CE - Sentencia 11001031500020230312800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DIEZ ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C. once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00

Demandante: Jorge Arias Castellanos

Providencia recurrida:

Sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

Temas:

Causal 5 de revisión del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentencia.

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jorge Arias Castellanos contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Unidad Administrativa Especial.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, Jorge Arias Castellanos presentó demanda en

1. En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, Jorge Arias Castellanos presentó demanda en orden a que se declarara la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 042412015000003 del 20 de enero de 2015 por medio de la cual se modificó la declaración que presentó del impuesto de renta año gravable 201 1; y de la Resolución 1190 del 22 de febrero de 2016 que resolvió el recu rso de reconsideración en contra de la anterior.

1 Índice 26, Samai. Folios 40 a 6 6 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504). (Corresponde a folios 74 a 126 del PDF). 2 En adelante CPACA.2

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2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se dispusiera que la declaración de renta presentada por el año gravable 2011 se encontraba en firme.

De manera subsidiaria, solicitó que se revocara la sanción impuesta por inexactitud «por existir una clara diferencia de criterios».

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

De manera subsidiaria, solicitó que se revocara la sanción impuesta por inexactitud «por existir una clara diferencia de criterios».

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Jorge Arias Castellanos e ra asociado de la Cooperativa de Transportes Limitada (COOPETRAN)3 y afilió a tal empresa los vehículos de placas SXR 637, XVY 595, CVV 073, XVP 107 y CUV 619.

3.2. Respecto de los vehículos mencionados celebró lo siguientes contratos:

Vehículo Tipo de contrato Fecha del contrato Otra parte del contrato Objeto del contrato y estado de dominio del vehículo CVV 073 Tenencia 10 de septiembre de 2007 Aura Argüello Galvis «reconocer como dueño, poseedor y propietario del 100% del vehículo ( …) y su cupo al tercero». SXR 637 Permuta 14 de julio de 2011 Arnulfo Arenas Acevedo «en virtud del cual en tregó su 50% dominio , propiedad y posesión del vehículo de placas SXR y recibió del tercero el 50% de dominio, propiedad y posesión del vehículo de placas XVY 595» XVP 107 compraventa 27 de abril de 2011 Carlos Gustavo Gómez Arias «en virtud del cual se pactó que el 27 de abril de 2011 el vendedor (el actor) entregaría el vehículo en mención al tercero (comprador), circunstancia que ocurrió dicha fecha» CUV 619 Tenencia 27 de diciembre de 2006 Wilder

vendedor (el actor) entregaría el vehículo en mención al tercero (comprador), circunstancia que ocurrió dicha fecha» CUV 619 Tenencia 27 de diciembre de 2006 Wilder Calderón Piedrahita Se hizo con star que el demandante e ra tenedor del vehículo y que la propiedad era de Wilder Calderón Piedrahita (25%) y de José Adán Peña (50%). También se señaló que el vehículo estaba afectado con «reserva de dominio» a favor de una entidad financiera.

3.3. El 7 de junio de 2012 presentó la declaración de renta por el año gravable 2011 con la información descrita en el cuadro anterior y fijó un pago total de impuesto equivalente a cero pesos.

3.4. El 28 de mayo de 2014 la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección de Impuestos de Bucaramanga de la DIAN profirió el requerimiento especial 042382014000034 notificado el 31 de ese mes y año , el cual fue atendido por Jorge Arias Castellanos.

3 En delante se conocerá así a largo del proyecto.3

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.5. El 20 de enero de 2015 la división referida emitió la Liquidación Oficial de Revisión 042412015000003 en la que determinó un total a pagar por impuesto

www.consejodeestado.gov.co 3.5. El 20 de enero de 2015 la división referida emitió la Liquidación Oficial de Revisión 042412015000003 en la que determinó un total a pagar por impuesto de $1.240.460 y una sanción por inexactitud en la declaración de $763.3604.

3.6. El 22 de febrero de 2016 la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídic os de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN profirió la Resolución 1190 con la que confirmó la liquidación mencionada, al resolver el recurso de reconsideración presentado por el demandante.

1.2. Sentencia de primera instancia5

4. El Tribunal Administrativo de Santander profirió la sentencia del 29 de mayo de 2020 en la cual declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados. A título de restablecimiento del derecho ordenó a la DIAN «[...] que la sanción impuesta por inexactitud y el saldo a pagar a cargo del señor Jorge Arias Castellanos sea el equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente […]» (sic).

