justas y a recibir una remuneración vital y móvil , proporcional a la calidad del trabajo, conforme lo dispuesto en los artículos 25 y 53 de la Constitución.

18. Asimismo, indicó que el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996 establece que es un derecho de los servidores de la Rama Judicial «percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía, la que no puede ser disminuida de manera alguna».

19. De igual manera, refirió que las entidades públicas deben reconocer los salarios y prestaciones de sus servidores conforme lo previsto en la ley y el reglamento para

alguna».

19. De igual manera, refirió que las entidades públicas deben reconocer los salarios y prestaciones de sus servidores conforme lo previsto en la ley y el reglamento para cada uno de los cargos existentes en la planta de personal de las respectivas instituciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución.

20. Así pues, expresó que el Consejo Superior de la Judicatura mediante los acuerdos PSAA 11-8346 del 29 de julio de 2011 y PSAA 11-8596 del 19 de septiembre de 2011 creó el cargo de «abogado asesor», pero para efectos de remuneración le asignó el «grado 23», sin tener en cuenta que el numeral 2 del artículo 4 de los decretos 1039 de 2011 y 874 de 2014, ya establecían la remuneración para el empleo de «abogado asesor», sin determinar grado alguno. Asimismo, se ignoró que el artículo 6 del mismo decreto establece que solo se aplicará la escala por grados cuando la denominación del cargo «[…] no esté señalada en los artículos anteriores […]».

21. En este orden, consideró que las decisiones administrativas cuestionadas no efectuaron una debida aplicación e interpretación de las normas constitucionales invocadas y de los decretos 1039 de 2011 y 0874 de 2012 , motivo por el cual se ha estado pagando una remuneración inferior a la que le corresponde a la demandante.

22. Ahora bien, frente al segundo cargo de nulidad invocado en la demanda, la parte actora afirmó que los actos administrativos demandados se sustentaron en un argumento contrario al ordenamiento jurídico, por cuanto expresaron que el salario de

22. Ahora bien, frente al segundo cargo de nulidad invocado en la demanda, la parte actora afirmó que los actos administrativos demandados se sustentaron en un argumento contrario al ordenamiento jurídico, por cuanto expresaron que el salario de la demandante se reconoce conforme el «grado 23», pero desconoció que los decretos 1039 de 2011 y 874 de 2012 son explícitos en indicar que ello solo procede cuando no se encuentre denominación del cargo, lo cual no ocurre en este caso.

2.2. Contestación de la demanda

23. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla 5,. se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que la entidad no tiene competencia para darle un alcance

5 Samai, exp. 08001-23-33-000-2014-00448-02, índice 2, certificado núm. 2D89DE5F27EC8BD4 6F6C6018E2F18BE2 489E2E81173DB3DE 03B7E4EA8165C8D8, documento «01. Expediente».Radicación: 08001-23-33-000-2014-00448-02 (2746-2023) Demandante: Orfa Michell Moscarella Camayo Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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5 diferente al decreto de salarios expedido por el Gobierno nacional y pagar a la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 diferente al decreto de salarios expedido por el Gobierno nacional y pagar a la demandante su asignación básica de acuerdo con la remuneración prevista para los cargos nominados, cuando la escala salarial para el cargo ocupado corresponde al de «grado 23», debido a la prohibición establecida en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992.

24. De este modo, afirmó que la Ley 270 de 1996 facult ó al Consejo Superior de la Judicatura para crear medidas de descongestión de carácter temporal y transitorio , entre estas, la redistribución de los asuntos entre los despachos judiciales y la creación de cargos. En este sentido, los acuerdos PSAA 11-8346 de 2011 y PSAA 11-8596 de dispusieron la asignación de tres cargos de «abogado asesor grado 23», para los despachos del Tribunal Administrativo del Atlántico.

25. Por otro lado, indicó que los acuerdos referidos no modifican ni inaplican el Decreto 1039 de 2011 , sino que remite n a dicha norma, en tanto el artículo 8 dispuso expresamente que: «El régimen salarial y prestacional de los cargos creados será el establecidos para la Rama Judicial».

26. Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos administrativos demandados se encuentra n ajustados al ordenamiento jurídico, sin incurri r en irregularidad o vicio de nulidad alguno.

27. Finalmente, propuso las excepciones de: i) inepta demanda por ausencia de

demandados se encuentra n ajustados al ordenamiento jurídico, sin incurri r en irregularidad o vicio de nulidad alguno.

27. Finalmente, propuso las excepciones de: i) inepta demanda por ausencia de fundamentos en las pretensiones y en el concepto de violación , ii) cobro de lo no debido y iii) la general e innominada.

2.3. Sentencia de primera instancia.

28. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces , mediante sentencia del 6 de diciembre de 2022 6, accedió a las pretensiones de la demanda, en los

siguientes términos:

«PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones propuestas.

SEGUNDO. Inaplicar por inconstitucional el aparte “Grado 23” contenido en el artículo 1.° del Acuerdo n.° PSAA11-8346 del 29 de julio de 2011.

TERCERO. Declarar la nulidad del Oficio DES-002420 de 23 de septiembre de 2013 , y de la Resolución n.° 001056 del 14 de noviembre de 2013, proferidas por el director seccional de administración judicial de Barranquilla, y de la Resolución 5572 de 20 de noviembre de 20 13, expedida por e l director ejecutivo nacional de administración judicial, a través de las cuales se resolvió una petición fechada el 16 de julio de 2013, donde se le negó el reconocimiento y pago a la señora ORFA MICHEL MOSCARELLA CAMAYO, la diferencia salarial existente entre el cargo de Abogado Asesor, con el de Abogado Asesor Grado 23.

CUARTO: Como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR a la Nación —

CAMAYO, la diferencia salarial existente entre el cargo de Abogado Asesor, con el de Abogado Asesor Grado 23.

CUARTO: Como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR a la Nación — Rama Judicial —Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a la señora ORFA MICHELL MOSCARELLA CAMAYO, las diferencias de sueldo que corresponde al cargo de abogado asesor de Tribunal, consagrado en los Decretos n.° 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, desde la fecha que ingresó a tal cargo y

6 Samai, exp. 08001-23-33-000-2014-00448-02, índice 2, certificado núm. 2D89DE5F27EC8BD4 6F6C6018E2F18BE2 489E2E81173DB3DE 03B7E4EA8165C8D8, documento «05. Sentencia».Radicación: 08001-23-33-000-2014-00448-02 (2746-2023) Demandante: Orfa Michell Moscarella Camayo Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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6 por todo el año 2012, 2013, 2014 y en lo sucesivo mientras se desempeñó en el mismo, y la respectiva reliquidación de todas las prestaciones sociales que ha devengado la actora, como prima, vacaciones, cesantías, bonificaciones y demás emolumentos

y la respectiva reliquidación de todas las prestaciones sociales que ha devengado la actora, como prima, vacaciones, cesantías, bonificaciones y demás emolumentos salariales y prestacionales causados y que llegaron a causar, con base en el s alario que por ley le corresponda al cargo de Abogado Asesor de Tribunal. Estos valores deberán ser actualizados en la forma indicada en la parte motiva de esta providencia. […]7».

29. El Tribunal indicó que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 19 literal e y f del artículo 150 de la Constitución, le corresponde al Congreso de la República , fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Asimismo, el artículo 1 de la Ley 4ª de 1992 estableció que «El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional » de servidores de la Rama Judicial.

30. Así pues, explicó que el Gobierno nacional con fundamento en lo anterior, expide anualmente los decretos por medio de los cuales se establecen las disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la

Justicia Penal Militar.

