CE - Sentencia 11001031500020250076701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-00767-01 Demandante FARID JOSÉ SESIN TANUS Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico y por desconocimiento del precedente. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Contrato realidad. Médico Ginecólogo Sanidad Militar. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por Farid José Sesin Tanus contra la sentencia del 21 de marzo de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, que dispuso: «SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 12 de febrero de 2025 1, el señor Farid José Sesin Tanus interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad, al debido proceso, de

tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, con la sentencia del 8 de noviembre de 2024, proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 08001-33-33-012-202100182-00/01. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERO: Con fundamento en los hechos narrados y en las normas constitucionales citadas, solicito a los H. Consejeros, que se amparen los derechos fundamentales del señor FARID JOSÉ SESIN TANUS al trabajo, la seguridad social, igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, contradicción y defensa y los principios mínimos fundamentales a la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la garantía a la seguridad social señalados en este libelo genitor.

SEGUNDO: Que se deje sin valor y efectos jurídicos la sentencia del 8 de noviembre de 2024 expedida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la cual se resolvió confirmar la sentencia del 19 de junio de 2024 proferida por el Juzgado Décimo Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, negando así; las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08-001-3333-012-2021-00182-00.

TERCERO: Que se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico a realizar un estudio de las

restablecimiento del derecho con radicado 08-001-3333-012-2021-00182-00.

TERCERO: Que se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico a realizar un estudio de las pruebas documentales allegadas y de los testimonios rendidos por lo señores JOAQUÍN VÉLEZ GARCÍA, EFRAÍN SILGADO CABRALES y HEBER COLLAZOS LÓPEZ y en consecuencia; se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico a proferir una providencia de reemplazo en la que se aplique y de una valoración adecuada al precedente jurisprudencial

1 Escrito de tutela radicado a través de la secretaria On line del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00767-01

Demandante: Farid José Sesin Tanus

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del H. Consejo de Estado contenido en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 con radicado 23 -001-2333-000-2013-00260-01 (0088 -2015) con ponencia del consejero CARMELO PERDOMO CUETER, la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 proferida dentro del proceso con radicado 05-001-2333-000-2013-0114301 (1317-2016) y la sentencia del 27 de agosto de 2020 proferida dentro del proceso con radicación 17 -001-2333-000-2017-00243-02 (1845 -19) con ponencia de la consejera SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales vigentes a la

radicación 17 -001-2333-000-2017-00243-02 (1845 -19) con ponencia de la consejera SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales vigentes a la fecha de presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho».

2. Hechos Del estudio del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Farid José Sesin Tanus se desempeñó como médico especialista en ginecología, en las instalaciones del Batallón Paraíso del Ejército Nacional en la ciudad de Barranquilla, mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios suscritos entre el 16 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2019. 2.2. En escrito sin fecha, el actor solicitó a la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional el reconocimiento y pago de los salarios y demás emolumentos a los que consideró tener derecho, como consecuencia de una relación laboral encubierta.

Mediante oficio del 15 de marzo de 2021, el director de Sanidad Militar del Ejército Nacional dio respuesta negativa a lo solicitado por el actor. 2.3. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el señor Farid José Sesin Tanus demandó a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, pretendiendo la nulidad del acto administrativo por el que se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones a las que consideró tener derecho como consecuencia de la declaratoria de una relación laboral encubierta. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones sociales, indemnizaciones, horas extras, dinero pagado por concepto de estampillas,

laboral encubierta. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones sociales, indemnizaciones, horas extras, dinero pagado por concepto de estampillas, retención en la fuente y pólizas de garantías. 2.4. En primera instancia, el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla (expediente nro. 08001-33-33-012-2021-00182-00) mediante sentencia del 19 de junio de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que del material probatorio obrante en el expediente, solamente era posible advertir la celebración de un contrato de prestación de servicios por el lapso comprendido entre el 18 de enero al 31 de diciembre de 2018, pero que no estaban demostrados los demás periodos señalados en la demanda ya que se habían aportado contratos fraccionados que no permitían evidenciar el clausulado en su integridad. De otra parte, encontró que no existían elementos de prueba que conllevaran a determinar la existencia del elemento subordinación, incluso de la prueba testimonial sostuvo que los declarantes no eran consistentes en su versión y no permitían evidenciar la existencia de una relación laboral encubierta. 2.5. La decisión fue apelada por la parte demandan te ante el Tribunal Administrativo del Atlántico que, en sentencia del 8 de noviembre de 2024 (notificada por correo electrónico el 13 de noviembre de 2024), la confirmó. El tribunal indicó que si bien el demandante afirmó que prestó sus servicios al Ejército Nacional desde el 16 de enero del 2000 hasta el día 31 de diciembre del 2019, con las pruebas aportadas (concretamente los contratos suscritos),

