CE - Sentencia 11001031500020240611400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06114-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR FALTA DE L REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE CUESTIONAR UNA

DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN

RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL TRABAJO Y A LA VIDA

DIGNA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D” - DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

1 En adelante el Tribunal2

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

El señor LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ , actuando a

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

El señor LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ , actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la vida digna, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 27 de junio de 2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-42-056-2022-00283-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que estuvo desempeñándose como profesional en el Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS 2, entre el 1 5 de septiembre de 201 5 y el 3 1 de diciembre de 201 9, mediante contratos de prestación de servicios en forma continua e ininterrumpida.

2 En adelante Unidad de Restitución de Tierras.3

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

Adujo que mientras laboró en dicha entidad recibió una asignación salarial mensual, cumplía con un horario fijo de lunes a viernes de

Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

Adujo que mientras laboró en dicha entidad recibió una asignación salarial mensual, cumplía con un horario fijo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y existía una subordinación, al cumplir instrucciones especificas dadas por sus superiores y tener una supervisión constante.

Señaló, asimismo, que utilizó equipos, herramientas y suministros dadas por la UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS con el fin de realizar sus funciones, lo cual, junto con lo anterior, conforman todos los elementos necesarios para que se entienda configurado el contrato realidad.

Sostuvo que , teniendo en cuenta lo precedente, solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las respectivas prestaciones sociales a la citada entidad , la cual le fue denegada a través de Oficio núm. URT-GGTDH-00040 de 18 de marzo de 2022.

Manifestó que por lo anterior, presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , con el fin de que se declarará la nulidad del referido acto administrativo y se le4

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

reconociera y pagara las sumas por los servicios prestados en sus condiciones de subordinación entre el 15 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2019.

Adujo que el mencionado proceso fue identificado con el número

reconociera y pagara las sumas por los servicios prestados en sus condiciones de subordinación entre el 15 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2019.

Adujo que el mencionado proceso fue identificado con el número único de radicación 11001-33-42-056-2022-00283-01 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO CINCUENTA Y SEIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.3 que, mediante providencia de 29 de septiembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Refirió que la parte allí demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 27 de junio de 2024, revocó la sentencia recurrida y denegó las súplicas de la demanda , bajo el argumento de no se logró acreditar el elemento de subordinación continuada como uno de los requisitos esenciales de una relación laboral subyacente a los contratos de prestación de servicios.

I.3. Fundamentos de derecho

3 En adelante el Juzgado5

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Alegó que la providencia cuestionada omitió analizar detalladamente los testimonios de las señoras Stephany Escobar Castro e Ingrid

defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Alegó que la providencia cuestionada omitió analizar detalladamente los testimonios de las señoras Stephany Escobar Castro e Ingrid Consuelo Monsalve León que señalaron que en su caso debía cumplir un horario de trabajo cuando desempeñaba sus labores en la UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, lo cual, a su juicio, daba cuenta de la relación laboral encubierta.

Sostuvo que el TRIBUNAL tampoco valoró correctamente los testimonios de los supervisores de su contrato en la citada entidad, los señores Rosa Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells Matallana, de los cuales se podía concluir que tenía una relación de dependencia y una continua subordinación durante el tiempo que desempeño sus funciones.

Indicó que de los testimonios recepcionados en la audiencia de 25 de mayo de 2023 se contradicen en varios aspectos sobre el horario laboral y el uso de elementos y recursos de trabajo de la entidad, lo6

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

que daba cuenta que el TRIBUNAL hizo una valoración indebida de los mismos y desconoció el principio de indubio pro operario al no fallar conforme a las pretensiones de la demanda si existía una duda razonable frente a estos.

Advirtió que no está de acuerdo con el TRIBUNAL al haber concluido que los testimonios de los supervisores Rosa Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells Matallana desvirtuaron lo manifestado por

razonable frente a estos.

Advirtió que no está de acuerdo con el TRIBUNAL al haber concluido que los testimonios de los supervisores Rosa Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells Matallana desvirtuaron lo manifestado por las señoras Stephany Escobar Castro e Ingrid Consuelo Monsalve León, pues reconoció solo los elementos de horario y subordinación de aquellos e interpretó de manera parcial lo dicho por ellas.

Manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 13, 25, 29 y 225 de la Constitución Política y, en especial, el artículo 53, ibidem, que: “[…] implica que si en una relación contractual se encuentran presentes los elementos de una relación laboral (subordinación, remuneración y prestación personal del servicio), esta debe ser reconocida como laboral, independientemente de la formalidad contractual […]”.

Adujo que la accionada no tuvo en cuenta el principio de la primacía7

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de la realidad en las relaciones laborales, ni los documentos y testimonios presentados en primera instancia que, a su juicio, evidenciaban que sí se cumplía con el elemento de la subordinación de su empleo, al tener el mismo horario del personal de planta de la entidad y estar bajo la supervisión constante y permanente de su empleador.

Finalmente, indicó que el TRIBUNAL incurrió en un desconocimiento del precedente y trajo a colación las sentencias SU -1184 de 2001 4,

entidad y estar bajo la supervisión constante y permanente de su empleador.

