CE - Sentencia 11001031500020180159300 de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

Demandante: Rosalba Uribe López y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

Actor: ROSALBA URIBE LÓPEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, EJÉRCITO

NACIONAL

Tesis: Es infundado el recurso extraordinario de revisión por la causal establecida en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA, si la falta de aportación de la prueba determinante no se debió a la obra de la parte contraria, sino a la omisión de la demandante.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado por Rosalba Uribe López, Jhonatan González Uribe, Harlinton González Uribe, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad W.V.G. 1; Mabel Tatiana González, Yudy Milena González Uribe, quien actúa a nombre propio y en representación de sus hijos M.A.S.G. y

Uribe, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad W.V.G. 1; Mabel Tatiana González, Yudy Milena González Uribe, quien actúa a nombre propio y en representación de sus hijos M.A.S.G. y Cristian Camilo Sepúlveda González; Maritza González Uribe, quien actúa a nombre propio y en representación de su hija menor I.C.G .; la menor K.C.G., representada por su padre Miguel Alfonso Cuitiva Orjuela; Yaritza Fernanda Alarcón, William Vega González y Luz Stella Echeverry González, en contra de la sentencia del 5 de abril de 2017, proferida por Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A2.

1 La Sala estima pertinente suprimir la identidad de los menores de edad, como una medida de protección de los derechos de los niños. Ver al respecto la sentencia T-566 de 2023 de la Corte Constitucional. 2 Dentro del proceso de reparación directa que se identificó con el radicado 73001-23-31-000-2010-0042300/01 (43.747).Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

Demandante: Rosalba Uribe López y otros

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I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de reparación directa

Los señores Rosalba Uribe López, Jhonatan González Uribe, Harlinton González Uribe, quien actuó en nombre propio y en representación de sus

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de reparación directa

Los señores Rosalba Uribe López, Jhonatan González Uribe, Harlinton González Uribe, quien actuó en nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad W.V.G. y M.T.G.M.; Yudy Milena González Uribe, quien actuó a nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad M.A.S.G. y Cristian Camilo Sepúlveda González; Maritza González Uribe, quien actuó en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad I.C.G, Y.F.A.G. y F.A.A.G.; Aurora González Uribe, quien actuó en nombre propio y en representación de su hija menor de edad K.C.G.; William Vega González y Luz Stella Echeverry González , por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional3, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por el homicidio del señor Luis Carlos González 4, perpetrado, según alegaron, por miembros del Grupo Gaula del Ejército Nacional.

En esa oportunidad, los demandantes formularon las siguientes pretensiones5:

“PRIMERO: Declarar a los demandados, vale decir, a la NACION COLOMBIANA y/o ESTADO COLOMBIANO, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y al EJERCITO NACIONAL, administrativa y patrimonialmente responsables, por todos y cada uno de los perjuicios, objetivados y subjetivados, actuales y futuros; como consecuencia de la muerte de LUIS CARLOS GONZALEZ (Q.E.P.D.); muerte que fue ocasionada

de los perjuicios, objetivados y subjetivados, actuales y futuros; como consecuencia de la muerte de LUIS CARLOS GONZALEZ (Q.E.P.D.); muerte que fue ocasionada por parte de miembros de las Fuerzas Militares – EJERCITO NACIONAL.

SEGUNDO: Como consecuencia de declaración de Responsabilidad solicitada en el punto anterior, a título de indemnización, se condene a los aquí demandados a pagar a cada uno de los demandantes los siguientes conceptos y valores, sin que la tasación de los m ismos se considere limitante para el reconocimiento del mayor valor que resulte probado dentro del expediente así:

1.- DAÑOS MORALES:

1.1. PARA LA ESPOSA DE LUIS CARLOS GONZALEZ (Q.E.P.D.): Trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, vale decir, para la señora ROSALBA URIBE LOPEZ a título de perjuicios morales, ocasionados con el homicidio del señor

LUIS CARLOS GONZALEZ (Q.E.P.D.).