Denegó las demás pretensiones de la demanda.

5. Lo anterior, con fundamento en los siguientes argumentos:

5.1. En el presente asunto se debía resolver si los contratos de permuta, tenencia y compraventa de los vehículos con placas SXR 637, XVY 595, CVV 073, XVP 107 y CUV 619 eran suficientes para demostrar que sobre los ingresos que Jorge Arias Castellanos reportó como persona natural «[…] recaían costos y deducciones por valor equivalente a $3.516.863.000 […]».

107 y CUV 619 eran suficientes para demostrar que sobre los ingresos que Jorge Arias Castellanos reportó como persona natural «[…] recaían costos y deducciones por valor equivalente a $3.516.863.000 […]».

5.2. El artículo 746 del Estatuto Tributario6 indicó que las declaraciones tributarias se presumían veraces, siempre que sobre ellas no se h ubiera exigido «[…] una comprobación especial ni la ley lo exija […]». Además, los artículos 770 y 771 ibidem establecieron que los contribuyentes que no estaban obligados a llevar libros de contabilidad solo podían solicitar pasivos respaldados por documentos de fecha cierta y que la no acreditación de estos «[…] acarrea el desconocimiento de los mismos, al menos que se prueb e que las cantidades respectivas y sus rendimiento s fueron oportunamente declarados por el beneficiario […]» (sic).

5.3. Así las cosas, una vez la DIAN expuso que no estaban debidamente probados los pasivos, le correspondía al contribuyente demostrar su existencia y que su valor debía deducirse de la declaración. En el caso concreto , los contratos aportados «[…] fueron insuficientes para demostrar que efectivamente este adeudaba la suma de $3.516.863.000, toda vez que en estos no se establecía obligación de cancelar dicha suma […]» (sic).

4 Los valores no se indicaron en los hechos de la demanda; sin embargo, para mayor claridad se tomaron de la Liquidación Oficial de Revisión 042412015000003 visible en el folio 21 y 22 (corresponden a los folios 36 a 38 del PDF) del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504).

(corresponden a los folios 36 a 38 del PDF) del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504). 5 Índice 26, Samai. Folios 425 a 434 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504). 6 En adelante ET.4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.4. En lo que respecta a la adición de ingresos que hizo la DIAN a la declaración de renta por valor de $7.156.009, no ha bía lugar a pronunciarse porque el demandante no incluyó este ítem en el recurso de reconsideración que presentó el 24 de marzo de 2015, por lo que «[…] frente a esta glosa no se agotó la reclamación administrativa […]».

5.5. Se debía mantener l a sanción por inexactitud de la declaración de renta por el año gravable 2011 porque se demostró que el demandante omitió informar ingresos y fue inexacto al señalar costos y deducciones. Sin embargo, por virtud del artículo 282, parágrafo 5, de la Ley 1819 de 2016 que autorizó aplicar el principio de favorabilidad en materia sancionatoria y del art ículo 288 ibidem que modificó el artículo 648 del ET , la sanción deb ía reducirse al 100% de la

principio de favorabilidad en materia sancionatoria y del art ículo 288 ibidem que modificó el artículo 648 del ET , la sanción deb ía reducirse al 100% de la diferencia respecto del saldo a pagar. Estas normas resultaban más favorables a las aplicadas por la DIAN para determinar la sanción que establecían un porcentaje del 160% . Por tal razón , procedía la nulidad parcial de los actos administrativos demandados en lo relativo a esta materia.

1.3. Los recursos de apelación 1.3.1. Parte demandante7

6. Jorge Arias Castellanos interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera de primera instancia , con base en los argumentos que se exponen a

continuación:

6.1. El tribunal de primera instancia aseveró que el contribuyente era quien debía acreditar sus pasivos y que lo s contratos aportados no prob aron el fijado en $465.000.000. Es decir, la sentencia se sustentó solamente en la valoración de aquellos documentos. Con la actuación descrita el aquo incurrió en un «exceso de ritual manifiesto » y dejó de aplicar el principio de primacía del derecho sustancial sobre el formal.

