CE - Sentencia 11001031500020240625600 de 2025

Accionante: Claudia Ximena Hernández López

Accionado: Consejo de EstadoSección

SegundaSala de Conjueces Radicado: 11001-03-15-000-2024-06256-00

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1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CONJUEZ PONENTE: GERMÁN LOZANO VILLEGAS

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-06256-00

Accionante: CLAUDIA XIMENA HERNÁNDEZ LÓPEZ

Accionado: SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL

CONSEJO DE ESTADO

Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR FALTA DE

AGOTAMIENTO DE MECANISMOS EXTRAORDINARIOS DE

DEFENSA. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

COMO INSTRUMENTO EFICAZ E IDÓNEO PARA LA

PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

Procede la Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado a resolver, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por la señora Claudia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

Procede la Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado a resolver, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por la señora Claudia Ximena Hernández López, por intermedio de apoderado, en contra de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

a. Solicitud de amparo1

1. La señora Claudia Ximena Hernández López, por intermedio de apoderado judicial presentó acción de tutela en contra de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, cuestionando lo decidido en la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado proferida el 10 de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 25000 -23-25-000-2011-01266-02, en la cual se plantea una

1 Según consta del archivo “014ED_Demanda” dentro del expediente digital.Accionante: Claudia Ximena Hernández López

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2 controversia relacionada con la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998 y particularmente, respecto al reconocimiento de la prima

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2 controversia relacionada con la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998 y particularmente, respecto al reconocimiento de la prima especial de servicios de que trata la Ley 4 de 1992.

2. Considera la parte accionante que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo, remuneración justa e igualdad, al considerar que la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda no resolvió todos los asuntos que se encontraban pendientes de la litis, en la medida que el acuerdo conciliatorio al que se llegó con la Procuraduría General de la Nación, no contemplaba la prima especial de servicios y, por tanto, la sentencia debía abordar esta cuestión de fo ndo y no estarse a lo resuelto en la conciliación parcial2.

b. Pretensiones

3. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la parte actora formuló las

siguientes pretensiones:

“(…) PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de mi representada al debido proceso y a la administración de justicia, derecho al trabajo y la remuneración justa, derecho de igualdad.

SEGUNDO: ORDENAR que se reconozca la naturaleza parcial de la concili ación celebrada el 12 de noviembre de 2019 ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO: ORDENAR que se deje sin valor ni efecto o sea anulada, la sentencia de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Consejo de Estado.

CUARTA: ORDENAR al Consejo de Estado que se profiera una nueva sentencia

fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Consejo de Estado.

CUARTA: ORDENAR al Consejo de Estado que se profiera una nueva sentencia respetando la naturaleza parcial de la conciliación y resolviendo sobre los aspectos no conciliados.

QUINTA: ORDENAR al Consejo de Estado que se profiera en la nueva sentencia en la que se aplique el principio de favorabilidad laboral y se respete el precedente jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 18 de mayo de 2016, por el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2009 hasta el 5 de septiembre de 2016. Todo de acuerdo con las pruebas que obran en el citado expediente y que no fueron valoradas, sino que por el contrario fueron ignoradas en la sentencia objeto de la presente acción de tutela.

SEXTA: DAR un término perentorio para acatar la sentencia de tutela teniendo en cuenta que es un proceso iniciado en el año 2011.” 3

c. Hechos relevantes de la acción

4. De acuerdo con lo señalado en la acción de amparo y conforme al expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 4, la tutelante por

2 Demanda contenida en el archivo “014ED_Demanda.pdf.” 3 Demanda contenida en el archivo “014ED_Demanda.pdf.” 4 Según consta del archivo “047RECIBEPRUEBAS_Memorial_EXP201101266zip” dentro del expediente digital.Accionante: Claudia Ximena Hernández López

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3 intermedio de apoderado presentó demanda en contra de la Nación - Procuraduría General de la Nación, buscando que se declarara la nulidad del acto administrativo de fecha agosto de 2011 referencia SG No. 3773 expedido por la Secretaría General de esa entidad.

