CE - Sentencia 11001031500020240575901 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05759-01

Demandante: Víctor Manuel Esquivel Lozano

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05759-01

Accionante: Víctor Manuel Esquivel Lozano Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela. Subtema 1: Omisión de cumplimiento de orden judicial. Subtema 2: Acto administrativo. Subtema 3: Subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó el actor en contra de la sente ncia del 17 de enero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Víctor Manuel Esquivel Lozano, en nombre propio, interpuso acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de sus derechos fundam entales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, que consideró vulnerados por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, pues no dio cumplimiento a la sentencia del 25 de abril de 2005 que

acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, que consideró vulnerados por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, pues no dio cumplimiento a la sentencia del 25 de abril de 2005 que dictó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado bajo radi cado nœmero 76001-23-31-0002003-03619-00.

En dicha decisión se anuló la Resolución nœm. 24681 del 2 de septiembre de 2002, así como el acto presunto mediante el cual se había negado la reliquidación de su pensión. AdemÆs, se ordenó a Cajanal efectuar la co rrespondiente reliquidación y el pago de las diferencias pensionales resultantes al aquí accionante.

1 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digi tal de primera instancia, certificado nœm.

D368829237364F33 6484B6218553A2A4 8365338EA97B6F98 4E3CDFA35AEC534E.0000

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2. Hechos

2.1. El seæor Víctor Manuel Esquivel Lozano prestó sus servicios a la Rama Judicial en el departamento del Valle del Cauca durante un período superi or a 35 aæos. Al reunir los requisitos legales exigidos para acceder al derecho pensional, presentó solicitud ante, la entonces, Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, entidad que

en el departamento del Valle del Cauca durante un período superi or a 35 aæos. Al reunir los requisitos legales exigidos para acceder al derecho pensional, presentó solicitud ante, la entonces, Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, entidad que reconoció su pensión de jubilación mediante la Resolución nœm. 31531 del 14 de diciembre de 2000.

2.2. Con posterioridad, el seæor Esquivel Lozano deprecó a Cajanal la reliqu idación de su pensión, con base en los salarios y demÆs factores devengados durante el œltimo aæo de servicios. No obstante, dicha petición fue negada por la entidad mediante Resolución No. 24681 del 2 de septiembre de 2002.

2.3. En consecuencia, el accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que le negó la reliquidación de su pensión, proceso que fue identificado bajo el radicado nœm. 76001-23-31-000-200303619-00 y cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2.4. Durante el trÆmite de la demanda y, antes de que se profiriera senten cia, el seæor Esquivel Lozano formuló una acción de tutela ante el Consejo Su perior de la Judicatura y solicitó la aplicación del rØgimen prestacional de la Rama Judicial e n la reliquidación de su pensión. Mediante sentencia del 15 de junio de 2004, dicha corporación concedió el amparo y ordenó a Cajanal reliquidar la pensión del accionante conforme al Decreto 546 de 1971, incluyendo la asignación mensual y

reliquidación de su pensión. Mediante sentencia del 15 de junio de 2004, dicha corporación concedió el amparo y ordenó a Cajanal reliquidar la pensión del accionante conforme al Decreto 546 de 1971, incluyendo la asignación mensual y los emolumentos percibidos en su œltimo aæo de servicio.

2.5. En cumplimiento del fallo de tutela, Cajanal expidió la Resolución del 4 de marzo de 2005, en la cual efectuó la reliquidación de la pensión del seæor Esquivel Lozano, con base en lo devengado durante el œltimo aæo de servicio.

2.6. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 25 de abril de 2005, declaró la nulidad de la resolución y del acto administrativo que habían negado la reliquidación pensional y ordenó nuevamente la respe ctiva reliquidación.

2.7. Segœn lo expuesto en el escrito de tutela, la liquidación efectuada por Ca janal no incluyó el reajuste correspondiente de la mesada pensional. Por tal m otivo, el accionante inició un proceso ejecutivo en contra de dicha entidad, con el fin de obtener el cumplimiento de la sentencia del 25 de abril de 2005, en particular, en lo relacionado con el incremento de su mesada para el aæo 2004, fijado en 6.49%.