6.2. Para resolver el asunto se debían tener en cuenta otras pruebas aportadas al proceso, además de los contratos , tales como la certificación de afiliación de COPETRAN, el cuadro explicativo de participación en cada vehículo de transporte, la declaración jurada de Arnulfo Arenas Acevedo y Aura Argüello Galvis y sus respectivas declaraciones de renta, así como las de Carlos Gustavo Gómez Arias y Wilmer Calderón Piedrahita.

transporte, la declaración jurada de Arnulfo Arenas Acevedo y Aura Argüello Galvis y sus respectivas declaraciones de renta, así como las de Carlos Gustavo Gómez Arias y Wilmer Calderón Piedrahita.

6.3. La sentencia se limitó a enumerar las pruebas documentales y las declaraciones aludidas, pero no hizo un análisis racional sobre ellas. Por ende, vulneró el artículo 742 del ET.

6.4. COPETRAN, como empresa de transporte terrestre, no permitía la vinculación de vehículos de terceras personas sin afiliación , para ello era necesario ser asociado y tener vehículos propios. Por tal razón, en estas actividades era una práctica usual recurrir a figuras contractuales por parte de los asociados , como la tenencia de vehículos , para aumentar su capacidad operativa sin ser los

7 Índice 26, Samai. Folios 436 a 445 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 68001-23-33-000-2016-00689-01 (25504).5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co propietarios de los automotores, tal y como constaba en los contratos suscritos. La DIAN desconoció esta realidad, pues en los documentos aportados se afirmó «con fecha cierta» que la propiedad de los vehículos no era del demandante . En ese sentido, «[…] la realidad formal era una y la sustancial otra el acto era el propietario formal de los vehículos pero no podría disponer de ellos […]» (sic).

«con fecha cierta» que la propiedad de los vehículos no era del demandante . En ese sentido, «[…] la realidad formal era una y la sustancial otra el acto era el propietario formal de los vehículos pero no podría disponer de ellos […]» (sic).

6.5. Con los contratos de tenencia, permuta y compraventa de los vehículos con placas SXR 637, XVY 595, CVV 073, XVP 107 y CUV 619 y con las declaraciones juramentadas se acreditó que:

(i) aunque formalmente el demandante figuraba como propietario de los bienes, en realidad era un mero tenedor o propietario parcial , en el caso de la permuta y en el de la compraventa , y se perfeccionó porque las partes acordaron la cosa y el precio, según lo dispuesto en el artículo 1857 del C.C.; (ii) los ingresos reportados por la actividad desarrollada con los automotores no eran suyos en su totalidad , sino que se dividían con los « verdaderos dueños de los vehículos»; (iii) por lo anterior, el demandante no debía reconocer la propiedad de los vehículos en la declaración de renta. En cambio, sí le correspondía indicar el pasivo que tenía con los terceros dueños de estos.

6.6. El demandante se dedica ba al transporte de pasajeros por lo que no era «comerciante». Además, los contratos de tenencia tampoco eran de naturaleza mercantil, por lo que la DIAN aplicó indebidamente los artículos 1204, 1208 y 1209 del Código de Comercio.

6.7. La presunción de propiedad de los vehículos que exist ía con fundamento en la licencia de tránsito se podía desvirtuar con pruebas en contrario. En el presente

1209 del Código de Comercio.

6.7. La presunción de propiedad de los vehículos que exist ía con fundamento en la licencia de tránsito se podía desvirtuar con pruebas en contrario. En el presente caso, ello se hizo al acreditar la calidad de mero « poseedor» del demandante y que el provecho económico derivado del uso de tales muebles no era exclusivo de él.

6.8. Las actuaciones del demandante acataron lo dispuesto en el artículo 771 -2 del ET y los Decretos 3050 de 1997 y 522 de 2003, puesto que : no tenía la obligación de expedir facturas; los contratos que suscribió no eran de naturaleza mercantil; y al ser de «fecha cierta» tales documentos acreditaban las respetivas transacciones «da[ban] lugar a los costos declarados».

6.9. La DIAN vulneró las normas contables al adicionar a la declaración de renta ingresos por valor de $7.156.009 con fundamento en la información exógena proveniente de transporte Técnico de Colombia S.A.S, Leasing Corficolombiana S.A., Tecni Isuzi Ltda, Izu Repuestos Diesel S.A., por cuanto estas eran sociedades comerciales que registra ban sus transacciones por sistema de causación y no de caja. Por ende, como el solicitante no recibió el pago de parte de tales empresas tampoco estaba obligado a declararlos.

