CE - Sentencia 08001233300020150021401 de 2026

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 08001233300020150021401 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-2015-00214-01 (5774-2019)

Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga

Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías anualizadas. Leyes 344 de 1996 y 50 de 1990. Subtema 1: prescripción extintiva del derecho. Subtema 2: sanción moratoria incompatible con el régimen especial de administración de cesantías establecido en la Ley 91 de 1989 para los docentes afiliados al Fomag.

Sentencia de segunda instancia La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Liliana Margarita Roa Navarro solicitó la nulidad del Oficio núm. 2015EE009781 de 5 de febrero de 2015, mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional no emitió pronunciamiento de fondo frente a la petición que presentó el 23

2015EE009781 de 5 de febrero de 2015, mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional no emitió pronunciamiento de fondo frente a la petición que presentó el 23 de enero de 2015. Igualmente, la nulidad de la Resolución núm. 0024 de 15 de enero de 2015 proferida por el municipio de Sabanalarga; y e l Oficio núm . 20150170146131 de 27 de febrero de 2015 expedido por la Fiduciaria S.A ., mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de la cesantía anualizada, sus intereses de conformidad con lo previsto en la Ley 91 de 1989, la Ley 344 de 1996, el artículo 13 reglamentado por el Decreto 1582 de 1998; y la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

El Tribunal declaró la prescripción extintiva del derecho respecto de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de la s cesantías anualizadas correspondientes a la vigencia 1995; declaró la nulidad parcial de los actosRadicación: 08001-23-33-000-2015-00214-01 (5774-2019)

Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga.

2 acusados y, como restablecimiento del derecho, condenó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, en caso de no haberlo hecho, al reconocimiento del auxilio de las cesantías e intereses en favor de la actora correspondiente a la vigencia 1995.

Educación Nacional, Fomag, en caso de no haberlo hecho, al reconocimiento del auxilio de las cesantías e intereses en favor de la actora correspondiente a la vigencia 1995.

La Subsección revocará el ordinal primero de la sentencia impugnada y negará la pretensión dirigida al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por resultar incompatible con el régimen especial de administración de cesantías establecido en la Ley 91 de 1989 para los docentes afiliados al Fomag.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Liliana Margarita Roa Navarro , mediante apoderad o, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, municipio de Sabanalarga y el departamento del Atlántico , de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan1.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm. 2015EE009781 de 5 de febrero de 2015, mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional no emitió pronunciamiento de fondo frente a la petición que presentó el 23 de enero de 2015. Igualmente, pidió la nulidad de la Resolución núm. 0024 de 15 de enero de 2015 expedida por el municipio de Sabanalarga, así como del Oficio núm. 20150170146131 de 27 de febrero de 2015 emitido por la Fiduprevisora S.A. , mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de

del Oficio núm. 20150170146131 de 27 de febrero de 2015 emitido por la Fiduprevisora S.A. , mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de cesantías, de los intereses a estas, de conformidad con lo previsto en la Ley 91 de 1989, Ley 344 de 1996, artículo 13 reglamentado por el Decreto 1582 de 1998; y la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara a las entidades demandadas reconocer y pagar las cesantías, los intereses a las mismas y la sanción moratoria correspondiente al año 1995.

4. Solicitó que las sumas reconocidas sean actualizadas con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC), según lo establecido en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo2.

1 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal12_12INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEDIGITA, folios 1 al 14. 2 En adelante CPACA.Radicación: 08001-23-33-000-2015-00214-01 (5774-2019)

Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga.

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5. También pidió el pago de las costas y agencias en derecho, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, y el pago de los intereses moratorios de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

3

5. También pidió el pago de las costas y agencias en derecho, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, y el pago de los intereses moratorios de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

2.1.2. Hechos

6. La Sala resume los fundamentos expuestos en la demanda, de la siguiente

manera:

7. La señora Liliana Margarita Roa Navarro fue nombrada como docente por el municipio de Sabanalarga por medio del Decreto núm. 213 de 29 de diciembre de 1994 y tomó posesión del cargo el 30 de diciembre del mismo año. Expuso que, de conformidad con la Ley 715 de 2001, fue asumida por el departamento del Atlántico.

