CE - Sentencia 11001031500020240572301 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05723-01

Accionantes: Hender Mosquera Cuesta y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05723-01

Accionantes: Hender Mosquera Cuesta y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección

Tercera-Subsección A Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales Subtema: Requisitos generales de procedencia – relevancia constitucional – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionada en contra de la sentencia del 6 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección A d e la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Hender Mosquera Cuesta, Hernando Mosquera Cuesta y Ercila Mosquera Cuesta1, en nombre propio, formularon solicitud de tutela mediante la cual solicita ron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que consideraron vulnerados por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la sentencia del 30 de septiembre

amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que consideraron vulnerados por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la sentencia del 30 de septiembre de 2024, que modificó el fallo de primera instancia y, en su lugar, acce dió œnicamente a las pretensiones de la demanda respecto al perjuicio moral y negó las demÆs elevadas en el proceso de reparación directa identificado con el nœ mero de radicado 11001-33-43-065-2019-00234-00/01.

2. Hechos

2.1. Los aquí accionantes presentaron demanda en ejercicio del medio de co ntrol de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional, con el fin de que se la declarara responsable por los perjuicios

1 Archivo electrónico identificado con certificado B3044D25B8 F3F359 9EABCAF98FD42E7E A084CF23EF23E179 368D39D148DDDB24, ubicado en el índice 2 del Samai.0000

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ocasionados con ocasión a la enfermedad de leishmaniasis cutÆnea que adq uirió Hender Mosquera Cuesta mientras prestaba su servicio militar obligatorio.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de BogotÆ, bajó el radicado nœmero 11001-33-43-065-201 9-00234-00,

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de BogotÆ, bajó el radicado nœmero 11001-33-43-065-201 9-00234-00, autoridad judicial que, mediante sentencia del 16 de diciembre de 2 021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en consecuencia reconoció perjuicios materiales, morales y por concepto de daæo a la salud.

El juez ordinario de la primera instancia manifestó que el asunto debía estudiarse bajo el título de imputación objetiva, en la medida en que Hender Mosquera Cuesta adquirió la enfermedad de leishmaniasis mientras prestó su servicio militar obligatorio. Indicó que, conforme al dictamen pericial del 18 de marzo d e 2019 aportado en la demanda, se acreditó la pØrdida de capacidad de Hender Mosquera Cuesta, como consecuencia de dicha enfermedad, en un porcentaje del 25.5%.

Por lo tanto, para tasar los perjuicios materiales, morales y de daæo a la salud, la autoridad judicial de primera instancia tuvo en cuenta el citado porcentaje de pØrdida de capacidad y los parÆmetros fijados en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

2.3. Inconforme con lo decidido, la entidad demandada interpuso recurso de apelación. Sostuvo que el concepto mØdico allegado por la parte demand ante no cumplió con los requisitos de validez y eficacia probatoria, porque fue rendido por un mØdico especialista en salud ocupacional con fundamento en el Decreto 089 de

1989. Sostuvo que la norma establecía que las valoraciones mØdicas deb ían ser

un mØdico especialista en salud ocupacional con fundamento en el Decreto 089 de

1989. Sostuvo que la norma establecía que las valoraciones mØdicas deb ían ser realizadas por 3 mØdicos, entre los que debe estar el que trató al paciente, p or lo tanto, solicitó que el dictamen de parte no fuera valorado. Adicionalmente adujo que los demÆs medios probatorio no lograron acreditar la causación del daæo.

2.4. La alzada fue resuelta por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribun al Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024, a travØs de la cual resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021, por el Juzgado Sesenta y cinco Administrativo de BogotÆ D.C., la cual quedarÆ así:

PRIMERO: DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional por la afección que el seæor Hender Mosquera Cuesta sufrió durante la prestación del servicio militar obligatorio.

SEGUNDO: DECLARAR la improsperidad de las excepciones propuestas por la demandada.

TERCERO: En consecuencia, CONDENAR a La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional a pagar una indemnización equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del seæor Hender Mosquera Cuesta, por concepto de perjuicio moral.0000

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Hender Mosquera Cuesta, por concepto de perjuicio moral.0000

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CUARTO: NEGAR las demÆs pretensiones de la demanda.

