CE - Sentencia 11001031500020240244801 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02448-01

Accionante: Ana Mercedes Correa Ochoa

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Transitoria

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-02448-01

Accionante: Ana Mercedes Correa Ochoa

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Subtema 2: subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por la señora Ana Mercedes Correa Ochoa en contra de la sentencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado , mediante la cual se declaró improcedente el amparo de tutela.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Ana Mercedes Correa Ochoa presentó acción de tutela 1, por conducto de apoderado, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Ana Mercedes Correa Ochoa presentó acción de tutela 1, por conducto de apoderado, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que consideró vulnerados por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia , al proferir la sentencia del 15 de noviembre de 2023 , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-33-33-022-2018-00256-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

La señora Ana Mercedes Correa Ochoa se vinculó a la Rama Judicial y desde el año 2013 se le pagó la bonificación judicial como factor salarial para liquidar la cotización

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-02448-00, índice 64, certificado 96D8F06CB294E772 D7D8C22529587007 2F19C481E7702514 23604C8BCCB75498.Radicado: 11001-03-15-000-2024-02448-01

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al sistema general de seguridad social en pensiones y en salud, pero no para determinar las prestaciones sociales que devengó.

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al sistema general de seguridad social en pensiones y en salud, pero no para determinar las prestaciones sociales que devengó.

La accionante presentó escrito ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín , mediante el cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor de salario y el ajuste de sus prestaciones sociales desde el 2013 hasta el 2018.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, a través de las Resoluciones DESAJMR 16-4401 del 19 de febrero de 2016 y DESAJMR 16-5512 del 21 de abril de 2016, resolvió negativamente el requerimiento de la tutelante.

La actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por medio de la cual solicitó que i) se inaplicara el artículo 1 del Decreto 0383 de 2013, ii) se declarara la nulidad de los referidos actos administrativos y del acto ficto derivado del silencio negativo ante la falta de resolución del recurso de apelación que se interpuso contra estas decisiones ; y, en consecuencia, iii) se ordenara la reliquidación de sus prestaciones con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial debidamente actualizadas.

El Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, mediante sentencia del 30 de julio de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, a través de providencia del 15 de noviembre de 2023, confirmó parcialmente el fallo de primera instancia, en

entidad demandada interpuso recurso de apelación.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, a través de providencia del 15 de noviembre de 2023, confirmó parcialmente el fallo de primera instancia, en cuanto dispuso modificar los numerales primer o y cuarto de la sentencia apelada, en los siguientes términos:

PRIMERO. – MODIFICAR EL NUMERAL PRIMERO de la sentencia proferida el 30 de julio de 2019 por el Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín -Conjuez, los cuales quedarán así:

PRIMERO: Declárese no probadas las excepciones de falta de integración del litisconsorte, legalidad de los actos acusados; la ausencia de causa petendi – inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido. Y se declara probada la excepción de prescripción de derechos anteriores al 29 de enero de 2013 , conforme lo señalado en el presente fallo.

[…]

TERCERO. - MODIFICAR EL NUMERAL CUARTO de la Sentencia en cita el cual quedará así:

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN –RAMA JUDICIAL –CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA a reliquidar y pagar a favor de la señora ANA MERCEDES CORREA OCHOA, todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y ca usados desde el 29 de enero de 2013 , incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013 y posteriores que lo modificaron, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiend o dicho

enero de 2013 , incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013 y posteriores que lo modificaron, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiend o dicho emolumento.Radicado: 11001-03-15-000-2024-02448-01

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La suma que resulte a favor de la demandante debe indexarse de conformidad con el artículo 187 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia y devengará los intereses moratorios a partir de dicho momento, siguiendo las indicaciones del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

La actualización ordenada se hará aplicando la fórmula desarrollada en la sentencia de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

«Anular el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, y en su lugar, se ordene fallar nuevamente teniendo en cuenta el principio de congruencia y el numeral cuarto de la providencia expedida por el Juez de primera instancia»3.