Finalmente, indicó que el TRIBUNAL incurrió en un desconocimiento del precedente y trajo a colación las sentencias SU -1184 de 2001 4, T-949 de 2003 5 y T -171 DE 2000 6, proferidas por la Corte Constitucional, que tratan sobre el principio de la primacía de la realidad en las relaciones laborales y la omisión de pruebas testimoniales y documentales que evidencia subordinación y dependencia.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] 1. Ampare los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la justicia, de mi mandante.

4 Corte Constitucional, SU-118 de 13 de noviembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 5 Corte Constitucional, T-949 de 16 de octubre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 6 Corte Constitucional, T-171 de 24 de febrero de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.8

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

2. Declare la existencia de un defecto factico, en la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3. Revocar la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenar una nueva valoración exhaustiva de todas las pruebas que evidencien la

emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3. Revocar la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenar una nueva valoración exhaustiva de todas las pruebas que evidencien la relación laboral, aplicando el principio de primacía de la realidad y el principio de in dubio pro operario.

4. Ordenar que se emita una nueva decisión basada en una valoración integra y objetiva de los testimonios y documentos que evidencian subordinación y dependencia, en conformidad con los derechos laborales reconocidos constitucionalmente.

5. Reconocer la vulneración del principio de primacía de la realidad y ordene el reconocimiento de los derechos laborales de mi mandante […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , tercero con interés directo en la resultas del proceso, sostuvo que la autoridad judicial accionada no incurrió en ninguna de las presuntas acciones u omisiones que le atribuye la parte accionante al proferir la sentencia de 27 de junio de 2024 , toda vez q ue concluyó que no existían pruebas que permitieran establecer que el actor cumplía horarios y recibía órdenes directas, en cuanto al modo, tiempo y rendimiento en desarrollo del contrato de prestación de servicios.

Adujo que de igual forma no aportó evidencia concreta que detallara9

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

las órdenes específicas que presuntamente le fueron impartidas durante la ejecución de los varios contratos de prestación de servicio

Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

las órdenes específicas que presuntamente le fueron impartidas durante la ejecución de los varios contratos de prestación de servicio que suscribió con la entidad.

Manifestó que el actor en su escrito de la acción de tutela no cumplió con la obligación de demostrar el presunto defecto fáctico alegado, comoquiera que solo se limitó a cuestionar la forma en como el TRIBUNAL valoró las pruebas aportadas al proceso sin señalar que elementos de la sentencia fueron, a su juicio, irrazonables o caprichosos ni cuales pruebas aportadas no fueron valoradas íntegramente. Asimismo, puso de presente que el actor no informó si las pruebas tenidas en cuenta por el TRIBUNAL para proferir la sentencia cuestionada fueron impertinentes, inconducentes o ilícitas, como tampoco cuales resultaban alejadas de la realidad probatoria.

Afirmó que debido a lo anterior se evidencia que la autoridad judicial accionada no le vulneró derecho fundamental alguno al actor, por el contrario, profirió la sentencia de 27 de junio de 2024 conforme al material probatorio aportado por las partes y con base en un exhaustivo análisis jurídico de los mismos.10

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

Finalmente, solicitó denegar la acción de tutela de la referencia, toda vez que , en su sentir, no existe una actuación u omisión del TRIBUNAL ni un hecho vulnerador a la que se le puede endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales del actor.

vez que , en su sentir, no existe una actuación u omisión del TRIBUNAL ni un hecho vulnerador a la que se le puede endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales del actor.

I.5.2.- El TRIBUNAL y el JUZGADO, tercero con interés directo en las resultas del proceso , pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.11

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).12

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez

constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una

lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la13

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de

es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06114-00

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06114-00

Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se deje sin efectos la providencia de 27 de junio de 2024 , proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-42-056-2022-00283-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos15

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la vida digna, habida cuenta que, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por la indebida valoración del acervo probatorio, respecto de los testimonios de los señores Stephany Escobar Castro, Ingrid Consuelo Monsalve León, Rosa Misaelina Ospina Peña y Carlos Aurelio Planells Matallana, en cuanto a l horario laboral y el uso de elementos y recursos de trabajo de la entidad, que permitirían establecer una relación de dependencia y una continua subordinación durante el tiempo que desempeño sus funciones en la UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, características del contrato realidad.

Asimismo, el desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional en lo relativo a la primacía de la realidad y el trato de las pruebas en las relaciones laborales conforme a las sentencias SURESTITUCIÓN DE TIERRAS, características del contrato realidad.

Asimismo, el desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional en lo relativo a la primacía de la realidad y el trato de las pruebas en las relaciones laborales conforme a las sentencias SU1184 de 20017, T-949 de 20038 y T-171 DE 20009, proferidas por la Corte Constitucional, que tratan sobre el principio de la primacía de la realidad en las relaciones laborales.

7 Corte Constitucional, SU-118 de 13 de noviembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 8 Corte Constitucional, T-949 de 16 de octubre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 9 Corte Constitucional, T-171 de 24 de febrero de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.16

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».11

10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 11 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.17

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una

desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra

[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”18

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Actor: LUIS ALFREDO SANABRIA BERMÚDEZ

del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas

declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales sup