CE - Sentencia 11001031500020240631700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-06317-00

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros Demandado: Tribunal Administrativo de l Casanare y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Declaratoria de caducidad en medio de control de reparación directa a partir del conocimiento del daño / Defectos sustantivo y fáctico, y desconocimiento del precedente Decisión: Niega solicitud de amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA _______________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Noel Palomino Palomino , Cándida Rosa Castro Moreno, Sandra Viviana Palomino Castro, Fabio Nelson Palomino Castro, Jairo Palomino Castro, Ana Delia Castillo Castro, Jacqueline Ramírez Sánchez, Jhon Alexander Holguín Ramírez y James Holguín Ramírez, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Los demandantes promovieron solicitud de tutela con el fin de que se amparara n

en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Los demandantes promovieron solicitud de tutela con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados con ocasión de la s sentencias proferidas el 25 de septiembre de 202 3 y 13 de junio de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 85001333300220160031501.

Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente1:

1. Presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación , Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional con ocasión

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros. a los perjuicios materiales e inmateriales presuntamente derivados de la desaparición forzada de Òscar Palomino Castro, Luis Alfredo Castillo Castro, Carlos Augusto Castillo Castro y James Holguín Vargas a manos de miembros de las autodefensas del Casanare, encubierta por miembros de la institución policial, en hechos ocurridos el 16 de agosto de 2003.

1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal en sentencia del 25 de septiembre de 20 23 declaró de oficio la excepción de caducidad, al

hechos ocurridos el 16 de agosto de 2003.

1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal en sentencia del 25 de septiembre de 20 23 declaró de oficio la excepción de caducidad, al considerar que el término correspondiente debía contarse desde el momento en que cobró ejecutoria la providencia de inadmisión del recurso de casación presentado en el proceso penal que se adelantó en contra de miembros de la Policía Nacional por el delito de desaparición forzada, es decir, el 2 de agosto de 2013, por lo que al momento en presentaron la solicitud de conciliación (1.º de junio de 2016 ), ya resultaba tardía. Decisión contra la cual interpusieron recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo de l Casanare en sentencia del 13 de junio de 2024 confirmó lo resuelto por el a quo, con similares argumentos.

1. Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la s autoridades judiciales demandadas, al incurrir en defectos sustantivo y fáctico, y en desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en sentencia SU -168 de 2023 , relacionado con la declaratoria de caducidad del medio de control de reparación directa cuando se trata de delitos de lesa humanidad.

1.1.1. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron lo siguiente:

«[…] Por todo lo anterior ruego al señor Juez Constitucional y de convencionalidad, se amparen los derechos tutelables de mis poderdantes y en su efecto se protejan los Derechos Fundamentales a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 CN), a

amparen los derechos tutelables de mis poderdantes y en su efecto se protejan los Derechos Fundamentales a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 CN), a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.) y al acceso a la Administración de Justicia (Art. 228 C.N.), que en mi concepto, se han visto vulnerados a través de las providencias judiciales calendadas del 25 de septiembre del año 2023 y la sentencia judicial de fecha 13 de junio de 2024 respectivamente dentro del proceso de Reparación Directa 850013333-002-2016-00315-01 y su defecto se ordene proferir un nuevo fallo donde se estudie de fondo el asunto tutelable. […]». (sic).

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo del Casanare2 solicitó declarar la improcedencia del recurso de amparo, pues no se acreditó que cumpla con el requisito de subsidiariedad, en tanto la parte demandante puede acudir al recurso extraordinario de revisión para cuestionar la providencia acusada; sin contar, con que el asunto fue decidido conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables, en concordancia con las pruebas aportadas al expediente.

2 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

1.2.2. El Juzgado Segundo Administrativo de l Circuito Judicial de Yopal3, después de efectuar una síntesis de las actuaciones adelantadas en el proceso de

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

1.2.2. El Juzgado Segundo Administrativo de l Circuito Judicial de Yopal3, después de efectuar una síntesis de las actuaciones adelantadas en el proceso de reparación directa cuestionado, pidió que se declare improcedente la solicitud de tutela ya que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, y más, cuando lo pretendido es reabrir un debate ya surtido ante el juez natural del asunto.

1.2.3. La Policía Nacional4 solicitó declarar la improcedencia de las pretensiones, en tanto la providencia cuestionada fue proferida de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia aplicables, por lo que no se vulneró derecho fundamental alguno.

1.2.4. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio5.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) legitimación en la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; i v) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 5 del artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Casanare y otro.

2.2. Cuestión previa

Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Casanare y otro.

2.2. Cuestión previa

Se precisa que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las decisiones proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de l Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

Por lo anterior y en atención a que la providencia del 25 de septiembre de 2023, proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo del Casanare desató el recurso a través de providencia del 13 de junio de 202 4, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto, fue la que finalizó la controversia planteada.

3 Archivo obrante en el índice 12 del Samai. 4 Archivo obrante en el índice 13 del Samai. 5 Mediante auto del 21 de noviembre de 2024, se admitió la tutela de la referencia.4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros. 2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado6 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 7. Al respecto señaló lo siguiente:

de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 7. Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 8 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86

expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 9 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudenc ial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 9 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y

Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 9 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 10, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales11.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿ el Tribunal Administrativo de l Casanare vulneró los derechos fundamentales de los demandantes con ocasión de la sentencia proferida del 13 de junio de 202 4, a través de la cual confirmó la decisión de declarar la

La Sala deberá definir si: ¿ el Tribunal Administrativo de l Casanare vulneró los derechos fundamentales de los demandantes con ocasión de la sentencia proferida del 13 de junio de 202 4, a través de la cual confirmó la decisión de declarar la caducidad del medio de control de reparación directa impetrado con ocasión de la desaparición forzada de algunos de sus familiares , al incurrir, presuntamente, en defectos sustantivo y fáctico, y desconocimiento del precedente?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

En este punto, se observa que si bien es cierto el tribunal demandado alegó que la solicitud de tutela no supera el requisito de la subsidiariedad en razón a que los demandantes podían acudir al recurso extraordinario de revisión, se considera que las argumentos traídos ante el juez constitucional no se acompasan con ninguna de las causales descritas en el artículo 250 del CPACA, que establece:

Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

10 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

10 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 11 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide

segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto12. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta13, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es mani fiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna

partes o es mani fiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

12 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015. 13 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 20187

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales14.

2.5.3. Defecto fáctico

El defecto fáctico que la parte demandante le atribuye a la sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 15 tiene una dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez» 16, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez» 16, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»17. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»18.

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, s olo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.4. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones

esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes

14 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018 15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras. 16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 17 Sentencia SU -159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 18 Sentencia T-538 de 1994.8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros. desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un trata miento diverso a la situación objeto de estudio. Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor int erpretación del orden jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.5.3. Sobre el caso concreto

Noel Palomino Palomino y otros, acudieron al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto s la sentencia proferida el 13 de junio de 202 4 por el Tribunal Administrativo de l Casanare, en cuanto confirmó el pronunciamiento del juez de primera instancia de declarar de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación impetrado, con ocasión de la presunta desaparición forzada de algunos familiares.

Casanare, en cuanto confirmó el pronunciamiento del juez de primera instancia de declarar de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación impetrado, con ocasión de la presunta desaparición forzada de algunos familiares.

Lo anterior, al considerar que la decisión acusada incurrió en «defecto fáctico por la ya anotada indebida valoración probatoria y, defecto material o sustantivo, por violación al precedente horizontal y vertical, así como por desconocimiento de los precedentes vinculantes que señalan el carácter de Fundamental de que goza el Derecho al Acceso a la Administración de Justicia, a la Igualdad y a la Reparación Integral, […]». (sic)

Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo primero advertir que, de la lectura del expediente contentivo del radicado 850013333-002-2016-00315-01 y el pronunciamiento cuestionado, es posible avizorar una motivación suficiente y coherente que justifica su sentido, así:

«[…] 7.6.1. Como y fue establecido, en este caso debe acudirse al inciso segundo del literal i), numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en tanto resulta aplicable9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-00

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros. por ser norma especial en casos de desaparición forzada como el que ocupa la atención de la Sala.

7.6.2. También debe precisarse, que esto es así porque pese a que las pretensiones de la demanda hacen referencia a las omisiones en el deber de protección de la Policía

de la Sala.

7.6.2. También debe precisarse, que esto es así porque pese a que las pretensiones de la demanda hacen referencia a las omisiones en el deber de protección de la Policía Nacional, lo cierto es que los hechos que sustentan la demanda y el caudal probatorio conducen a que se pretende la imputación de la entidad demandada en razón a la participación del Sargento William Castillo Mosquera junto con los miembros de las ACC en la desaparición de las víctimas.

7.6.3. De acá que, en primer lugar, al interior del plenario no se demostró que los restos de los señores Oscar Palomino Castro, Luis Alfredo Castillo Castro, Carlos Augusto Castillo Castro y James Holguín Vargas hubieran sido reconocidos, mucho menos entregados a sus familiares.

7.6.4. Por tanto, se acude a la previsión normativa según la cual la caducidad del medio de control se cuenta a partir de la ejecutoria de la decisión definitiva en lo penal, que para este caso se dio en la causa con radicado 2009-081, asumida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Yopal con radicado 2012-005, que emitió sentencia condenatoria en contra del Sargento (r) William Castillo Mosquera el 27 de septiembre de 20125, como “coautor doloso del delito de DESAPARICIÓN FORZADA y

CONCIERTO PARA DELINQUIR”.

7.6.5. La segunda instancia fue desatada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 14 de diciembre de 2012 6, que modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de declarar que la responsabilidad del sentenciado William Castillo Mosquera no

7.6.5. La segunda instancia fue desatada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 14 de diciembre de 2012 6, que modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de declarar que la responsabilidad del sentenciado William Castillo Mosquera no es a título de coautor sino de cómplice de los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir”.

7.6.6. Por providencia de 15 de marzo de 20137, el Tribunal Superior del distrito judicial de Yopal concedió el recurso extraordinario de casación interpuesto por el extremo demandado contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2012. […] 7.6.9. Lo anterior implica que la ejecutoria de la sentencia penal en segunda instancia sí se ve afectada por la interposición del recurso de casación, por lo que en el mismo sentido la caducidad del medio de control también dependía de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia.

7.6.10. Al respecto, se tiene que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió auto el 22 de julio de 20139 por el que se inadmitió el recurso de casación, en aplicación de lo previsto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000 y, dada la previsión del inciso segundo del artículo 187 del mismo cuerpo normativo, según el cual “La [providencia] que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”.

7.6.11. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional aclar ó en la Sentencia C -641 de

acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”.

7.6.11. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional aclar ó en la Sentencia C -641 de 200210 que, si bien la ejecutoria del auto que decidía inadmitir la casación penal no se