3 El 16 de marzo de 1995. 4 No tiene segundo apellido. 5 Folios 98 y 99 del cuaderno 1 del proceso de revisión.Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

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1.2. DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, A

TITULO DE DAÑOS MORALES PARA LOS SIGUIENTES DEMANDANTES:

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1.2. DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, A

TITULO DE DAÑOS MORALES PARA LOS SIGUIENTES DEMANDANTES:

A. JHONATAN GONZALEZ URIBE, mayor de edad y vecino de esta capital, identificado con la C.C. No. 100.714.0717 expedida en Ibagué.

B. HARLINTON GONZALEZ URIBE, mayor de edad y vecino de esta capital, identificado con la C.C. No, 10.185.029, expedida en la Dorada.

C. Los menores W.V.G. y M.T.G.M.; quienes actúan representados por su padre

HARLINTON GONZALEZ URIBE.

D. YUDY MILENA GONZALEZ URIBE, mayor de edad y vecina de esta capital, identificada con la C.C. No. 65.634.819 expedida en Dorada.

E. Los menores M.A.S.G. y Cristian Camilo Sepúlveda González, quienes actúan representados por su padre HARLINTON GONZALEZ URIBE.

F. MARITZA GONZALEZ URIBE, mayor de edad y vecina de esta capital, identificada con la C.C. No, 30.385.591 expedida en la Dorada.

G. Los menores Y.F.A.G., F.A.A.G. E I.C.G., quienes actúan representados por su señora madre MARITZA GONZALEZ URIBE.

H. AURORA GONZALEZ URIBE, mayor de edad y vecina de esta capital, identificada can la C.C. No. 30.349.599 expedida en la Dorada.

señora madre MARITZA GONZALEZ URIBE.

H. AURORA GONZALEZ URIBE, mayor de edad y vecina de esta capital, identificada can la C.C. No. 30.349.599 expedida en la Dorada.

I. La menor K.C.G., quien actúa representada por su señora la madre AURORA

GONZALEZ URIBE.

J. WILLIAMS VEGA GONZALEZ, mayor de edad y vecino de esta capital, identificado con la C.C. No. 10.181.127, expedida en la Dorada.

K. LUZ ESTELLA ECHEVERRY GONZALEZ, mayor de edad y vecina de esta Capital, identificada con la C.C, No, 30,347.440 expedida en la Dorada.

2. DAÑOS A LA VIDA EN RELACION:

2.1. PARA LA ESPOSA DE LUIS CARLOS GONZALEZ (Q.E.P.D.): Cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes, vale decir, para la señora ROSALBA URIBE LOPEZ, a título de daño a la vida en relación, ocasionados con el homicidio del señor LUIS CARLOS GONZALEZ (Q.E.P.D.).

2.2. TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, a título de daño a la vida en relación, para las siguientes personas: (…)

3. DAÑOS MATERIALES:

3.1. LUCRO CESANTE PARA LA ESPOSA DE LUIS CARLOS GONZALEZ (Q.E.P.D.}, vale decir, para ROSALBA URIBE LOPEZ (consolidado y futuro), LA SUMA DE CIEN

MILLONES DE PESOS ($100'000.000.00.)

vale decir, para ROSALBA URIBE LOPEZ (consolidado y futuro), LA SUMA DE CIEN

MILLONES DE PESOS ($100'000.000.00.)

La cantidad anterior hace relación a los dineros que ha dejado y dejará de devengar la esposa del occiso desde la fecha del fallecimiento y hasta la fecha probable de vida que en la actualidad se en encuentra establecida en setenta y cuatro (74) años de edad.

3.2. DAÑO EMERGENTE: PARA LA ESPOSA DE LUIS CARLOS GONZALEZ (Q.E.P.D.), vale decir, para ROSALBA URIBE LOPEZ, la suma de veinte millones de pesos ($20'000.000.00), como consecuencia de los gastos en que han tenido que incurrir y relacionados con inhumación, transportes, etc”.Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

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De la demanda identificada con el número de radicado 73001-23-31-0002010-00423-00/01 conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo del Tolima y en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

1.2. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

A través de sentencia del 5 de abril de 2017 6, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó el fallo del 20 de febrero de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, que , a su vez, denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa al

Sección Tercera, Subsección A, confirmó el fallo del 20 de febrero de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, que , a su vez, denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa al considerar que estaba desvirtuada la configuración de la falla en el servicio.