5. En la demanda, se indicó que la señora Claudia Ximena Hernández López se desempeñó como Procuradora 55ª Judicial II Administrativa de Bogotá el 15 de mayo de 2009, cargo ejercido hasta el 5 de septiembre de 2016. Con la demanda, se buscaba que la entidad demandada reliquidar la asignación mensual de la demandante y los demás ingresos laborales y prestaciones sociales devengados por ella, a partir de mayo de 2009, incluyendo la bonificación por compensació n establecida en los decretos 610 y 1239 de 1998, sumada ella a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales percibidos, hasta llegar al 80% de los ingresos totales laborales que perciben los magistrados de las Altas Cortes.

6. El 14 de septiembre de 2017, la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decidió estarse a lo resuelto en la

6. El 14 de septiembre de 2017, la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decidió estarse a lo resuelto en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011 y a la sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016, y para ello declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó a título de restablecimiento del derecho lo

siguiente:

“Tercero: Condénase a la Nación - Procuraduría General de la Nación a reconocer y pagar a la señora Claudia Ximena Hernández López, el derecho adquirido a recibir el equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario un Magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de Vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías, a partir del quince (15) de mayo de 2009 y hasta cuando en virtud de la sentencia del 14 de diciembre de 2011, por la cual se anuló el Decreto 4040 de 2004, empezó a pagársele el mencionado porcentaje, con los correspondientes reajustes, mientras permanezca como titular del derecho consagrado en el Decreto 610 de 1998, de conformidad con las pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia.

empezó a pagársele el mencionado porcentaje, con los correspondientes reajustes, mientras permanezca como titular del derecho consagrado en el Decreto 610 de 1998, de conformidad con las pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia.

Cuarto: En consecuencia, la Nación - Procuraduría General de la Nación, debe reconocer y pagar a la demandante, el equivalente al diez por ciento (10%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario mensual un Magistrado de una Alta Corte, a partir del quince (15) de mayo de 2009, como se indicó en la parte motiva de esta sentencia y pautas dadas en el ordinal anterior.”

7. Contra la decisión de primera instancia, la parte demandada formuló recurso de apelación, mientras que la parte demandante solicitó aclaración de la sentencia,Accionante: Claudia Ximena Hernández López

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4 con el fin de precisar que la reliquidación incluyera “el auxilio de cesantía”, petición que fue negada por el Tribunal mediante proveído del 30 de abril de 2019.

8. El 25 de septiembre y el 12 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó audiencia de conciliación, a través de la cual la

que fue negada por el Tribunal mediante proveído del 30 de abril de 2019.

8. El 25 de septiembre y el 12 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó audiencia de conciliación, a través de la cual la Procuraduría General de la Nación presentó una fórmula de arreglo, que fue aceptada por la parte actora y, con ello, el 9 de di ciembre de 2019 fue aprobada la conciliación, en decisión que indicó lo siguiente:

“PRIMERO: APROBAR en forma integral y total la conciliación a la que llegaron la demandante Claudia Ximena Hernández López, identificada con CC 63.348.702 de Bucaramanga y la demandada NaciónProcuraduría General de la Nación, a través de su apoderado el día 12 de noviembre de 2019, durante la audiencia de conciliación celebrada ante esta Corporación, donde ésta se obligó a pagarle a aquella la cantidad de Ciento Once Mill ones Cincuenta y Dos Mil Setecientos Catorce Pesos ($111.052.714), por concepto de bonificación por compensación, causada entre el 15 de mayo de 2009 y en 26 de enero de 2012, suma que incluye el capital más el 70% de la indexación; pago que se realizará e n los términos expuestos en la Resolución 147 de 5 de abril de 2018 y de conformidad con los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011. (…)”

9. A través de sentencia del 10 de septiembre de 2024, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Est ado resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, contra la sentencia de primer

9. A través de sentencia del 10 de septiembre de 2024, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Est ado resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, contra la sentencia de primer grado. En ella, la Sala dispuso estarse a la conciliación celebrada por las partes y aprobada por el Tribunal Administrativo y consider ó no condenar en costas y agencias en derecho.