El tribunal indicó que si bien el demandante afirmó que prestó sus servicios al Ejército Nacional desde el 16 de enero del 2000 hasta el día 31 de diciembre del 2019, con las pruebas aportadas (concretamente los contratos suscritos), se acreditaba que prestó sus servicios como médico ginecólogo en losRadicado: 11001-03-15-000-2025-00767-01

Demandante: Farid José Sesin Tanus

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co periodos del 18 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 y del 17 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, pero que respecto a los anteriores periodos no se aportaron los contratos celebrados desde el año 2000 al 2012 y que los correspondientes a los años 2013 a 2017, se allegaron incom pletos por lo que no era posible establecer en algunos el objeto, valor del contrato, ni tampoco la fecha de inicio y finalización de la relación contractual. Frente a la prueba testimonial, sostuvo el tribunal que surgían algunas incongruencias, pues ninguno de los testigos tenía certeza del tiempo total de prestación del servicio del actor, pues mientras un testigo decía que el actor cumplía con horarios estrictos de lunes a viernes en horarios, establecidos por la entidad de 1 a 5 pm diariamente, otro t estigo manifestó que la labor desarrollada la ejercía de manera libre, independiente, la cual solo coordinaba con sus pacientes con quienes cuadraba los tiempos y podía llegar a diferentes horas y otro de los declarantes, que cumplía su labor de acuerdo a un contrato

desarrollada la ejercía de manera libre, independiente, la cual solo coordinaba con sus pacientes con quienes cuadraba los tiempos y podía llegar a diferentes horas y otro de los declarantes, que cumplía su labor de acuerdo a un contrato y cumplía sus labores de atender a los pacientes, sin especificar horarios. De la prueba de programación del cuadro de turnos, precisó que no permitía acreditar el elemento de subordinación y dependencia en las labores encomendadas al actor, ya que en las instituciones médicas, dicho sistema se había creado para garantizar la prestación del servicio de salud; además precisó que en el cuadro de turnos de procedimientos ginecológicos allegado, correspondiente al mes de noviembre de 2019, no se evidenciaba que el actor cumpliera las jornadas laborales que indicó uno de los testigos. En general, advirtió que no estaba demostrado el elemento subordinación, que se trató del cumplimiento de una labor como médico ginecólogo que debía tener unos turnos de atención sin que esto implicara que existieran superiores jerárquicos, ni órdenes que debiera cumplir en la prestación de su servicio.

3. Fundamentos de la acción El accionante alega que al proferir la sentencia del 8 de noviembre de 2024, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 08001-33-33-0122021-00182-00/01 el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en defecto fáctico y por desconocimiento del precedente. 3.1. Defecto fáctico. La parte actora cuestionó que el juez de primera instancia restó credibilidad a los testigos y efectuó un análisis deficiente de la prueba, pese a estar demostrada la relación laboral encubierta que existió desde enero

3.1. Defecto fáctico. La parte actora cuestionó que el juez de primera instancia restó credibilidad a los testigos y efectuó un análisis deficiente de la prueba, pese a estar demostrada la relación laboral encubierta que existió desde enero de 2000 hasta diciembre de 2019. Consideró que los testimonios rendidos por los señores Joaquín Fernando Vélez García, Efraín José Silgado Cabrales y Heber José Collazos López eran claros en señalar que el actor debía cumplir con los parámetros establecidos por el Ejército Nacional, bajo la supervisión de su jefe inmediato, esto es, el director del Establecimiento de Sanidad Militar 1015 de Barranquilla o, como en su caso, del Coordinador Médico del Dispensario Médico 1015, conforme se anunciaba en los contratos de prestación de servicios suscritos. Insistió que del testimonio rendido por el señor Vélez García, se desprendía que debían cumplir un número de pacientes por hora, en un horario de 1:00 a 5:00 p.m. y que de ello dada cuenta el cuadro de control de sanidad militar, lo que evidenciaba el cumplimiento de horario. Indicó que se aportaron planillas de asignación de turnos y, además realizó labores administrativas tales como auditorías de medicamentos, programa del adulto mayor y seguimiento al programa de los detenidos del centro deRadicado: 11001-03-15-000-2025-00767-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reclusión militar y que no solo atendió a los militares sino a todos los afiliados