31. De este modo, los decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, en el numeral 2 del artículo 4 definieron la escala salarial para los empleados de los tribunales judiciales, incluyendo el cargo de abogado asesor con una remuneración específica. Adicionalmente, el artículo 6 especificó una tabla de valores salariales por grado, aplicable a los empleos de la Rama Judicial, cuya denominación del cargo no

los tribunales judiciales, incluyendo el cargo de abogado asesor con una remuneración específica. Adicionalmente, el artículo 6 especificó una tabla de valores salariales por grado, aplicable a los empleos de la Rama Judicial, cuya denominación del cargo no estaba identificada, entre dicho listado se encontraba en forma genérica el de grado 23, que tiene una asignación salarial inferior a la de abogado asesor.

32. De esta manera , explicó que el Consejo Superior de la Judicatura no podía asignarle un grado al cargo de abogado asesor porque su denominación ya se encontraba definida entro de los empleos existentes en la estructura de la entidad.

33. En este sentido, aclar ó que, si bien la entidad est á facultada para crear cargos, también es cierto que esta función debe desarrollarse en el marco de los criterios que establece la Ley 4ª de 1992, y que están incluidos en los decretos salariales que anualmente expide el Gobierno nacional.

34. En el caso objeto de estudio, afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura , al expedir el Acuerdo PSAA11-8346 del 29 de julio de 2011, no podía asumir la competencia de establecer una remuneración al cargo de abogado asesor de Tribunal, y menos imponerle grados , pues ello desconoce que esta facultad es exclusiva del presidente de la República, según lo previsto en la Ley 4ª de 1992, por lo que consideró que el referido acuerdo es inconstitucional e ilegal, pues no tuvo en cuenta las normas superiores a las que debía sujetarse.

35. Agregó que cuando el cargo tiene su denominación específica no es factible asignarle grados, por lo que proceder de manera contraria, implicaría una real

superiores a las que debía sujetarse.

35. Agregó que cuando el cargo tiene su denominación específica no es factible asignarle grados, por lo que proceder de manera contraria, implicaría una real disminución de los ingresos que perciben los servidores públicos.

7 Se corrigieron los errores de digitación del aparte transcrito.Radicación: 08001-23-33-000-2014-00448-02 (2746-2023) Demandante: Orfa Michell Moscarella Camayo Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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36. Así las cosas, concluyó que los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por infringir las normas en las que debía fundarse, al efectuar una interpretación contraria a los postulados establecidos en los decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2024, motivo por el cual se pagó un salario inferior al que le corresponde al cargo de abogado asesor de Tribunal al que estaba vinculada la demandante. En consecuencia, advirtió que las excepciones propuestas por la demandada de «pago de lo no debido» y la «general o innominada» no prosperaban.

2.4. Recurso de apelación

37. La parte demandada interpuso recurso de apelación 8 en contra de la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

2.4. Recurso de apelación

37. La parte demandada interpuso recurso de apelación 8 en contra de la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

38. Así pues, manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura , en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 256 de la Constitución y en los artículos 63 y 85 de la Ley 270 de 1996 , analizó las necesidades de las diferentes jurisdicciones y especialidades y determinó que el cargo que se debía crear para descongestionar los Tribunales Administrativos y Superiores era el de «abogado asesor grado 23», el cual no hace relación al empleo de «abogado asesor» nominado, pues en el primero se determinó un grado específico, cuya remuneración es proporcional al nivel de funciones y responsabilidades que demanda el perfil.

39. Asimismo, refirió que los argumentos de la demanda se fundamentan en una premisa basada en generar una confusión sobre la denominación de los cargos para un beneficio personal, pero no hace mención alguna a la teleología del plan de descongestión de la Rama Judicial que se regula por una ley estatutaria.