10. En la decisión cuestionada, la Sala de Conjueces encontró que no estaba nada pendiente por ser resuelto en la apelación configurando así el fenómeno de sustracción de materia.

d. Trámite procesal

11. Una vez radicada la acción constitucional, la misma correspondió al conocimiento de la Magistrada Gloria María Gómez Montoya, quien mediante escrito del 26 de noviembre de 2024 5 se declaró impedida para conocer de la presente acción, por considerar que existía un interés directo en el planteamiento y resultas de la acción constitucional.

12. Efectuado el nuevo reparto, la acción constitucional fue asignada para su trámite al Magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, quien mediante proveído del 4 de

5 Según consta del archivo “020Manifestaciond_20240625600IMPEDIMEN” dentro del expediente digital.Accionante: Claudia Ximena Hernández López

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5 diciembre de 20246 se declaró impedido para conocer de esta acción, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.

13. Surtido el trámite respectivo, el proceso constitucional fue repartido para su gestión al Magistrado Luis Alberto Álv arez Parra, quien a través de auto del 16 de enero de 20257, se declaró impedido para conocer de la acción constitucional, por tener interés directo en las resultas del proceso.

14. En atención al trámite surtido, mediante proveído del 24 de enero de 2025 8 el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez se declaró impedido para conocer de la acción constitucional, remitiendo el proceso a Secretaría para la designación de conjueces.

15. Una vez conformada la Sala de Conjueces, mediante proveído del 6 de febrero de 20259, se declaró fundado el impedimento propuesto por los magistrados de la Sección Quinta y se les separó del conocimiento de la acción constitucional.

Posteriormente, a través de auto del 2 de abril de 2025 10 se admitió la acción constitucional, se vinculó como terceros con interés a la NaciónProcuraduría General de la Nación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y se solicitó la remisión del expediente del medio de control de

General de la Nación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y se solicitó la remisión del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 25000-23-25000-2011-01266 00/01/02

e. Intervenciones

16. Una vez surtido el trámite de notificaciones correspondien te, el 7 de abril de 202511 la Secretaría de la Sección Segunda Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió las copias del expediente solicitado con la admisión de la acción constitucional.

17. La Procuraduría General de la Nación por int ermedio de apoderado judicial, en su condición de tercero con interés, mediante memorial del 9 de abril de 202512 se opuso a la prosperidad de la acción constitucional, considerando que i) no se

6 Según consta del archivo “024Manifestaciond_Camila20240625600CLA” dentro del expediente digital. 7 Según consta del archivo “026Manifestaciond_202406256manifiestai” dentro del expediente digital. 8 Según consta del archivo “028Manifestaciond_IMPEDIMENT_20240625600ClaudiaXi” dentro del expediente digital. 9 Según consta del archivo “ 032Autoqueresuel_autoresue_Autoresuelveimpedime” dentro del expediente digital. 10 Según consta del archivo “038Autoqueadmite_AUTOQUEADMITELAACCIO” dentro del expediente digital. 11 Según consta del archivo “ 046RECIBEPRUEBAS_Memorial_Correo_JulianaAndrea” dentro del expediente digital.

digital. 10 Según consta del archivo “038Autoqueadmite_AUTOQUEADMITELAACCIO” dentro del expediente digital. 11 Según consta del archivo “ 046RECIBEPRUEBAS_Memorial_Correo_JulianaAndrea” dentro del expediente digital. 12 Según consta del archivo “047_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONESTACIONTUTELAC” dentro del expediente digital.Accionante: Claudia Ximena Hernández López

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6 presentaba causal alguna de procedencia de la acción constitucional y argumentó que ii) no existió ningún derecho vulnerado de parte de las autoridades judiciales accionadas.

II. CONSIDERACIONES

a. Competencia

18. La Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado, es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo señalado en el artículo 86 Constitucional, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modifica do por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

b. Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala de Conjueces determinar en primer lugar lo siguiente:

por la Sala Plena del Consejo de Estado.

b. Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala de Conjueces determinar en primer lugar lo siguiente: ¿se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencias en el caso concreto? Si la respuesta es afirmativa, se debe analizar lo siguiente: ¿la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales invocados p or la accionante Claudia Ximena Hernández López, al expedir la sentencia del 10 de septiembre de 2024, en la cual se estuvo a lo acordado en la conciliación celebrada por las partes y que fue aprobada por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

c. Aspectos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. El artículo 86 de la Constitución Política desarrolló la acción de tutela como un instrumento judicial preferente, informal y sumario de protección de derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados, producto de acciones u omisiones de autoridades públicas y de particulares, en los casos determinados por la Ley. Este mecanismo constitucional, fue diseñado por el constituyente para salvaguardar los derechos constitucionales fundamentales, solo cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable.