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reclusión militar y que no solo atendió a los militares sino a todos los afiliados al dispensario médico del cantón militar de Malambo, Atlántico. 3.2. Defecto por desconocimiento del precedente. Se refirió a la senten cia del tribunal accionado y consideró que dicha autoridad judicial desconoció los siguientes pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado: ● Sentencia del 19 de febrero de 2009, radicación 73001-23-31-000-2000-0344901 (3074-05), ponencia de la doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez. ● Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 -23-33000-2013-00260-01 (0088-2015), con ponencia del doctor Carmelo Perdomo Cuéter. ● Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 en el proceso con la radicación 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016). ● Sentencia del 27 de agosto de 2020, radicación 17001-23-33-000-2017-0024302 (1845-19), con ponencia de la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez. ● Además, mencionó los siguientes radicados: «13-001-2331-000-2012-00233-01

(2820-14) del 21 de abril de 2016; No. 52-0012331-000-2002-00991-01 (1425-15) del 17 de mayo de 2018; No. 68-001-2333-000-201400483-01 (0265-16) del 17 de octubre de 2018 y No. 81-001-2333-000-2013-00118-01 (097316) del 26 de octubre de 2017». De la Corte Constitucional citó las sentencias C-154 de 1997 y T-388 de 2020. Resaltó que el tribunal accionado desconoció que la génesis de los contratos de prestación de servicios es la contratación por parte de la administración para realizar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pero que en su caso, estuvo vinculado como médico espec ialista en ginecología en las instalaciones del Batallón Paraíso del Ejército Nacional, Área de Sanidad ubicado en la ciudad de Barranquilla.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 17 de febrero de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la presente acción, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso la vinculación como tercero con interés a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, parte demandada en el medio de control de nulidad y restabl ecimiento del derecho y al Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, autoridad judicial que emitió el fallo de primera instancia. 4.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico, rindió informe en el que hizo un recuento de los fundamentos de la decisión cues tionada y, consideró que no

Administrativo de Barranquilla, autoridad judicial que emitió el fallo de primera instancia. 4.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico, rindió informe en el que hizo un recuento de los fundamentos de la decisión cues tionada y, consideró que no se estructuraban ninguno de los requisitos generales ni de las causales específicas de procedencia de tutela contra providencia judicial, además de entender que lo que pretendía el actor era buscar en la tutela una instancia adicional. 4.3. El Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, presentó escrito de intervención en el que explicó que la decisión adoptada en esa instancia respetó el debido proceso y estaba acorde con las pruebas allegadas al expediente, al punto de haber sido confirmada la decisión por parte del tribunal en segunda instancia. Agregó que la acción de tutela no era la vía para cuestionar el sentido de las decisiones judiciales y entenderla como una instancia adicional. 4.4. El Ejército Nacional, no se pronunció en esta oportunidad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00767-01

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5. Providencia impugnada En sentencia del 21 de marzo de 2025, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela.

Consideró que lo pretendido por la parte actora era que se valoraran nuevamente los argumentos ya resueltos por la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada, entendiendo la presente acción como una instancia adicional, máxime