2.8. Este proceso se identificó bajo el radicado 2008-00398 y correspondió por reparto, al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali, que libró0000

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reparto, al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali, que libró0000

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mandamiento de pago el 3 de diciembre de 2008 y, mediante senten cia del 16 de junio de 2009, ordenó seguir adelante con la ejecución.

2.9. Mientras se adelantaba el trÆmite ejecutivo, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de Cajanal, lo que conllevó a la terminación del refe rido proceso ejecutivo. Por ello, en virtud del Decreto 2196 de 2009, el exp ediente fue remitido al proceso liquidatorio de la entidad, para que integrara el inventario general de obligaciones laborales.

2.10. Una vez culminada la liquidación de Cajanal, la UGPP asumió sus obligaciones. En tal sentido, expidió la Resolución RDP-05834 del 27 de diciembre de 2013, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia proferid a el 16 de junio de 2009 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali. En dicha resolución se ordenó el pago, por una sola vez, de la suma de $17.066.21 0,22 a favor del seæor Esquivel Lozano, por concepto de ajuste pensional, mÆs la indexación efectiva a partir del 1 de febrero de 2004. Sin embargo, segœn el accionante, dicha orden aœn no ha sido cumplida.

2.11. En virtud de lo anterior, el seæor Esquivel Lozano solicitó al Juzgad o Noveno

accionante, dicha orden aœn no ha sido cumplida.

2.11. En virtud de lo anterior, el seæor Esquivel Lozano solicitó al Juzgad o Noveno Administrativo del Circuito de Cali y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que exigieran a la UGPP el cumplimiento de sus propias decisiones judiciales. N o obstante, a su juicio, dichas solicitudes han sido interpretadas de manera erró nea como nuevas demandas ejecutivas y han sido rechazadas por caducidad.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. La parte accionante solicitó a la Sala de Decisión admitir la presente acción de tutela, en atención a la vulneración de sus derechos fundamentales. En consecuencia, pidió que se ordene a la UGPP que “proceda a dar cumplimiento a las decisiones invocadas y a su propio acto administrativo expedido en el 2013, argumentando dar cumplimiento a, la sentencia ejecutiva que se pretende desconocer”2.

Adicionalmente solicitó que se vinculara a la acción constitucional al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la medida en que fue la autoridad que profirió la sentencia del 25 de abril de 2005 que sirvió como título en el proceso ejecutivo.

3.2. El solicitante argumentó que el reconocimiento pensional se realizó con fundamento en el rØgimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971, aplica ble a los servidores de la Rama Judicial. Conforme a dicho rØgimen, la liquidación de la mesada debe incluir no solo la asignación bÆsica mensual, sino tambiØn los fa ctores salariales percibidos de forma habitual y periódica durante el œltimo aæo de servicio,

mesada debe incluir no solo la asignación bÆsica mensual, sino tambiØn los fa ctores salariales percibidos de forma habitual y periódica durante el œltimo aæo de servicio,

2 Ibid.0000

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tales como primas, horas extras y otros emolumentos seæalados expresame nte en la norma.

3.3. Expuso que, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado han sostenido de manera uniforme que los factores salariales adicionales deben ser tenidos en cuenta para efectos pensionales, en la medida en que repre senten retribuciones habituales por la prestación del servicio.

3.4. Asimismo, sostuvo que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que ordenó la reliquidación pensional con base en el citado rØgimen especial, se dictó bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo y adquirió firmeza, por lo que constituye cosa juzgada material. En consecuencia, no puede ser objeto de revisión ni desconocimiento por parte de la UGPP, ya que representa un derecho adquirido.

3.5. Manifestó que, a pesar de los referidos antecedentes jurisprudenciales y legales, la UGPP ha incumplido su obligación de ejecutar plenamente lo orde nado judicialmente, pues omitió el pago de la indexación y de los intereses moratori os reconocidos. Asimismo, ha aplicado criterios jurisprudenciales posteriores, propios

judicialmente, pues omitió el pago de la indexación y de los intereses moratori os reconocidos. Asimismo, ha aplicado criterios jurisprudenciales posteriores, propios del rØgimen de transición, con el fin de reabrir el debate pensional, lo cual resulta improcedente frente a decisiones ejecutoriadas y actos administrativos firmes.