8. Manifestó que, para la vigencia que reclama 1995, no fue afiliada al Fomag, lo cual , a su juicio, transgredió los mandatos establecidos en el Decreto 196 de

1995.

9. Adujo que para el momento de presentación de la demanda su salario era de $2.151.184, según el certificado expedido por la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico.

10. Precisó que las entidades demandadas no consignaron las cesantías anualizadas correspondientes al año 1995.

11. Indicó que el 14 de enero de 2015 presentó reclamación administrativa ante el municipio accionado, mediante l a cual pidió: i) la consignación de las cesantías correspondientes a l año 1995 ; ii) el pago de los intereses a las cesantías no pagadas; y iii) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley

correspondientes a l año 1995 ; ii) el pago de los intereses a las cesantías no pagadas; y iii) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990. Señaló que dicha petición fue atendida por el ente territorial mediante la Resolución núm. 0024 de 15 de enero de 2015.

12. La actora presentó reclamación administrativa el 23 de enero de 2015 ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag , en relación con las mismas peticiones señaladas en el párrafo anterior. Dicha petición fue respondida mediante Oficio núm. 2015EE009781 de 5 de febrero de 2015, a través del cual no se realizó un pronunciamiento de fondo; por el contrario, la petición fue remitida a la Fiduprevisora S.A., y esta entidad emitió pronunciamiento a través del Oficio núm. 20150170146131 de 27 de febrero de 2015.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

13. La demandante citó como vulneradas las siguientes normas: Constitución Política artículos 13, 29, 53 y 209; Ley 1437 de 2011, artículos 83, 138, 187 inciso 4, 188, 192, 195 inciso 4; Ley 91 de 1989, artículo 15; Ley 344 de 1996, artículo 13;Radicación: 08001-23-33-000-2015-00214-01 (5774-2019)

Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga.

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Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga.

4 Decreto 1582 de 1998, artículo 1 ; Ley 50 de 1990, numeral 3 del artículo 99 ; y Decreto 1063 de 1991, artículos 21 y siguientes.

14. La parte actora sostuvo que las entidades accionadas vulneraron las disposiciones contenidas en la Ley 91 de 1989, la Ley 50 de 1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, al incumplir la obligación de efectuar oportunamente las c onsignaciones de cesantías en el fondo correspondiente.

Afirmó que dicha omisión desconoció el régimen legal aplicable a su situación prestacional y constituyó una actuación contraria a las obligaciones que les imponían las citadas normas.

2.2. Contestación de la demanda

15. (i) El departamento del Atlántico3 se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que las mismas carecen de fundamentos legales y fácticos que ameriten su condena , toda vez que por medio de la Ley 91 de 1989 se creó el Fomag, por la cual las prestaciones sociales serán reconocidas por dicho fondo.

16. Formuló como excepciones las que denominó: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; y ii) genérica e innominada.

17. Por su parte, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag y el municipio de Sabanalarga no contestaron la demanda.

2.3. Sentencia de primera instancia

causa por pasiva; y ii) genérica e innominada.

17. Por su parte, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag y el municipio de Sabanalarga no contestaron la demanda.

2.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 17 de mayo de 20194 mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas y se abstuvo de

condenar en costas a la parte demandada; así:

Primero,- Declárase probada de Oficio la excepción de prescripción extintiva respecto de la sanción moratoria por la no consignación oportuna del auxilio de cesantía correspondiente al año 1995, acorde con las motivaciones precedentes.