21. Desde sus inicios, la Corte Constitucional se ocupó de interpre tar la acción de tutela contra providencias judiciales, considerando siempre su procedencia de manera excepcional. En la sentencia C - 549 de 1992, en el cual se declaró la inexequibilidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, se decantaron los primeros

de tutela contra providencias judiciales, considerando siempre su procedencia de manera excepcional. En la sentencia C - 549 de 1992, en el cual se declaró la inexequibilidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, se decantaron los primeros tres requisitos de procedencia de este instrumento, a saber: i) cuando la lesión delAccionante: Claudia Ximena Hernández López

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7 derecho sea consecuencia directa de la providencia judicial, “por deducirse de manera manifiesta y directa de su parte resolutiva ”; ii) siempre que se hubiesen agotado lo s recursos en la vía judicial y iii) cuando no existiera otro mecanismo idóneo para salvaguardar el derecho vulnerado.

22. La evolución jurisprudencial del máximo Tribunal Constitucional se concretó en la sentencia C-590 de 2005, en la cual se desarrollaron los requisitos generales de procedibilidad de tutela 13, que corresponden aquellas condiciones que determinan la viabilidad del estudio del mecanismo constitucional contra providencias; y los requisitos específicos 14, que constituyen en las causales que permiten evaluar si las decisiones judiciales se ajustan a parámetros constitucionales.

23. La Sala Plena del Consejo de Estado en fallo del 31 de julio de 2012, unificó

permiten evaluar si las decisiones judiciales se ajustan a parámetros constitucionales.

23. La Sala Plena del Consejo de Estado en fallo del 31 de julio de 2012, unificó su posición respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en atención a la divergencia de criterios existentes entre las diferentes Secciones y Subsecciones de la Corporación. En tal sentido, se admitió que este mecanismo constitucional es procedente, siempre y cuando se cumplan unos requisitos especiales y excepcionales15.

24. Posteriormente, en la sentencia del 5 de agosto de 2014 16 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se definieron los requisitos especiales y excepcionales para que proceda la acción de tutela, para ello se recogieron los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia y las causales específicas, que fueron establecidas en la jurisprudencia constitucional.

25. De esta manera, el estudio de la tutela contra decisiones judiciales se compone de dos momentos: i) la evaluación de las condiciones generales de procedibilidad, en las cuales no se analiza el fondo del asunto, sino que se estudian las condiciones por las cuales excepcionalmente este mecanismo puede ser impetrado; ii) el análisis de los yerros propuestos frente a la decisión enjuiciada; en

13 De conformidad con lo señalado en la sentencia C -590 de 2005, son requisitos generales los siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios d e defensa judicial, salvo que se busque evitar la consumación de un

que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios d e defensa judicial, salvo que se busque evitar la consumación de un perjuicio irremediable; iii) que se cumpla el requisito de inmediatez en la interposición de la acción; iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, la misma tiene que ser decisiva en la sentencia; v) que se identifiquen de manera razonable los hechos que dan lugar a la acción y los mismos se han debido alegar en el proceso judicial, cuando ello fuere posible; y vii) que no se trate de sentencias de tutela. 14 Son requisitos (o causal es específicas de procedibilidad) las siguientes: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental absoluto, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) error inducido, vi) decisión sin motivación, vii) desconocimiento del precedente y viii) violación directa de la constitución. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.Accionante: Claudia Ximena Hernández López

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8 este punto, la labor del juez se centra en el análisis de la causal que ha sido indicada por el accionante y la contrasta con el contenido de la providencia judicial.

26. En todo caso, además de los requisitos generales y específicos es necesario que para que el amparo pueda ser concedido, se debe acreditar que: i) la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y ii) no se busque reabrir un debate que sea propio de las instancias del proceso judicial 17. Lo anterior, es importante en la mediad que la tutela no es una tercera instancia en la que se busquen revivir “términos interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.”18

27. Con base en todo lo expuesto, se analizarán los requisitos gener ales de procedibilidad, con el propósito de verificar si el amparo solicitado, se encuentra en el margen de excepcionalidad que habilita al Juez Constitucional a evaluar el contenido de la providencia impugnada.

d. Caso concreto: estudio de los requisitos generales de procedibilidad

• Tutela contra tutela

28. Frente a este aspecto, para la Sala de Conjueces hay certeza que se cumple

contenido de la providencia impugnada.

d. Caso concreto: estudio de los requisitos generales de procedibilidad

• Tutela contra tutela

28. Frente a este aspecto, para la Sala de Conjueces hay certeza que se cumple con este requisito, en razón a que la providencia cuestionada, se dio en el marco del medio de control de nulidad y restablecimient o del derecho, que invocó la accionante para obtener la nulidad del oficio SG No. 3773 expedido por la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación.

• Inmediatez

29. El Decreto 2591 de 1991 originalmente, contemplaba un término de caducidad para la acción de tutela contra providencias, sin embargo, tal disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992.

Esta circunstancia, n o indica que este instrumento pueda ser usado en cualquier tiempo, después de transcurridos años de la ejecutoria de la providencia, ya que esto podría afectar de manera grave principios fundamentales del sistema jurídico, como la seguridad jurídica.

30. Es por ello que la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa ha interpretado que una de las condiciones necesarias para que proceda la tutela, es que la misma se interponga dentro de un término razonable. En la sentencia de

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-03774-01 18 Ibíd.Accionante: Claudia Ximena Hernández López

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2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-03774-01 18 Ibíd.Accionante: Claudia Ximena Hernández López

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9 unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado aclaró que objetivamente, seis (6) meses es un término adecuado para solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados.

31. De acuerdo con lo probado en el expediente 19, la sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue proferida el 10 de septiembre de 2024 por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Esta providen cia fue notificada electrónicamente mediante correo enviado el 8 de octubre de 2024. A su turno, la acción de tutela fue presentada el 18 de noviembre de 2024, por tanto, se entiende satisfecha la condición temporal.

• Subsidiariedad

32. El requisito de subsidiariedad de la acción de tutela contra providencia judicial implica que el accionante debe anteriormente, haber agotado todos los medios tanto ordinarios como extraordinarios de defensa judicial, salvo que se busque evitar la

• Subsidiariedad

32. El requisito de subsidiariedad de la acción de tutela contra providencia judicial implica que el accionante debe anteriormente, haber agotado todos los medios tanto ordinarios como extraordinarios de defensa judicial, salvo que se busque evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En el caso bajo examen, es claro que no existen instrumentos ordinarios de defensa, teniendo en cuenta que la decisión acusada es una sentencia de segunda instancia, contra la cual no procede ningún recurso ordinario; sin embargo, es necesario determinar si existen otros medios de defensa extraordinarios.

33. El capítulo I del título VI del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, regula el recurso extraordinario de revisión, un medio de impugnación que procede c ontra las sentencias proferidas por “las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.”

34. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado,

“El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación y una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada porque, a través de este, se abre la posibilidad de controvertir fallos ejecutoriados conforme con las causales del artículo 250 del CPACA. El objeto de este recurso extraordinario reside en el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido, cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron analizarse en el curso del proceso correspondiente (…)”.20

19 Según consta del archivo “ 046RECIBEPRUEBAS_Memorial_Correo_JulianaAndrea” dentro del expediente digital.

el curso del proceso correspondiente (…)”.20

19 Según consta del archivo “ 046RECIBEPRUEBAS_Memorial_Correo_JulianaAndrea” dentro del expediente digital. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Alberto Montaña Plata, sentencia del 13 de octubre de 2020, rad. No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).Accionante: Claudia Ximena Hernández López

Accionado: Consejo de EstadoSección

SegundaSala de Conjueces Radicado: 11001-03-15-000-2024-06256-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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35. Frente a su pertinencia, el A