40. De este modo, explicó que el cargo de «abogado asesor grado 23» fue creado dentro del marco de la autonomía administrativa y conforme las necesidades del servicio de manera transitoria a través de los acuerdos PSAA11-7886, PSAA13-9991, PSAA14-10197, PSAA15 -10288, PSAA15 -10323, PSAA15 -10335, PSAA15 -10356, PSAA15-10363, PSAA15-10371, PSAA15-10377 y PSAA15-10385, y posteriormente,

PSAA14-10197, PSAA15 -10288, PSAA15 -10323, PSAA15 -10335, PSAA15 -10356, PSAA15-10363, PSAA15-10371, PSAA15-10377 y PSAA15-10385, y posteriormente, de forma permanente por medio del Acuerdo PSAA15 -10402. Dichos actos administrativos gozan de presunción de legalidad, sin que hubiesen sido cuestionados ante la jurisdicción.

41. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia.

42. Mediante auto del 26 de octubre de 202 39, se admitió el recurso de apelación interpuesto la parte demandada . Al no existir solicitud probatoria, se prescindió del período para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

8 Samai, exp. 08001-23-33-000-2014-00448-02, índice 2, certificado núm. 2D89DE5F27EC8BD4 6F6C6018E2F18BE2 489E2E81173DB3DE 03B7E4EA8165C8D8, documento «09.Apelación». 9 Samai, exp. 08001-23-33-000-2014-00448-02, índice 8, certificado núm. 314CB721AF907AEF C82188BAE344CE7D

709A838281D5C843 652C743CBD57D7ED.Radicación: 08001-23-33-000-2014-00448-02 (2746-2023) Demandante: Orfa Michell Moscarella Camayo Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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8 2.6 Concepto del Ministerio Público.

43. El Procurador Delegado de Intervención Tercera ante el Consejo de Estado solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia10.

44. En este sentido, indicó que el Consejo Superior de la Judicatura, al asignar el «grado 23» al cargo de abogado asesor, vulneró las competencias exclusivas del Gobierno nacional en materia salarial, con lo cual desconoció los artículos 4 y 6 del Decreto 194 de 2014 y afectó las presta ciones de los empleados judiciales, que desempeñaban el referido cargo.

45. De este modo, precisó que el cargo de «abogado asesor» ya existía en la planta de empleos de la Rama Judicial, por lo que la entidad demandada al crear el cargo de «abogado asesor» y asignarle el «gado 23» con una menor remuneración desconoció los criterios fijados en la Ley 4 ª de 1992 y vulneró los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos que han ocupado el empleo con esta denominación.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

prestacionales de los servidores públicos que han ocupado el empleo con esta denominación.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

46. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión preliminar

47. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien la demandante solicitó la inaplicación del artículo 1 del Acuerdo PSAA 11-8596 del 19 de septiembre de 2011, lo cierto es que su vinculación al cargo de «abogado asesor grado 23» se realizó con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo PSAA 11 -8346 del 29 de julio de 2011, prorrogado por el Acuerdo PSAA11-8947 de 9 de diciembre de 2011, como consta en la Resolución núm. 052 del 11 de enero de 201211.

48. En este sentido, el análisis sobre la inaplicación de disposiciones de creación de los cargos de «abogado asesor grado 23» deberá realizarse con fundamento en el Acuerdo PSAA 11-8346 del 29 de julio de 2011.

3.3. Problema jurídico

49. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir lo

siguiente:

fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir lo siguiente:

10 Samai, exp. 08001-23-33-000-2014-00448-02, índice 18, certificado núm. 26BA678E677C94DC 1D4DFA669726ED4E 508802BE53A930A6 8A397194F589B2C2. 11 Samai, exp. 08001-23-33-000-2014-00448-02, índice 2, certificado núm. 2D89DE5F27EC8BD4 6F6C6018E2F18BE2 489E2E81173DB3DE 03B7E4EA8165C8D8, documento «01. Expediente».Radicación: 08001-23-33-000-2014-00448-02 (2746-2023) Demandante: Orfa Michell Moscarella Camayo Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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50. ¿Si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias constitucionales y legales al asignar la denominación «grado 23» al cargo de «abogado asesor», en la medida en que ello implicó la modificación del régimen salarial y prestacional fijado por los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para dicho empleo?

asesor»,