Segundo.- Declárase la nulidad parcial de los Oficios Nos 2015EE009781 del 5 de febrero de 2015, proferido por el Asesor Secretaría General de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional y 20150170146131 de fecha 27 de febrero 2015 emanado de la Fiduciaria la Previsora S.A, como administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como de la Resolución 0024 de fecha 15 de enero de 201 5, expedida por la Alcaldía Municipal de Sabanalarga.

3 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal12_12INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEDIGITA, folios 113 al 123. 4 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal12_12INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEDIGITA, folios 333

al 123. 4 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal12_12INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEDIGITA, folios 333 al 354.Radicación: 08001-23-33-000-2015-00214-01 (5774-2019)

Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga.

5 Tercero.- En consecuencia, a titulo de restablecimiento del derecho: condenase a la Nación — Ministerio de Educación — Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. en caso de no haberlo hecho, al reconocimiento del auxilio de cesantía y los intereses sob re aquél, en favor de la señora Liliana Margarita Roa Navarro, correspondiente al año 1995, de conformidad con las competencias asignadas en la Ley 91 de 1989.

[…]5

19. La decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:

20. Refirió que quedó demostrado que la actora ingresó el 30 de diciembre de 1994 al servicio en el municipio de Sabanalarga, por lo que, en principio, indicó que podría aplicársele el régimen anualizado de cesantías, el cual ordena que el empleador deberá realizar la liquidación del auxilio por la anualidad o fracción correspondiente y consignar dicha suma hasta el 14 de febrero del año siguiente en una cuenta individual a nombre del trabajador y en el fondo que elija.

21. Sostuvo que de conformidad con la sentencia de unificación CE-SUJ004 del

correspondiente y consignar dicha suma hasta el 14 de febrero del año siguiente en una cuenta individual a nombre del trabajador y en el fondo que elija.

21. Sostuvo que de conformidad con la sentencia de unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016 (sic)6 definió los criterios propios de la sanción moratoria la cual está sometida al fenómeno de pre scripción trienal de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual las acciones laborales prescriben en tres (3) años contados a partir del momento en que la obligación se hizo exigible.

22. En este orden de ideas, advirtió que la sanción pretendida correspondiente al año 1995 se hizo exigible el 15 de febrero de 1996, por lo que la actora tenía hasta tres (3) años para reclamar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, término que feneció el 15 de febrero de 1999.

23. Agregó que la actora solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria ante el municipio de Sabanalarga y el Ministerio de Educación Nacional, los días 14 y 23 de enero de 2015 , respectivamente, momento para el cual ya había transcurrido el término previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En consecuencia, concluyó que se encontraba configurado el fenómeno extintivo de la prescripción respecto de la sanción moratoria causada para la vigencia 1995.

24. Respecto de la reclamación dirigida al pago tanto de las cesantías como de sus intereses para el año 1995, el fallador de primera instancia refirió que el auxilio de cesantía es una prestación de creación legal que debe el empleador pagar al

24. Respecto de la reclamación dirigida al pago tanto de las cesantías como de sus intereses para el año 1995, el fallador de primera instancia refirió que el auxilio de cesantía es una prestación de creación legal que debe el empleador pagar al trabajador por los servicios prestados en el evento en que llegare a quedar cesante.

Asimismo, precisó que en el expediente no obra prueba del pago del auxilio por parte del Fomag respecto a la vigencia 1995; en este sentido, decidió que, en el

5 Se transcribe con errores de texto. 6 CE-SUJ2-004-16 de 25 de agosto de 2016.Radicación: 08001-23-33-000-2015-00214-01 (5774-2019)

Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga.

6 caso de que no se hubiese realizado , se ordenaría el reconocimiento del auxilio y de sus intereses de conformidad con lo previsto en la Ley 91 de 1989.

25. En ese orden de ideas, aclaró que dicha orden no implica el pago del referido auxilio y de los intereses, toda vez que dicha erogación est á sujeta a los requisitos legales para su retiro de forma parcial o definitiva.