3.6. Indicó que su inconformidad radica precisamente en el incumplimiento por parte de la UGPP no solo de las sentencias judiciales que ordenaron la reliquidació n pensional, sino tambiØn de su propio acto administrativo –la Resolución RDP-05834 de 27 de diciembre de 2013 –, lo cual ha generado una afectación directa a sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la seguridad social.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El Despacho del magistrado ponente de primera instancia, mediante auto del 29 de octubre de 20243, admitió la acción de tutela, vinculó como terceros con interØs al Juzgado Noveno Administrativo de Cali y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y ordenó la notificación a las partes.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali 4 indicó que conoció del proceso ejecutivo identificado con el radicado nœmero 2020-0012 9-01 que interpuso el seæor Víctor Esquivel en contra de Cajanal – hoy UGPP, en el que

3 ˝ndice 00005 del aplicativo SAMAI del expediente digi tal de primera instancia, certificado nœm.

que interpuso el seæor Víctor Esquivel en contra de Cajanal – hoy UGPP, en el que

3 ˝ndice 00005 del aplicativo SAMAI del expediente digi tal de primera instancia, certificado nœm. 842D28B75EEFA4E8 7F02C4C92D1EC613 01E608AA26985765 1B7DFFB4289E6E17. 4 ˝ndice 00012 del aplicativo SAMAI del expediente digi tal de primera instancia, certificado nœm.

FEDA2EA92CEAD89E 6D1B41F4B9881881 2E0E1F8549647AF9 66EAEB7DAE2BDD53.0000

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se rechazó la demanda, mediante auto de 9 de febrero de 2021, por haber operado la caducidad. Seæaló que esa decisión fue recientemente confirmada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante Auto 430 de 11 de octubre de 2024.

4.2. La UGPP5 al oponerse al amparo, adujo que la tutela es improcedente, en la medida en que el accionante pretendía reabrir un debate judicial ya resuelto, por lo que intenta utilizar el mecanismo constitucional como una instancia adicional.

Sostuvo que los fallos que se reclaman ya fueron cumplidos, como co nsta en los tres procesos ejecutivos promovidos por el actor bajo los radicados: (i) 2008-00398, que culminó con sentencia de ejecución el 16 de junio de 2009 y fu e remitido al

tres procesos ejecutivos promovidos por el actor bajo los radicados: (i) 2008-00398, que culminó con sentencia de ejecución el 16 de junio de 2009 y fu e remitido al proceso liquidatorio de Cajanal; (ii) 2016-00184, en el que se negó el mandamiento de pago por falta de claridad en la obligación, ya que los valores por reajuste habrían sido cancelados; y (iii) 2020-00129-01, en el cual la demanda fue rechazada por caducidad y cosa juzgada.

Esta œltima decisión fue apelada por el actor, sin que se hubiese resuelto a l momento de interponer la tutela. AdemÆs, la entidad advirtió que otras solicitu des del actor tambiØn fueron negadas por las autoridades judiciales, y concluyó que no hubo vulneración de derechos fundamentales, pues no existe un perj uicio irremediable ni un incumplimiento actual.

4.3. La parte actora 6 , mediante memorial del 5 de noviembre de 2024, puso en conocimiento del Juez de primera instancia la decisión del Tribunal Adm inistrativo del Valle del Cauca del 11 de octubre de 2024, proferida dentro de l proceso No. 2020-00129-01, por medio de la cual se confirmó el auto que rechazó una demanda ejecutiva. Así mismo, el 18 de noviembre de 2024, la parte actora se pron unció sobre el informe presentado por la UGPP y manifestó su desacuerdo con los reparos planteados por la entidad.

4.4. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca , pese a haber sido debidamente notificado, guardó silencio.

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planteados por la entidad.

4.4. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca , pese a haber sido debidamente notificado, guardó silencio.

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La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estadio profirió sentencia de primera instancia el 17 de enero de 2025 7, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional, al estimar que no superó el requisito de subsidiariedad.

5 ˝ndice 00013 del aplicativo SAMAI del expediente digi tal de primera instancia, certificado nœm. 299F92118F8132ED D935F09D5ABB47D3 3383CDCD5DF913CC 47977726C4DFF7E9. 6 ˝ndice 00014 del aplicativo SAMAI del expediente digi tal de primera instancia, certificado nœm. C656E65A3C90638B 90347DE179C6C67A C75B60A6C8FC0196 3B90FF63620BB2C4. 7 ˝ndice 00021 del aplicativo SAMAI del expediente digi tal de primera instancia, certificado nœm.

