CE - Sentencia 11001031500020210112200 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020210112200 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 17 ESPECIAL DE DECISIÓN
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Radicación: 11001-03-15-000-2021-01122-00
Demandante: Isaac Escobar Romero Demandado: Departamento del Atlántico Referencia: Recurso extraordinario de revisión
TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – solo procede contra sentencias.
DECLARA IMPROCEDENTE - no es pl ausible recurrir autos interlocutorios a través de este mecanismo.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Isaac Escobar Romero contra el auto proferido el 25 de abril de 2019 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 08001-23-33000-2018-00111-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 22 de enero de 2014, como resultado del proceso de homologación de cargos y de nivelación salarial, mediante la Resolución No. 00324, la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico reconoció y ordenó el pago de $52.432.447 a favor de Isaac Escobar Romero, quien laboraba como celador de la entidad. No obstante, el 20 de enero de 2017, Isaac Escobar Romero solicitó la reliquidación del retroactivo salarial y el pago de unos conceptos adicionales. A
$52.432.447 a favor de Isaac Escobar Romero, quien laboraba como celador de la entidad. No obstante, el 20 de enero de 2017, Isaac Escobar Romero solicitó la reliquidación del retroactivo salarial y el pago de unos conceptos adicionales. A juicio del recurrente, por medio del Oficio 0146 de 2017, el Departamento del Atlántico negó el pago de la sanción moratoria peticionada.
En consecuencia, el 14 de diciembre de 2017, Isaac Escobar Romero formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 00324 de 2024 y el Oficio 0146 de 2017. El 24 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la demanda porque había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. El 25 de
1 Artículos 243, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -18 de agosto de 2020-, las cuales corresponden a l as contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como a las disposiciones del C.G.P, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.Radicado: 11001-03-15-000-2021-01122-00
Demandante: Isaac Escobar Romero
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abril de 2019, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión anterior, al concluir que el demandante acudió a la jurisdicción por fuera del plazo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento
abril de 2019, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión anterior, al concluir que el demandante acudió a la jurisdicción por fuera del plazo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPACA).
La parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión contra el auto dictado por el Consejo de Estado, afirmando que se materializó la causal 5ª de revisión del artículo 250 ibidem, porque no se atendió la situación fáctica planteada y se incurrió en errores de hecho y de derecho.
II. ANTECEDENTES
1. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió el auto objeto de revisión
Isaac Escobar Romero narró que, desde el año 1998, laboró para el Departamento del Atlántico en el cargo de celador.
Advirtió que, el 22 de enero de 2014, mediante la Resolución No. 00324 y con ocasión del proceso de homologación de cargos y de nivelación salarial, el Departamento del Atlántico ordenó el reconocimiento y pago de $52.432.447 a su favor. No obstante, señaló que este reconocimiento no incluyó la sanción moratoria por el abono tardío de sus cesantías.
Señaló que, el 20 de enero de 2017, le peticionó a su empleador la reliquidación del retroactivo salarial reconocido y el pago de unos conceptos adicionales -indexación, intereses moratorios e indemnización moratoria-.
Aseguró que, el 8 de febrero de 2017, a través del Oficio 0146, el Departamento del
retroactivo salarial reconocido y el pago de unos conceptos adicionales -indexación, intereses moratorios e indemnización moratoria-.
Aseguró que, el 8 de febrero de 2017, a través del Oficio 0146, el Departamento del Atlántico le negó el pago de la indemnización moratoria peticionada.
Sostuvo que, el 14 de diciembre de 2017, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 00324 de 22 de enero de 2014 y el Oficio 0146 de 8 de febrero de 2017 del Departamento del Atlántico2.
Indicó que, el 24 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la demanda, porque encontró configurada la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3.
2 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A29A3E468011929B BF64F516155FB9D0 8421A0C8F37B79F8 ED7AECD1AC81DC78, ubicado en el índice 5 de SAMAI, página 4 a 8. 3 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5A5703D0C2A74D0F 5A4514C69DB825F5 8A288E4E26321AB6 C94E0976CEC813E5, ubicado en el índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2021-01122-00
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Informó que, el 8 de junio de 2018, recurrió la decisión anterior4.