Consideró que lo pretendido por la parte actora era que se valoraran nuevamente los argumentos ya resueltos por la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada, entendiendo la presente acción como una instancia adicional, máxime cuando los fundamentos aquí propuestos ya habían sido planteados en el rec urso de apelación. Sostuvo que, revisada la providencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, evidenciaba el análisis de las pruebas obrantes en el expediente y encontró que no se aportaron los contratos de prestación de servicios suscritos en los año s 2000 y 2012, ni la copia de la planta de cargos y de los manuales de funciones adoptados por la entidad demandada con detalle de las labores del personal de planta que se asimilaran a las desarrolladas por el demandante. Agregó que existían incongruencias en los testimonios rendidos pues, por un lado, se afirmaba que el hoy accionante sí cumplió un horario determinado, y por el otro, se dijo que la prestación del servicio fue libre, independiente y coordinada con los pacientes, sumado a que otro testigo no especificó horarios. De las planillas aportadas, dijo que en la providencia cuestionada se indicó que estas no demostraban el sometimiento a órdenes, comoquiera que la programación de turnos no tenía la virtualidad de demostrar plenamente el elemento de la subordinación y que, aunque los testimonios daban cuenta que el director o jefe de la unidad de sanidad era quien coordinaba o asignaba las funciones, no se había precisado cómo se impartían órdenes o instrucciones, ni llamados de atención. De los prece dentes jurisprudenciales, dijo que se había limitado a enunciar un desconocimiento del precedente sin identificar las reglas que a su juicio el tribunal

precisado cómo se impartían órdenes o instrucciones, ni llamados de atención. De los prece dentes jurisprudenciales, dijo que se había limitado a enunciar un desconocimiento del precedente sin identificar las reglas que a su juicio el tribunal cuestionado aplicó indebidamente o debió tener en cuenta para resolver el asunto ordinario. De la sente ncia de unificación del 9 de septiembre 2021, radicado 05001 -23-33000-2013-01143-01 (1317 -2016), dijo que había transcrito apartes sin indicar la similitud fáctica y jurídica que permitiera concluir que se hubiera incurrido en la causal específica invocad a y que se hubieran vulnerado sus derechos fundamentales.

6. Impugnación La parte accionante impugnó la decisión. Su razonamiento estuvo dirigido únicamente a los aspectos de desconocimiento e indebida valoración probatoria en los que incurrieron las autori dades judiciales accionadas que, en su criterio, demostraban los elementos de la relación laboral que discriminó, con el propósito de evidenciar la presunta existencia del contrato realidad.

Dijo que se desconoció que su vinculación con la institución mili tar lo fue por alrededor de 19 años como médico especialista en ginecología en las instalaciones del batallón paraíso en el área de sanidad del Ejército Nacional en la ciudad de Barranquilla, Atlántico desde el 16 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de

2019. Igualmente, que no se tuvo en cuenta que tenía un jefe inmediato que era el encargado de asignar las funciones, turnos y pacientes que debía atender.

Por último, citó un aparte de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de la

encargado de asignar las funciones, turnos y pacientes que debía atender. Por último, citó un aparte de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de la Sección Segunda de esta Corporación del 9 de septiembre de 2021, justamente en el aparte que señala la no solución de continuidad por más de 30 días entre uno y otro contrato aunado al cumplimiento de las mismas funciones.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00767-01

Demandante: Farid José Sesin Tanus

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos

excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 3 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al juez de tute la de primera instancia en declarar improcedente la presente acción por no encontrar acreditado el requisito de la relevancia constitucional al reiterar los argumentos ya presentados ante el juez natural.

De encontrar superado el anterior estudio , corresponde a la Sala establecer si al proferir la sentencia del 8 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente, alegados por el señor Farid José Sesin Tanus.

4. Requisito de procedencia de la relevancia constitucional y su análisis en el caso concreto 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y

alegados por el señor Farid José Sesin Tanus.

4. Requisito de procedencia de la relevancia constitucional y su análisis en el caso concreto 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela cont ra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y su mario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este decreto». 3 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso nro. 11001-03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00767-01

Demandante: Farid José Sesin Tanus

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Demandante: Farid José Sesin Tanus

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T -248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales” 4. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto d e tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto d e tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. La Corte Constitucional ha dicho que la relevanc ia constitucional es el primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada impor tancia constitucional que afecta derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural5. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al

persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural5. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se esté utilizando como una instancia adicional del proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural. Asimismo, la relevancia constitucional supone que la tutela no se emplee para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante

4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera. 5 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018, T715 de 2016, C-590 de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00767-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el juez de la causa, ni para insistir en las inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario.

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