Como fundamentos de tal decisión, expuso que no era posible imputar responsabilidad patrimonial al Estado por la muerte del señor Luis Carlos González, pues la parte actora no había aportado pruebas que acreditaran las circunstancias en las cuales ésta se había producido; es decir, porque no demostró que el homicidio hubiera sido perpetrado por miembros del Grupo Gaula del Ejército Nacional con cuatro disparos de un arma de fuego calibre 9 mm, en desarrollo de un operativo antiextorsión, como se alegó en la demanda, y tampoco era posible determinar lo s móviles por los que tuvo lugar el homicidio.

Señaló que las únicas pruebas que se allegaron al proceso fueron el registro civil de defunción del señor González y los registros civiles de nacimiento de los demandantes, documentos que únicamente daban cuenta del fallecimiento y de las relaciones de parentesco entre ellos.

II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

6 Folios 123 a 134 del expediente del proceso de reparación directa.Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

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2.1. La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.1. La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

Mediante escrito radicado el 2 de mayo de 2018 7, la parte demandante interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 5 de abril de 2017, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con fundamento en la causal de revisión prevista en el numeral 1º del artículo 250 8 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y expuso los argumentos que la Sala pasa a sintetizar.

2.1.1. Manifestó que las únicas pruebas existentes sobre los hechos materia de la demanda que, por tanto, eran determinantes para acreditar la responsabilidad del Estado en el asunto, reposaban en el expediente de la investigación que se adelantaba con ocasión del operativo en el que perdió la vida el señor Luis Carlos González, el cual ya existía para la fecha de emisión del fallo de primera instancia , y hubiera podido cambiar el sentido de la decisión.

Sin embargo, tal compendio probatorio no pudo ser allegado al proceso de reparación directa por maniobras de la parte contraria. En concreto, adujo que, como lo advirtió en el recurso de apelación contra la sentencia del 20 de febrero de 2012 , antes de la presentación de la demanda, le solicitó al Juzgado 79 de Instrucción Penal Militar de Ibagué que remitiera

adujo que, como lo advirtió en el recurso de apelación contra la sentencia del 20 de febrero de 2012 , antes de la presentación de la demanda, le solicitó al Juzgado 79 de Instrucción Penal Militar de Ibagué que remitiera el referido expediente, pero que el Juzgado le denegó la solicitud porque éste se encontraba sometido a reserva.

Señaló que, por lo anterior, interpuso una acción de tutela contra el Ejército Nacional y que, mediante sentencia emitida antes de la fecha de

7 Folio 2 a 8 del expediente del recurso extraordinario de revisión. 8 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. (…)”.Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

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presentación de la demanda de reparación directa , se ordenó el suministro de la documentación. Por lo tanto, obedeciendo al principio de buena fe, consideró que la entidad le entregaría el expediente de manera oportuna y lograría allegarlo al proceso, razón por la cual no solicitó en la demanda el decreto de la prueba documental. Empero, el Ejército

buena fe, consideró que la entidad le entregaría el expediente de manera oportuna y lograría allegarlo al proceso, razón por la cual no solicitó en la demanda el decreto de la prueba documental. Empero, el Ejército Nacional no le entregó el expediente, por lo que finalmente le resultó imposible allegarlo a la actuación.

De acuerdo con lo anterior, aleg ó que en este asunto tiene aplicabilidad la causal de revisión prevista en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA y, en tal sentido, el mencionado expediente debe ser tenido en cuenta al adoptar la decisión de fondo en este asunto.

2.1.2. Por auto del 19 de noviembre de 2018 9 el despacho sustanciador inadmitió el recurso para que se aportaran los registros civiles de nacimiento de los menores de edad que figuraban como demandantes, así como la constancia de notificación de la sentencia del 5 de abril de 2017, con el propósito de establecer si la demanda había sido presentada en tiempo.