Afirmó que, el 25 de abril de 2019, mediante auto interlocutorio, la Sección Segunda
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Informó que, el 8 de junio de 2018, recurrió la decisión anterior4.
Afirmó que, el 25 de abril de 2019, mediante auto interlocutorio, la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la providencia proferida el 24 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que rechazó la demanda, al corroborar el ejercicio tardío del medio de control5.
2. El recurso extraordinario de revisión
El 18 de agosto de 2020, Isaac Escobar Romero formuló recurso extraordinario de revisión contra el auto dictado el 25 de abril de 2019 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado6.
Invocó la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, es decir, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. Adicionalmente, señaló que “ probablemente” las irregularidades que justifican la revisión extraordinaria de la providencia se encuadr an en la causal 1ª del referido artículo 250 del CPACA, por “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
En sustento, el re currente aseveró que el auto censurado (i) no se ajustó a los antecedentes que motivaron el ejercicio del medio de control; (ii) no garantizó el goce de sus derechos e incurrió en errores de hecho y de derecho; (iii) se fundó en
antecedentes que motivaron el ejercicio del medio de control; (ii) no garantizó el goce de sus derechos e incurrió en errores de hecho y de derecho; (iii) se fundó en consideraciones inexactas y totalmente erróneas; y (iv) vulneró su derecho al debido proceso, desconociendo los principios constitucionales de “ acceso a la administración de justicia, a un recurso judicial efectivo o de tutela efectiva y al bloque de constitucionalidad”.
En consecuencia, solicitó la nulidad de la decisión enjuiciada y que se ordene al Departamento del Atlántico reconocer, liquidar y pagar a su favor la “ diferencia o faltante de 70 horas extras laboradas mensuales dejadas de cancelar, los recargos por exceso de horas extras diurnas y nocturnas ordinarias y en dominicales o festivos, los días de descansos compensatorios por haber laborado en esos mismos días sin el disfrute del descanso de ley, como también esa diferencia o faltante en cesantías como ese 12%, en la indexación, en los intereses moratorios y en la sanción moratoria a que haya lugar”.
4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A29A3E468011929B BF64F516155FB9D0 8421A0C8F37B79F8 ED7AECD1AC81DC78, ubicado en el índice 5 de SAMAI, página 70 a 72. 5 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 644A A808573EFD2A 514C883B608C9B7F A1ABE5116CC295ED 08D9731A53C3EAA2, ubicado en el índice 2 de SAMAI. 6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 6213AE3BE6000F6F
514C883B608C9B7F A1ABE5116CC295ED 08D9731A53C3EAA2, ubicado en el índice 2 de SAMAI. 6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 6213AE3BE6000F6F 8C88A0AD799EDD88 1312EB73B991E467 CEBCA4B426C2FD7A, ubicado en el índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2021-01122-00
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3. Contestación al recurso extraordinario de revisión
El 24 de abril de 2024 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó notificar al Departamento del Atlántico y al Ministerio Público7.
3.1. El Departamento del Atlántico explicó que el recurso extraordinario de revisión no es una oportunidad para reabrir el debat e propio de las instancias o para cuestionar la actividad interpretativa del juez. Recalcó que el hecho de que el recurrente no esté de acuerdo con la decisión que declaró la caducidad, no implica que deba hacerse una revisión de fondo de lo decidido en el proceso porque dicha circunstancia no se subsume en la causal invocada8.
3.2. La Procuraduría General de la Nación estimó que el legislador reservó el recurso extraordinario de revisión para censurar sentencias ejecutoriadas. De manera que no es factible examinar en revisión extraordinaria un auto de rechazo de la demanda o cualquie r otro tipo de actuación de esa misma naturaleza. Sin embargo, indicó que, de entrar a estudiar los cargos del recurrente, tendría que declararse infundado el recurso, porque la providencia objeto de reproche se ciñó a
de la demanda o cualquie r otro tipo de actuación de esa misma naturaleza. Sin embargo, indicó que, de entrar a estudiar los cargos del recurrente, tendría que declararse infundado el recurso, porque la providencia objeto de reproche se ciñó a las disposiciones legales9.