QUINTO: Una vez en firme esta providencia, cumplir lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA en concordancia y para los fines indicados en el art. 1”. Del Decreto 768 de 1993; expíanse a la parte actora las copias autØnticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código General del Proceso, tiendo en cuenta lo dispuesto en los acuerdos 252 de 2004 y 084650 de 2008 proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la parte interesada deberÆ aportar las copias correspondientes y consignar la suma de seis mil pesos ($6.800) y adicionalmente la suma de $250 por cada folio a autenticar, en la cuenta de

No. 3-0820-000636-6 del Banco Agrario de Colombia denominada arancel judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Las copias destinadas a la parte actora sean entregadas al apoderado osØ Fernando Gómez Cataæo, identificado con C.C. 89.003.254 y T.P. 127.266 del Consejo Superior de la Judicatura.

PAR`GRAFO PRIMERO. Se advierte a la parte interesada que la solicitud de expedición y entrega de copias deberÆ respetar el derecho al turno de los demÆs usuarios del Despacho y esta serÆ atendida de acuerdo con el volumen de trabajo de la Secretaría.

de expedición y entrega de copias deberÆ respetar el derecho al turno de los demÆs usuarios del Despacho y esta serÆ atendida de acuerdo con el volumen de trabajo de la Secretaría.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: Ejecutoriado el presente fallo por Secretaría remitir los oficios correspondientes de conformidad con el inciso final del art. 192 del CPACA.

Por Secretaría comunicar lo pertinente, para lo cual el apoderado deberÆ allegar las copias correspondientes del fallo a Secretaria.

OCTAVO: Cumplido lo anterior y si no fuese apelada esta providencia, por Secretaría, proceder al archivo definitivo del expediente con las anotaciones de rigor.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

El juez ordinario de segunda instancia sostuvo que, en tratÆndose de la capacidad psicofísica del personal de la Fuerza Pœblica, esta debía ser definida por un procedimiento reglado ante la Junta MØdico Laboral, la cual estaba integrada por 3 mØdicos de planta de la dirección de sanidad del establecimiento militar o de policía. Sin embargo, consideró que el dictamen de pØrdida de capacidad laboral a portado por la parte demandante carecía de eficacia probatoria, porque no se dem ostró la idoneidad de quien lo rindió, dado que solo la Junta MØdico Labo ral y el Tribunal MØdico Laboral de Revisión Militar y de Policía tenían competencia para e mitir ese concepto.

No obstante, indicó que la idoneidad legal de la Junta MØdico Laboral para calificar la pØrdida de capacidad laboral no se oponía a que otros medios de pru eba sean

concepto.

No obstante, indicó que la idoneidad legal de la Junta MØdico Laboral para calificar la pØrdida de capacidad laboral no se oponía a que otros medios de pru eba sean conducentes, para definir la afectación en la salud de una persona.

En cuanto al perjuicio moral, advirtió que no existía una posición pacífica y armónica que defina cómo se deben aplicar los criterios de unificación en estos casos y concluyó que las pruebas aportadas no daban cuenta de la gravedad d e los0000

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perjuicios reclamados por los demandantes, dado que, en su criterio, ning una prueba era demostrativa de que el seæor Mosquera Cuesta hubiese presenta do alguna disminución de la capacidad laboral con motivo del daæo alegado. Por lo tanto, en aplicación del arbitrio judicial, estimó una indemnización a favor del seæor Hender Mosquera Cuesta, equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir de las secuelas que se consignaron en la historia clínica (“cicatrices hipertróficas generalizadas 13 en MID, 19 MII 6 glœteos, 15 msi, 11 msd, con cicatriz hipotrófica en cara de 1.5 X 1.5 CM” ) y el perjuicio moral que esto le generó.

De otra parte, negó la indemnización por concepto de perjuicios morales a favor de los parientes de la víctima directa, en la medida en que no acreditaron el d olor, la

generó.

De otra parte, negó la indemnización por concepto de perjuicios morales a favor de los parientes de la víctima directa, en la medida en que no acreditaron el d olor, la aflicción o el sentimiento de congoja.