2.1.3. A través de escrito radicado el 5 de diciembre de 2018 10, la parte actora subsanó los defectos advertidos, razón por la cual la demanda fue admitida mediante auto del 15 de agosto de 2019, que ordenó impartir el trámite pertinente.

2.2. Oposición al recurso extraordinario de revisión

El Ministerio de Defensa Nacional , por intermedio de apoderado judicial, se pronunció contra los fundamentos del recurso extraordinario de revisión, así:

9 Folios 45 a 46 del expediente del proceso de reparación directa. 10 Folios 48 a 49 ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

de revisión, así:

9 Folios 45 a 46 del expediente del proceso de reparación directa. 10 Folios 48 a 49 ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

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2.2.1. Argumentó que la falta de aportación de la copia de la investigación penal militar al proceso fue responsabilidad del apoderado de los demandantes. Señaló que éste tenía la opción de aportar la copia de dicho expediente o el oficio de la solicitud q ue elevó a la entidad, junto con la copia de la tutela que se le concedió, así como también pudo pedir el decreto de la prueba, y que, al no hacerlo, incurrió en una falta de cuidado que no podía atribuirse al Ejército Nacional.

En tal sentido, arguyó que el recurso extraordinario de revisión no podía utilizarse para subsanar los errores o descuidos en los que las partes hubieren incurrido durante el proceso. Y que, particularmente, en virtud de los principios de lealtad procesal y buena fe, no debe permitirse que la parte demandante se beneficie de su propia negligencia.

De acuerdo con lo anterior, aseveró que en este caso no se configura la causal de revisión invocada, pues la falta de aportación de la investigación penal militar no se debió a fuerza mayor o caso fortuito, sino a una omisión o falta de diligencia del apoderado de la parte demandante, e insistió en que “nadie puede alegar su propia culpa para beneficiarse posteriormente”.

penal militar no se debió a fuerza mayor o caso fortuito, sino a una omisión o falta de diligencia del apoderado de la parte demandante, e insistió en que “nadie puede alegar su propia culpa para beneficiarse posteriormente”.

2.2.2. Alegó que el recurso de revisión se encuentra caducado, toda vez que la sentencia atacada se notificó por edicto el 27 de abril de 2017 y quedó ejecutoriada el 9 de mayo de ese año, razón por la cual podía interponerse hasta el 9 de mayo de 2018, pero, de acuerdo con el sistema Siglo XXI, se presentó “el 17 de mayo de 2017”11.

2.2.3. Por último, argumentó que la pretensión relacionada con la declaratoria de nulidad de la sentencia es improcedente, pues el recurrente no argumentó la configuración de ninguna causal específica. Y agregó que tal petición debía elevarse a través de un incidente y no dentro del recurso de revisión.

11 Se infiere que se trata de un error de digitación y que la entidad alude al 17 de mayo de 2018.Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

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2.3. Concepto del Ministerio Público

2.3.1. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que manifestó que el recurso extraordinario de revisión se presentó fuera del término establecido en el artículo 251 del CPACA, pues

2.3.1. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que manifestó que el recurso extraordinario de revisión se presentó fuera del término establecido en el artículo 251 del CPACA, pues la sentencia recurrida se notificó por edicto entre el jueves 27 de abril y el martes 2 de mayo de 2017, quedando ejecutoriada el viernes 5 de ese mes y año, por lo que el recurso podía interponerse hasta el 7 de mayo de 2018; empero, se radicó el día 17 de ese mes y año.

2.3.2. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que no se encuentra configurada la causal de revisión consagrada en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA, relativa al hallazgo o recobro de documentos decisivos no aportados al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la contraparte.

Manifestó que los requisitos para la configuración de esta causal consisten en que se trate de pruebas documentales (i) anteriores al proceso, recobradas después de la sentencia, (ii) que no se hayan aportado oportunamente por fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la contraparte, (iii) decisivas, esto es, capaces de cambiar el sentido de la decisión.