Como fundamento de sus pretensiones , la accionante en el escrito de amparo expuso que la providencia objeto de tutela vulneró sus derechos fundamentales porque se pronunció sobre la prescripción del derecho de las prestaciones reclamadas, sin tener en cuenta que este no fue un argumento expuesto en el recurso de apelación

expuso que la providencia objeto de tutela vulneró sus derechos fundamentales porque se pronunció sobre la prescripción del derecho de las prestaciones reclamadas, sin tener en cuenta que este no fue un argumento expuesto en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

De esta manera, explicó que la autoridad judicial demandada excedió su competencia y vulneró el principio de congruencia, el cual exige que las decisiones judiciales se limiten a la controversia propuesta por las partes. En este sentido, precisó que, cuando el juez de la segunda instancia se pronuncia sobre aspectos no planteados por el apelante, se transgrede el artículo 328 del Código General del Proceso al dictar un fallo incongruente.

Asimismo, manifestó que «la Corte Constitucional ha indicado que el desconocimiento del principio de congruencia puede configurar un defecto orgánico, ya que el juez estaría actuando fuera de los límites de su competencia funcional»4.

2.3. Trámite procesal

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto del 26 de septiembre de 20245, admitió la solicitud de tutela, ordenó la notificación a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia; y dispuso comunicar el escrito de tutela al Juzgado Treinta Administrativo Oral de Medellín y al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín , en calidad de terceros interesados.

Posteriormente, con auto del 9 de octubre de 2024 6, se dispuso la vinculación del Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín, en su condición de tercero con interés.

interesados.

Posteriormente, con auto del 9 de octubre de 2024 6, se dispuso la vinculación del Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín, en su condición de tercero con interés.

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-02448-00, índice 64, certificado 96D8F06CB294E772 D7D8C22529587007 2F19C481E7702514 23604C8BCCB75498. 3 Se transcribe incluso con errores. 4 Se transcribe incluso con errores. 5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-02448-00, índice 66, certificado 75CC69A011582681 ED397017F5DC411D 83A8543FE3D83306 0F84AD1637511A44. 6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-02448-00, índice 79, certificado 51A85F3C0E9A94B9 1AD8592B6AE0D687 E901665E2774CBB2 16EA447BA33FF060.Radicado: 11001-03-15-000-2024-02448-01

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2.4. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria7 manifestó que la accionante pretende utilizar la tutela como una tercera instancia para insistir en el debate que se surtió al interior del proceso ordinario, con el fin de obtener un

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria7 manifestó que la accionante pretende utilizar la tutela como una tercera instancia para insistir en el debate que se surtió al interior del proceso ordinario, con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones, sin que la solicitud de amparo cumpla con los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción constitucional contra providencia judicial.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín 8 indicó que la acción de tutela es improcedente porque la parte actora pretende utilizar este mecanismo constitucional como una herramienta para reabrir o plantear una discusión que ya fue debatida y decidida en el proceso ordinario.

De igual manera, resaltó que la parte actora pretende desvirtuar la cosa juzgada de una providencia judicial, sin tener en cuenta que la decisión se encuentra debidamente fundamentada en atención al principio de legalidad.

El Juzgado Veintidós Administrativos de Medellín guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 7 de noviembre de 20249, declaró improcedente la solicitud de amparo, con el argumento de que el asunto no cumple con el requisito general de subsidiariedad, toda vez que la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión para exigir la protección de sus garantías fundamentales.

En este sentido, explicó que para la parte actora la sentencia del 15 de noviembre de 2023, proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia, vulneró el principio de congruencia externa al pronunciarse sobre la prescripción de las prestaciones reclamadas, por lo que dicho argumento es un asunto que debe

2023, proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia, vulneró el principio de congruencia externa al pronunciarse sobre la prescripción de las prestaciones reclamadas, por lo que dicho argumento es un asunto que debe analizarse en sede del recurso extraordinario de revisión, dado que este mecanismo es idóneo y eficaz para la protección de los derechos invocados.

Adicionalmente, mencionó que la accionante no expuso los motivos por los cuáles este instrumento extraordinario no cuenta con la idoneidad y eficacia para la resolución de la controversia propuesta y la salvaguarda de sus garantías constitucionales. Así como tampoco, acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que haga proced ente la acción de tutela como mecanismo transitorio.

7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-02448-00, índice 73, certificado 2651DF5127EF1BAC AC62A5B2DBA7CEF1 B04C2A053CD9EF14 EC610204323D376D. 8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-02448-00, índice 74, certificado A59B6A81900A7FD0 E7EE7CE3B4F2BFFE 3FEB49682A5A443D ACFAC48D7A09DA49. 9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-02448-00, índice 89, certificado 097B335108F4D9FC AAC62E903A825DA2 F71547185A51F46C 10A17B1A7A03060D.Radicado: 11001-03-15-000-2024-02448-01

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F71547185A51F46C 10A17B1A7A03060D.Radicado: 11001-03-15-000-2024-02448-01

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2.6. Impugnación

La señora Ana Mercedes Correa Ochoa presentó impugnación 10 en contra de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, para lo cual argumentó que el recurso extraordinario de revisión no es suficientemente idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados, pues su trámite puede prolongarse en el tiempo y «no ofrece medidas cautelares inmediatas ni garantiza una reparación pronta para los efectos negativos ya sufridos por la accionante».

De este modo, indicó que una interpretación estrecha de l principio de subsidiariedad puede llevar a desconocer la finalidad protectora de la acción de tutela como mecanismo transitorio. Por tal razón, la tutela es el único medio adecuado para garantizar los derechos de la actora, ya que permite una protección inmediata frente a la vulneración causada por el Tribunal.

Por otro lado, adujo que el A quo no realizó un análisis detallado de las pruebas y alegaciones presentadas para constatar la existencia de un perjuicio irremediable, que en su caso reúne las siguientes características:

«1. Gravedad: La falta de pago completo y correcto de la bonificación judicial reconocida afecta de manera significativa el ingreso de la accionante, comprometiendo

en su caso reúne las siguientes características:

«1. Gravedad: La falta de pago completo y correcto de la bonificación judicial reconocida afecta de manera significativa el ingreso de la accionante, comprometiendo su mínimo vital y su calidad de vida.

2. Inminencia: La situación económica actual de la accionante no le permite esperar el tiempo requerido para agotar el recurso extraordinario de revisión. Su estabilidad financiera depende de la pronta resolución de esta controversia.

3. Irreparabilidad: La demora en garantizar los derechos laborales perpetúa un daño económico que no puede ser subsanado posteriormente, afectando directamente la subsistencia de la accionante»11.

Por lo anterior, consideró que e l perjuicio irremediable debe ser analizado integralmente, en atención a las condiciones particulares de la tutelante y los efectos directos que la falta de protección inmediata tiene sobre sus derechos fundamentales.

Adicionalmente, reiteró que la providencia objeto de tutela modificó el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, alterando la forma en que debía liquidarse la bonificación judicial reconocida. Esta actuación excedió el alcance del recurso de apelación, en tanto se pronunció sobre aspectos que no fueron planteados ni discutidos en el proceso.

De este modo, precis ó que e l principio de congruencia impone límites claros a las decisiones judiciales, exigiendo que estas se ajusten estrictamente a los puntos apelados por las partes, por lo que, al modificar aspectos no controvertidos, el Tribunal violó el debido proceso de la accionante y su derecho a una defensa efectiva, generando una afectación directa y grave a sus derechos fundamentales.

apelados por las partes, por lo que, al modificar aspectos no controvertidos, el Tribunal violó el debido proceso de la accionante y su derecho a una defensa efectiva, generando una afectación directa y grave a sus derechos fundamentales.

10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-02448-00, índice 95, certificado 29D491D6A0FDAABD 4389BC5588B77DA9 E2B5F3C3BA744FC4 BE84C169959EE16D. 11 Se transcribe incluso con erroresRadicado: 11001-03-15-000-2024-02448-01

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Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, se acceda al amparo de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

3.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa de la señora Ana Mercedes Correa Ochoa , se encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte demandante en el proceso de

3.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa de la señora Ana Mercedes Correa Ochoa , se encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia , porque fue la autoridad que profirió la respectiva providencia dentro del proceso ordinario.