En lo relativo al daæo a la salud, la autoridad judicial cuestionada precisó que segœn la jurisprudencia del Consejo de Estado para tasar este perjuicio debía t enerse en cuenta las consecuencias de la lesión y su gravedad; así mismo, «ni las Juntas MØdicas Laborales, ni los demÆs dictÆmenes que determinen la disminución de la capacidad laboral de la víctima pueden considerarse tarifa legal para acreditar este perjuicio».

Aludió tambiØn a los criterios de ponderación que se enlistaron en la sen tencia de 28 de agosto de 2011 proferida en el radicado interno 28804 en la que se unificó el tema relativo al daæo a la salud.

Sostuvo que la tesis mayoritaria de la Sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha precisado que la prueba de la disminución de la capacidad laboral no determina una presunción, ni demuestra hechos como la alteración a la sa lud, las condiciones de vida, el desempeæo de actividades cotidianas, entre otra s. En consecuencia, a pesar de que la historia clínica da cuenta que el demandante sufrió mœltiples cicatrices corporales a causa de la leishmaniasis, no obstante, no se acreditó que dicha secuela afecte la integridad psicofísica del demandante, o le cause alteración anatómica o restricción para realizar una actividad rutinaria.

En consecuencia, revocó la decisión de primera instancia, en cuanto al

acreditó que dicha secuela afecte la integridad psicofísica del demandante, o le cause alteración anatómica o restricción para realizar una actividad rutinaria.

En consecuencia, revocó la decisión de primera instancia, en cuanto al reconocimiento por el daæo a la salud.

Por œltimo, el tribunal accionado revocó la indemnización reconocida por con cepto de lucro cesante, dado que en el proceso no se acreditó que el seæor Hender Mosquera Cuesta realizaba alguna actividad productiva antes de ingresar a prestar el servicio militar obligatorio y la sola edad productiva no lo era demostrativo de ello, ni que hubiera perdido alguna oportunidad laboral. Tampoco constaba qu e las cicatrices le hubieran causado alguna secuela que le impida al actor desem peæar alguna actividad.0000

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3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, pidió al juez constitucional que ordene a la Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera una nueva sentencia de segunda instancia en la que se apliquen las sent encias de unificación sobre indemnización de perjuicios.

Sostuvo que la decisión cuestionada vulneró sus garantías constitucionales porque desconoció las sentencias de unificación sobre el reconocimiento del lucro cesante y los montos indemnizatorios por perjuicios morales y daæo a la salud. Por lo tanto, aportó diversas providencias emitidas por los tribunales administrativos de

desconoció las sentencias de unificación sobre el reconocimiento del lucro cesante y los montos indemnizatorios por perjuicios morales y daæo a la salud. Por lo tanto, aportó diversas providencias emitidas por los tribunales administrativos de Cundinamarca y de Antioquia en las que se reconocieron los perjuicios en casos de conscriptos, conforme a las tablas de indemnización dispuestas en las sentencias de unificación.

Cuestionó que se hubieran reconocido diez salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales, a pesar de que se acreditó que el seæor Mosquera Cuesta sufrió una pØrdida de la capacidad laboral equivalente al 22,5% lo q ue implicaba la aplicación de las tablas de indemnización dispuestas por el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación, tal como lo han realizado los Tribunales Administrativos de Antioquia y Cundinamarca.

Afirmó que el hecho de negar los perjuicios derivados del daæo a la salud, porque este solo procede cuando hay afectación funcional de un órgano, constitu ía un retroceso jurisprudencial de dØcadas. Hizo alusión al salvamento de voto presentado por una de las magistradas del Tribunal, que se opuso a la p ostura asumida para negar el daæo a la salud y los perjuicios materiales.