2.4. Recurso de apelación

26. La demandante7 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia para solicitar su revocatoria, por considerar que el tribunal dio un alcance, entendimiento e interpretación erróneos a la sentencia de unificación CESUJ004 del 25 de agosto de 2016 de esta corporación. Sostuvo que dicho

primera instancia para solicitar su revocatoria, por considerar que el tribunal dio un alcance, entendimiento e interpretación erróneos a la sentencia de unificación CESUJ004 del 25 de agosto de 2016 de esta corporación. Sostuvo que dicho precedente fue aplicado de manera descontextualizada, pues la sanción moratoria no se encuentra sometida a la prescripción total mientras subsista el vínculo laboral y no se haya efectuado la consignación de las cesantías, cir cunstancia que, a su juicio, se presenta en el asunto de autos. Añadió que, aun si se admitiera una postura distinta, resultaría procedente aplicar únicamente la prescripción trienal respecto de las porciones causadas de la sanción moratoria.

27. Adujo que su condición de servidor público docente territorial , solo le fue regularizada su condición prestacional hasta cuando fue afiliada o incorporada al Fomag, por lo que precisó que es dicha entidad a la que le corresponde por ley el pago de las prestaciones económicas de los docentes oficiales afiliados.

28. Indicó que se desconoció el precedente judicial consolidado para asuntos análogos, al omitirse la aplicación de los criterios jurisprudenciales que gobiernan la materia. De igual forma, destacó que el auxilio de cesantías, debido a su naturaleza prestacional, cumple una función social orientada a brindar protección económica al trabajador y a su familia, y constituye un derecho de carácter irrenunciable cuya garantía no puede ser restringida mediante interpretaciones desfavorables para su titular.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

29. Mediante auto del 4 de abril de 20238, el despacho ponente admitió el recurso

garantía no puede ser restringida mediante interpretaciones desfavorables para su titular.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

29. Mediante auto del 4 de abril de 20238, el despacho ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Asimismo, dispuso la notificación al Ministerio Público y a las partes por estado.

30. Posteriormente, a través de providencia de 12 de septiembre de 2025 9, ordenó correr traslado a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran sus alegatos de conclusión y, una vez vencido dicho plazo, disponer el

7 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal12_12INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEDIGITA, folios 368 al 385. 8 Samai, índice 012. 9 Samai, índice 019.Radicación: 08001-23-33-000-2015-00214-01 (5774-2019)

Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga.

7 traslado al Ministerio Público por el mismo término, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA.

2.5.1. Alegatos de conclusión

31. (i) El municipio de Sabanalarga 10 pidió confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en cuanto declaró probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria por la no

31. (i) El municipio de Sabanalarga 10 pidió confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en cuanto declaró probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes al año 1995. Sostuvo que esa excepción debe ratificarse respecto de todos los derechos que no se reclamaron dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad, conforme a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969, 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo.

32. Igualmente, señaló que el municipio fue admitido en un proceso de promoción de acuerdo de reestructuración de pasivos, de conformidad con la Ley 550 de 1999, razón por la cual convocó a todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que tuvieran acreencias a su cargo para que comparecieran al respectivo trámite. Asimismo, indicó que en la base de datos de la entidad no obra reclamación alguna presentada por la actora, motivo por el cual consideró improcedente acceder a las pretensiones de la demanda.

33. (ii) El departamento del Atlántico 11 presentó alegatos de conclusión en los que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Sostuvo que la demandante estuvo vinculada inicialmente al municipio de Sabanalarga, razón por la cual el departamento no es responsable de las acreencias reclamadas correspondientes al año 1995. Asimismo, adujo la configuración de la prescripción de la sanción moratoria y la inaplicabilidad de las disposiciones señaladas por la actora, al

departamento no es responsable de las acreencias reclamadas correspondientes al año 1995. Asimismo, adujo la configuración de la prescripción de la sanción moratoria y la inaplicabilidad de las disposiciones señaladas por la actora, al considerar que los docentes se encuentran sometidos al régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989. Finalmente, afirmó que el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales corresponde al F omag y solicitó mantener íntegramente la decisión apelada.