3.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunció sobre el recurso extraordinario de revisión.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala abordará los siguientes aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) análisis del problema jurídico, (5) conclusión y (6) costas.
1. Presupuestos procesales
7 Índice 50 de SAMAI. La providencia analizó la procedencia del recurso, concluyendo que, a pesar de que se dirigiera contra un auto interlocutorio y no contra una sentencia, era procedente en este caso, basándose en la jurisprudencia que permite excepcionalmente la revisión extraordinaria de autos interlocutorios que ponen fin al proceso y tienen el atributo de cosa juzgada. Antes de ser admitido el recurso extraordinario de revisión, el ponente, en auto del 25 de marzo de 2021, lo rechazó, al encontrar que quien se identificó como recurrente, Rodolfo Antonio Sandoval Varela, carecía de legitimación para impugnar la decisión adoptada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, trámite en el que Isaac Escobar Romero fungía como parte activa - índice 6 de SAMAI-. La anterior decisión fue revocada por los demás miembro s de la Sala, en auto
restablecimiento del derecho, trámite en el que Isaac Escobar Romero fungía como parte activa - índice 6 de SAMAI-. La anterior decisión fue revocada por los demás miembro s de la Sala, en auto del 23 de marzo de 2022, por cuanto consideraron que el escrito inicial contenía un error mecanográfico que podía ser subsanado dando aplicación al artículo 253 del CPACA -índice 36 de SAMAI. 8 Índice 59 de SAMAI. 9 Índice 57 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2021-01122-00
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1.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10710 y 24911 del CPACA, en concordancia con el artículo 2912 del Acuerdo 080 de 201913, la Sala 17 Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el auto proferido en segunda instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
1.2. De acuerdo con el artículo 251 14 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión se formuló dentro del término legal, puesto que: (i) el 15 de mayo de 2019 cobró ejecutoria el auto objeto del recurso extraordinario de revisión (hecho probado 3.8.), de modo que el plazo para interponer la revisión vencía el 16 de mayo de 2020; (ii) el 16 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales hasta el 1 de julio siguiente15. Así el término para el ejercicio del recurso se extendió hasta el 1 de septiembre de 2020; y (iii) el 18 de agosto de
los términos judiciales hasta el 1 de julio siguiente15. Así el término para el ejercicio del recurso se extendió hasta el 1 de septiembre de 2020; y (iii) el 18 de agosto de 2020, el demandante formuló el recurso extraordinario de revisión, esto es, dentro del término legal de un año.
1.3. Isaac Escobar Romero se encuentra legitimado en la causa para interponer el recurso extraordinario de revisión, pues fungió como parte activa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la decisión enjuiciada (hecho probado 3.4.).
2. Problema jurídico
10 “Artículo 107. Integración y composición. […] Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta l es encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido de l asunto, si fuere el caso. La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno”. 11 “Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. […]”. 12 “Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. […]”. 12 “Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecci ones del Consejo de Estado. 2. Los recursos extraordinarios de súplica asignados a las Salas Especiales Transitorias de Decisión creadas por el artículo 3º de la Ley 954 de 2005, mientras estuvo vigente. 3. Los demás procesos que les sean asignados por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. 4. Las revisiones eventuales en materia de acciones populares y de grupo que a la fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo estén pendientes de decisión por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las cuales quedarán asignadas a la respectiva Sala Especial de Decisión a la que pertenezca el ponente, en los términos de este Acuerdo. […]”. 13 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 14 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el término para formular el recurso extraordinario de revisió n es de un año, contado a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, el recurrente contaba con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, el recurrente contaba con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura. 15 Acuerdos PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020 y PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020.Radicado: 11001-03-15-000-2021-01122-00
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Corresponde a la Sala determinar si es procedente formular el recurso extraordinario de revisión contra un auto interlocutorio, como el proferido el 25 de abril de 2019 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo del Estado.