6.10. La sentencia se limitó a citar los artículos del Estatuto Tributario que reglaban la sanción por inexactitud para convalidar la que impuso la DIAN. Igualmente, la6

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la sanción por inexactitud para convalidar la que impuso la DIAN. Igualmente, la6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co providencia se fundó en la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 1 de noviembre de 2012 y no efectuó análisis alguno ni examinó si la actuación del demandante encajó dentro de alguno de los supuestos normativos que da ban l ugar a la sanción. Este análisis e ra obligatorio por tratarse de la aplicación de normas de carácter sancionatorio y no e ra posible guiarse por alguna presunción.

6.11. La declaración tributaria del actor no incurrió en ninguna de las causales que ameritaran la sanción impuesta , puesto que declaró sus ingresos, no incluyó costos inexistentes ni registró datos falsos o incompletos.

6.12. El tribunal tampoco realizó un análisis sobre la « diferencia de criterios entre la administración y el contribuyente» en los términos aceptados por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

1.3.2. Parte demandada8

7. La DIAN interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara el numeral 5 de la sentencia en el que el tribunal se abstuvo de condenar en costas al demandante.

8. A juicio de la entidad , la providencia fue favorable a sus intereses porque si bien declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y ordenó

de la sentencia en el que el tribunal se abstuvo de condenar en costas al demandante.

8. A juicio de la entidad , la providencia fue favorable a sus intereses porque si bien declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y ordenó modificar el monto de la sanción por inexactitud, esta decisión «[…] obedeció a la aplicación del principio de favorabilidad previsto en la Ley 1819 de 2016, más no, a que prosperaran los cargos de la demanda […]» (sic). En consecuencia, el tribunal debió condenar en costas al demandante según lo pre scrito en los artículos 188 del CPACA y 366, numerales 3 y 4, del CGP.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión9

9. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 17 de marzo de 2022 confirmó la de primera instancia. Al fijar el problema jurídico señaló que se debía establecer si procedían «[…] la adición de ingresos, los pasivos y costos registrados por el contribuyente y, si es del caso, se estudiará la diferencia de criterios frente a la sanción por inexactitud. Y la condena en costas […]» (sic). Sustentó la decisión en

los siguientes argumentos:

9.1. El artículo 746 del ET estableció una presunción legal respecto de la información incluida en las declaraciones tributarias; no obstante, esta admit ía prueba en contrario y era la autoridad fiscal la que debía desvirtuarla mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 ibidem, pero la «comprobación especial o una exigencia legal corr[ía] por cuenta del contribuyente».

prueba en contrario y era la autoridad fiscal la que debía desvirtuarla mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 ibidem, pero la «comprobación especial o una exigencia legal corr[ía] por cuenta del contribuyente».

9.2. Según lo prescrito en el artículo 744 ejusdem las pruebas dentro del proceso administrativo debían ser presentadas con la declaración o durante el proceso de

8 Índice 23, samai del proceso ordinario. 9 Índice 23, samai del proceso ordinario en segunda instancia.7

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fiscalización, por ende, el contribuyente al responder el requerimiento o al presentar el recu rso de reconsideración deb ía radicar las que pretend ía en su favor.

9.3. «Adición de ingresos ». El contribuyente p odía exponer nuevos argumentos en la demanda para refutar la decisión contenida en el acto administrativo proferido por la DIAN. En ese orden, el juez debía analizar los cargos del escrito inicial, aunque no se hubieran propuesto «[…] con ocasión del recurso de reconsideración […]». Si bien en sede administrativa el demandante no refutó la adición de ingresos por valor de $7.156.000, lo cierto era que sí lo había expuesto en la demanda al señalar que no debía probar los pagos recibidos. Por lo tanto, le correspondía al tribunal estudiar el planteamiento.

adición de ingresos por valor de $7.156.000, lo cierto era que sí lo había expuesto en la demanda al señalar que no debía probar los pagos recibidos. Por lo tanto, le correspondía al tribunal estudiar el planteamiento.

9.4. Frente al punto en cuestión, la jurisprudencia señaló que «[…] en los casos en que se pretenda alterar el aspecto positivo de la base gravable (entiéndase adición de ingresos), la carga se asigna a la autoridad que constituye el sujeto que invoca a su favor la modificación del caso […]». Sin embargo, «[…] en virtud del sistema de autoliquidación tributaria, en aquellos casos en los que medie un despliegue probatorio cuya vocación permita cuestionar la veracidad de los hechos consignados en la declaración, el llamado a comprobarlos es el sujeto pasivo o declarante […]». Por ende, el cargo no tenía vocación de prosperidad.