34. (iii) La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag12 adujo que es la entidad territorial la que está llamada a responder por el auxilio de cesantías respecto al año 1995, por lo que en el presente asunto se c onfiguraron las excepciones de inexistencia de la obligación y pago de lo no debido; así como la falta de legitimación en la causa por pasiva.

35. (iv) La parte actora 13 pidió que se accediera a las pretensiones de la demanda. Afirmó que continúa vinculada al servicio y que las entidades demandadas no consignaron oportunamente las cesantías correspondientes a la vigencia 1995. En cuanto a la prescripción, sostuvo que esta no opera mientras

10 Samai, índice 023. 11 Samai índice 024. 12 Samai, índice 025. 13 Samai, índice 026.Radicación: 08001-23-33-000-2015-00214-01 (5774-2019)

Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga.

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Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga.

8 subsista el vínculo laboral, dado que la sanción moratoria es accesoria al auxilio de cesantía y que el término trienal solo comienza a correr a partir de la consignación de dicha prestación o del retiro del servicio.

2.5.2. Concepto del Ministerio Público

36. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 14 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al considerar que la pretensión indemnizatoria se encontraba afectada por el fenómeno de la prescripción, toda vez que la reclamación administrativa solo fue formulada en el año 2015, pese a que la cesantía cuya falta de consignación se reprocha correspondía a la vigencia de 1995.

En consecuencia, para ese momento había transcurrido ampliamente el término legal para exigir la sanción moratoria, circunstancia que impedía el re conocimiento de lo reclamado.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

37. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segund a instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir:

dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir:

39. ¿Procede el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la falta de consignación de las cesantías de la demandante por la vigencia 1995?

40. Y en caso afirmativo, ¿ operó el fenómeno prescriptivo de la sanción reclamada?

14 Samai, índice 027.Radicación: 08001-23-33-000-2015-00214-01 (5774-2019)

Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga.

9 3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Régimen de cesantías anualizadas, Leyes 50 de 1990 y 91 de 1989. Improcedencia de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para docentes afiliados al Fomag. Reiteración de jurisprudencia.

41. En lo que respecta al personal docente, el reconocimiento de sus cesantías se rige por los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 91 de 198915:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año labor ado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fon do Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

42. Aunado a lo transcrito, el régimen prestacional distingue entre los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes conservan el sistema de cesantías retroactivas equivalente a un mes de salario por cada año laborado; y los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, a quienes el

nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes conservan el sistema de cesantías retroactivas equivalente a un mes de salario por cada año laborado; y los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, a quienes el Fomag reconoce las cesantías bajo el régimen anualizado, es decir, liquidadas cada año con el pago de intereses sobre el saldo existente a 31 de dicie mbre, sin retroactividad.

43. En este sentido, el Fomag es la entidad competente para liquidar y reconocer las cesantías parciales y definitivas de los docentes oficiales afiliados. Dicha función se ejerce en desarrollo del principio de prestación descentralizada de los servicios previsto en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de delegación del artículo 9 de la normativa citada . Poe ello, el trámite administrativo se adelanta a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales. No obstante, el pago efectivo del auxilio corresponde a la Fiduprevisora S.A.

15 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».Radicación: 08001-23-33-000-2015-00214-01 (5774-2019)

Demandante: Liliana Margarita Roa Navarro Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga.

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44. A su turno, la ley 60 de 1993 dispuso en su artículo 6 lo que sigue: Administración del personal . Reglamentado parcialmente por el Decreto 196 de

1995. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y

44. A su turno, la ley 60 de 1993 dispuso en su artículo 6 lo que sigue: Administración del personal . Reglamentado parcialmente por el Decreto 196 de

1995. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos

sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute. El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. (Subraya la Sala). Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del personal docente del orden territorial a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. El valor actuarial del pasivo prestacional d

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