CE - Sentencia 11001031500020240641200 de 2025

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06412-00

Demandante: Ana Graciela Cubillos Ruíz

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-06412-00

Demandante: Ana Graciela Cubillos Ruíz

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección D

Temas: Tutela contra provid encia judicial emitida en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Inclusión de la prima de vacaciones como factor para la liquidación de la pensión de retiro. Ausencia del defecto sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Ana Graciela Cubillos Ruíz contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Ana Graciela Cubillos Ruíz , por intermedio de apoderad a, promovió

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Ana Graciela Cubillos Ruíz , por intermedio de apoderad a, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social.2

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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las sentencias del 19 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C., Sección Segunda , y del 6 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001 33 35 012 2023 00114 00 [01] y, en su lugar, que se ordene al Tribunal dictar una nueva s entencia en la que se ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) reliquidar la pensión de jubilación con la inclusión de la prima de vacaciones.

1.1.2. Los hechos

Del escrito de tutela se extraen como hechos, los siguientes:

1. La señora Rosalba García Pulido estuvo vinculad a al magisterio como docente,

la inclusión de la prima de vacaciones.

1.1.2. Los hechos

Del escrito de tutela se extraen como hechos, los siguientes:

1. La señora Rosalba García Pulido estuvo vinculad a al magisterio como docente, desde el 23 de octubre de 1997 hasta el 10 de octubre de 2021.

1. A través de la Resolución 7111 del 5 de julio de 2022, expedida por el Fomag, le fue reconocida la pensión de jubilación, en la que se incluyeron los factores salariales de asignación básica, bonificación pedagógica y bonificación mensual , y se omitió la prima de vacaciones.

1. Conforme con lo anterior, la accionante radico solicitud ante el Fomag, con el objetivo de que esta reconociera el emolumento descrito como omitido en el inciso anterior. Tal solicitud, fue resuelta a través de la Resolución 11502 del 17 de noviembre de 2022, en la que se negó lo deprecado.

1. Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 11502 del 17 de noviembre de 2022, proferida por el Fomag y consecuentemente se reconociera la reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de la prima de vacaciones. El medio de control le correspondió en primera instancia al Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial

de Bogotá D.C., Sección Segunda, el cual negó las pretensiones de la demanda , mediante providencia del 19 de marzo de 2024, con fundamento en lo siguiente:3

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mediante providencia del 19 de marzo de 2024, con fundamento en lo siguiente:3

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Es importante aclarar que la bonificación pedagógica y la prima de vacaciones no están incluidas dentro de los factores de la Ley 62 de 1985. Sin embargo, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado ha establecido en sentencias de 22 de junio de 20233 y 12 de octubre de 20234 que la bonificación pedagógica, por haber sido creada con posterioridad a la Ley 62 de 1985 y con el carácter de factor salarial para efectuar aportes, debe ser tenida en cuenta en el cálculo del IBL pensional.

No sucede lo mismo con la prima de vacaciones creada mediante el Decreto 1381 de

1997. En esta norma nada se dijo sobre su carácter salarial. El Legislador simplemente se limitó a señalar que en lo que no fuera contrario le serían aplicables los aspectos regulados para esta prestación en el Decreto 1045 de 1978. Esta remisión no puede hacerse extensiva a la forma en que se debe liquidar el IBL pensional prevista en el artículo 45 de dicha normativa, porque en materia pensional a los docentes se les aplica, el régimen general establecido en la Ley 100 de 1993 o, en caso de ser vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el establecido en la

aplica, el régimen general establecido en la Ley 100 de 1993 o, en caso de ser vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el establecido en la Ley 33 de 1985 y la Ley 62 de 1985. De manera que, la referencia a la Ley 1045 de 1978 debe entenders e únicamente para los aspectos relacionados con la prima de vacaciones y no para la liquidación de la pensión.

1. Contra dicha decisión la demandante presentó recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en sentencia del 6 de agosto de 2024, confirmó la providencia proferida por el juzgado , de acuerdo con

las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto, en algunas providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda , Subsecciones C y F se ordenó incluir la prima de vacaciones en el ingreso base de liquidación pensional, como se mencionó anteriormente, la tesis de esta Subsección, como de la Subsección E de este Tribunal, entre otras, ha señalado que dicho factor sala rial no está expresamente contemplado en la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, ni en norma especial que ordene su inclusión, y por ende no puede ser incluido en la prestación correspondiente.

Considera la Sala, que a pesar de que se ha yan realizado descuentos para aportes a pensión sobre ese emolumento laboral, no puede ser incluido en la pensión, porque por esa vía se violarían los enunciados normativos que señalan los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación, y por ende, las sentencias que señalan

pensión sobre ese emolumento laboral, no puede ser incluido en la pensión, porque por esa vía se violarían los enunciados normativos que señalan los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación, y por ende, las sentencias que señalan que se deben incluir los factores sobre los cuales se hayan realizado aportes, debe leerse en concordancia y armonía con las sentencias que dicen que sólo se pueden incluir los factores taxativamente señalados en las di sposiciones legales, y con las normas pertinentes regulatorias de la materia.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la accionante, el fallo proferido el 6 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, incurrió en un defecto sustantivo al desconocer normas de carácter constitucional como el derecho a4

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la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a la prop iedad privada y derechos adquiridos, al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, al principio de favorabilidad en materia laboral, al principio de seguridad jurídica y el Acto legislativo 01 de 2005.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 29 de noviembre de 2024, el consejero ponente admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar como accionado, al Tribunal Administrativo de

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 29 de noviembre de 2024, el consejero ponente admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar como accionado, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y al Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá D. C., quienes conocieron del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 012 2023 00114 00 [01], y, en calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG), al haber actuado como demandados en dicho medio de control.

De igual forma, ordenó i) requerir, al Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá

D. C., copia del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 012 2023 00114 00, en el que actuaron, en calidad de demandante, la señora Ana Graciela Cubillos Ruíz y como demandada la Nación, Ministerio de E ducación Nacional y otro ; ii) rechazar la solicitud relacionada con el reconocimiento de dependientes judiciales dentro de este proceso ; y iii) remitir copia de la solicitud de tutela a la parte demandada y a los terceros interesados, para que ejercieran su derecho de defensa y rindieran el respectivo informe, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente providencia.1

1.2.2. El 5 de diciembre de 2024, el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá

(3) días siguientes a la notificación de la presente providencia.1

1.2.2. El 5 de diciembre de 2024, el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá

D. C., remitió, vía correo electrónico, el link del expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001 33 35 012 2023 00114 00.2

1.3. Contestación de la demanda

1 Visible en el índice 5 de la plataforma Samái del Consejo de Estado. 2 Visible en el índice 11 ibidem.5

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1.3.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C3

El magistrado, Israel Soler Pedroza, se opuso a todos los argumentos expuestos en la demanda de tutela, y solicitó, con fundamento en el precedente establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que se declarara su improcedencia.

Asimismo, deprecó que, de no declararse improcedente, se denegara la solicitud de amparo, toda vez que, al analizar las diferentes sentencias de unificación invocadas por la accionante y la presunta vulneración del Acto Legislativo 01 de 2005, en la sentencia en cuestión, arribó a la siguiente conclusión:

En ese sentido, y con fundamento en las decisiones expuestas, se concluyó que como

por la accionante y la presunta vulneración del Acto Legislativo 01 de 2005, en la sentencia en cuestión, arribó a la siguiente conclusión:

En ese sentido, y con fundamento en las decisiones expuestas, se concluyó que como la vinculación de la accionante fue con anterioridad al 26 de junio de 20037 , el régimen pensional aplicable al actor en su calidad de docente, es el consagrado en la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, y para la liquidación de su pensión deben tenerse en cuenta los factores sobre los que efectivamente haya efectuado aportes a seguridad social, pero de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, es decir que se deben incluir, si se encuentran enlistados en esa norma, o en normas especiales que así lo ordenen.

En este orden de ideas, y dado que la prima de vacaciones que reclama no se encuentra taxativamente señalada en la norma, no es procedente su inclusión, como fue decidido por este Tribunal en la sentencia objeto de tutela.

1.3.2. Los demás sujetos vinculados, dejaron transcurrir el término de traslado en silencio.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.

tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.

3 Visible en el índice 10 Ibidem.6

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2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 6 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001 33 35 012 2023 00114 00 [01]. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 4 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,5 en la que se hace distinción e ntre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales

desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,5 en la que se hace distinción e ntre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trat e de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara , que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de l solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los

4 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,

T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 5Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.7

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derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001 33 35 012 2023 00114 00 [01], la Sala establece lo siguiente:

anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001 33 35 012 2023 00114 00 [01], la Sala establece lo siguiente:

1. El 31 de marzo de 2023, la señora Ana Graciela Cubillos Ruíz , por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra la Nación -Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se reliquidara su pensión y se incluyera como factor salarial la prima de vacaciones.

1. El 19 de marzo de 2024, el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, profirió sentencia de primera instancia en la cual denegó las pretensiones de la demanda.

1. El 6 de agosto de 202 4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó la decisión de primera instancia.

2.5. Análisis de la Sala.8

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2.5.1. Sobre la procedibilidad de la presente acción de tutela

La Sala encuentra cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción, puesto que «el caso bajo estudio reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales

La Sala encuentra cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción, puesto que «el caso bajo estudio reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social ,6 pues según los alegatos de la accionante, no se realizó una aplicación normativa y jurisprudencial adecuada, eventos que de encontrarse acreditados conducirían a encontrar lesivos los derechos fundamentales de la parte actora.

De igual forma, «cumple con el requisito de subsidiariedad», dado que lo que se cuestiona es una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión planteada dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y de los hechos narrados no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 2 58 del CPACA; y también «cumple con el requisito de inmediatez» , pues la providencia objeto de censura data del 6 de agosto de 2024, notificada por correo electrónico el 9 de agosto de igual anualidad, y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 22 de noviembre de 2024, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.7

Asimismo, se encuentra que el sub judice «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análi sis normativo y jurisprudencial; asimismo, dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente

sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análi sis normativo y jurisprudencial; asimismo, dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora

6 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. 7El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso A dministrativo, en sentencia del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso , como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06412-00

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la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.9

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narró de manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y adecuó sus alegatos a la configuración de los defectos sustantivo y jurisprudencial; y «no se cuestiona una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5.2. Criterios para determinar la existencia de un defecto sustantivo

La Corte Constitucional ha establecido que el llamado «defecto sustantivo» parte del reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. En consecuencia, se materializa cuando la decisión q ue toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto.

En diferentes decisiones, la Corte ha recogido los supuestos que pueden configurar este defecto. Así, en las sentencias SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, se precisaron las siguientes: i) cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que

las siguientes: i) cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional; ii) la aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la d ecisión adoptada; iii) por aplicación de normas constitucionales, pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional, pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada; iv) porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia; v) al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico; vi) por aplicación de normas ab iertamente inconstitucionales, evento en el cual, si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución.10

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En igual sentido, se ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto

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En igual sentido, se ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por «interpretación irrazonable», en al menos dos hipótesis: i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.

A su turno, también ha referido que el desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la igualdad y buena fe.

2.5.3. Sobre la procedencia del amparo invocado

Se controvierte en el caso la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social , con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que confirmó la decisión de primera instancia, la cual negó la reliquidación de la pensión con la inclusión de la prima de vacaciones, como factor salarial.

En sentir de la accionante, el fallo descrito anteriormente incurrió en los defectos i) sustantivo al omitir la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005; y ii) desconocimiento del precedente jurisprudencial.

En sentir de la accionante, el fallo descrito anteriormente incurrió en los defectos i) sustantivo al omitir la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005; y ii) desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Pues bien, se advierte que el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, negó las pretensiones de la demanda de acuerdo con lo siguiente:

En cuanto a las primas devengadas, debe precisarse que no están contempladas dentro del listado de emolumentos previsto en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Por lo tanto, no pueden ser consideradas para el cálculo del Ingreso Base de Liquidación (IBL) de la pensión de jubilación de la demandante. Adicionalmente, frente al argumento consistente en que sobre la prima de vacaci ones se realizaron aportes al Sistema General de Pensiones debe señalarse que este hecho no está acreditado en el expediente. Incluso si se aceptara como verídico, no tiene la capacidad de modificar lo dispuesto por el legislador. En consecuencia, el deman dante podría acudir ante la entidad demandada y reclamar la devolución de dichos aportes; pero no es procedente la reliquidación de la pensión como se pretende en sede judicial.11

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

[…]

Asimismo, señaló que lo pretendido no era procedente, pues dichos emolum entos no

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[…]

Asimismo, señaló que lo pretendido no era procedente, pues dichos emolum entos no están enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, como factor salarial para liquidar la pensión de jubilación de los docentes.

En tal sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, luego de analizar la pensión de jubilación de los docentes oficiales y el marco normativo aplicable a estos, confirmó la anterior decisión. Lo anterior al considerar que «no es viable acceder a la reliquidaci ón pensional solicitada, toda vez que los factores de prima especial, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, pese a que fueron devengados en el año anterior al cumplimiento del status pensional, y que sobre este último se hicieron apor tes al Sistema General de Seguridad Social, no se encuentra taxativamente señalados en la norma, aunado a que en cuanto a la prima de servicios, cabe anotar que el Decreto 1545 de 2013 , no la creó como factor para efectos de liquidar la pensión.»

Conforme a lo señalado en líneas precedentes, se precisa que en el sub juice no desconoció ningún precepto normativo, ni se realizó una interpretación de la normatividad contraria a la Constitución, como tampoco dej aron de aplicar una disposición legal desconociendo el precedente constitucional, supuestos que no se concretaron en el sub lit.

Así, es preciso concluir que la sentencia enjuiciada sustentó con suficiencia la pretensión relacionada con la inclusión de la prima de vacaciones como factor para la liquidación de la pensión , sin que, de otra parte, se hubiere demostrado que la

Así, es preciso concluir que la sentencia enjuiciada sustentó con suficiencia la pretensión relacionada con la inclusión de la prima de vacaciones como factor para la liquidación de la pensión , sin que, de otra parte, se hubiere demostrado que la actuación estuviera incursa en una causal de procedibilidad de la acción de tutela que vulnere los derechos fundam