3.3. Problema jurídico

La Sala deberá decidir si se confirma la sentencia de primera instancia que declaró improcedente el amparo de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Para ello, es necesario establecer si el escrito de amparo supera los requisitos de procedibilidad del mecanismo constitucional de la tutela contra providencia judicial.

En caso contrario, se debe establecer si la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto orgánico y, en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de Ana Mercedes Correa Ochoa, al proferir la sentencia del 15 de noviembre de 2023.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 12 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional13.

En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe

evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional13.

En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 13 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2024-02448-01

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(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial [subsidiariedad]; (iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado [inmediatez]; (iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; (v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, (vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible

vulneración; y, (vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de l os siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

3.4.1.1. Requisito de subsidiariedad

Ana Mercedes Correa Ochoa pretende que se deje sin efectos la sentencia del 15 de noviembre de 2023 , proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se modificó la providencia del 30 de julio de 2019, expedida por el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, en cuanto declaró probada la excepción de prescripción de las prestaciones reclamadas por la tutelante, causadas con anterioridad al 29 de enero de 2013.

por el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, en cuanto declaró probada la excepción de prescripción de las prestaciones reclamadas por la tutelante, causadas con anterioridad al 29 de enero de 2013.

Para la parte actora, la decisión objeto de tutela incurrió en defecto orgánico porque la autoridad judicial accionada desconoció el principio de congruencia, previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso , al actuar por fuera de los límites de su competencia funcional, pues se pronunció sobre los efectos y alcances de la excepción de prescripción, sin tener en cuenta que ese no fue un argumento expuesto en el recurso de apelación.

En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad presupone, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 .° del Decreto 2591 de 199115, que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente

14 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 15 ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA «La acción de tutela no procederá:Radicado: 11001-03-15-000-2024-02448-01

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con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por

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con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por otro lado, que valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada caso16.

Así pues, en el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales, así como, en los eventos en que se configura un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección impostergables17.

Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales18. De manera específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:

La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

A partir de lo anterior , es preciso indicar que, de acuerdo con el artículo 248 19 de la

herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

A partir de lo anterior , es preciso indicar que, de acuerdo con el artículo 248 19 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el recurso extraordinario de revisión procede en contra de los fallos dictados, entre otras autoridades, por los tribunales administrativos; y que el artículo 250 20 ibidem prevé como causal del recurso, en su numeral 5, la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no es susceptible de apelación, la cual puede ser invocada dentro del año siguiente a la ejecutoria de la providencia controvertida.

En relación con la mencionada causal, esta corporación ha sido enfática en establecer que el vicio alegado como nulidad, por un lado, se debió configurar en el momento en que se profirió la sentencia, y, por otro, debió ser el resultado del desconocimiento grave e insanable de alguna ritualida d sustancial21. Además, se ha indicado que esta ocurre en los siguientes eventos22:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en […]». 16 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.

17Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017. 18 Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021. 19 ARTÍCULO 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas

17Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017. 18 Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021. 19 ARTÍCULO 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos. 20 ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, radicado núm. 2013-02724-00. 22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020, radicado núm. 11001-03-15-000-2019-00119-00.Radicado: 11001-03-15-000-2024-02448-01

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[…] la carencia absoluta de motivación de la sentencia, la violación al principio de la non reformatio in pejus, la prueba obtenida con violación del debido proceso, la

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[…] la carencia absoluta de motivación de la sentencia, la violación al principio de la non reformatio in pejus, la prueba obtenida con violación del debido proceso, la expedición de una sentencia condenatoria contra un tercero que no estuvo vinculado en el proceso, la falta de congruencia, la falta de votos necesarios para la aprobación de una sentencia y la expedición de un fallo inhibitorio injustificado [Negrilla fuera de texto].

Sobre el particular, la Sala Veintidós Especial de Decisión 23, con fundamento en la jurisprudencia de la Sala Plena de la corporación , indicó que la incongruencia interna y/o externa de la sentencia da lugar a la nulidad de la decisión por violación al debido proceso. Al respecto expresó lo siguiente:

El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

[…] Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la mis