Adujo que estos requisitos no se cumplen porque no se demostró que los documentos se hayan recobrado después de la sentencia, ni que fueran determinantes, ni que su no aportación se debiera a culpa de la contraparte. Además, advirtió que la recurrente no a portó copias de la investigación penal, del oficio de solicitud de tales copias al Juzgado, ni de la sentencia de tutela que ordenó su entrega, lo que evidencia el

contraparte. Además, advirtió que la recurrente no a portó copias de la investigación penal, del oficio de solicitud de tales copias al Juzgado, ni de la sentencia de tutela que ordenó su entrega, lo que evidencia el incumplimiento de la carga de la prueba por parte del recurrente.

III. CONSIDERACIONES

3.1. CompetenciaRadicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

Demandante: Rosalba Uribe López y otros

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De acuerdo con lo previsto por los artículos 107 y 249 del CPACA y por el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201912, la Sala Especial de Decisión es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión.

3.2. Oportunidad en la presentación del recurso

3.2.1. El Ministerio de Defensa Nacional, al contestar la demanda, y el Ministerio Público, en el concepto rendido en esta instancia, manifestaron que el recurso extraordinario de revisión se presentó por fuera del plazo de un año establecido en el artículo 251 del CPACA, pues, según afirman, la sentencia recurrida quedó ejecutoriada el 9 o el 5 de mayo de 2017, respectivamente, por lo que el término vencía el mismo día del año 2018, mientras que la demanda fue radicada el 17 de mayo de 2018.

3.2.2. Frente a los anteriores argumentos, la Sala advierte que, en el

respectivamente, por lo que el término vencía el mismo día del año 2018, mientras que la demanda fue radicada el 17 de mayo de 2018.

3.2.2. Frente a los anteriores argumentos, la Sala advierte que, en el edicto visible a folio 135 del expediente de la reparación directa, la secretaria de la Sección Tercera de la corporación dejó constancia de que la sentencia del 5 de abril de 2017 fue notificada entre el 27 de abril y el 2 de mayo de ese año, y que el término de ejecutoria corrió entre los días 3 y 5 de mayo de 2017.

Por lo tanto, el término de un año para interponer el recurso extraordinario corrió hasta el 5 de mayo de 2018, y éste fue presentado el día 2 de ese mes y año, como se corrobora con el sello de correspondencia recibida del Consejo de Estado, visible a folio 8 de este expediente. Siendo así, la Sala concluye que el presente recurso extraordinario de revisión fue presentado de manera oportuna.

3.3. Planteamiento

Rosalba Uribe López y otros 13 interpusieron el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 5 de abril de 2017, proferida el Consejo

12 Reglamento interno del Consejo de Estado. 13 Relacionados a en la primera página de esta sentencia.Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

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de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa que promovieron contra el Ministerio de Defensa Nacional, para reclamar los perjuicios sufridos con ocasión del homicidio del señor Luis Carlos González, perpetrado, según alegaron, por miembros del Grupo Gaula del Ejército Nacional el 21 de mayo de 2008.

Las partes debaten sobre la configuración de la causal de revisión establecida en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA. A juicio de la parte actora, ésta se encuentra estructurada, comoquiera que la prueba determinante para demostrar la responsabilidad de la autoridad demandada, esto es, los documentos de la investigación adelantada con ocasión del operativo en el que perdió la vida el señor Luis Carlos González, que eran anteriores a la providencia recurrida y podían modificar la decisión, no fueron aportados por culpa de la parte contraria, pues la entidad se negó a entregárselos , argumentando que eran de carácter reservado, e incumplió un fallo de tutela que le ordenaba suministrarlos. Además, argumenta que no solicitó el decreto de la prueba en el proceso de reparación directa , pues, en aplicación del principio de buena fe, confió en que la entidad iba cumplir el fallo de tutela y ella iba a poder allegarla oportunamente a ese juicio.

A su vez, el Ministerio de Defensa Nacional considera que la causal

buena fe, confió en que la entidad iba cumplir el fallo de tutela y ella iba a poder allegarla oportunamente a ese juicio.