41ADADDE1992AC61 5EE9DD242551C16F 40A2A5347C012DB1 ABBCD82EC280E426.0000

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Para lo anterior, el a quo precisó que la parte actora no cuestionó directamente las providencias dictadas dentro de los procesos ejecutivos promovidos para hace r efectiva la Sentencia del 25 de abril de 2005. AdemÆs, no se demos tró la existencia

providencias dictadas dentro de los procesos ejecutivos promovidos para hace r efectiva la Sentencia del 25 de abril de 2005. AdemÆs, no se demos tró la existencia de un perjuicio irremediable que justificara el uso de la tutela como me canismo transitorio.

No obstante, indicó que como la UGPP afirmó haber cumplido con las decision es judiciales relacionadas con la pensión del accionante, se le exhortó para que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, informara al s eæor Víctor Manuel Esquivel Lozano las fechas y los valores pagados en virtud de las sentencias del 25 de abril de 2005 y 16 de junio de 2009, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Noveno Administrativo de Cali, respectivamente.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación 8 contra la decisión de primera instancia en el que reiteró los todos argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Explicó que agotó todos los mecanismos de defensa tanto al interior del proceso de ejecución, cuya base fue la sentencia ordinaria de condena, como con las mœltiples solicitudes tanto a Cajanal, como a la sucesora UGPP, sin que tales pe dimentos dirigidos al pago del crØdito judicialmente reconocido encontraran respuesta favorable.

En cuanto a la orden de exhortar a la UGPP, consideró que esta debía completarse en el sentido de exigir a la entidad que “demuestre documentalmente sobre los actos administrativos que al efecto se expidieron y el procedimiento aritmØtico llevado a cabo, especialmente la deuda insistentemente reclamada sobre el incremen to

en el sentido de exigir a la entidad que “demuestre documentalmente sobre los actos administrativos que al efecto se expidieron y el procedimiento aritmØtico llevado a cabo, especialmente la deuda insistentemente reclamada sobre el incremen to pensional con la respectiva indexación y los intereses moratorios causados de sde la ejecutoria de la sentencia ordinaria de condena, o sea, desde e l 15 de junio de 2005”.

El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto del 4 de marzo de 2025 9, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

7. TrÆmite impedimento

7.1. El proyecto de fallo de segunda instancia se sometió a estudio de la Sala de Subsección el 2 de mayo de 2025, sin embargo, el 28 de mayo siguiente , el

8 ˝ndice 00028 del aplicativo SAMAI del expediente digita l de primera instancia, certificado nœm. 3CB70EA5306D2979 EB8760395618FC0E F118B745B8DBECCD 9DF09724A7B3A68F. 9 ˝ndice 00031 del aplicativo SAMAI del expediente digita l de primera instancia, certificado nœm. 3C4C1F5E7D256E9D 20331BBC37FBA2FE A9EAB4C3377F1885 2FE1377803D2D4D6.0000

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Consejero de Estado NicolÆs Yepes Corrales manifestó su impedimento para

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Consejero de Estado NicolÆs Yepes Corrales manifestó su impedimento para conocer el asunto con fundamento en la causal prevista en el artículo 56.1 del Código de Procedimiento Penal, debido a que: i) la sentencia cuestionada por la parte actora se refiere a la aplicación de las normas que regulan aspectos salariales y prestacionales equivalentes a los devengados por funcionarios y empleados de la Rama Judicial, asuntos que tambiØn afectan su rØgimen salarial y prestacional; y ii) su cónyuge ocupó el cargo de Directora de la unidad de Recursos Humanos d e la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial e incoó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho por supuestos fÆcticos jurídicos similares a los de la presente solicitud de amparo.