9.5. «Pasivos» no aceptados por la DIAN como declarados por valor de $465.000.000 correspondientes a los vehículos de placas XVV 073, XVU 619, XVP 107, SXR 637 y XVY 595 y que el demandante refutó por no ser el verdadero propietario. Del análisis de los contratos de tenencia, permuta y compraventa se concluyó lo siguiente:

Contrato Objeto Observación Documento de tenencia del vehículo de placas XVV073 del 11 de septiembre de

2007. «Aura Argüello Galvis manifiesta entregar la tenencia de un vehículo del que es “propietaria” a Jorge Arias Castellanos -quien figura como propietario en la tarjeta del vehículo-, este, a su vez, se compromete a

manifiesta entregar la tenencia de un vehículo del que es “propietaria” a Jorge Arias Castellanos -quien figura como propietario en la tarjeta del vehículo-, este, a su vez, se compromete a entregar el producido del bus a dicha señora». «[e]l documento, pese a contener fecha cierta de suscripción -11 sept. 2007 ante el Notario Once del Círculo de Bucaramanga no especifica el valor de la obligación, ni fechas de pago y vigencia del acuerdo […]». Contrato de tenencia del vehículo XVU619, suscrito el 26 de diciembre de 2006. Jorge Arias Castellanos aseveró que figura en la tarjeta de propiedad del vehículo, «pero que realmente e[ra] propietario del 25% y tenedor del 75%, pues la propiedad corresponde a Wilmer Calderón Piedrahíta, José Adán Peña y Romelia Carreño Ardila» «[e]l documento, pese a contener fecha cierta de suscripción -27 y 29 de diciembre de 2006 ante el Notario Once del Círculo de Bucaramanga-, no indica el monto de la obligación que se pretende respaldar, ni la vigencia en el tiempo de los acuerdos, no hay constancia de los pagos realizados por cuenta del referido contrato, ni el lugar ni la forma de hacer dichos pagos […]» Promesa de compraventa del vehículo identificado con placas XVP107, suscrito el Jorge Arias Castellanos prometió entregar a título de compraventa el vehículo a

hacer dichos pagos […]» Promesa de compraventa del vehículo identificado con placas XVP107, suscrito el Jorge Arias Castellanos prometió entregar a título de compraventa el vehículo a «[e]n la promesa se advierte que la titularidad del vehículo recae en Jorge8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00

Demandante: Jorge Arias Castellanos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 de abril de 2011. Carlos Gustavo Gómez Arias; «[n]o obstante, no figura prueba del traspaso del vehículo ni formalización de la compraventa, ni se indica qué pasó con el «pendiente» que esta estipulado en la cláusula adicional del contrato […]». Arias Castellanos, pero no es posible determinar en qué momento se efectuó el traspaso a Carlos Gustavo Gómez y si esto ocurrió en

2011. Tampoco hay prueba de pago en relación con esta obligación […]».

Promesa de permuta de vehículos identificados con placas SXR637 y XVY595, suscrito el 14 de julio de 2011. La propiedad de los vehículos «recae en cabeza de Jorge Arias Castellanos» «[…] no existe constancia de la entrega de los vehículos ni se indica el valor del contrato, ni montos de pago […]».

9.6. Las declaraciones rendidas dentro del proceso por Carlos Gustavo Gómez

de Jorge Arias Castellanos» «[…] no existe constancia de la entrega de los vehículos ni se indica el valor del contrato, ni montos de pago […]».

9.6. Las declaraciones rendidas dentro del proceso por Carlos Gustavo Gómez Arias y Wilmer Calderón Piedrahíta confirmaron que, pese a que el demandante aparecía como propietario de los vehículos, su condición «[…] siempre fue la de tenedor de los mismos […]» y que ello se utilizó como estrategia para «[…] afiliarlos a la Cooperativa Copetrán, ya que el actor tenía la condición de socio, requisito necesario para su afiliación […]».

9.7. No obstante las pruebas descritas , «[i]ndependientemente de la idoneidad del acto negocial llevado a cabo por las partes, que no es objeto de calificación en este proceso, lo cierto es que procede el rechazo de pasivos, pues no se advierte que en los contratos aportados conste deuda alguna [...]» (sic). Además, no se aportó comprobante de pago que acredit ara la existencia de alguna deuda que coincidiera con la declarada.