3. Hechos probados
Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:
3.1. El 22 de enero de 2014, mediante la Resolución No. 00324 de 2014, el Departamento del Atlántico reconoció y ordenó el pago de $52.432.447, por concepto de valores retroactivos dentro del proceso de homologación de cargos y de salarios, a favor de Isaac Escobar Romero, quien se desempeñaba como celador de la entidad16.
3.2. El 20 de enero de 2017, Isaac Escobar Romero solicitó a la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico la reliquidación del retroactivo salarial y el reconocimiento y pago de unos conceptos adicionales -indexación, intereses e indemnización moratorios, entre otros-17.
3.3. El 8 de febrero de 2017, en respuesta a su petición, el Departamento del
el reconocimiento y pago de unos conceptos adicionales -indexación, intereses e indemnización moratorios, entre otros-17.
3.3. El 8 de febrero de 2017, en respuesta a su petición, el Departamento del Atlántico le remitió a Isaac Escobar Romero la “copia de los oficios 2015EE014228 con fecha 16 de febrero de 2015 emanado por la Jefe de Oficina del Ministeri o de Educación Nacional y 2014EE59302 con fecha 06 de agosto de 2014 emanado por la Directora de Fortalecimiento a la Gestión Territorial ”, en los que se establecía que, por regla general, no resultaba razonable la exigencia de intereses moratorios toda vez que no existía retardo en el pago de las obligaciones por parte del empleador, sino una simple equiparación de cargos, pero que, en todo caso, al ente territorial le correspondía estudiar cada reclamación particular18.
3.4. El 14 de diciemb re de 2017, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el radicado núm. 08001-23-33-000-2018-0011100/01, Isaac Escobar Romero demandó la nulidad de la Resolución 00324 de 22 de enero de 2014 y del Oficio 0146 de 8 de febrero de 2017. En restablecimiento, solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo19.
16 Resolución 00324 de 2014, expedida por el Departamento del Atlántico. Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A29A3E468011929B BF64F516155FB9D0
Código Sustantivo del Trabajo19.
16 Resolución 00324 de 2014, expedida por el Departamento del Atlántico. Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A29A3E468011929B BF64F516155FB9D0 8421A0C8F37B79F8 ED7AECD1AC81DC78, ubicado en el índice 5 de SAMAI, página 11 a 19. 17 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado BBE29E19B2157C33 FE4410D4635C398D 44A6ECCCED4BE8C5 67FD8F7B7E4E2848, ubicado en el índice 11 de SAMAI, página 10 a 13. 18 Oficio del 8 de febrero de 2017. Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A29A3E468011929B BF64F516155FB9D0 8421A0C8F37B79F8 ED7AECD1AC81DC78, ubicado en el índice 5 de SAMAI, página 21. 19 Escrito de demanda. Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A29A3E468011929B BF64F516155FB9D0 8421A0C8F37B79F8 ED7AECD1AC81DC78, ubicado en el índice 5 de SAMAI, página 4 a 8.Radicado: 11001-03-15-000-2021-01122-00
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3.5. El 24 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la demanda incoada por Isaac Escobar Romero, por caducidad del medio de control. Argumentó que la Resolución 00324 de 2014 fue notificada el 24 de enero de 2014,
demanda incoada por Isaac Escobar Romero, por caducidad del medio de control. Argumentó que la Resolución 00324 de 2014 fue notificada el 24 de enero de 2014, por lo que la oportunidad para presentar la demanda fenecía el 27 de mayo de 2014, plazo que no fue aprovechado por el aquí recurrente. Frente al Oficio 0146 de 2017, precisó que no se trataba de un acto susceptible de co ntrol judicial, dado que no adoptaba una decisión de fondo que impidiera continuar la actuación administrativa20.
3.6. El 8 de junio de 2018, Isaac Escobar Romero interpuso recurso de apelación. Expuso que tratándose de prestaciones periódicas estas prescriben a los 3 años y, por ende, el término de caducidad de 4 meses debe iniciar una vez transcurra el periodo de la prescripción21.
