CE - Sentencia 11001031500020200366000 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020200366000 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 24

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026) Radicado : 11001-03-15-000-2020-03660-00 (5768)

Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP Demandada : Estella Jaramillo Bedoya Trámite : Recurso extraordinario de revisión – literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Tema : Pensión gracia Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión

1. Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, contra la sentencia del 7 de septiembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que revocó el fallo del 29 de julio de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio del cual, negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 63001-23-33-000-2014-00167-01.

I. ANTECEDENTES

1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. La señora Estella Jaramillo Bedoya, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. La señora Estella Jaramillo Bedoya, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones PAP 17338 de 12 de l octubre de 2010 y PAP 43438 de l 11 de marzo de 2011, expedidas por la entonces Caja Nacional de Previsión Social, mediante las cuales, se negó el reconocimiento de la pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de laNúmero Interno: 5768

Demandante: UGPP

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Protección Social-UGPP (i) reconocer la pensión gracia a la que tiene derecho, a partir del 11 de octubre de 2008, con su respectiva indexación, (ii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos expuestos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, y (iii) condenar en costas a la demandada.

4. El 29 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo del Quindío, emitió sentencia de primera instancia, por medio de la cual, negó las pretensiones de la demanda , toda vez que la demandante no cumplió con el tiempo exigido para adquirir el derecho a la pensión gracia, ya que, de conformidad con las certificaciones expedidas por la Secretaria de Educación, “no obstante haber tenido una vinculación docente en una institución educativa del nivel

que la demandante no cumplió con el tiempo exigido para adquirir el derecho a la pensión gracia, ya que, de conformidad con las certificaciones expedidas por la Secretaria de Educación, “no obstante haber tenido una vinculación docente en una institución educativa del nivel territorial nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, posteriormente pasó a prestar sus servicios como docente, percibiendo la asignación salarial de un docente del nivel nacional, con recursos del orden nacional”.

5. La decisión fue apelada por la parte demandante.

2. Sentencia objeto de revisión1 – rad. 63001-23-33-000-2014-00167-00

6. Por medio de la sentencia del 7 de septiembre de 2018, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , revocó el fallo de 29 de julio de 2016 , dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío y, en su lugar, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas, ordenó reconocer y pagar la pensión gracia a la demandante desde el 4 de julio de 2011, declaró la prescripción de las mesadas anteriores, y no impuso condena en costas.

7. Explicó que, la demandante sí tenía derecho a la pensión gracia, pues, luego de valorar el material probatorio, incluidas las certificaciones que señalaban una vinculación nacional, concluyó que los cargos desempeñados entre 1992 y 2010 eran de docente nacionalizada, como lo demostraban los decretos de nombramiento y, precisó que, la intervención del Ministerio de Educación y la financiación con recursos del situado fiscal, no convertían la vinculación en nacional. Agregó que la demandante acreditó más de 20

intervención del Ministerio de Educación y la financiación con recursos del situado fiscal, no convertían la vinculación en nacional. Agregó que la demandante acreditó más de 20 años de servicio, y cumplió con la edad y los demás requisitos legales.

3. El recurso extraordinario de revisión2.

1 Samai, índice 2, págs. 189-218. 2 Samai, índice 2, págs. 1-39.Número Interno: 5768

Demandante: UGPP

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8. El 12 de agosto de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, por intermedio de apoderado judicial y, con fundamento en las causales de revisión extraordinaria s descritas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, solicitó la revisión del fallo de 7 de septiembre de 2018, emitido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por cuanto «se otorgó un derecho pensional sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico».

9. Adujo que, la acción de revisión era procedente, conforme a las causales consagradas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque en la sentencia que reconoció la pensión gracia, el Consejo de Estado violó el debido proceso y otorgó una prestación superior a la permitida por la ley. Afirm ó que la docente Estella Jaramillo Bedoya no reunía los requisitos para acceder a la pensión, ya que los servicios prestados entre 1992 y 2010 correspondieron a una vinculación nacional y no nacionalizada, como lo demuestran las

requisitos para acceder a la pensión, ya que los servicios prestados entre 1992 y 2010 correspondieron a una vinculación nacional y no nacionalizada, como lo demuestran las certificaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Secretaría de Educación y los actos administrativos de nombramiento.