9.8. «Costos por $973.601.000». De acuerdo con lo reglado en el artículo 771 -2 del ET los costos deb ían estar soportados en facturas o documentos equivalentes. En el presente caso, el demandante no los probó, por cuanto los contratos aportados «[…] no reun[ian] tales requisitos, esto es, los exigidos para el reconocimiento de los costos debatidos, ni tampoco desvirtúan que los vehículos referidos y los ingresos por estos producidos pertenecieran al actor, pues está demostrado que figura como propietario de los m ismos ante los registros de tránsito

reconocimiento de los costos debatidos, ni tampoco desvirtúan que los vehículos referidos y los ingresos por estos producidos pertenecieran al actor, pues está demostrado que figura como propietario de los m ismos ante los registros de tránsito correspondientes […]» (sic). Además, no demostró que hubiera realizado pagos a terceros por los porcentajes enunciados en tales documentos. A ello se sumó que los acuerdo s entre particulares por virtud del artículo 553 del ET no eran oponibles al fisco, por lo que debían reunir los requisitos antedichos.

9.9. «Trasgresión de los principios de esencia sobre la forma, realidad económica autonomía de la voluntad, interpretación de los contratos y buena fe». No fueron desconocidos porque los contratos fueron valorados como prueba, solo que con ellos no se acreditaron los pasivos y costos rechazados por la DIAN.

9.10. «Sanción por inexactitud». Era improcedente analizar la exoneración de esta sanción si el contribuyente no expuso las razones que la sustentaban. En el asunto examinado se limitó a solicitar que se considerara « la diferencia de criterios» sin cumplir con las exigencias del inciso 6 del artículo 647 del ET «[e]n esas condiciones procede la referida sanción, porque el actor incluyó en su declaración datos equivocados de los cuales derivó un menor saldo a pagar […]».9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03128 00

Demandante: Jorge Arias Castellanos

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Demandante: Jorge Arias Castellanos

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9.11. «Costas». El fallo no e ra totalmente favorable a la DIAN al anularse parcialmente los actos administrativos demandados, por lo que era improcedente la condena en costas en contra del demandante al configurarse «[…] el supuesto establecido en el numeral 5 del artículo 365 del CGP, que permite al juez abstenerse de condenar en costas cuando prosperan parcialmente las pretensiones de la demanda […]».

1.5. Recurso extraordinario de revisión10

10. Jorge Arias Castellanos interpuso el recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA, por vulneración al debido proceso. También invocó la «[…] violación del artículo 83 de la Constitución Política […]» y «[…] la causal de nulidad establecida en el numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso […]» (sic).

11. Lo anterior lo sustentó en lo siguiente:

11.1. La Sección Cuarta vulneró el debido proceso porque «[…] reiteró la interpretación equivocada de los artículos 770, 767, 743 relacionados con la prueba de los pasivos, fecha cierta de los documentos privados e idoneidad de los medios probatorios del Estatuto Tributario, en cuanto valoró indebidamente los contrat os de fecha cierta (tenencia, compraventa y permuta) celebrados con terceros no afiliados a Copetran exigiendo ilegalmente que los contratos debían indicar “el monto del pago” […]». La providencia no analiz ó los argumentos de la demanda y reprodujo los

fecha cierta (tenencia, compraventa y permuta) celebrados con terceros no afiliados a Copetran exigiendo ilegalmente que los contratos debían indicar “el monto del pago” […]». La providencia no analiz ó los argumentos de la demanda y reprodujo los esbozados por la DIAN sin haber hecho un examen crítico de los contratos y declaraciones de renta de l demandante y de los terceros que soportaron los pasivos y deducciones.

11.2. «Nulidad por violación directa del artículo 29 de la constitución política por desconocer como prueba los contratos celebrados con cada uno de los dueños de los cuatro buses ». Luego de trascribir los contratos de permuta, tenencia y compraventa de los vehículos de placas XVV 073, XVU 619, XVP 107, SXR 637 y XVY 595, sobre el análisis expuesto en la sentencia de segunda instancia se señaló lo siguiente:

• «Rechazo del valor de vehículo de propiedad del tercero $445.000.000 suma descontada del renglón deudas». La sentencia al decidir este punto desconoció las