3.7. El 25 de abril de 2019, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió el auto por medio del cual confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico. Advirtió que el reconocimiento y pago de los valores retroactivos fue notificado personalmente al titular el 24 de enero de 2014; que el término p ara presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a correr a partir del 25 de enero de 2014 y finalizó el 26 de mayo del mismo año; y que el 8 de junio de 2017 fue presentada la solicitud de conciliación extrajudicial, es decir, cuando ya había operado la caducidad del medio de control22.
3.8. El 15 de mayo de 2019 quedó ejecutoriado el auto proferido el 25 de abril del
extrajudicial, es decir, cuando ya había operado la caducidad del medio de control22.
3.8. El 15 de mayo de 2019 quedó ejecutoriado el auto proferido el 25 de abril del mismo año por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado23.
4. Análisis del problema jurídico
4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juz gada. Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.
Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
20 Auto Tribunal Administrativo del Atlántico. Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A29A3E468011929B BF64F516155FB9D0 8421A0C8F37B79F8 ED7AECD1AC81DC78, ubicado en el índice 5 de SAMAI, página 64 a 66. 21 Escrito de apelación. Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A29A3E468011929B BF64F516155FB9D0 8421A0C8F37B79F8 ED7AECD1AC81DC78, ubicado en el índice 5 de SAMAI, página 70 a 72. 22 Auto Consejo de Estado. Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
A29A3E468011929B BF64F516155FB9D0 8421A0C8F37B79F8 ED7AECD1AC81DC78, ubicado
22 Auto Consejo de Estado. Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A29A3E468011929B BF64F516155FB9D0 8421A0C8F37B79F8 ED7AECD1AC81DC78, ubicado en el índice 5 de SAMAI, página 82 a 90. 23 La providencia recurrida se notificó por esta do del 10 de mayo de 2019, razón por la que, de conformidad con el artículo 302 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, quedó en firme 3 días después.Radicado: 11001-03-15-000-2021-01122-00
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corregir errores in judicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.
Asimismo, se advierte que la revisión extraor dinaria no está concebida como un mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reab rir un debate judicial que ya ha sido resuelto conforme a derecho.
Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin posibilidad de invocar otras distintas.
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin posibilidad de invocar otras distintas.
Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este sentido, la Cor te Constitucional ha señalado que “ las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”24.
En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA dispone la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por lo s tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y formalista d e este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice
Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y formalista d e este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada y una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración. Esto impone una carga argum entativa y formal significativa sobre quien impugna una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derecho de
24 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.Radicado: 11001-03-15-000-2021-01122-00
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contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo excepcional y limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.
4.2. En el presente caso, se encuentra acreditado que, con ocasión a que l a Resolución 00324 de 2014 y el Oficio 0146 de 2017 denegaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías, peticionada por Isaac Escobar Romero, este instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se anularan los actos administrativos y se ordenara el pago solicitado (hechos probados 3.1., 3.3. y 3.4.).
Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la demanda por
se anularan los actos administrativos y se ordenara el pago solicitado (hechos probados 3.1., 3.3. y 3.4.).
Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la demanda por encontrar que operó la caducidad del medio de control y que uno de los actos no era susceptible de control judicial. Seguidamente, en respuesta a la apelación presentada contra la decisión anterior, mediante auto del 25 de abril de 2019, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la caducidad declarada en primera instancia (hechos probados 3.5. y 3.7.).
Así las cosas, la presente revisión extraordinaria se interpone contra el auto interlocutorio proferido el 25 de abril de 2019 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que rechazó la demanda por caducidad del medio de control y dio por terminado el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 08001-23-33-000-2018-00111-00/01.
Al respecto, se observa que, en providencia de 24 de abril de 2024, el magistrado sustanciador analizó la admisión y proce dencia del recurso que ocupa la atención de la Sala. En esa oportunidad concluyó que en el presente caso tenía cabida la revisión extraordinaria, a pesar de dirigirse contra un auto interlocutorio y no frente a una sentencia. Lo anterior, con fundamento en la postura jurisprudencial que admitía la procedencia excepcional de la revisión extraordinaria contra ciertos autos interlocutorios que ponían fin al proceso y ostentaban el atributo de cosa juzgada25.
Sin embargo, y sin que ello implique descalificar a priori los fundamentos atend
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