En cuanto a la negativa de conceder los perjuicios reclamados por concepto de lucro cesante, explicó que la exigencia de probar una actividad laboral al mome nto del daæo desconoció la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 (radicado interno 36.149) y la jurisprudencia del Consejo de Estado que avala la pres unción

daæo desconoció la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 (radicado interno 36.149) y la jurisprudencia del Consejo de Estado que avala la pres unción segœn la cual toda persona en edad productiva devenga, por lo me nos, el salario mínimo legal mensual vigente. Para sustentar esta afirmación, enunció 12 sentencias proferidas por el Consejo de Estado en las que se reconoció indemnización por lucro cesante, a partir del Acta de Junta MØdico Laboral, en casos de lesiones sufridas por personal de las Fuerzas Armadas.

Sostuvo que la postura segœn la cual los soldados solo pueden ac udir a las juntas militares para probar la magnitud de sus lesiones impone una tarifa legal probatoria, sin sustento legal que contradice los pronunciamientos que existen al respecto y que acuden a la condena en abstracto en esos casos. Adujo que el tribunal accionado confundió daæo con perjuicio, ausencia de prueba de pØrdida de capacidad laboral con ausencia de secuelas.0000

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4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente de primera instancia, con auto del 1 de noviembre de 20242, admitió la acción, vinculó como terceros con interØs al ministro de Defensa y al comandante general de la Armada Nacional y ordenó la notificación a las partes.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

de Defensa y al comandante general de la Armada Nacional y ordenó la notificación a las partes.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , a travØs de la magistrada ponente de la providencia cuestionada, contestó la tutela y solicito que se declarara la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional, tal y como lo han considerado la Secciones Primera y Segunda del Consejo de Estado en asuntos de similitud fÆctica.

Manifestó que la decisión objeto de reparo se fundamentó en la sente ncia de unificación del Consejo de Estado sobre prejuicios morales y a partir de ello se consideró que el dictamen aportado por los accionantes no tenía la eficacia para acreditar la pØrdida de capacidad del seæor Mosquera Cuesta. Esto, en el entendido que tal asunto es competencia de un órgano especial.

Respecto del daæo a la salud, argumentó que no se desconoció la sent encia de unificación en esa materia, pues no se encontró acreditada que la secuelacicatricesprodujera una alteración, anomalía, defecto o pØrdida que restrinja, limite o impida su desempeæo social o familiar, conforme a las reglas contenidas.

En cuanto al lucro cesante, manifestó que no existía una sentencia de unificación que estableciera la manera de liquidarlo en caso de lesiones personales, a diferencia de la que sí existe en casos de privación injusta de la libertad.

Citó una sentencia de tutela emitida por esta Subsección3 en la que se mencionaron dos posturas existentes para liquidar el lucro cesante en casos como el de la

diferencia de la que sí existe en casos de privación injusta de la libertad.

Citó una sentencia de tutela emitida por esta Subsección3 en la que se mencionaron dos posturas existentes para liquidar el lucro cesante en casos como el de la referencia, situación que evidenciaba que no existía una postura uniforme.

Aunado a ello indicó que la negativa del reconocimiento del lucro cesante obedeció a que la parte actora no demostró que la infección por leishmaniasis hubiese causado alguna secuela que le impidiera desempeæar alguna actividad prod uctiva, así como tampoco se acreditó que realizara alguna actividad productiva antes de ingresar a prestar el servicio militar obligatorio, ni que hubiera perdido alguna oportunidad laboral.

2 ˝ndice 00005 del expediente digital de primera instanc ia, certificado D9D9C1E8B67101C8 C89E44539D0F4AD5 F25CAC85C950255B 45EEDFE9072B3354 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15000-2018-03665-01 (AC), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.0000

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Por œltimo, seæaló que a pesar de que en la acción tuitiva se enu nciaron varias sentencias del Consejo de Estado en las que se determinó la presunción de u na actividad productiva a partir de la finalización del servicio militar obligatorio, lo cierto

Por œltimo, seæaló que a pesar de que en la acción tuitiva se enu nciaron varias sentencias del Consejo de Estado en las que se determinó la presunción de u na actividad productiva a partir de la finalización del servicio militar obligatorio, lo cierto es que no se cumplió con la carga de precisar los motivos por los cuales esas decisiones se referían a supuestos fÆcticos similares, ni por quØ eran a plicables al asunto.

4.2. Los demÆs sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia d el 6 de diciembre de 20244, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los demandantes, al considerar que la decisión cuestionad a incurrió en un defecto fÆctico que llevó a negar la existencia del daæo a la salud y negó las demÆs pretensiones de la demanda.

Por lo tanto, ordenó dejar sin efectos “ el ordinal cuarto de la sentencia de 30 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-43-065-2019-00234-01, para que, en el tØrmino de tre inta (30) días, contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera una providencia de reemplazo en la que valore las pruebas aportadas al proceso con miras al reconocimiento, œnicamente, del daæo a la salud, conforme a lo seæalado en las consideraciones de este fallo”5.

reemplazo en la que valore las pruebas aportadas al proceso con miras al reconocimiento, œnicamente, del daæo a la salud, conforme a lo seæalado en las consideraciones de este fallo”5.

5.1. El juez constitucional de primera instancia resaltó que el Consejo de Estado ha entendido que el daæo a la salud se corresponde con cualquier lesión o alteración a la unidad corporal o psicológica de la persona, de carÆcter permanente o temporal. Para el efecto citó la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 6 en la que se acogió la definición de daæo a la salud, relativa a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daæos como el estØtico, el sexual, el psicológ ico, entre otros.

Adujo que en la mencionada decisión se resaltó que “el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo estÆ circunscrito

4 ˝ndice 00012 del expediente digital de primera instanc ia, certificado 4057BFD1E5E40641 6BC0089F22B1BBC5 54651537D12F454C 098AA6AAA579EC07. 5 Ibid. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 05001-23-31-000-1997-01172-01(31170), M.P. Enrique Gil Botero. En esta decisión se acogieron los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 05001-23-31-000-1997-01172-01(31170), M.P. Enrique Gil Botero. En esta decisión se acogieron los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los procesos con radicado interno 19.031 y 38.222, en torno a la noción y alcance del daæo a la salud.0000

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a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación serÆ mucho mÆs sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderÆ una indemnización idØntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daæo a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daæo estØtico, daæo sexual, daæo relacional familiar, daæo relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasa rlo o evaluarlo, de forma mÆs o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el mØdico legista. El daæo a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirÆ incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada”7.

decretado y ii) uno subjetivo, que permitirÆ incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada”7.

Expuso que, en el caso bajo estudio, para probar el daæo a la sa lud se aportó al proceso ordinario copia de la historia clínica de la Dirección de Sanidad, en la qu e se confirmó el tratamiento que recibió el demandante por la enferme dad de leishmaniasis cutÆnea, la cual le fue diagnosticada el 9 de abril de 2019 y le mereció una orden de incapacidad desde ese día hasta el 28 de abril siguiente . En ese documento se registró que dicho padecimiento ocasionó las siguientes secuelas : «cicatrices hipertróficas generalizadas 13 en MID, 19 MII 6 glœteos, 15 msi, 11 msd, con cicatriz hipotrófica en cara de 1.5 X 1.5 CM». Así como tambiØn se allegó un concepto de medicina ocupacional que dio cuenta de las numerosas cicatrices en la cara y las extremidades inferiores y superiores del accionante, generadas por las œlceras que produjo la enfermedad.

Por lo expuesto, consideró que la constatación del padecimiento que aquejó al seæor Mosquera Cuesta por si sola evidenciaba la equivocación en la que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al concluir que no se había demostrado un daæo a la salud, pues las pruebas aportadas daban cuenta de la enfermedad que adquirió mientras prestaba el servicio militar obligatorio, el tratamiento que recib ió por esa causa y las consecuencias en su piel derivadas de tal afección.

un daæo a la salud, pues las pruebas aportadas daban cuenta de la enfermedad que adquirió mientras prestaba el servicio militar obligatorio, el tratamiento que recib ió por esa causa y las consecuencias en su piel derivadas de tal afección.

Adicional a ello, consideró cuestionable que el tribunal exigiera la acredita ción de circunstancias adicionales a la afectación psicofísica para reconocer la existencia de un daæo a la salud, en un abierto desconocimiento de la postura unific ada establecida por esta corporación que se ocupó de definir el daæo a la salud y determinar su alcance. Recalcó, en este punto, que el daæo a la salud ta mbiØn comprende las alteraciones de tipo estØtico, sean temporales o permanentes.