10. Alegó que, el Consejo de Estado desconoció el valor probatorio de dichas certificaciones y realizó una interpretación errónea de las normas sobre los Fondos Educativos Regionales (FER), el situado fiscal y la nacionalización de la educación.

Según la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP, los recursos con los que se financiaban esos cargos eran de la Nación, por lo que, esos tiempos no podían computarse para la pensión gracia.

11. Por ello, solicitó “revocar” la sentencia de 7 de septiembre de 2018, dejar sin efectos el reconocimiento de la pensión gracia y ordenar la devolución de las sumas pagadas, al considerar que la beneficiaria recibió una prestación sin cumplir los requisitos legales.

4. Trámite del recurso extraordinario.

12. Mediante auto de 18 de diciembre de 20233, se admitió el recurso extraordinario y se ordenó notificar a la señora Estella Jaramillo Bedoya y al agente del Ministerio Público.

3 Samai, índice 9.Número Interno: 5768

Demandante: UGPP

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13. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado4, emitió concepto por el cual, solicitó declarar fundado el recurso extraordinario, toda vez que, si bien la

Demandante: UGPP

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13. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado4, emitió concepto por el cual, solicitó declarar fundado el recurso extraordinario, toda vez que, si bien la docente acreditó más de 20 años de servicio, tenía más de 50 años de edad, inició su labor antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplía los demás requisitos legales, las pruebas aportadas (especialmente las certificaciones del FOMAG y la Resoluci ón 1485 de 2011) demostraban que entre 1992 y 2010, estuvo financiada con recursos del situado fiscal, razón por la cual, ejerció como docente nacional.

14. Concluyó que la sentencia objeto de revisión desconoció esas pruebas y aplicó indebidamente la normativa sobre la pensión gracia, al considerar erróneamente que la demandante ocupó una plaza nacionalizada. Además, ignoró que los recursos del situado fiscal eran de origen nacional y financiaban exclusivamente cargos nacionales, por lo que, esos tiempos, no podían computarse para acceder a la pensión gracia.

15. La señora Estella Jaramillo Bedoya fue debidamente notificada, pero guardó silencio.

16. Previo a resolver, se hacen las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

17. De conformidad con lo previsto en los artículos 2495 de la Ley 1437 de 2011 y 29.1 6 del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019, procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión, formulado oportunamente7 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019, procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión, formulado oportunamente7 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, contra la sentencia del 7 de septiembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que revocó el fallo del 29 de julio de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio del cual, negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de

4 Samai, índice 18. 5 Ley 1437 de 2011, artículo 249, adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 2021: “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión /[...]/ Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores ta mbién se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003” 6 Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019, artículo 29: “Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: /1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado/[...]”. 7 La sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, el 7 de septiembre de 2018, quedó ejecutoriada

las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado/[...]”. 7 La sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, el 7 de septiembre de 2018, quedó ejecutoriada el 16 de octubre de 2018 y el recurso extraordinario se radicó el 12 de agosto de 2020.Número Interno: 5768

Demandante: UGPP

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nulidad y restablecimiento del derecho 63001-23-33-000-2014-00167-01, bajo lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, régimen jurídico aplicable al momento de la presentación del recurso extraordinario de revisión8.

1. Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala establecer si la sentencia del 7 de septiembre de 2018 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el reconocimiento se obtuvo con violación al debido proceso y/o si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

19. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, en las cuales, se hubiere reconocido sumas periódicas de dinero o pensiones. Así lo dispone textualmente la norma:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten

o pensiones. Así lo dispone textualmente la norma:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

20. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 9 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad

8 El recurso extraordinario de revisión se interpuso el 12 de agosto de 2020.

una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad

8 El recurso extraordinario de revisión se interpuso el 12 de agosto de 2020. 9 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015.Número Interno: 5768

Demandante: UGPP

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jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»10.

21. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas , que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio para reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

22. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una instancia adicional, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios11.

23. Cabe precisar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de

vía en una instancia adicional, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios11.

23. Cabe precisar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en la Ley 1437 de 2011, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite12 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis13, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia» 14, tal como el análisis que sobre su

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de agosto de 2024, CP Rafael Francisco Suárez Vargas. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de 2004, rad. 15001-03-15-000-0079300, CP Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013, rad . 15001-03-15-000-1027-00, CP Alberto Yepes Barreiro. 12 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena

procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de 2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001 -03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería 13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.

y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.Número Interno: 5768

Demandante: UGPP

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configuración realiza el juez de esta acción especial15.

3. Caso concreto

3.1. La causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

24. El literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, permite la revisión de las providencias judiciales, en los eventos en los cuales, se decreten o reconozcan sumas periódicas de dinero o pensiones, de cualquier naturaleza, cuando se hubiere obtenido con violación al debido proceso. En cuanto al contenido y alcance de esta causal de revisión, el Consejo de Estado explicó que, «es necesario que se exponga la vulneración del

periódicas de dinero o pensiones, de cualquier naturaleza, cuando se hubiere obtenido con violación al debido proceso. En cuanto al contenido y alcance de esta causal de revisión, el Consejo de Estado explicó que, «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 16 y que, «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición»17.

25. Ahora, el derecho fundamental al debido proceso, «consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial»18. Así, el debido proceso abarca los siguientes aspectos:

  • El derecho al juez natural o funcionario competente;
  • El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
  • Las garantías de audiencia y defensa que, incluyen el derecho a ejercer la actividad probatoria, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía del non bis in ídem.

15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

in ídem.

15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001 -03-25-000-201900728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 5768

Demandante: UGPP

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26. Particularmente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP sustentó la alegada violación al debido proceso, en el hecho de reconocer el derecho pensional cuando, en su criterio, no se cumplieron los requisitos exigidos en la ley para obtener el beneficio de la pensión gracia. Arguyó que el Consejo de Estado desconoció el valor probatorio de las certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación territorial y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que, adicionalmente, realizó una indebida interpretación de las normas que regulaban los Fondos Educativos Regionales, el situado fiscal y la nacionalización de la educación.

27. Pues bien, de los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de revisión, se

interpretación de las normas que regulaban los Fondos Educativos Regionales, el situado fiscal y la nacionalización de la educación.

27. Pues bien, de los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de revisión, se observa que el reproche del recurrente, consistente en la violación al debido proceso, recae sobre la valoración probatoria efectuada por el fallador de segunda instancia.

28. Para la Sala, estos no están llamados a prosperar, toda vez que , el recurrente pretende debatir un tema sustancial, solo porque está en desacuerdo con la valoración probatoria realizada en la sentencia objeto de revisión en la cual, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, apreció todas las pruebas allegadas al proces o, entre ellas, las certificaciones a las que hace alusión la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

29. En efecto, en la sentencia objeto de revisión, se evidencia que el Consejo de Estado valoró las certificaciones referidas por el recurrente y, aunque tuvo en cuenta que en las mismas se establecía que los cargos ejercidos por el docente eran del orden naci onal y que los actos de nombramiento habían sido suscritos por un delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional del Quindío, explicó ampliamente que esas circunstancias no determinaban la naturaleza nacional de la vinculación, sino que, había lugar a establecer la naturaleza del vínculo docente, para lo cual, valoró bajo las reglas de la sana crítica el material probatorio en conjunto , en los

siguientes términos:

“Ahora bien, para dilucidar la presunta incongruencia entre lo consignado en los decretos de

cual, valoró bajo las reglas de la sana crítica el material probatorio en conjunto , en los siguientes términos:

“Ahora bien, para dilucidar la presunta incongruencia entre lo consignado en los decretos de nombramiento de 1990 y 1992 y las certificaciones de tiempo de servicios que reposan dentro del plenario correspondiente a esas épocas, resulta oportuno establecer la naturaleza del vínculo docente en los referidos años. [...] En el asunto sub examine, se observa que, mediante los Decretos 290 de 25 de octubre de 1990 (ff. 50 y 51) y 46 de 13 de febrero de 1992 (ff . 47 y 48), se efectuaron unos nombramientos ‘[...] EN UN CARGO DOCENTE NACIONALIZADO, VACANTENúmero Interno: 5768

Demandante: UGPP

9

TEMPORALMENTE’ y ‘[...] EN PROPIEDAD [A] UN DOCENTE NACIONALIZADO’, en su orden, por lo que se podría deducir que, en efecto, tal como lo alega la demandante su vinculación a la docencia para el año 1990 y a partir de 1992 fue de carácter nacionalizado. [...] Al respecto, se aclara que los docentes territoriales o nacionalizados, cuya fuente para el pago de sus salarios provenga del sistema general de participaciones (régimen jurídico que reemplazó el antiguo situado fiscal), tienen derecho al reconocimiento de la pensión gracia, previo cumplimiento de los demás requisitos establecidos por el ordenamiento, por cuanto esa recompensa no proviene de ‘recursos nacionales’, sino que, por el contrario, dichos recursos son considerados como propios de los entes territoriales, porque son los titulares directos por

previo cumplimiento de los demás requisitos establecidos por el ordenamiento, por cuanto esa recompensa no proviene de ‘recursos nacionales’, sino que, por el contrario, dichos recursos son considerados como propios de los entes territoriales, porque son los titulares directos por mandato de la Constitución. [...] En ese orden de ideas, se tiene que la demandante acreditó, mediante los decretos de sus nombramientos expedidos en los años 1990 y 1992, que ocupó unas plazas de carácter nacionalizado, ya que así quedó consignado en dichos actos administrativos, por lo q ue además, conforme a lo expuesto, el hecho de que haya intervenido en aquellos el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER del Quindío no implica que su vinculación tenga la naturaleza de nacional, como erradamente se consignó en las certificaciones allegadas al expediente.

Así las cosas, se concluye que los periodos en los que la demandante desempeñó su labor como docente en el año 1990 y del 1992 al 2010 resulta válidos computarlos para efectos de colmar el requisito de tiempo de servicios exigido para acceder al reconocimi ento y pago de la pensión gracia, esto es, 20 años de servicio como docente nacionalizado o territorial”.

30. Como se observa, no se configura en este caso la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que, no se violó el debido proceso, en tanto, las pruebas fueron valoradas. Cosa diferente, es la inconformidad del recurrente frente a dicha apreciación probatoria, la cual, no es posible debatir nuevamente, comoquiera que ese aspecto constituye un tema sustancial, mas no una irregularidad procesal grave, que afecte el

valoradas. Cosa diferente, es la inconformidad del recurrente frente a dicha apreciación probatoria, la cual, no es posible debatir nuevamente, comoquiera que ese aspecto constituye un tema sustancial, mas no una irregularidad procesal grave, que afecte el debido proceso. Por el contrario, se reitera, los argumentos del recurso extraordinario de revisión, están encaminados a mostrar el desacuerdo con la apreciación jurídica realizada en la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión.

31. Por lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión frente a la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.2. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. -La cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

32. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, procede «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.Número Interno: 5768

Demandante: UGPP

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33. En este caso, la Sala encuentra que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, invocó la causal b), anteriormente transcrita, por cuanto «se otorgó un derecho pensional sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico».

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, invocó la causal b), anteriormente transcrita, por cuanto «se otorgó un derecho pensional sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico».

34. Sin embargo, el recurrente no s eñaló cuál fue el monto reconocido, que excedía la cuantía establecida por la Ley para la pensión gracia del beneficiario. Por el contrario, el fundamento de esta causal, en el recurso extraordi

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