7.2. Mediante auto del 11 de julio del 2025 10 se declaró infundada la manifestación de impedimento. Notificado el mencionado proveído, el expediente ingresó al Despacho de la ponente el 5 de septiembre de 2025 y en la misma fecha se realizó el respectivo registro en el aplicativo Samai.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque

artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Víctor Manuel Esquivel Lozano es el titular de las garantías constitucionales qu e afirma fueron vulneradas en la medida que es quien solicitó ante la UGPP el cumplimiento de la sentencia del 25 de abril de 2005, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nœm. 760 01-23-31000-2003-03619-00.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva porque la UGPP fue la autoridad ante la cual se deprecó el cumplimiento de la sente ncia del 25 de abril de 2005 y que, segœn el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales por su omisión.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. En caso afirmativo, se procederÆ realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la

10 ˝ndice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 68EB1DC68B98 5733 78EE181FAA8C0D5B

0B5E7E61F6607C72 443D86CB100D2979.0000

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parte accionante, con el fin de determinar si la UGPP vulneró los derechos

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parte accionante, con el fin de determinar si la UGPP vulneró los derechos fundamentales del accionante, por no haber dado cumplimiento al fallo de 25 de abril de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica o de un particular, en los casos que establece la ley.

5. Subsidiariedad

5.1. En virtud de su carÆcter subsidiario, la acción de tutela procede cuando el solicitante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice com o mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediab le, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso i ndebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

5.2. Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 11 de la Constitución Política y el

determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

5.2. Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 11 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 612 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevØn como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. Para el efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que:

“La acción de tutela ha sido concebida œnicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir segœn la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre Øste y la

11 “Toda persona tendrÆ acción de tutela para reclamar ante los juece s, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por qui en actœe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que Østos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica. (…) Esta acción solo procederÆ cuando el afectado no dispo nga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).

(…) Esta acción solo procederÆ cuando el afectado no dispo nga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca). 12 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederÆ:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquØlla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios serÆ apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”0000

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acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el œltimo recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, segœn la Constitución, es la de œnico medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales” 13.

5.3. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tute la, el interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficacesque tenía a s u disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficacesque tenía a s u disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

5.4. Sin embargo, en estrecha relación con lo anterior, especificando el caso en que la acción sea solicitada como mecanismo transitorio para evitar un perjuici o irremediable, ha seæalado la jurisprudencia que:

“En principio, no existe obligación alguna de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la tutela.Basta que dicha posibilidad estØ abierta al interponerse la demanda. Con todo, debe observarse que, a fin de no desnaturalizar la figura, en aquellos casos en los cuales las acciones ordinarias estÆn sujetas a caducidad o, en general, a limitaciones temporales, en principio le asiste al demandante la carga de iniciar la acción pertinente, sea al momento de interponerse la acción o durante su trÆmite -si el tØrmino de caducidad ope ra durante el trÆmite- “14.

5.5. No obstante, tambiØn habrÆ de reconocerse que aœn en los casos en qu e concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha establ ecido que existen excepciones que justifican la procedibilidad de la acción de tutela, previó a que aquØllos hayan sido agotados, como son, que el medio de de fensa judicial dispuesto por la ley no sea idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, así como las hipótesis en las que pese a existir un med io de defensa judicial idóneo, Øste no impide la ocurrencia de un perjui cio irremediable,

del caso estudiado, así como las hipótesis en las que pese a existir un med io de defensa judicial idóneo, Øste no impide la ocurrencia de un perjui cio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio15.

5.6. Ahora, la noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daæos provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende , es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscab o de derechos fundamentales.

13 Sentencia C-543 de 1992. M.P. JosØ Gregorio HernÆndez Galindo. 14 Corte Constitucional, sentencia T-871 de 2011. 15 Corte Constitucional, sentencia T-375 de 2018.0000

Radicado: 25000-23-15-000-2024-05759-01

Demandante: Víctor Manuel Esquivel Lozano

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5.7. Al respecto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios p ara identificar el perjuicio irremediable, así: “es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daæo es inmin ente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daæo producido; (iv) q ue resulta

cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daæo es inmin ente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daæo producido; (iv) q ue resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”16 .

6. Caso concreto

De antemano, la Subsección anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de subsidiaridad, por las razones que se expondrÆn a continuación:

6.1. En el escrito de tutela, el accionante seæaló que sus derechos fundament ales fueron vulnerados por la UGPP al negarse a dar cumplimiento a los fallos judiciales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que reconocieron prestacio nes sociales a su favor.

6.2. En ese contexto, la Sala advierte que, si bien el accionante alega la vulneración del derecho f