Precisó que la sentencia que unificó el criterio relacionado con el daæo a la salud correspondía a la proferida el 28 de agosto 2014 en el proceso con radicado radicado 05001-23-31-000-1997-01172-01(31.170), cuyos lineamientos debías ser observados por todos los operadores judiciales.

7 Ibid.0000

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Puso de presente que el tribunal aludió a la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014, en el proceso 31172, para exigir la acreditación de alguna de las variables enlistadas en esa decisión, a pesar que esta se ocupó de unificar la jurisprudencia en lo relativo a la reparación del daæo moral en caso de lesiones; por

las variables enlistadas en esa decisión, a pesar que esta se ocupó de unificar la jurisprudencia en lo relativo a la reparación del daæo moral en caso de lesiones; por lo tanto advirtió que solo los criterios que fueron materia de unificación co nstituían precedente, y los demÆs argumentos que hacen parte de la providencia, aunqu e reflejan la postura de la Sala que profirió la decisión, versan sobre el asunto específico y no deben necesariamente extenderse al estudio de otros casos.

En consecuencia, indicó que el yerro en el razonamiento que llevó a negar la existencia del daæo a la salud imponía la necesidad de ordenar que se profiera una decisión de reemplazo ceæida a las pautas jurisprudenciales establecidas por esta el Consejo de Estado frente al daæo a la salud.

5.2. En cuando a los cargos elevados en torno al supuesto desconocimiento del precedente e indebida valoración probatoria que condujo a la negación d el lucro cesante y a la modificación de la indemnización fijada por concepto de pe rjuicios morales, consideró que no se incurrió en los defectos invocados.

Concluyó que a partir de los argumentos esbozados por el juez ordinario era posible colegir que no no se impuso una tarifa legal probatoria ni se desconoció el contenido del acta mØdico laboral que se aportó al proceso. Esto, dado que la razón por la cual se descartó la prueba en comento radicó en la imposibilidad de constatar la idoneidad del mØdico que rindió el concepto de pØrdida de capacidad lab oral, aspecto que impedía otorgarle mØrito probatorio.

cual se descartó la prueba en comento radicó en la imposibilidad de constatar la idoneidad del mØdico que rindió el concepto de pØrdida de capacidad lab oral, aspecto que impedía otorgarle mØrito probatorio.

Adujo que no se advertía la vulneración a los derechos fundamenta les invocados por una valoración arbitraria, irrazonable o contraevidente de las pruebas, p ues se observaba, en cambio, una decisión razonada que resolvió apartarse de la s conclusiones de un concepto mØdico, por la imposibilidad de verificar la idoneidad y competencia del especialista para conceptuar sobre la materia de la cual versó su dictamen, argumento que no se muestra caprichoso ni arbitrario, sino consecuente con la realidad procesal.

5.3. El magistrado JosØ Roberto SÆchica MØndez presentó salvamento parcial de voto porque consideró que en el presente asunto no se acreditó la relevancia constitucional para declarar la procedencia de la acción de tutela y “mucho menos para acceder al amparo respecto del daño a la salud”8.

Expuso que por vía de tutela no se podía imponer el reconocimiento del daæo a la salud, si el juez de la causa no lo encontró acreditado. Adicional a qu e la determinación en ese sentido estÆ dentro del margen de valoración probato ria que se reconoce a los operadores judiciales. Y respecto a ese estudio fÆctico no se

8 ˝ndice 00017 del expediente digital de la primera ins tancia, certificado A46A37FAC99D3888

0F4A517833991AB7 1A72B8A7EE954D95 7491B2C019E671D10000

8 ˝ndice 00017 del expediente digital de la primera ins tancia, certificado A46A37FAC99D3888

0F4A517833991AB7 1A72B8A7EE954D95 7491B2C019E671D10000

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advirtió un proceder arbitrario del tribunal.

Sostuvo que, si bien se negó el amparo respecto a los perjuicios morales y lucro cesante, porque no se aportó el acta de junta mØdica militar sino un dicta men realizado por un mØdico particular, el razonamiento de la Sala