A su vez, el Ministerio de Defensa Nacional considera que la causal invocada no está configurada, pues la falta de aportación de la prueba no se debió a la responsabilidad del Ejército Nacional, ni a fuerza mayor o caso fortuito, sino al descuido del apoderado de los demandantes, que no aportó la copia del expediente penal o del oficio por medio del cual se lo solicitó a la entidad, ni pidió su decreto dentro del proceso. En tal sentido, arguyó que el recurso extraordinario de revisión no puede utilizarse para subsanar los errores o descuidos de las partes y que la demandante no puede beneficiarse de su propia negligencia.

3.4. Del recurso extraordinario de revisiónRadicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

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El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal que implica una excepción a la cosa juzgada, pues constituye un medio de impugnación de las sentencias que han producido plenos efectos jurídicos.

Ahora, como dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen con ocasión de su interposición son de carácter excepcional, restrictivo, y están sometidas a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia14. No comporta entonces una nueva

interposición son de carácter excepcional, restrictivo, y están sometidas a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia14. No comporta entonces una nueva oportunidad procesal para reabrir el debate judicial, suplir la omisión probatoria de las partes, corregir yerros en la interpretación o la aplicación del derecho o en la valoración de las pruebas.

En tal sentido, el recurrente debe cumplir los requisitos para presentar la demanda consagrados en el artículo 252 del CPACA, en los que, además de designar las partes y su representante, el nombre y domicilio del recurrente y los hechos y omisiones que el sirven de fundamento, deberá señalar con precisión la causal y exponer los motivos que justifican su procedencia15.

3.5. La causal de revisión del numeral 1º del artículo 250 del CPACA

El numeral 1º del artículo 250 del CPACA previó como causal de revisión la de “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 1993, Rad. 1992-00037-00 (Rev). 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad. 2012-00231-00 (Rev).Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

Demandante: Rosalba Uribe López y otros

12

2012-00231-00 (Rev).Radicación: 11001 03 15 000 2018 01593 00

Demandante: Rosalba Uribe López y otros

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Esta corporación16 ha sostenido que, para la configuración de esta causal, es necesario que : (i) se trate de una prueba documental ; (ii) e l documento sea preexistente a la expedición de la sentencia recurrida, pero estuviere extraviado, pues “el verbo ‘recobrar’ implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera”17; (iii) no haya podido ser aportada al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, y (iv) se trate de un documento transcendental, de tal forma que, de haber sido aportado, hubiere derivado en una decisión distinta a la que se revisa18.

En cuanto al primer requisito, es claro que , para la configuración de la causal, no se admiten otro tipo de pruebas, como los testimonios o las experticias19, resultando necesario remitirse al artículo 243 20 del Código General del Proceso (CGP), que establece los tipos y las características de la prueba documental21.

Sobre el segundo presupuesto, se entiende que una prueba recobrada es aquella que existía al momento de la sentencia, pero que estuvo extraviada para el tiempo en que debía allegarse al proceso o se dictó la decisión.

16 En pronunciamientos como la sentencia del 12 de junio de 2014, Consejo de Estado, Sección Tercera,

extraviada para el tiempo en que debía allegarse al proceso o se dictó la decisión.

16 En pronunciamientos como la sentencia del 12 de junio de 2014, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicación 27001-23-31-000-2002-00927-01; la sentencia del 2 de agosto de 2019, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, radicación 73001-33-33-004-2013-00105-01; la sentencia del 26 de agosto de 2019, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicación 08001-33-31-010-200700210-01, y sentencia del 5 de mayo de 2020, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, radicación 68001-33-31-002-2007-00142-01. 17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 8, sentencia del 2 de junio de 2015, radicación 11001-0315-000-2007-00879-00. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de julio de 2017, radicación 1100103-25-000-2013-00520-00 y Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2018, radicación 47001-23-31-000-2000-00851-01. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia de 14 de agosto de 2018, expediente 11001-03-15-000-2008-00534-00 (REV).

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia de 14 de agosto de 2018, expediente 11001-03-15-000-2008-00534-00 (REV). 20 “artículo. 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónic