CE - Sentencia 11001031500020250057701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00577-01

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación directa. Subtema 2: defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por el señor Over Galván Rincón y otros contra la sentencia del 21 de marzo de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO El señor Over Galván Rincón y otros 1 presentaron acción de tutela el 4 de febrero de 2025 con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre con ocasión de la sentencia que profirió el 25 de julio de 2024.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

y al acceso a la administración de justicia, que consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre con ocasión de la sentencia que profirió el 25 de julio de 2024.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela 2 y los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. Over Galván Rincón y otros presentaron demanda de reparación directa el 21 de julio de 2015, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional , Ejército Nacional, municipio de San Benito Abad, el departamento de Sucre, la Unidad para la Atención

1 Los demás integrantes de la parte actora se conforman por Lida del Carmen Acosta Valderrama, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores de edad, Dianys y Danny Luz Galván Acosta; Edwin , Jesús David, Overneys Galván Acosta; Nohelia Porfiria y Milfar Berenice Acosta Valderrama quien actúa en nombre propio y en representación del menor de edad Jafer David Pérez Acosta; Miguel Antonio Lastre Meza; Luis Miguel y Kary Lastre Acosta esta última quien actúa en nombre propio y en representación del menor de edad Ceidiseth Martínez Lastre; Roger Carlos Pérez Mercado; Roger Junior y Jhonatan Yesid Pérez Acosta; Petrona María Tovar Camargo; Yulissa del Carmen , Ramón Andrés, Eduard Manuel, Omaira Alejandra y Yuranis Paola Acosta Tovar quien actúa en nombre propio y en representación de los menores de edad Brisny, Angie Marcela y Wesly Suárez Acosta.

Camargo; Yulissa del Carmen , Ramón Andrés, Eduard Manuel, Omaira Alejandra y Yuranis Paola Acosta Tovar quien actúa en nombre propio y en representación de los menores de edad Brisny, Angie Marcela y Wesly Suárez Acosta. 2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice 3, 4402F997B9F9D0CF BA8DA15B37716277 4E01E3252C5B55A7 1B98A0513523DE24.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00577-01

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), con el propósito de que se les declarara patrimonial y administrativamente responsables del desplazamiento forzado de toda la familia, con ocasión del homicidio de Eduar Ramón Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado.

3. En sustento de lo anterior, r efirieron que «el día seis (6) del mes de noviembre del año 2.000, incursionó al Corregimiento de SANTIAGO APOSTOL, jurisdicción del Municipio DE SAN BENITO ABAD, Departamento de SUCRE, un grupo al margen de la ley que operaba en la zona, para esa época, quienes a sangre fría asesinaron a los señores Eduar Ramon Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado, quienes en vida eran hermanos, cuñados, tíos, papas,

señores Eduar Ramon Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado, quienes en vida eran hermanos, cuñados, tíos, papas, primos y sobrinos de los accionantes »3. Igualmente, indicaron que para el momento en que ocurrieron los hechos:

[E]l grupo Frente 35 de la Farc, tenía a todos los habitantes del Corregimiento de Santiago Apóstol amenazadas, razones por las cuales ninguno se atrevía a denunciar, porque estaban advertidos por el grupo guerrillero, que si denunciaban los mataban (testimonios del señor Jorge Luis Martínez Urrutia)4.

4. Los demandantes atribuyeron estos hechos de violencia al Estado , teniendo en cuenta que las autoridades administrativas y la fuerza pública conocían plenamente la situación de inseguridad generada por los homicidios y amenazas que se vivía en el municipio de San Benito Abad y en el corregimiento Santiago Apóstol. Esta situación los obligó a desplazarse a otras ciudades del país y a abandonar sus pertenencias, lo que les causó daños materiales y provocó la desintegración de sus familias.

5. El asunto correspondió conocerlo, bajo el radicado núm. 70-001-33-33-008-201500141-00, al Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo que, mediante sentencia del 19 de enero de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

6. Apelada esta decisión por la parte demandante y la parte demandada , la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre profirió sentencia el 26 de abril de 2023, en la que la revocó y declaró probada la excepción de caducidad del

Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre profirió sentencia el 26 de abril de 2023, en la que la revocó y declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y negó las pretensiones.

7. La parte demandante interp uso acción de tutela contra la sentencia de segunda instancia. Argumentó que el Tribunal desconoció que el desplazamiento forzado causa un daño continuado que obliga a contar el término de caducidad a partir del momento en que cesa el daño, por lo que no era viable aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

8. La Sección Cuarta del Consejo de Estado decidió la acción constitucional mediante sentencia del 30 de noviembre de 2023, en la que amparó los derechos fundamentales vulnerados, dejó sin efecto la sentencia del 26 de abril de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre y ordenó proferir fallo de reemplazo. Esta última decisión fue impugnada y confirmada en la sentencia del 9 de mayo de 2024 p roferida p or la

Sección Primera del Consejo de Estado.

3 Se transcribe aún con errores de texto. 4 Se transcribe aún con errores de texto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00577-01

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

9. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, al amparar los derechos fundamentales invocados, consideró que el tribunal demandado, al analizar la caducidad de la acción de reparación directa interpuesta por Over Galán Rincón y otros, debió aplicar la regla

9. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, al amparar los derechos fundamentales invocados, consideró que el tribunal demandado, al analizar la caducidad de la acción de reparación directa interpuesta por Over Galán Rincón y otros, debió aplicar la regla jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional en la sentencia SU -254 de 2013, relativa a los casos de desplazamiento forzado. Concluyó que, desde el escrito de demanda, los actores señalaron expresamente que su pretensión se fundamentaba en la aplicación de dicha regla.

10. En cumplimiento de la orden judicial, el Tribunal Administrativo de Sucre a través de providencia del 25 de julio de 2024, revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

11. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1. Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, precedente judicial.

2. Se deje sin efecto la sentencia de reemplazo del 25 de julio de 2024, notificada a la parte accionante el 9/08/2024, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en cumplimiento de las sentencias de tutela proferidas el 30 de noviembre de 2023, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, confirmada por la sentencia de tutela del 9 de mayo de 2024 por la Sección Primera de la misma corporación; que revocó la sentencia venida en alzada, y en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda.

3. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, que en términos

sentencia venida en alzada, y en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda.

3. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, que en términos perentorios expida una nueva providencia en la que efectúe una valoración probatoria y normativa adecuada donde se tenga en cuenta los testimonios de los señores JORGE LUIS MARTÍNEZ URRUTIA y DOMINGO FERMÍN LERIVA ROHENES que fueron recepcionados en el proceso que dio origen a esta acción de tutela; al igual que la declaración rendida por ARINDA BOHORQUEZ VITAL, ante la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, el dí a 9 de noviembre de 2000, que se encuentra a folios 9 -11 del cuaderno No. 39 del expediente digital que cursó en el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, donde manifestó las circunstancias de modo tiempo y lugar de como sucedieron los hechos que dieron origen a la demanda que generó esta acción tutelar5.

12. La parte actora, como fundamento de sus pretensiones, indicó que la autoridad accionada omitió valorar la prueba testimonial que daba cuenta de que las FARC fueron quienes perpetraron los hechos que constituyeron la base de la reclamación en sede ordinaria, y que la fuerza pública no cumplió con su deber de brindar protección a la comunidad. Afirmó que hubo una inadecuada valoración probatoria y se omitió dar aplicación al principio de flexibilidad probatoria.

13. Adicionalmente, reiter ó «que tanto el accionado como esta Sala, ignoraron el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, dado que los hechos que supusieron el daño son

aplicación al principio de flexibilidad probatoria.

13. Adicionalmente, reiter ó «que tanto el accionado como esta Sala, ignoraron el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, dado que los hechos que supusieron el daño son notorios, por lo cual, en principio, no se debía requerir ningún tipo de pruebas adicionales para demostrar lo alegado e n la demanda ”, así como, las reglas establecidas en la Sentencia SU 035 de 2018, que se refiere a los criterios necesarios

5 Se transcribe incluso con errores de texto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00577-01

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

para analizar indicios como medios probatorios que le permitan al juez llegar a declarar la responsabilidad del Estado»6.

14. De esta forma, para los accionantes, en lo que respecta al desplazamiento forzado, manifestaron que «esta Sala, debió tener en cuenta que el concepto de víctima dispuesto en la Ley 1448 de 2011 debe complementarse con las otras formas de victimización previstas en la Ley 387 de 1997, que prevé, además del conflicto armado interno, otras situaciones como l as tensiones interiores, las amenazas y la violencia generalizada, entre otras (art. 1)»7.

2.3. Trámite procesal

15. La tutela correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que, a través del despacho ponente, profirió auto el 10 de febrero de 2025 8, en el que admitió la solicitud y puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros

Estado, que, a través del despacho ponente, profirió auto el 10 de febrero de 2025 8, en el que admitió la solicitud y puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados9; requirió se aportara el expediente del proceso de reparación directa con radicado núm. 70001-33-33-008-2015-00141-00/01 y ordenó las notificaciones de rigor. 2.4. Intervenciones

16. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social10 se pronunció sobre las actuaciones surtidas al interior del proceso . Asimismo, se ratificó en los argumentos expuestos en la providencia atacada, y solicitó se declare improcedente la acción constitucional impetrada.

17. El Departamento de Sucre11 pidió que se niegue el amparo constitucional por cuanto carece de relevancia constitucional . Además, resaltó que no existe vulneración de derechos fundamentales atribuible al departamento de Sucre. Enfatizó que la tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia para controvertir decisiones judiciales ejecutoriadas.

18. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional12 relató las actuaciones llevadas a cabo en el proceso. Resaltó la debida valoración probatoria impartida y solicitó que se niegue el amparo constitucional por ser improcedente, pues no incurrió en vulneración alguna de los derechos fundamentales alegados.

6 Se transcribe incluso con errores de texto. 7 Se transcribe aún con errores de texto. 8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice 5, 5687E290A6C79316 8D13EE4664F6EE75

7 Se transcribe aún con errores de texto. 8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice 5, 5687E290A6C79316 8D13EE4664F6EE75 E5E1D4945FED108B 2512398D95A2DAF9 9 Entidades vinculadas, como terceros con interés: al Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional, al Departamento de Sucre, al municipio de San Benito de Abad (Sucre), a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al Departamento de Prosperidad Social y al Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo; así como a los señores Eduar Andrés Acosta Álvarez y Deivis de Jesús Acosta Bohórquez 10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice 11, 93AAC5C6F419C648 861AEB1BD58548C9 DB9F91D296D93771 243D1D002D5580E2. 11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice 1 2, 41645D9CF3EC8C2C 24F9EE611F202308 BA1C1A8AE32F0118 D6923273B41D649C. 12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice 1 3, A46AEE5A4629A1E8 BD15057C8B8D30E4 98350AF480FBF0A9 B6CE0D01D1B01D6C.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00577-01

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

98350AF480FBF0A9 B6CE0D01D1B01D6C.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00577-01

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

19. La Policía Nacional 13 requirió que se negaran las pretensiones y se declare improcedente la acción de tutela ya que la providencia atacada no incurre en ningún defecto.

20. El Tribunal Administrativo de Sucre14 rindió informe de contestación y solicitó que se niegue el amparo constitucional o se declare improcedente, al considerar que carece de relevancia constitucional, pues la decisión adoptada, en el proceso ordinario, luego del análisis de los supuestos fácticos y jurídicos expuestos, concluyó que no se encontraba plenamente acreditado el daño antijurídico relacionado con la situación de desplazamiento forzado, sino que se pretendió afirmar en abstracto su ocurrencia.

21. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 15 solicitó que se declare improcedente el amparo comoquiera que no se configuran los defectos que propusieron los tutelantes en el escrito inicial, señaló que existe la configuración de la cosa juzgada constitucional, concluye, que en el presente caso no se verifican causales jurídicas que justifiquen la viabilidad y procedencia de la acción de tutela, ni se cumple con el requisito de legitimación en la causa por pasiva.

2.5. Sentencia de primera instancia

22. La Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia el 21 de marzo de 202516 en la que negó las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Over

2.5. Sentencia de primera instancia

22. La Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia el 21 de marzo de 202516 en la que negó las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Over Galván Rincón y otros. Fundamentó su decisión en que no se demostró una omisión por parte de las autoridades demandadas que implicara acceder a las pretensiones, pues para tal efecto, se requiere que el hecho victimizante del desplazamiento se haya generado por cuenta de una omisión de las entidades estatales en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

23. Una vez iniciado el estudio de los requisitos de procedibilidad, el juez constitucional de primera instancia determinó que el Tribunal Administrativo de Sucre no incurrió en el defecto fáctico alegado , ya que los tutelantes no especificaron la forma en la que debieron valorarse las pruebas y la incidencia de estas en la decisión objeto de reproche. Puntualmente, destacó: En la tutela, el accionante se limitó a enunciar y transcribir lo declarado por los señores Jorge Luis Martínez Urrutia y Domingo Fermín y, según su criterio, los mismos daban cuenta de la situación de orden público en el Municipio de San Benito Abad, por lo que se demostraba «la zozobra de sus habitantes y más de aquellos cuyos familiares habían sido asesinados».

En efecto, se observa que la autoridad judicial accionada no erró en la valoración que realizó de las pruebas a las que alude la parte actora, pues al apreciarlas en conjunto determinó que aun cuando daban cuenta de la grave situación de orden público que se presentaba en el Corregimiento de Santiago Apóstol, Municipio de San Benito Abad, por

realizó de las pruebas a las que alude la parte actora, pues al apreciarlas en conjunto determinó que aun cuando daban cuenta de la grave situación de orden público que se presentaba en el Corregimiento de Santiago Apóstol, Municipio de San Benito Abad, por la presencia y operación de grupos ilegales, no había lugar a indemnizar a los accionantes

13 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice 14, 5D23DD680D7750A6 A2ABED8671C2A735 77BA4FDD42CD5B9F 4C65698E1D787403. 14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice 15, 2A87F9AF177A0A0D 938B61696B52C020 3037AC65FDCD8B0E A733F1BF87A248F1 15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice s 17 - 18, 658C872FC0203E4D 029931DD82532BE2

A34EE1C2A11C34E0 52A6060778CB4A9C 087663A4B712BEA2 58A8D30EEE17DD95 8AA36DB672856355

2BF8568DFCD61440 16 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice 21.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00577-01

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

porque no obraba prueba que acreditara alguna circunstancia atribuible a las autoridades demandadas que concretara su deber general de protección.

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

porque no obraba prueba que acreditara alguna circunstancia atribuible a las autoridades demandadas que concretara su deber general de protección.

24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó que si bien la jurisprudencia ha establecido criterios de flexibilización probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como lo es el desplazamiento forzado, no implica ello una presunción automática de responsabilidad estatal. En consecuencia, el juez debe realizar una debida valoración razonable y conjunta de las pruebas, sin que esto signifique que deba acoger la interpretación expuesta por la parte accionante.

25. Así las cosas, consideró que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Sucre fue razonable, en tanto valoró los testimonios y demás pruebas obrantes en el expediente y concluyó que no se acreditó el nexo causal entre el daño alegado y una omisión atribuible a las entidades demandadas.

26. En conclusión, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, al no encontrar acreditada la configuración de los defectos invocados por la parte actora y declaró ajustada a derecho la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 25 de julio de 2024.

2.6. Impugnación

27. El señor Over Galván Rincón y otros radicaron memorial de impugnación 17 contra de la sentencia del 21 de marzo de 2025. En su escrito, manifestaron su inconformidad con la decisión, al considerar que el análisis del material probatorio realizado por el

de la sentencia del 21 de marzo de 2025. En su escrito, manifestaron su inconformidad con la decisión, al considerar que el análisis del material probatorio realizado por el Tribunal en sede ordinaria vulneró sus derechos fundamentales.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 21 de marzo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.3.2.

3.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa por activa del señor Over Galván Rincón y otros 18 se encuentra acreditada, por cuanto fue ron los demandantes en el proceso ordinario de reparación directa que terminó con la sentencia de segunda instancia objeto de esta acción constitucional.

17 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice 25. 18 Los demás integrantes de la parte actora se conforman por Lida del Carmen Acosta Valderrama, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores de edad, Dianys y Danny Luz Galván Acosta; Edwin, Jesús David, Overneys Galván Acosta; Nohelia Porfiria y Milfar Berenice Acosta Valderrama quien actúa en n ombre propio y en representación del menor de edad Jafer David Pérez Acosta; Miguel Antonio Lastre Meza; Luis Miguel y Kary Lastre Acosta esta última quien actúa en nombre propio y en representación del menor de edad Ceidiseth

propio y en representación del menor de edad Jafer David Pérez Acosta; Miguel Antonio Lastre Meza; Luis Miguel y Kary Lastre Acosta esta última quien actúa en nombre propio y en representación del menor de edad Ceidiseth Martínez Lastre; Roger Carlos Pérez Mercado; Roger Junior y Jhonatan Yesid Pérez Acosta; Petrona María Tovar Camargo; Yulissa del Carmen, Ramón Andrés, Eduard Manuel, Omaira Alejandra y Yuranis Paola Acosta Tovar quien actúa en nombre propio y en representación de los menores de edad Brisny, Angie Marcela y Wesly Suárez Acosta.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00577-01

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

30. En igual sentido, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Sucre, en tanto fue la autoridad que conoció en segunda instancia el proceso ordinario de reparación directa y, expidió el fallo de reemplazo del 25 de julio de 2024, que la parte actora acusa de desconocer sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

31. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado19 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional20. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;

mecanismo constitucional20. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial [subsidiariedad]; (iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado [inmediatez]; (iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; (v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, (vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

32. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales21 y, por lo tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

33. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente

procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución22.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

34. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha precisado en su jurisprudencia el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 20 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 21 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018. 22 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00577-01

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

de forma expresa y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia23.

35. En primera instancia, la juez constitucional consideró que el escrito de tutela que presentó el señor Over Galván Rincón y otros reviste de relevancia constitucional, porque están involucrados los derechos fundamentales de la población desplazada y el debate que aquí se plantea tiene incidencia en atribuir a la autoridad judicial

presentó el señor Over Galván Rincón y otros reviste de relevancia constitucional, porque están involucrados los derechos fundamentales de la población desplazada y el debate que aquí se plantea tiene incidencia en atribuir a la autoridad judicial accionada la indebida valoración del acervo probatorio, así como la omisión en la aplicación de precedentes jurisprudenciales frente a la flexibilidad probatoria que está íntimamente relacionada con el derecho de acceso a la administración de justicia.

36. Respecto de los cargos de la tutela, los accionantes no tienen otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues agotaron las instancias respectivas dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

37. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre , objeto de reparo, es del 25 de julio de 2024 y fue notificada el 8 de agosto siguiente, y la demanda de tutela se presentó el 4 de febrero de 202524, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional 25 y del Consejo de Estado 26 como razonable.

38. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos fundamentales y estos no exponen una irregularidad procedimental. Finalmente, la providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.

39. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en

reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.

39. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en los términos planteados en la solicitud de amparo.

3.4. Problema jurídico

40. La Sala debe decidir si revoca confirma o modifica el fallo de primera instancia del 21 de marzo de 2025 que negó la acción de tutela. Para ello, deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución al proferir la sentencia del 25 de julio de 2024, por medio del cual revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.

41. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

23 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 24 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00577-00, índice 2. 25 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-00577-01

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

3.4.1. Generalidades del defecto fáctico

Accionantes: Over Galván Rincón y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

3.4.1. Generalidades del defecto fáctico

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